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El hombre del andamio exige

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Todos los años, los trabajadores de la construcción reciben un aumento de salarios. El porcentaje de este aumento, además, es mayor a la inflación acumulada durante los últimos doce meses. ¿A qué se debe esta rareza de la economía peruana?

La respuesta es: debido a la Negociación Colectiva por Rama de Actividad, herramienta legal que permite regular los salarios, condiciones de trabajo y productividad a través de un Convenio Colectivo entre los representantes de trabajadores y de empresarios de un sector productivo.

Es decir, los representantes a nivel país de los trabajadores tienen la oportunidad de resolver sus demandas en conversaciones con los representantes del empresariado de ese sector productivo.

En construcción civil esos organismos representativos son la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), que lidera el dirigente sindical Mario Huamán Rivera, y la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), que preside el arquitecto Enrique Espinoza Becerra.

En diversas reuniones, los dirigentes de ambas entidades se reunieron para discutir las demandas de los trabajadores y se establecieron diversas propuestas hasta llegar a la última que consistió en un aumento diario del jornal básico de S/ 1.60 el peón, S/ 1.70 el oficial y S/ 2.90 el operario.

Este incremento al jornal básico tiene incidencia en otros derechos laborales que la FTCCP ha ido conquistando año a año, como un porcentaje del jornal de acuerdo a la altura del edificio en que trabaja el obrero, e igual si trabaja en profundidad, entre otros. Por ello, es importante el aumento al jornal básico, porque de él se desprenden otros derechos que incrementan aún más el salario.

Así, los aumentos reales son de S/ 3.35, S/ 3.55 y S/ 6.12 diarios, respectivamente; en promedio, el incremento salarial es de 4.72%, superior al 3.04% de la inflación acumulada en el periodo de negociación.

Todos están en pie de lucha.

Todos están en pie de lucha.

DEMANDAS AL PRESIDENTE
A la firma del Convenio Colectivo en el local obrero de construcción civil acudió el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Algunas noticias de la fecha mencionan que el Presidente firmó el acta. En verdad, para que el acta sea válida solo necesita la firma de los representantes de la FTCCP y la Capeco. El Presidente fue a presenciar el acto y a recibir in situ las demandas de los trabajadores.

Así, tanto Kuczynski como el ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro, y el jefe de la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor, quienes estuvieron presentes, escucharon las demandas de los trabajadores. Entre ellas, se encuentra el tomar como modelo construcción civil para impulsar la Negociación Colectiva por Rama de Actividad a otros rubros económicos en el país.

Una demanda principal realizada a las autoridades en el acto fue la restitución del derecho a una jubilación con 15 años de aporte a la ONP, derecho que fue conculcado en los años noventa con el pretexto de la modernización de la seguridad social.

El derecho a una jubilación con 15 años de aportes está sustentado en diversos criterios aplicables a construcción civil. Uno de ellos es la temporalidad, pues las obras son temporales, tienen un plazo de ejecución, y los diversos tipos de trabajadores (topógrafo, albañil, electricistas, etc.) laboran por etapas. Por ejemplo, una cantidad de topógrafos y operarios de maquinaria pesada son necesarios en la primera etapa de remoción de tierras y marcado del terreno. Los electricistas, gasfiteros y pintores, por ejemplo, son requeridos en la etapa de acabado.

Por ello, muchos obreros apenas llegan a los 15 años de aporte aun cuando sus pares en otras ramas de la actividad económica ya superaron con creces los 20 años. Y si consideramos que muchas empresas optan por no contratar obreros en edad avanzada, pues cada año se hace más difícil conseguir trabajo y cumplir así con la cuota de años trabajado.

Al criterio de temporalidad se suma el desgaste físico mayor que ejerce un obrero de construcción civil en comparación a otros, así como la necesidad de trasladarse de un lugar a otro de acuerdo a las obras a realizarse.

Durante este año se perdieron más de 100,000 puestos de obreros de construcción civil en planilla. Muchos de ellos han recurrido a “cachuelos” para llevar un pan a su hogar. Y mientras tanto, no han podido acumular este año su aporte a la ONP. Es un año perdido para justificar su salario.

Sin embargo, un obrero de construcción civil aporta mucho más a la ONP durante 15 años que la media del trabajador de otros rubros durante 20. Aquí un ejemplo: el salario mínimo en construcción civil es el de un peón, que aporta sobre su remuneración bruta de 2,300 soles un total de 299 soles mensuales y 3,588 anuales. En 15 años aportaría 53,820 soles. Mientras tanto, un trabajador que aporta sobre una remuneración mínima vital suma 110,50 mensuales, 1,326 anuales y en 20 años acumula un fondo de 26,520 soles.

Es decir, una persona que recibe una remuneración mínima vital aporta en 20 años menos de la mitad de lo que aporta el trabajador menos calificado de construcción civil en 15 años. Incluso si elevamos la remuneración mínima vital a 1000 soles, en 20 años este trabajador aportaría tan solo 31,200 soles en 20 años, cifra ínfima a los 53,820 soles que el peón de construcción civil abona en tan solo 15 años.

Topógrafo, albañil, electricistas
El derecho a una jubilación con 15 años de aportes está sustentado en diversos criterios aplicables a construcción civil. Uno de ellos es la temporalidad, pues las obras son temporales, tienen un plazo de ejecución, y los diversos tipos de trabajadores (topógrafo, albañil, electricistas, etc.) laboran por etapas. Por ejemplo, una cantidad de topógrafos y operarios de maquinaria pesada son necesarios en la primera etapa de remoción de tierras y marcado del terreno. Los electricistas, gasfiteros y pintores, por ejemplo, son requeridos en la etapa de acabado.

Fecha clave
El 25 de octubre es el Día de los Trabajadores en Construcción Civil. La fecha es ideal para que las autoridades del Gobierno den una respuesta favorable a esta exigencia sustentada por los trabajadores del sector.

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Política

Desesperación en el fiscal Chávarry y el fujiaprismo

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José Domingo Pérez Gómez

Personalidades políticas y sociales consultadas por Diario UNO coincidieron en señalar que detrás de la posible apertura de un proceso al fiscal José Pérez por sus declaraciones en un seminario internacional en México, lo que hay es un afán de venganza del titular del Ministerio Público.

Los entrevistados señalan que se trata de una represalia por el comportamiento inclaudicable de Pérez ante la corrupción, línea con la que ha puesto en jaque a la cúpula fujimorista.

Hernando Cevallos, parlamentario del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que Chávarry está desesperado y busca golpear a un fiscal que aparece como una luz disonante en el Ministerio Público y que de alguna manera es la expresión del enorme descontento interno que existe en la Fiscalía.

QUIEREN BAJÁRSELO

“Entonces, lo que pretende al golpear al fiscal Pérez es golpear al movimiento que se ha generado en el Ministerio Público, reclamando transparencia y cambios en la Fiscalía de la Nación”, destacó.

Indicó que por eso ahora le apunta las baterías al fiscal Pérez porque no puede pelearse con todos los fiscales superiores que han pedido su salida, tampoco con los fiscales que de manera directa lo están investigando por el caso “Los cuellos blancos del puerto”.

“Una figura emergente que aparece en la lucha contra la corrupción y que cuestiona la posición del señor Chávarry, quiere bajársela, por eso es que está enfilando en esa dirección”, afirmó.

Cevallos resaltó que no se trata solo de Chávarry sino que el ataque contra Pérez es consonante con las voces que hay en Fuerza Popular y el Apra para intentar deslegitimar y desprestigiar al fiscal Domingo Pérez.

OBSTACULIZAR INVESTIGACIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), declaró a Diario UNO que este es un acto de desesperación del fiscal Chávarry que intenta obstaculizar las investigaciones a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el tema de lavado de activos.

“Además, Chávarry está cuestionado por sus vínculos con esta red criminal al interior del fujimorismo, por eso está interesado en que queden impunes las investigaciones que realiza el fiscal Pérez”, aseguró.

Destacó que en el país son pocos los fiscales valientes que enfrentan a la corrupción. El fujimorismo está echando a andar la maquinaria que suele utilizar, para hacerle un cargamontón al fiscal Pérez.

“El pueblo peruano, quienes estamos luchando y exigiendo el combate a fondo en la lucha contra la corrupción, tenemos que cerrar filas y expresarle el respaldo al fiscal Pérez por el valiente enfrentamiento que está dando a este grupo de mafiosos, que trata de que queden impunes todas sus fechorías”, añadió el referente sindical.

VENGANZA Y TEMOR

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró a Diario UNO que la hostilidad contra Pérez es un abuso total, un complot del alanismo y de Fuerza Popular unidos con Chávarry.

“Y recordemos que toda una sesión de la Comisión de Defensa del Parlamento lo dedicaron a este tema y felizmente Pérez no asistió porque todo iba ser un ataque contra él. Ahora están tomando medidas más de venganza que de poner orden y nada que ver con el espíritu de trabajo que implica estar en la Fiscalía”, afirmó.

Indicó que todo está coordinado entre Fuerza Popular, los congresistas del Apra y el señor Chávarry, quien está entornillado en su puesto.

“No están actuando de manera profesional como corresponde, y por supuesto que se nota una actitud de venganza pero sobre todo de temor, es decir de que se investiguen las coimas de Odebrecht”, cuestionó Montenegro.

“La ciudadanía porque no debe permitir ningún abuso contra el fiscal Pérez, ni el juez Carhuancho”, añadió en referencia al anuncio de la congresista naranja Rosa Bartra, de que denunciará a ambos penalmente.

DESESPERADOS

Rocío Silva Santistevan, exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, declaró a Diario UNO que hay una estrategia política, pensar en cualquier otra posibilidad sería pecar de ingenuos porque todo esto está relacionado con los afectados por la batalla que han sacado adelante el fiscal Pérez y el juez Concepción Carhuancho.

“El tema de denunciarlo por apología al terrorismo es absurdo y ridículo pero puede ser efectivo.Están desesperados y se siguen percibiendo así mismo como impunes; es patético escuchar a Rosa Bartra anunciar que va a denunciar al fiscal y al juez”, manifestó.

Asimismo, señaló que el gran problema es que ellos siguen teniendo un gran poder que han perdido, aunque todavía lo tienen en ese espacio reducido que es el Ministerio Público, que es el lugar donde manda Chávarry.

DENUNCIAS POR DOQUIER

La Oficina de Control Interno de Lima del Ministerio Público recibió el encargo de ver el caso del fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, por las expresiones brindadas en México sobre la época de violencia política que vivió el país.

La disposición fue establecida por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, luego de que Pérez no atendió el requerimiento del fiscal superior titular coordinador de la Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa, quien le había pedido explicar las referidas expresiones.

Según el documento suscrito por Chávarry, Pérez hizo caso omiso al requerimiento de Landa y le atribuye una “presunta renuencia” a dar explicaciones sobre sus referencias a Sendero Luminoso, cuando señaló en México entre los méritos de Fujimori el de haber derrotado a la guerrilla senderista y puesto fin a la guerra civil.

Por su parte, la fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, anunció que presentará una denuncia penal contra el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Pérez, pues consideró que habrían hecho afirmaciones falsas en el proceso que tienen a cargo.

La legisladora afirmó que ambos “han repetido una mentira”, al sostener que entre lo hallado en el allanamiento de la vivienda de Vicente Silva Checa, había documentación sensible procedente de la mencionada comisión investigadora del Congreso.

ALGO MÁS

“Todos los peruanos sabemos que todo lo que están haciendo y diciendo es para vengarse de las decisiones que se han tomado en relación al caso de Keiko Fujimori.Aunque ellos nos quieren hacer creer otra cosa, nosotros sabemos quiénes están detrás de la máscara”, añadió.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Alberto Fujimori denunciado por esterilizaciones forzadas

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Alberto Fujimori

Marcelita Gutiérrez Vallejos, Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía, formalizó la denuncia penal contra Alberto Fujimori Fujimori, Eduardo Yong Mottam, Ricardo Luis Costa Bauer, Alejadro Aguinaga, Ulises Jorge Aguilar, Segundo Aliaga Pinedo, Octavio Marroquín Osorio y Magda González Carrillo.

Los mismos son sindicados como “autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud. Lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”, por la política de esterilizaciones forzadas de la dictadura de los noventa.

UN AVANCE

María Ysabel Cedano, activista feminista e integrante de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), señaló que con esta decisión se ha dado un paso histórico en la justicia, en cuanto a las esterilizaciones forzadas, por la persistencia y la tenacidad de las víctimas, de las denunciantes y de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento feminista.

Indicó que las víctimas han luchado a pesar de la intromisión política, de las irregularidades, de una serie de archivamientos que felizmente no fueron definitivos y que lo pudieron vencer.

“Ya era hora que la fiscal Marcelita Gutiérrez cumpla con formalizar la denuncia penal, porque en abril pasado el fiscal superior Luis Landa cuando nos da la razón, en la queja interpuesta por IDL y Demus, frente a los archivamientos irregulares, le ordena que formalice denuncia”, refirió Sedano.

VELOCIDAD

Asimismo, destacó que han pasado más de 200 días y por fin cumplen con hacerlo. “Ahora toca estar vigilantes y exigirle al juez del primer juzgado penal nacional, que pueda hacer un control de la denuncia justo, imparcial y que si no hay problema en la denuncia, se inicie las investigaciones judiciales, y esperamos que todo eso no dure más de un año”, aseveró.

“Se necesita avanzar de manera rápida en la investigación judicial, para que el Ministerio Público pueda formular acusación y llevar a un juicio donde se determinará las responsabilidades penales o no de los denunciados”, añadió.

TESTIMONIOS

Según Sedano, la decisión de la fiscal es importante ahora “porque se está valorando el testimonio de las denunciantes, algo que no se hizo antes, se están valorando sus alegatos de que fueron engañadas, violentadas, que no hubo garantías para su derecho al consentimiento previo, libre, informado y por escrito, que se requiere en el caso de anticoncepción quirúrgica”.

Además, destacó que ellas puedan contar con defensa pública de parte del Ministerio de Justicia, porque tienen el derecho a ello, debido a la creación del Registro de Víctimas de Esterilización Forzada.

ALGO MÁS

Advirtió que no se trata solo de un mero registro sino que también tiene como fin lograr justicia y ofrecerles a las víctimas abogados, psicólogos y médicos que puedan tratar las secuelas de la esterilización forzada.

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Política

Justicia demoró excesivamente

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casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas

Para la integrante de Demus, si bien es cierto que el Ministerio Público ha cumplido con denunciar, no se puede dejar de criticar que lo ha hecho después de 16 años de investigación fiscal preliminar y eso da cuenta de cómo esta institución no le ha dado la prioridad ni los recursos suficientes y ha estado presionado para no sacar adelante esta denuncia.

“Ahora debilitado como lo está el fujimorismo, probablemente algunos funcionarios tienen menos temor de cumplir con su deber”, advirtió.

Ysabel Cedano aseguró que tienen que estar atentos porque mientras no exista un órgano independiente, autónomo para la elección de magistrados idóneos con sensibilidad de género, siempre habrá impunidad en los casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas.

“Nos alegramos por esta victoria de las víctimas, de las denunciantes pero también nos reafirmamos en estar alertas, vigilantes”, dijo.

Planteó también “seguir exigiendo las garantías judiciales, la autonomía, la imparcialidad para que en algún momento podamos ir a juicio y conocer, qué responsabilidad tuvieron los autores mediatos hoy denunciados”.

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