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El ministro retroactivo

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Daniel Alfaro

Daniel Alfaro, ministro de Educación, reveló esta semana que anda persiguiendo a un hombre.

Se trata del maestro Fernando Olórtegui Crispín. Todo podría haber quedado en un silencio discreto si no fuera porque Alfaro ha declarado que lo busca para despedirlo de su trabajo, y como no hay ley que se lo permita, va a pedir al Congreso que cree una disposición legal especial. Al declarar esto, el ministro de Educación ha salido del clóset donde se esconden los ignorantes.

Increíble. El señor Alfaro es ministro de Educación, pero no sabe que las leyes no tienen retroactividad.

Según informa “La República”, “el problema es que la destitución de este grupo de condenados por terrorismo no aplica porque ellos fueron sentenciados bajo un Código Penal anterior (1991) al que rige hoy”.

El maestro en referencia cumplió su pena en el siglo pasado y luego, ya que la ley no se lo impedía, ingresó en el 2006 a trabajar en educación. Su tenaz perseguidor, el señor Alfaro, desea una reforma del código actual a fin de echarlo de su trabajo. Por supuesto, ello aplicaría además a centenares, tal vez miles, de educadores.

Tal vez el señor Alfaro no conocía el código penal, pero como ministro está obligado a conocer la Constitución del Perú. El artículo 103 de la misma establece que “… la ley desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en ambos supuestos, en materia penal, cuando favorece al reo.

Este es un principio universal que rige en todos los países civilizados y busca proteger a los ciudadanos de que se les pueda sancionar a posteriori por un acto que cuando fue realizado no estaba prohibido.

O sea, que en el supuesto de que el ministro Alfaro consiga que el Congreso le dé la ley que pide, aquella aplicaría solamente para el futuro. Y de ninguna manera para el delito que el referido educador -según la información- cometió en los años 80’.

El principio de no retroactividad está presente en la ley desde 1215 en que los barones de impusieron al rey Juan I de Inglaterra o contrato social que se llama Carta Magna y que es la fuente del derecho en todos los países civilizados y el sustento del estado de derecho. Aunque no es abogado ni maestro, estoy seguro de que el ministro la ha conocido en sus estudios de secundaria

Todo lo dicho se aplica a la ley de muerte civil con la que nuestro desprestigiado Congreso quiere conseguir un rating que no necesita porque todos los días lo ganan los congresistas con su ignorancia o sus actos delictivos.

Debo repetir hasta el cansancio que el terrorismo ya no existe. Sendero Luminoso fue derrotado y, por su parte, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru hizo renuncia explícita a la lucha armada a finales de los 90’ en el siglo pasado y llamó a sus bases a la lucha política electoral.

Sin embargo, uno de los abogados de Guzmán murió cuando cumplía 80 años y estaba acusado de apología del terrorismo, un delito por el cual habría tenido que pasar el resto de sus años en un calabozo.

Desde ningún punto de vista es aceptable que los civiles hayan iniciado una guerra. Tampoco es admisible que el Estado emprenda una represión por encima de los límites que la Constitución le impone. Y encima de todo que, 20 años después, intente la muerte civil de quienes ya sufrieron largas prisiones con métodos tan perversos como negarles el trabajo en sus profesiones. Es inadmisible todo eso y también que un ministro persiga a un maestro, ignore los principios del estado de derecho y dé patadas de ciego contra la Constitución del Perú

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Política

Escándalo en la Comisión Especial que elegirá a integrantes de la JNJ

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Pedro Patrón Bedoya

“Desgraciadamente nosotros ya lo habíamos advertido. Dijimos que así como se está llevando el proceso antes de que se hicieran las bases, nosotros como IDL dimos unas recomendaciones a la Comisión Especial, con mucha anticipación, pero no las tomaron en cuenta”, dijo Luis Purizaga, coordinador del Área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Nos parece terrible que hayan pasado seis meses del proceso y que al final hayan quedado tres postulantes. Eso nos está mostrando una cosa: o que el proceso de selección está mal hecho o que la Comisión Especial no está a la altura del encargo que se les dio”, afirmó.

“Ante esta situación hay que repensar todas las bases del concurso. Por ejemplo, establecer un nuevo criterio de evaluación. Si el problema que estamos viendo ahora es la etapa de evaluación. Además hemos visto que se hacen las mismas preguntas para todos los postulantes. Esto no es correcto”, observó.

HOJAS DE VIDA NO SON ANALIZADAS

“Hay preguntas que son uniformes. Las preguntas deben ser en función a la realidad y a la trayectoria del postulante por separado. Si nosotros uniformizamos las preguntas para todos, sin tener en cuenta la particularidad de cada uno de los postulantes, perderemos el detalle. Esto es lo que ha pasado con el señor Patrón, por ejemplo”, explicó.

“Como no hay un orden se le preguntó al señor Cuba sobre sus otros trabajos, al señor Dumet con respecto a su labor en el Tribunal Constitucional y al señor Patrónno se le preguntó, por ejemplo, en su desempeño como viceministro en el primer gobierno de Alan García y como secretario económico en el Ministerio de Educación en el segundo gobierno de Alan García”, puntualizó.

“No hay un análisis de la hoja de vida de este señor, que tiene una relación estrecha con el Partido Aprista. Se le hizo una pregunta en ese sentido al señor Patrón, no se le hizo”, enfatizó Purizaga.

SE HA PERDIDO MUCHO TIEMPO

“Eso es lo que nos llama la atención. Esto indica que no se establece con claridad qué es lo que se va a preguntar, además los mismos miembros de la Comisión les pedían que sean puntuales. Mire, a nosotros eso nos preocupa, primero porque se ha perdido tiempo, casi seis meses; no tenemos a ningún miembro de la JNJ elegido”, especificó.

“La Comisión Especial no ha sabido recoger las recomendaciones que le dimos, y no somos la única institución que se las dio; sabemos que Transparencia también le alcanzo recomendaciones”, subrayó.

“Creo que se tiene que revaluar o cambiar la Ley Orgánica y en función de eso hacer un cambio de las bases. Y en el caso del señor Patrón creo que hay un claro conflicto de intereses, esto está clarísimo y no debe juramentar”, aclaró.

ALGO MÁS

Sobre el antecedente del señor Patrón. La Comisión Especial dijo que era un dato nuevo, entonces no se entiende si se trató de una omisión, de pasar una información incompleta y sobre su juicio hay que decir que el proceso sigue. Allí hay una falta muy grave y esto tiene que definirlo la Comisión Especial, porque se les pasó. Si no hubiera sido por las prensa tendríamos al señor Patrón juramentado”, concluyó Purizaga.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Caso se resolverá en el más breve plazo

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Walter Gutiérrez

La Comisión Especial encargada del concurso público para la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia resolverá el caso del abogado Pedro Patrón Bedoya en el más breve plazo posible, informó el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez.

Según dijo a la prensa en una declaración pública, la comisión recogerá información sobre el proceso penal que Patrón tendría pendiente en la Corte Suprema por el delito de falsedad ideológica en agravio del Jurado Naciona de Elecciones.

“Hemos recibido información relevante que necesitamos contrastar, es por eso que nos hemos visto en la obligación de suspender la proclamación de la designación del doctor Pedro Patrón Bedoya”, dijo Gutiérrez.

La información que recojan sobre este tema será trasladada a Patrón Bedoya para que formulé los descargos correspondientes, añadió.“Esta información la tenemos que contrastar y lo haremos en el más breve plazo”, manifestó.

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Política

Dice no cobró doble pensión del Estado

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Junta Nacional de Justicia (JNJ)

“Por supuesto que tengo que seguir”, manifestó Pedro Patrón Bedoya en declaraciones a la prensa brindadas tras suspenderse la ceremonia de juramentación como miembro de la JNJ luego de conocerse que tiene un proceso penal en la Corte Suprema por el delito de falsedad ideológica al haber presuntamente cobrado doble pensión del Estado.

Patrón negó haber cobrado doble al Estado y precisó que el año 2007 presentó una declaración jurada informando que no cobraba ninguna pensión a entidades públicas.

Indicó, además, que el proceso penal iniciado en su contra por este tema ya prescribió hace tres años, pero los procuradores del Estado han presentado algunos recursos legales para mantenerlo abierto.

“De cualquier manera veremos que se hagan las comprobaciones correspondientes y estoy absolutamente seguro de que este asunto se va a aclarar”, manifestó.

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