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El MEF y el problema de las regalías

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Planta de hidrocarburos

PROYECTO DE LEY DE HIDROCARBUROS AL ARCHIVO

El proyecto tiene como objetivo central extender graciosamente por 30 años adicionales a las empresas petroleras que tienen contratos con fecha de vencimiento antes del 2026.

En un artículo anterior analizamos la opinión desfavorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el proyecto y dictamen correspondiente de la Nueva Ley de Hidrocarburos (NLH), donde expresamos nuestra coincidencia teórica y práctica sobre diversos aspectos, destacando el problema de las regalías y el financiamiento del canon y sobrecanon petrolero (18.75%) más los ingresos no tributarios que perciben los organismos como Perupetro (1%) de las regalías, Osinergmin (0.75%) y el propio Ministerio de Energía y Minas (0.75%).

Sin embargo, nuestra discrepancia fundamental con el MEF está en relación al acuerdo tácito que tendría con los promotores del proyecto de ley, que tiene como objetivo central extender graciosamente por 30 años adicionales a las empresas petroleras que tienen contratos con fecha de vencimiento antes del 2026.

En esta realidad de los contratos próximos a su vencimiento debemos considerar a los lotes Z- 2B (Savia), II (Petrolera Monterrico), I y V (Graña y Montero), VI/VII (Sapet), X (CNPC), 8 (Pluspetrol), 31 C, (Aguaytía), 31 B/D (Maple).

OPOSICIÓN JUSTIFICADA

En verdad, desde un punto de vista fiscalista se comprende la oposición del MEF a la renegociación de las tasas de regalías a petición de parte de las empresas, entre los puntos de vista observados.

Si el canon y sobrecanon petrolero se determina sobre el 18.75% del valor de la producción de petróleo y gas asociado, una renegociación de las tasas de regalías hacia abajo, quebraría el equilibrio fiscal según el MEF.

Si a ello se agrega que el 3% de las regalías está comprometida como ingresos no tributarios para diversos organismos del Estado, el problema del financiamiento se agrava, pues el MEF tendría que recurrir a otras partidas para financiar el canon petrolero y los ingresos no tributarios para dichos organismos.

Se entiende que las regalías son los ingresos que percibe el Estado por transferir a los privados el derecho de explotación de los recursos naturales. Las regalías tienen su origen en el derecho real (regale) que tenían los reyes de la antigüedad por transferir y autorizar la explotación de los recursos por parte de los privados.

En cuanto a los contratos de explotación de los lotes Z-2B (Savia) y I más V bajo responsabilidad de Graña y Montero Petrolera S.A., corresponden a “contratos de servicios”, donde el Estado formalmente detenta la propiedad sobre los hidrocarburos y retribuye a las empresas, en especie o en dinero parte de la producción.

CONTRATO LESIVO Z-2B

Así, en el caso del contrato por el lote Z-2B que tiene una vigencia (1994-2024) de treinta años, la retribución es del 84% de la producción, y el Estado se queda con una tasa equivalente al 16% que Perupetro está obligado a vender a precios de mercado.

En verdad, dicha participación del Estado es menor al 16% y correspondería a una “tasa de regalía equivalente” que resulta realmente por debajo del 16%, pues el Estado tiene que pagar los derechos de importación (impuestos) por maquinaria y equipo que tenga que efectuar el Consorcio Savia, que está conformado, dicho sea de paso, por dos empresas estatales, Ecopetrol de Colombia y KNOC de Corea del Sur.

Se debe tener presente que Savia compró los derechos del contrato a la cuestionada empresa Petrotech Peruana en una transferencia contractual que formalmente tuvo un valor de US$ 900 millones hacia 2009, tras el escándalo de los “petroaudios” donde se acusó a la norteamericana Petrotech de haber auspiciado el espionaje industrial sobre una red de corrupción que comprometía a los más altos funcionarios del gobierno aprista.

Resulta sintomático que en el referido “faenón petrolero” el rol de Perupetro haya sido cuestionable e impropio. Es más, si se tiene presente que las reservas de hidrocarburos “in situ” son propiedad del Estado. Con el agravante que tratándose de un “contrato de servicios”, tanto el petróleo, y gas natural le corresponden en propiedad al Estado.

Perforadora petrolera

OTROS ASPECTOS

Si a ello se agrega que las plataformas marinas, más de 85, las instalaciones, tuberías, ductos submarinos, motores, embarcaciones también eran y son propiedad del Estado, en concreto de Petroperú que tuvo que asumir entre los años 1994 y 1997 el pago de una deuda equivalente de más de US$ 257 millones, como solución al problema de la estatización de la Belco-AIG (aseguradora) que se arrastraba desde 1986 con el desastre económico del primer gobierno de Alan García.

Por tal, en reconocimiento a esa propiedad que tiene Petroperú sobre dichos activos, es que Petrotech-Savia ha tenido que abonar un alquiler que resulta en un ingreso equivalente para la petrolera estatal de US$ 10 millones anuales.

Ello significa que a vista y paciencia de Perupetro, la petrolera Petrotech percibió más de US$ 900 millones por una transferencia contractual donde obviamente se valorizaron las reservas y las instalaciones.

Hoy, el Consorcio Savia con sus “espadachines a sueldo” con el argumento de asegurar las inversiones, pretende obtener a través de la Nueva Ley de Hidrocarburos (NLH) una prórroga de 30 años sin pagar absolutamente nada al Estado, y lo más irritante es que gracias al lobby petrolero, el presidente actual de Perupetro… está de acuerdo.

DISPERSIÓN EN LAS REGALÍAS

Como bien dice el informe del MEF las tasas de regalías petroleras fluctúan entre tasas de 5% y 50% gracias a una serie de normas promocionales que se otorgaron en el pasado, en especial el DS 017-2003 que permitía el establecimiento de una tasa de 5% que podía aumentar al 20% siempre y cuando la producción del lote materia del contrato alcanzase los 100 mil barriles diarios, es decir… nunca.

En tal sentido, en los contratos de explotación materia de caducidad antes del 2026 en orden de importancia el contrato del lote X operado por la estatal china CNPC con una producción superior a los 12 mil barriles diarios de crudo ligero que tiene un valor superior al marcador WTI, tiene que pagar una tasa de regalía de 30.3%.

Igualmente, el contrato por el lote VI/VII bajo responsabilidad de la petrolera china Sapet, filial de la CNPC, por contrato tiene que abonar una tasa de regalía de 30.1%.

Por su importancia productiva la empresa Pluspetrol Norte que opera el lote 8 desde 1996 por contrato tiene que abonar una tasa de regalía de 25.5 %.

Por último, los contratos por el lote II bajo responsabilidad de Petrolera Monterrico paga una tasa de regalía de 50.2%; en la selva central la empresa Maple pagaba una tasa de 50% hasta marzo del 2016 en los lotes 31B y 31D.

Finalmente, Graña y Montero, Petrolera que mantiene un contrato de servicios por los lotes I y V, tiene que abonar una tasa de regalía equivalente a 18.65% y 25.06% respectivamente.

INDEBIDA PRESIÓN

Hoy estamos asumiendo las consecuencias de haber privatizado de manera fragmentada el gran lote X ubicado en la Cuenca Talara que tiene más de 100 años de explotación con más de 4,000 pozos perforados.

Tanto los lotes I, V, VI/VII, III, IV, IX, XIII, son yacimientos que han dado partida de nacimiento a pequeños lotes que se han dedicado básicamente a explotar las reservas probadas, probables y posibles que dejó Petroperú antes de la cuestionada privatización.

Sin economías de escala, con duplicidad de gerencias y costos, las empresas que asumieron la responsabilidad de explotación de dichos lotes pactaron contractualmente tasas de regalías que hoy nos pueden parecer altas. Se pactaron dichas tasas de regalías, pues en la mayoría de casos se entregaban lotes en operación con reservas probadas con un mínimo riesgo de explotación.

Hoy dichas empresas a través de sus gremios empresariales y sus “espadachines a sueldo” presionan por el establecimiento de tasas de “regalías competitivas” más una ampliación contractual de 30 años adicionales, de lo contrario, argumentan, la producción de crudo seguirá disminuyendo, pues en este último tramo no podrían recuperar sus inversiones.

Sin embargo, cabe recordar que dichas tasas de regalías del 30% o 50% fueron pactadas con precios internacionales menores a los 20 dólares el barril; hoy los precios se mantienen por encima de los 70 dólares el barril, y las empresas argumentan que obtienen pérdidas. Es más, cuando alcanzaron niveles sobre los 100 dólares el barril no invirtieron en actividades de riesgo, y hoy demandan al Estado rebajas en las tasas de regalías y el MEF les dice.… “Ni de vainas. El proyecto de la Nueva Ley de Hidrocarburos no debe aprobarse”.

EPÍLOGO

En décadas pasadas con precios internacionales menores a los 40 dólares el barril de crudo, con las tasas de regalías pactadas contractualmente, las empresas petroleras obtenían importantes utilidades, y excedentes como depreciaciones, al margen que las regalías transferidas al fisco tributariamente se deducen como gasto.

Las petroleras ejercen hoy presión mediática con los gremios empresariales que las representan, cuando lo que debiera negociarse entre Perupetro y las empresas privadas que tienen sus contratos próximos a su vencimiento, es el adelanto del término contractual. En la presente coyuntura con precios superiores a los 70 dólares el barril es poco creíble que las empresas estén sufriendo pérdidas económicas.

Por ello, desde un punto de vista moderno, las empresas interesadas deben pagar al Estado por las reservas probadas, posibles, y probables, instalaciones, ductos, reservorios que, dicho sea de paso, al vencimiento del contrato pasarían a ser propiedad del Estado.

ALGO MÁS

Por tanto, desde el punto de vista del interés nacional, el Estado debe poner en valor las reservas de hidrocarburos, negociar un adelanto del término contractual y licitar públicamente los contratos y todo lo que ello representa. Todo lo contrario, significaría negociar con…. rodilleras.

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Política

Lo bueno, esperanza frente a lo malo y lo feo

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en

José Domingo Pérez Gómez y Rafael Vela Barba

Lo bueno de los fiscales insobornables Pérez y Vela, que se enfrentan a la corrupción, que les dispensa el honor de su odio es que se han convertido en una especie de testimonio viviente de que la reserva moral de los peruanos no ha sido derrotada por lo malo, rubro en el que se cuentan los expresidentes que tendrán que rendir cuentas a la justicia por presunta corrupción.

Los fiscales honestos sacan la cara también frente a lo feo, donde avergüenzan a la patria algunos congresistas sin calidad ni honor, que sirven a intereses de grupo y empresariales, y donde también se ubican los jueces venales de “Los Cuellos Blancos de la Corrupción” y el pestilente aniego y sus no menos malolientes responsables, la ineficiencia y la corrupción, cuyos responsables ojalá paguen sus culpas.

Esta semana esos protagonistas de la política y de la vida diaria de los peruanos, han demostrado capacidad de reacción indignada contra los corruptos y quienes de una u otra manera sirven a los que saquean hasta ahora impunemente las arcas del Estado.

LO BUENO

Así, asistimos a la primera marcha de repudio a la separación del juez Richard Concepción Carhuancho –emblema de la lucha anticorrupción- del caso de los aportes electorales y sobornos de Odebrecht. Para ello, apelaron a una leguleyada para burlarse de la verdadera justicia y enaltecer la letra muerta de los códigos, convenientemente manipulados para favorecer a quienes la severidad de la justicia les tiene que hacer pagar sus culpas, sin buscar atajos y escondrijos para dejarlos sin castigo.

Si creen que el escogimiento de complacientes opinólogos, los persistentes mensajes que quieren dar por cerrado el asunto y hasta propugnan resignación, harán que la gente digna se olvide del asunto y permita nomás que eliminen del escenario al único juez que ha sido capaz de no dejarse amedrentar por el poder político y empresarial, se equivocan.

Para el miércoles próximo ya está convocada una nueva marcha de indignados que reclaman que el juez Carhuancho vuelva, como corresponde por razones de justicia, que está por encima de la falible ley, a encargarse de quienes deben ser investigados con respeto a sus derechos y sin abuso, pero con el rigor que debe aplicarse cuando de defender los intereses de la sociedad y la nación se trata.

Alan García Pérez - Pedro Pablo Kuczynski - Alejandro Toledo Manrique - Ollanta Humala Tasso

LO MALO

Lo malo no solo ha sido lo que ojalá sean los últimos coletazos de la verdadera mafia que ha estado gobernando al país, sino también las cuentas pendientes de los expresidentes corruptos, en su mayoría impedidos de salir del país, aunque uno de ellos consiguió escabullirse y en una encuesta que los hunde a todos, tuvo esta semana el triste honor de ser considerado culpable por más de 90 por ciento de los peruanos.

Que paguen sus culpas aquellos a los que, en el marco de la ley y la justicia, se les compruebe que las tienen, y que paguen también hasta el último centavo de lo que hubieran robado. Que la justicia, que no lincha, se les aplique sin el ensañamiento ni el odio que ellos prodigan no solo a quienes luchan en serio contra la corrupción, sino también a quien quiera que se atreva a pensar distinto a ellos.

En la semana vimos también una jornada nacional de movilizaciones de nivel nacional contra el esbozo de una política laboral que insiste en favorecer a las empresas en desmedro de los derechos de los trabajadores, según denunciaron los marchistas, que están en el lado de quienes quieren extirpar la corrupción, por lo que muchos enarbolaron un lema clave: “Ni corrupción ni explotación”.

Gigantesco aniego de aguas servidas en San Juan de Lurigancho policías rescatan

LO FEO

Contra el campo de la dignidad también está lo feo, rubro que agrupa al Congreso ineficiente y de espaldas al país, lleno de escándalos y mentiras, de prepotencia y autoritarismo de una mayoría tan ciega que no entendió o no quiso entender los esfuerzos de quien buscaba un cambio aunque fuera formal, que la salvara del hoyo en que se encuentran. Han hecho que el Congreso se merezca los ínfimos porcentajes de aprobación que le asignan las encuestas.

Y junto a ellos, sus defendidos, “Los Cuellos Blancos de la Corrupción”, que al parecer mantienen posiciones importantes en el sistema de justicia y que no quieren entender que el juego de prostituir a la justicia se tiene que terminar, so pena de que sean arrasados por la ira de los justos.

Relacionado con todo ello, entre lo feo se presentó el pestilente aniego de aguas negras, por la rotura de un desagüe que mostró al desnudo la falta de prevención ante situaciones de desastre, así como el origen corrupto del problema, pues la tubería rota había sido construida con material inadecuado y sin requisitos técnicos ineludibles para una obra de ese tipo.

Para muchos, ha sido una semana en la que saltaron al primer plano todos los males del país, o por lo menos buena parte de ellos, pero también se hizo notar la dignidad de la mayoría de los peruanos, que quiere erradicar esos males.

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Entrevista

“Soy abogado, pero no zahorí”

Publicado

en

Ántero Flores-Aráoz

Se puede estar o no de acuerdo con el exministro de Defensa Flores-Aráoz, pero escucharlo es necesario para el análisis de la situación política nacional. En esta entrevista, confiesa que resulta un verdadero misterio de barrio chino saber cómo quedará el país tras el agitado clima político que se está viviendo.

Jurista y político peruano, Ántero Flores-Aráoz se da un tiempo para conversar con Diario UNO sobre la situación política del país y de nuestro sistema judicial que, como otras muchas instituciones, vienen atravesando una profunda crisis. Entre otras cosas, el también expresidente del Congreso hace un llamado a legisladores y autoridades del Gobierno a buscar consensos mediante un diálogo alturado.

— ¿Qué evaluación tiene en este momento sobre la situación política del país después de las reformas propuestas por el Ejecutivo y respaldadas mayoritariamente por la población, a la luz de los últimos acontecimientos?

— Debemos distinguir dos clases de propuestas, una de ellas son las cuatro reformas constitucionales que se llevaron a referéndum, y una segunda, diversas normas para reformar el sistema de justicia.

En lo que se refiere a las reformas constitucionales, ellas fueron aprobadas en etapa inicial por el Congreso y, luego, tres de ellas aprobadas por los ciudadanos y otra rechazada por ellos a instancia del presidente Vizcarra. En realidad las cuatro reformas constitucionales que se propusieron fueron bastante deficientes.

Martín Vizcarra Cornejo con la gente en la calle

— ¿Por qué?

— Una fue sobre la creación de la Junta Nacional de Justicia en sustitución del Consejo Nacional de la Magistratura. Era innecesaria, pues bastaba modificar la Ley Orgánica del CNM poniendo más requisitos a los postulantes a integrarla. La segunda reforma fue la del financiamiento a los partidos políticos por parte del Estado, con lo cual tampoco estoy de acuerdo, pues hay otras prioridades en el gasto público, como son seguridad, educación, salud y defensa, así como infraestructura. Los partidos deben ser financiados por sus militantes y aportantes. La tercera es la no reelección parlamentaria, o sea otro despropósito, tendremos en el futuro un congreso de bisoños o calichines sin experiencia, por más que puedan tener otras cualidades.

— ¿Y qué pasó con la bicameralidad?

— La cuarta reforma era la de la bicameralidad, pero le pusieron su veneno y no pasó en el referéndum por presión presidencial, y en este caso tenía razón pues en el fondo se proponía una segunda Cámara de Diputados y no un Senado que debería tener origen en distrito único, nacional, y no en distritos múltiples o departamentales, ya que se requiere una segunda cámara con visión nacional, de país unitario e integrado.

La segunda clase de propuestas son para modificar las reglas de nuestro sistema de justicia, que aún no han sido ni debatidas ni menos aprobadas en el Congreso.

— Sobre la pregunta anterior, ¿considera que hay algún avance o se nota estancamiento? ¿Qué se espera de Fuerza Popular en el Congreso, en este caso?

— No diría que en el tema de reformas constitucionales hay avances. Para mí hay un franco retroceso, y en el futuro habrá que volver sobre el tema, cuando la población se dé cuenta que se equivocó por seguir al Presidente sin dudas ni murmuraciones, cuando lo que debió hacerse es estudiar el tema y no simplemente ser llevados de las narices. Considero que los ciudadanos fueron estafados.

Respecto a la última parte de la pregunta, no espero nada de Fuerza Popular, pues tuvo la posibilidad de hacer las cosas bien, pero se dejó apabullar por el presidente Vizcarra.

— ¿Cómo ve el papel del Congreso después de las renuncias a Fuerza Popular, ahora que hay nuevas bancadas?

— Bueno, ya Fuerza Popular no tiene en el Congreso la mayoría asfixiante que tenía, fruto de la aplicación de la famosa cifra repartidora que habrá que cambiar, pues habiendo tenido treinta y tantos por ciento de votación, llegó a cerca del sesenta por ciento de número de parlamentarios, lo que no es equitativo. Ahora tendrá que conciliar con otras bancadas, al haber perdido peso numérico y haber nacido otras bancadas que obligan a la recomposición de fuerzas. Pero a lo que no debe llegarse con su nacimiento es a que haya más gastos en el Congreso, sea de espacio, gastos logísticos y de personal. Tiene que existir una nueva redistribución de todo ello, pero que no nos cueste más a los contribuyentes que pagamos nuestros impuestos.

— ¿Qué sensación le deja el hecho que un sector de la oposición plantee investigaciones a una empresa que fue fundada por el ahora presidente Martín Vizcarra y que el mandatario salga a enfrentar frontalmente a la corrupción? ¿Cree que el Jefe de Estado debería replantear su estrategia?

— Cuando una empresa en que estaba el entonces ciudadano Vizcarra, no ministro, ni gobernador regional, ni presidente, contrató servicios con un consorcio empresarial en que estaba Odebrecht, ello no es ningún ilícito ni nada que signifique corrupción. En ese momento nadie sabía de las inconductas de la empresa brasileña. Creo que la investigación parlamentaria es innecesaria. Sin embargo, no puedo omitir que hubo un grave error del Presidente al no admitir de arranque tal contratación, pues los dignatarios de la Nación deben ser transparentes y generar credibilidad. Ahora está pagando el error de falta de transparencia cometido.

Ahora toca al Presidente hacer más pero hablar menos. Hay que gobernar.

— Además de ser un hombre ducho en los avatares de la política, usted es jurista y analista, quisiera pedirle su opinión sobre la situación jurídica del país ahora que se está debatiendo en el Congreso el tema de la Junta Nacional de Justicia.

— Estoy preocupado, pues veo afectación del debido proceso con arbitrarias detenciones preliminares y preventivas, además de larguísimas, lo que se agrava con otras arbitrariedades como allanamientos e incautaciones. Tenemos ya bastantes casos. A esto se suma el poco respeto al derecho de defensa de los denunciados, en que se trata a los abogados como si fuesen cómplices, lamentando que los colegios de abogados no salgan con fuerza en defensa de sus agremiados. Si hay abogados que delinquen, pues procésenlos, pero que no se intimide el derecho de defensa.

Vemos también como el Ejecutivo se ha extralimitado en algunos decretos legislativos, como por ejemplo en el tema elusivo tributario, y como la SBS trata de aprobar normas que incurren no en expropiación como algunos dicen, sino en incautación. ¿Habrá gato encerrado?

Pedro Gonzalo Chávarry

ERRÓ AL NO DECIR LA VERDAD

Era previsible cambio de fiscal de la Nación

— ¿Cómo ve usted el cambio del Fiscal de la Nación?

— El cambio del Fiscal de la Nación era previsible, primero porque cometió el error de no decir la verdad, aunque en un asunto intrascendente, y luego por no poner orden en casa; después por sus marchas y contramarchas, y por último porque dio la sensación de pasar como gato en el despensero. Una pena, pues tenía fama de persona seria.

— ¿Qué opinión le merece que hayan recusado al juez Richard Concepción Carhuancho en el caso “Cocteles” y qué podría pasar, a su juicio, ahora que se ha nombrado una jueza de la que un sector tiene ciertos reparos?

— No conozco a ninguno de los dos jueces, pero sí he visto la actuación del doctor Concepción que me ha parecido exageradamente mediática y con predisposición canera. Debe aprender que quien habla mucho, pues mucho yerra, y que como decía el maestro, doctor Domingo García Rada, los jueces hablan por sus sentencias, pero no por presión mediática. No conozco de la actuación de la jueza que sustituirá al doctor Concepción, por lo que sería audaz que me pronuncie. Soy abogado, pero no zahorí.

— ¿En medio de toda esta tormenta, piensa que las nuevas declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht ayudarán a descubrir la verdad?

— Pienso que sí ayudará, aunque no creo que a conocer toda la verdad.

—Finalmente, ¿cómo quedará el país después de todo esto, doctor Ántero Flores-Aráoz?

— Misterio de barrio chino. Pero sí quiero decirle que los que están en política, el Presidente, los congresistas y altas autoridades, deben dejar de lado irritaciones y exabruptos y dedicarse a buscar consensos, ello mediante el diálogo alturado. Ojalá lo entiendan. Tenemos un país maravilloso, deberíamos estar superbien, pero necesitamos juntarnos en proyecto común y visión de futuro, no dañarnos por puro gusto.

 

LUIS REVOREDO

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Política

Si cambian a Carhuancho, que sea por otro de primera

Publicado

en

José Ugaz

El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, sostuvo ayer que el Poder Judicial tiene que asegurar a la ciudadanía que sea de primer nivel el juez que reemplazaría a Richard Concepción Carhuancho, de ser confirmada su separación del caso Keiko Fujimori.

Refirió que la recusación presentada por la defensa de Keiko Fujimori contra la jueza Elizabeth Arias Quispe, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, podría ser una buena oportunidad en este caso.

“Podría determinar que la magistrada Inés Villa Bonilla, que preside la Corte Superior, una jueza de primera, pueda buscar el mejor reemplazo para que nadie en el país dude de que Concepción Carhuancho ha sido cambiado por un juez complaciente”, afirmó en Radio Nacional.

QUE NO HAYA DISTORSIÓN

Comentó que estamos en un momento particular, con mucha preocupación de parte de la ciudadanía, que incluso la búsqueda del mejor juez para este caso deba comprometer también al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros.

Ugaz dijo que el hecho de que la jueza Arias Quispe, seleccionada para este caso en reemplazo de Concepción Carhuancho, haya dado una resolución anterior en favor de Keiko Fujimori, no necesariamente implica que esté parcializada.

“Lo que debemos esperar de acá en adelante, y para eso está la Fiscalía y la Procuraduría, es asegurarnos de que no haya distorsión, si eso pasa lo bueno es que la población está activa, tanto así que se ha parado ante el Poder Judicial para pedir un juez imparcial”, afirmó.

Refirió que Concepción Carhuancho ha sido un magistrado clave en este caso, que hizo un trabajo fundacional en el sistema anticorrupción, razón por la cual debió cuidar sus declaraciones, aunque Ugaz no puso en duda su imparcialidad

RECURSO DE NULIDAD

La recusación del juez Concepción Carhuancho ha sido objeto de un recurso de nulidad presentado por el fiscal coordinador del equipo Lava Jato, Rafael Vela.

El recurso argumenta que los jueces de la Segunda Sala de Apelaciones resolvieron la recusación sin cumplir con requisitos procesales básicos, como dictaminar sin que el abogado del prófugo Jaime Yoshiyama presentara la grabación o el recorte de las declaraciones en las que Carhuancho evidenció supuestamente la pérdida de parcialidad.

Vela alega además que la recusación debió ser argumentada por las partes y no por la corte, como sucedió, porque ello implicaría prácticamente una recusación de oficio, procesalmente prohibida.

ALGO MÁS

El recurso señala que la Corte de Apelaciones actuó con celeridad inusual y dispensó un trato desigual al Ministerio Público, entre otras acciones que determinan que la llamada “Sala Sahuanay” perdió imparcialidad.

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