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El MEF y el problema de las regalías

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Planta de hidrocarburos

PROYECTO DE LEY DE HIDROCARBUROS AL ARCHIVO

El proyecto tiene como objetivo central extender graciosamente por 30 años adicionales a las empresas petroleras que tienen contratos con fecha de vencimiento antes del 2026.

En un artículo anterior analizamos la opinión desfavorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el proyecto y dictamen correspondiente de la Nueva Ley de Hidrocarburos (NLH), donde expresamos nuestra coincidencia teórica y práctica sobre diversos aspectos, destacando el problema de las regalías y el financiamiento del canon y sobrecanon petrolero (18.75%) más los ingresos no tributarios que perciben los organismos como Perupetro (1%) de las regalías, Osinergmin (0.75%) y el propio Ministerio de Energía y Minas (0.75%).

Sin embargo, nuestra discrepancia fundamental con el MEF está en relación al acuerdo tácito que tendría con los promotores del proyecto de ley, que tiene como objetivo central extender graciosamente por 30 años adicionales a las empresas petroleras que tienen contratos con fecha de vencimiento antes del 2026.

En esta realidad de los contratos próximos a su vencimiento debemos considerar a los lotes Z- 2B (Savia), II (Petrolera Monterrico), I y V (Graña y Montero), VI/VII (Sapet), X (CNPC), 8 (Pluspetrol), 31 C, (Aguaytía), 31 B/D (Maple).

OPOSICIÓN JUSTIFICADA

En verdad, desde un punto de vista fiscalista se comprende la oposición del MEF a la renegociación de las tasas de regalías a petición de parte de las empresas, entre los puntos de vista observados.

Si el canon y sobrecanon petrolero se determina sobre el 18.75% del valor de la producción de petróleo y gas asociado, una renegociación de las tasas de regalías hacia abajo, quebraría el equilibrio fiscal según el MEF.

Si a ello se agrega que el 3% de las regalías está comprometida como ingresos no tributarios para diversos organismos del Estado, el problema del financiamiento se agrava, pues el MEF tendría que recurrir a otras partidas para financiar el canon petrolero y los ingresos no tributarios para dichos organismos.

Se entiende que las regalías son los ingresos que percibe el Estado por transferir a los privados el derecho de explotación de los recursos naturales. Las regalías tienen su origen en el derecho real (regale) que tenían los reyes de la antigüedad por transferir y autorizar la explotación de los recursos por parte de los privados.

En cuanto a los contratos de explotación de los lotes Z-2B (Savia) y I más V bajo responsabilidad de Graña y Montero Petrolera S.A., corresponden a “contratos de servicios”, donde el Estado formalmente detenta la propiedad sobre los hidrocarburos y retribuye a las empresas, en especie o en dinero parte de la producción.

CONTRATO LESIVO Z-2B

Así, en el caso del contrato por el lote Z-2B que tiene una vigencia (1994-2024) de treinta años, la retribución es del 84% de la producción, y el Estado se queda con una tasa equivalente al 16% que Perupetro está obligado a vender a precios de mercado.

En verdad, dicha participación del Estado es menor al 16% y correspondería a una “tasa de regalía equivalente” que resulta realmente por debajo del 16%, pues el Estado tiene que pagar los derechos de importación (impuestos) por maquinaria y equipo que tenga que efectuar el Consorcio Savia, que está conformado, dicho sea de paso, por dos empresas estatales, Ecopetrol de Colombia y KNOC de Corea del Sur.

Se debe tener presente que Savia compró los derechos del contrato a la cuestionada empresa Petrotech Peruana en una transferencia contractual que formalmente tuvo un valor de US$ 900 millones hacia 2009, tras el escándalo de los “petroaudios” donde se acusó a la norteamericana Petrotech de haber auspiciado el espionaje industrial sobre una red de corrupción que comprometía a los más altos funcionarios del gobierno aprista.

Resulta sintomático que en el referido “faenón petrolero” el rol de Perupetro haya sido cuestionable e impropio. Es más, si se tiene presente que las reservas de hidrocarburos “in situ” son propiedad del Estado. Con el agravante que tratándose de un “contrato de servicios”, tanto el petróleo, y gas natural le corresponden en propiedad al Estado.

Perforadora petrolera

OTROS ASPECTOS

Si a ello se agrega que las plataformas marinas, más de 85, las instalaciones, tuberías, ductos submarinos, motores, embarcaciones también eran y son propiedad del Estado, en concreto de Petroperú que tuvo que asumir entre los años 1994 y 1997 el pago de una deuda equivalente de más de US$ 257 millones, como solución al problema de la estatización de la Belco-AIG (aseguradora) que se arrastraba desde 1986 con el desastre económico del primer gobierno de Alan García.

Por tal, en reconocimiento a esa propiedad que tiene Petroperú sobre dichos activos, es que Petrotech-Savia ha tenido que abonar un alquiler que resulta en un ingreso equivalente para la petrolera estatal de US$ 10 millones anuales.

Ello significa que a vista y paciencia de Perupetro, la petrolera Petrotech percibió más de US$ 900 millones por una transferencia contractual donde obviamente se valorizaron las reservas y las instalaciones.

Hoy, el Consorcio Savia con sus “espadachines a sueldo” con el argumento de asegurar las inversiones, pretende obtener a través de la Nueva Ley de Hidrocarburos (NLH) una prórroga de 30 años sin pagar absolutamente nada al Estado, y lo más irritante es que gracias al lobby petrolero, el presidente actual de Perupetro… está de acuerdo.

DISPERSIÓN EN LAS REGALÍAS

Como bien dice el informe del MEF las tasas de regalías petroleras fluctúan entre tasas de 5% y 50% gracias a una serie de normas promocionales que se otorgaron en el pasado, en especial el DS 017-2003 que permitía el establecimiento de una tasa de 5% que podía aumentar al 20% siempre y cuando la producción del lote materia del contrato alcanzase los 100 mil barriles diarios, es decir… nunca.

En tal sentido, en los contratos de explotación materia de caducidad antes del 2026 en orden de importancia el contrato del lote X operado por la estatal china CNPC con una producción superior a los 12 mil barriles diarios de crudo ligero que tiene un valor superior al marcador WTI, tiene que pagar una tasa de regalía de 30.3%.

Igualmente, el contrato por el lote VI/VII bajo responsabilidad de la petrolera china Sapet, filial de la CNPC, por contrato tiene que abonar una tasa de regalía de 30.1%.

Por su importancia productiva la empresa Pluspetrol Norte que opera el lote 8 desde 1996 por contrato tiene que abonar una tasa de regalía de 25.5 %.

Por último, los contratos por el lote II bajo responsabilidad de Petrolera Monterrico paga una tasa de regalía de 50.2%; en la selva central la empresa Maple pagaba una tasa de 50% hasta marzo del 2016 en los lotes 31B y 31D.

Finalmente, Graña y Montero, Petrolera que mantiene un contrato de servicios por los lotes I y V, tiene que abonar una tasa de regalía equivalente a 18.65% y 25.06% respectivamente.

INDEBIDA PRESIÓN

Hoy estamos asumiendo las consecuencias de haber privatizado de manera fragmentada el gran lote X ubicado en la Cuenca Talara que tiene más de 100 años de explotación con más de 4,000 pozos perforados.

Tanto los lotes I, V, VI/VII, III, IV, IX, XIII, son yacimientos que han dado partida de nacimiento a pequeños lotes que se han dedicado básicamente a explotar las reservas probadas, probables y posibles que dejó Petroperú antes de la cuestionada privatización.

Sin economías de escala, con duplicidad de gerencias y costos, las empresas que asumieron la responsabilidad de explotación de dichos lotes pactaron contractualmente tasas de regalías que hoy nos pueden parecer altas. Se pactaron dichas tasas de regalías, pues en la mayoría de casos se entregaban lotes en operación con reservas probadas con un mínimo riesgo de explotación.

Hoy dichas empresas a través de sus gremios empresariales y sus “espadachines a sueldo” presionan por el establecimiento de tasas de “regalías competitivas” más una ampliación contractual de 30 años adicionales, de lo contrario, argumentan, la producción de crudo seguirá disminuyendo, pues en este último tramo no podrían recuperar sus inversiones.

Sin embargo, cabe recordar que dichas tasas de regalías del 30% o 50% fueron pactadas con precios internacionales menores a los 20 dólares el barril; hoy los precios se mantienen por encima de los 70 dólares el barril, y las empresas argumentan que obtienen pérdidas. Es más, cuando alcanzaron niveles sobre los 100 dólares el barril no invirtieron en actividades de riesgo, y hoy demandan al Estado rebajas en las tasas de regalías y el MEF les dice.… “Ni de vainas. El proyecto de la Nueva Ley de Hidrocarburos no debe aprobarse”.

EPÍLOGO

En décadas pasadas con precios internacionales menores a los 40 dólares el barril de crudo, con las tasas de regalías pactadas contractualmente, las empresas petroleras obtenían importantes utilidades, y excedentes como depreciaciones, al margen que las regalías transferidas al fisco tributariamente se deducen como gasto.

Las petroleras ejercen hoy presión mediática con los gremios empresariales que las representan, cuando lo que debiera negociarse entre Perupetro y las empresas privadas que tienen sus contratos próximos a su vencimiento, es el adelanto del término contractual. En la presente coyuntura con precios superiores a los 70 dólares el barril es poco creíble que las empresas estén sufriendo pérdidas económicas.

Por ello, desde un punto de vista moderno, las empresas interesadas deben pagar al Estado por las reservas probadas, posibles, y probables, instalaciones, ductos, reservorios que, dicho sea de paso, al vencimiento del contrato pasarían a ser propiedad del Estado.

ALGO MÁS

Por tanto, desde el punto de vista del interés nacional, el Estado debe poner en valor las reservas de hidrocarburos, negociar un adelanto del término contractual y licitar públicamente los contratos y todo lo que ello representa. Todo lo contrario, significaría negociar con…. rodilleras.

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Política

TC no se ha pronunciado sobre cuestión de confianza

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ERNESTO BLUME

Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional (TC), afirmó que este organismo no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda plantear una cuestión de confianza ante el Congreso por una reforma constitucional.

Según dijo, el TC resolvió en una sentencia del 2018 los alcances de la cuestión de confianza para proyectos de ley, pero no para iniciativas de reforma constitucional. Blume evitó opinar sobre un posible pedido de confianza del Gobierno por el proyecto de adelanto de elecciones para el 2020.

“El TC no se ha pronunciado sobre si se puede plantear o no una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional, no hay pronunciamiento sobre ese tema. Lo que hicimos fue delimitar si se puede plantear una cuestión de confianza por las leyes”, aseguró Blume a Contacto de Canal N.

“Nosotros no nos hemos pronunciado ni expresa ni tácitamente sobre la situación en cuya virtud se plantea cuestión de confianza de reformas constitucionales. De eso no ha habido pronunciamiento”, agregó.

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Política

Eliane Karp tiene 400 mil dólares

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Eliane Karp

La Fiscalía de Estados Unidos reveló que la exprimera dama Eliane Karp tendría más de 400 000 dólares en sus cuentas en ese país y Europa. De acuerdo al fiscal federal David L. Anderson, el monto que posee Karp refuerza su tesis que existen altas probabilidades que el expresidente Alejandro Toledo fugue debido a la solvencia económica.

En el documento presentado por la Fiscalía se detalla que el dinero sería suficiente como para cubrir con los costos “de una gran y costosa casa en Menlo Park”, además de dos automóviles, un Lexus 2016 y un Toyota 2010, así como viajar constantemente a Washington D.C.

En la última audiencia, el exmandatario pidió a la Corte del Distrito Norte de En un primer momento, la audiencia de evaluación de la libertad bajo fianza se iba a realizar el pasado 22 de agosto, sin embargo, el juez Thomas S. Hixson decidió posponer la cita hasta este 29 para que la Fiscalía tenga más tiempo.

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Política

Retiran a jueza Jessica León Yarango que ayudó a Keiko

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Jessica León Yarango - César Hinostroza pariachi

En octubre de 2018, la Segunda Sala Penal de Apelaciones, instancia que ahora deja, revocó la detención preliminar contra Keiko Fujimori, que fue ordenada por el juez Richard Concepción Carhuancho, magistrado que luego dictaría 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular.

La magistrada deberá retornar a su sede de origen en la Corte Superior del Callao, según narra la resolución administrativa, publicada en el boletín de Normas Legales del El Peruano.

“Una de las funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es adoptar acuerdos y medidas necesarias para que las dependencias de este Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia”.

“Razón por la cual, corresponde dar por concluida la designación de la mencionada jueza superior titular en dicho cargo, debiendo retornar a su sede de origen”, narra el documento.

OCMA LA INVESTIGA

La jueza León Yarango tiene una investigación en la Oficina de Control de la Magistratura OCMA), por su cercanía con el exjuez supremo César Hinostroza y el expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos, amos implicados en el caso ‘Los cuellos blancos del puerto’.

La Fiscalía indicó que la magistrada Yarango formó parte del denominado chat ‘Amigos de Cesitar H’, en el que coordinaron la celebración del cumpleaños del exjuez supremo César Hinostroza que actualmente se encuentra en España afrontando un proceso de extradición.

Como se recuerda, la Segunda Sala Penal de Apelaciones, sala a la cual la jueza Jessica León ahora ya no pertenece, revocó la detención preliminar contra Keiko Fujimori en octubre del 2018 que fue dictada por el magistrado Richard Concepción Carhuancho y que posteriormente ordenó 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular.

DIO LA MANO A KEIKO

Además la misma sala declaró fundado el recurso de apelación en enero, el cual fue presentado por la defensa legal del ex secretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, para separar a Concepción Carhuancho del caso contra Keiko Fujimori.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones, sala a la cual la jueza Jessica León ahora ya no pertenece, revocó la detención preliminar contra Keiko Fujimori en octubre del 2018 que fue dictada por el magistrado Richard Concepción Carhuancho y que posteriormente ordenó 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular.

ALGO MÁS

Además la misma sala declaró fundado el recurso de apelación en enero, el cual fue presentado por la defensa legal del ex secretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, para separar a Concepción Carhuancho del caso contra Keiko Fujimori.

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