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El ministro de los Rodríguez-Pastor

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Carlos Bedoya
Cuando el ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro, dijo hace unos días que el salario mínimo de 850 soles era adecuado y que en el corto plazo no se subiría, le estaba hablando especialmente a las decenas de miles de trabajadores de Plaza Vea, Vivanda, Economax, Inkafarma, Cineplanet, Oechsle, Promart, Real Plaza, Bembos y muchas más empresas del grupo Intercorp liderado por el magnate peruano Carlos Rodríguez-Pastor Persivale.

La gran mayoría de estos trabajadores ganan el salario mínimo, uno de los más bajos de América Latina, y bastante rezagado nacionalmente en términos de inflación, productividad y crecimiento económico.

Pero no se trata de un tema estrictamente técnico como lo pinta el ministro Grados, sino de la parte más política que tiene la economía: la distribución de la renta entre trabajadores (salarios) y accionistas (utilidades), mejor dicho entre capital y trabajo.

Un aumento del salario mínimo de 850 a 1000 soles como reclaman las centrales sindicales afectaría directamente la renta de familias como los Rodríguez-Pastor, considerada por Forbes en el 2015 la más rica del Perú. Solo el patrimonio del patriarca superó ese año los 2 mil millones de dólares.

Y con el cuento de la inversión se justifica que Carlos Rodríguez-Pastor no baje la velocidad del crecimiento de esa fortuna, aunque eso signifique que miles de otras familias que trabajan para él vean disminuir el valor real de sus ingresos día a día.

Eso no pasaría de ser una ideología perversa de represión salarial, sino fuera porque el ministro Alfonso Grados ha sido durante 8 años (entre mayo del 2007 y abril del 2015) nada menos que vicepresidente ejecutivo de operaciones de Interbank. De hecho, salió de allí para ser gerente administrativo de la campaña presidencial de PPK.

Una vez ganada la elección, sin ser laboralista, ni tener experiencia en la gestión pública, Grados se hizo del Ministerio de Trabajo. Algo muy conveniente para su exjefe, que además es muy amigo de PPK. Hasta el primer ministro, Fernando Zavala, ha sido por años miembro del directorio de Interbank. Una mezcla de dinero y poder bastante pertinente para los negocios.

En tal sentido, es coherente que Grados haya emitido dos decretos para ajustar las inspecciones y los arbitrajes laborales en favor de los empleadores como bien explicó Enrique Fernández-Maldonado en su columna: ¿reforma o profundización? publicada en Diario UNO.

Son muchas las denuncias por horas extras no pagadas y amenazas frente al reclamo en el grupo aludido. Solo una de sus empresas tiene sindicato (San Miguel), y en 2013 despidieron a los trabajadores que intentaron formarlo en Plaza Vea, a pesar de que allí laboran más de 10 mil personas. Estos decretos son solo un adelanto de la reforma laboral que se viene, cuyo objetivo es garantizar mano de obra barata juvenil a la gran empresa pues la agroindustria, las Mype, y la exportación no tradicional ya tienen sus propias leyes antilaborales.

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Editorial

Justicia que tarda no es justicia

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En el Perú ya nada sorprende, pero a pesar de ello no deja de llamar la atención que una familia haya sostenido durante 20 años un proceso judicial contra el Estado reclamando la propiedad de Machu Picchu. Parecería cosa de locos, de no ser porque el asunto es mucho más serio de lo que se pudiera pensar. Sabido es que en el Perú la justicia camina a paso de tortuga y que los litigantes tienen que subir y bajar numerosas veces las escaleras del Palacio de Justicia antes que sus escritos pasen de una ventanilla a otra.

Sin embargo, es increíble que en pleno siglo XXI el Estado tenga que gastar los recursos de todos los peruanos para que el Poder Judicial por fin resuelva lo que es evidente: el patrimonio arqueológico de la nación no puede estar en manos de particulares, le pertenece al Estado; es decir, a todos los peruanos. La resolución no ha salido sino después de 20 largos años de batallas legales, cabría preguntarse, entonces, qué estará pasando con los juicios que están llevando por una u otra razón ciudadanos de escasos recursos.

Se trata, en realidad, de una situación que debería ser resuelta cuanto antes. Sin embargo, no hay hasta el momento una reforma que remueva desde sus cimientos nuestro sistema de justicia. Ofrecimientos y anuncios se ha hecho al por mayor, pero hasta ahora sin resultados a la vista. Ya tenemos el caso del Consejo nacional de la Magistratura que ha sido reemplazado por otro organismo, cuyos resultados están en veremos. Hemos visto cómo operaban los jueces de los “Cuellos blancos del Callao”, pero hasta ahora no vemos ninguna reforma integral de nuestro sistema judicial.

La pregunta es qué estamos esperando. ¿Acaso queremos que se vayan todas las inversiones por falta de garantías para una buena administración de justicia? Claro que no. Pero, entonces, le toca al Gobierno pasar de las palabras a los hechos con las reformas anunciadas, entre ellas la del sistema judicial. Debemos desechar para siempre aquella expresión de “La justicia tarda, pero llega” o mejor cambiarla por otra que diga “justicia que tarda no es justicia”.

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Portada 19 setiembre 2019

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Política

El TC se queda sin argumentos

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Ernesto Blume Fortini

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Luis Purizaga, afirmó que lo más importante de la decisión del Ministerio Público de rechazar el pedido de Pier Figari de acogerse a la nueva Ley de Financiamiento Ilícito de Organizaciones Políticas y así evadir la acusación por lavado de activos, “es que deja un buen mensaje para cuando el Tribunal Constitucional revise el hábeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori”.

“Esta interpretación normativa del Ministerio Público, sumada a la opinión de la Corte Suprema en el recurso de casación (que no se pronunció en contra de la figura de prisión preventiva), le pone la tarea más difícil al TC en caso pretenda resolver el hábeas corpus con un pronunciamiento que deje de lado todo este análisis jurídico previo”, indicó.

Además, destacó la coyuntura del pronunciamiento del Ministerio Público, considerando que en pocos días el TC tendrá que evaluar el hábeas corpus de Keiko Fujimori. “Va a ser muy difícil que decidan algo muy apartado de lo dicho por la Corte Suprema o por el Ministerio Público tras el pedido de Figari”, agregó.

Purizaga señaló que el rechazo al pedido de Figari “definitivamente refuerza la posición del Equipo Especial Lava Jato”. “Los fiscales han trabajado en base al presunto delito de lavado de activos, en caso se hubiese aceptado cambiar el tipo penal a un nuevo delito, toda la investigación tendría que haberse ajustado y también tendrían que cambiar la estrategia. Lo que ha pasado, entonces, es muy beneficioso para el trabajo que realiza la Fiscalía”, apuntó.

UN TC POLITIZADO

Purizaga advirtió que el Congreso “está corriendo para elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional”. “Esta premura por elegir a los miembros del TC no es gratis. Pareciera que pase lo que pase, antes que acabe setiembre, lo que quieren hacer es dejar un TC ante la eventualidad de una cuestión de confianza y una disolución del Congreso”, añadió.

Respecto a la elección de un nuevo TC, manifestó que “no hay un procedimiento claramente establecido sobre cómo debe ser un proceso de selección de los integrantes, pues prácticamente se deja al libre albedrío de los congresistas para que de acuerdo a sus criterios se elijan a los miembros”. En ese sentido, agregó que si no hay criterios claros y si se tiene en cuenta la actual coyuntura, se corre el peligro de tener un “TC politizado”.

NORMAS Y LEYES A MEDIDA

El abogado recordó que el pedido de Pier Figari se realizó como consecuencia de la modificación a un proyecto de reforma política planteado por el Ejecutivo y modificado por el Congreso. “No es gratuito ni es casual que se haya cambiado la propuesta de reforma para que termine en una ley que rebaja sanciones, en un salvavidas que le arrojan a quienes están investigados”, afirmó.

Por otro lado, Purizaga se refirió a la forma en que se ha estado moviendo el escenario político. “Llama mucho la atención que el Congreso haya pisado el acelerador con la elección del nuevo TC. Ellos saben que máximo a fin de mes la propuesta del Ejecutivo debe estar resuelta, a favor o no. Además, vemos que el sistema de justicia y los actores políticos están tan relacionados que resulta complicado darse cuenta cómo ciertos procesos de reforma del Estado van dilatándose hasta ver cómo se resuelve el tema del adelanto de elecciones”.

“Pero a puertas de un desenlace, todo se vuelve a reactivar: sale lo del TC, anuncian el nuevo reglamento para el concurso público de la Junta Nacional de Justicia, entre otras cosas. Entonces, me da la impresión de que han mantenido todo en stand by para ver cómo se iba resolviendo el conflicto con el Ejecutivo”.

En ese sentido, cuestionó el trabajo del Legislativo ya que “los proyectos que se están tocando ahora se hacen con la premura del tiempo, y con un Congreso cuestionado que busca sacar normas a la medida de sus intereses”. “Recordemos que los proyectos de la reforma política tenían errores gravísimos, como omitir el voto del extranjero. Para hacer normas así, preferiría que no se hagan, porque no me genera confianza y creo que la mayoría de ciudadanos piensa lo mismo”.

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