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El gobierno ha sido reemplazado

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Más allá de lo que el Gobierno decida, Fuerza Popular está poniendo la agenda en el país de modo imperativo y su última reunión en Palacio, consolida una convivencia en términos políticos y económicos con PPK.

El gobierno ha sido reemplazado y no nos habíamos enterado. Lo que no hace el Ejecutivo, lo hace el Congreso. Y así lo evidencia la segunda reunión dada entre PPK y Keiko Fujimori, así también lo evidencian las decenas de medidas legislativas que el Gobierno de PPK ha enviado al Congreso, esperando el visto bueno de la bancada mayoritaria, mientras que otros proyectos, simplemente, son devueltos a Palacio.

Keiko impuso su agenda política frente a un Presidente totalmente complaciente, que prefiere dialogar con la “oposición” en lugar de hacerlo con la ciudadanía que le concedió la entrada a Palacio, en lugar de que lo haga la personificación del narco-estado. Sin embargo, estamos ante la versión más patética de un sistema democrático en agonía.

A pocos días de recién cumplir un año, la administración de PPK ha estado marcada por el ritmo y los vaivenes ordenados por Keiko Fujimori. PPK tan solo es el títere. Las cifras no mienten. De 112 decretos legislativos enviados al Congreso, 31 fueron observados y reformulados al antojo de los Fujimori y tan solo 24 de 83 proyectos de ley, han visto la luz. El Presidente en cambio, tiene en su escritorio 17 propuestas fujimoristas (con el rótulo de insistencia), que de no firmarlas, lo hará el Congreso. Lo gracioso es que esas propuestas son las mismas que modificarán 17 decretos dados por el Ejecutivo. ¿Verdaderamente gobierna PPK? Quizá en algunas cosas.

El fujimorismo está exigiendo todo aquello que sabe, puede conseguir. Y ha puesto el ojo, como se dice, en hacer cambios a la “Ley Servir”, “Ley de recursos hídricos”, “Modificaciones al código tributario”, “Cambios al Servicio Integral de Salud” e impedir que Petroperú opere pozos petroleros. Esto es solo un fragmento de la larga lista de intereses que mantiene Keiko Fujimori en aspectos medulares del país.

Más allá de lo que el Gobierno decida, Fuerza Popular está poniendo la agenda en el país de modo imperativo y su última reunión en Palacio, consolida una convivencia en términos políticos y económicos con PPK, en aspectos centrales como la flexibilización arbitraria de las normativas laborales (como las propias condiciones de trabajo) y en términos económicos, como recetas para la reactivación de la economía nacional, orientada a destrabar grandes proyectos de inversión.

Nos detenemos a analizar un aspecto, que en estos momentos, es de urgente atención: las condiciones laborales. Diversos sectores se vienen movilizando desde hace meses para frenar lo que se ha identificado, hoy en día, como un “paquete de reformas antilaborales”. Médicos, profesores, trabajadores mineros, textiles, jóvenes y diversos sindicatos, en diversas partes del país vienen levantando un pliego de reclamos que tiene entre sus coincidencias el rechazo a la flexibilización de los derechos laborales y la exigencia de las mejoras de las condiciones laborales.

La muerte de 3 jóvenes en el incendio de “Las Malvinas”, puso en discusión la evidente precariedad laboral en la que miles de trabajadores se encuentran. Pero a su vez, desmanteló el tan cacareado discurso empresarial del emprendedurismo y el “milagro peruano”. En un contexto de reconstrucción nacional, con un país empobrecido, en términos monetarios, la reforma laboral ya anunciada por el Gobierno, constituye una agresión brutal para los trabajadores en todo el sentido de la palabra.

Con una economía totalmente estancada, el gran capital argumenta que no se puede dar el lujo de respetar y reconocer derechos laborales, pues los consideran “costos innecesarios”, pero sobre todo, que en estos momentos, no puede otorgarse ni el aumento del salario mínimo, ni capacitaciones laborales, ni mucho menos estabilidad laboral, porque el contexto económico es desfavorable.

Bien sabemos que las últimas reformas laborales emitidas por PPK y el Ministro de Trabajo, muchas ya en vigencia, están orientadas a resguardar los intereses de las grandes empresas. Eso lo explica el D.S. 007 “Que modifica la ley general de inspección del Trabajo”, básicamente para perdonar las multas por infracciones laborales, y tan solo sancionar con la multa más alta, así tengan otras multas por diversas infracciones. Muchas infracciones y violación de derechos laborales seguirán cometiéndose bajo el gran paraguas legal que otorga el Gobierno.

Estas recetas de agudizar las flexibilizaciones ya han sido aplicadas en algunos países vecinos, como Argentina y Brasil. El gran capital fortaleció y cuidó sus arcas a costa de toda la clase trabajadora. Despidos masivos, creación de regímenes especiales, mano de obra barata ofertada a las grandes empresas, así como la imposición de un acelerado despojo de la renta producida por los trabajadores canalizados por los bancos, las AFPs, aseguradoras, tarjetas de créditos, y las privatizaciones de los principales servicios básicos como el agua, la educación, la salud, entre otros.

Ese modelo no ha funcionado en esos países, pero ese modelo es el que se pretende imponer con fuerza, en nuestro país. Por ello el debilitamiento de una de las instituciones orientadas a fiscalizar las condiciones laborales (SUNAFIL) está siendo víctima de una desaparición forzada que obstaculiza la implantación de esta reforma totalmente antilaboral. Las microempresas y pymes relegadas a un segundo plano, ahogadas en la precariedad y la informalidad. Cuando es a este sector donde debe orientarse capital y programas de asistencia técnica, accesibles tasas crediticias y menos carga tributaria que asfixia un potencial desarrollo.

Ya se anunció una jornada nacional de lucha para este 19 de julio (fecha históricamente simbólica), por parte de la CGTP, desde las primeras horas del día. Es con ellos, con los que se debió dialogar, señor Presidente.

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Política

Desesperación en el fiscal Chávarry y el fujiaprismo

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José Domingo Pérez Gómez

Personalidades políticas y sociales consultadas por Diario UNO coincidieron en señalar que detrás de la posible apertura de un proceso al fiscal José Pérez por sus declaraciones en un seminario internacional en México, lo que hay es un afán de venganza del titular del Ministerio Público.

Los entrevistados señalan que se trata de una represalia por el comportamiento inclaudicable de Pérez ante la corrupción, línea con la que ha puesto en jaque a la cúpula fujimorista.

Hernando Cevallos, parlamentario del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que Chávarry está desesperado y busca golpear a un fiscal que aparece como una luz disonante en el Ministerio Público y que de alguna manera es la expresión del enorme descontento interno que existe en la Fiscalía.

QUIEREN BAJÁRSELO

“Entonces, lo que pretende al golpear al fiscal Pérez es golpear al movimiento que se ha generado en el Ministerio Público, reclamando transparencia y cambios en la Fiscalía de la Nación”, destacó.

Indicó que por eso ahora le apunta las baterías al fiscal Pérez porque no puede pelearse con todos los fiscales superiores que han pedido su salida, tampoco con los fiscales que de manera directa lo están investigando por el caso “Los cuellos blancos del puerto”.

“Una figura emergente que aparece en la lucha contra la corrupción y que cuestiona la posición del señor Chávarry, quiere bajársela, por eso es que está enfilando en esa dirección”, afirmó.

Cevallos resaltó que no se trata solo de Chávarry sino que el ataque contra Pérez es consonante con las voces que hay en Fuerza Popular y el Apra para intentar deslegitimar y desprestigiar al fiscal Domingo Pérez.

OBSTACULIZAR INVESTIGACIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), declaró a Diario UNO que este es un acto de desesperación del fiscal Chávarry que intenta obstaculizar las investigaciones a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el tema de lavado de activos.

“Además, Chávarry está cuestionado por sus vínculos con esta red criminal al interior del fujimorismo, por eso está interesado en que queden impunes las investigaciones que realiza el fiscal Pérez”, aseguró.

Destacó que en el país son pocos los fiscales valientes que enfrentan a la corrupción. El fujimorismo está echando a andar la maquinaria que suele utilizar, para hacerle un cargamontón al fiscal Pérez.

“El pueblo peruano, quienes estamos luchando y exigiendo el combate a fondo en la lucha contra la corrupción, tenemos que cerrar filas y expresarle el respaldo al fiscal Pérez por el valiente enfrentamiento que está dando a este grupo de mafiosos, que trata de que queden impunes todas sus fechorías”, añadió el referente sindical.

VENGANZA Y TEMOR

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró a Diario UNO que la hostilidad contra Pérez es un abuso total, un complot del alanismo y de Fuerza Popular unidos con Chávarry.

“Y recordemos que toda una sesión de la Comisión de Defensa del Parlamento lo dedicaron a este tema y felizmente Pérez no asistió porque todo iba ser un ataque contra él. Ahora están tomando medidas más de venganza que de poner orden y nada que ver con el espíritu de trabajo que implica estar en la Fiscalía”, afirmó.

Indicó que todo está coordinado entre Fuerza Popular, los congresistas del Apra y el señor Chávarry, quien está entornillado en su puesto.

“No están actuando de manera profesional como corresponde, y por supuesto que se nota una actitud de venganza pero sobre todo de temor, es decir de que se investiguen las coimas de Odebrecht”, cuestionó Montenegro.

“La ciudadanía porque no debe permitir ningún abuso contra el fiscal Pérez, ni el juez Carhuancho”, añadió en referencia al anuncio de la congresista naranja Rosa Bartra, de que denunciará a ambos penalmente.

DESESPERADOS

Rocío Silva Santistevan, exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, declaró a Diario UNO que hay una estrategia política, pensar en cualquier otra posibilidad sería pecar de ingenuos porque todo esto está relacionado con los afectados por la batalla que han sacado adelante el fiscal Pérez y el juez Concepción Carhuancho.

“El tema de denunciarlo por apología al terrorismo es absurdo y ridículo pero puede ser efectivo.Están desesperados y se siguen percibiendo así mismo como impunes; es patético escuchar a Rosa Bartra anunciar que va a denunciar al fiscal y al juez”, manifestó.

Asimismo, señaló que el gran problema es que ellos siguen teniendo un gran poder que han perdido, aunque todavía lo tienen en ese espacio reducido que es el Ministerio Público, que es el lugar donde manda Chávarry.

DENUNCIAS POR DOQUIER

La Oficina de Control Interno de Lima del Ministerio Público recibió el encargo de ver el caso del fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, por las expresiones brindadas en México sobre la época de violencia política que vivió el país.

La disposición fue establecida por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, luego de que Pérez no atendió el requerimiento del fiscal superior titular coordinador de la Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa, quien le había pedido explicar las referidas expresiones.

Según el documento suscrito por Chávarry, Pérez hizo caso omiso al requerimiento de Landa y le atribuye una “presunta renuencia” a dar explicaciones sobre sus referencias a Sendero Luminoso, cuando señaló en México entre los méritos de Fujimori el de haber derrotado a la guerrilla senderista y puesto fin a la guerra civil.

Por su parte, la fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, anunció que presentará una denuncia penal contra el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Pérez, pues consideró que habrían hecho afirmaciones falsas en el proceso que tienen a cargo.

La legisladora afirmó que ambos “han repetido una mentira”, al sostener que entre lo hallado en el allanamiento de la vivienda de Vicente Silva Checa, había documentación sensible procedente de la mencionada comisión investigadora del Congreso.

ALGO MÁS

“Todos los peruanos sabemos que todo lo que están haciendo y diciendo es para vengarse de las decisiones que se han tomado en relación al caso de Keiko Fujimori.Aunque ellos nos quieren hacer creer otra cosa, nosotros sabemos quiénes están detrás de la máscara”, añadió.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Alberto Fujimori denunciado por esterilizaciones forzadas

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Alberto Fujimori

Marcelita Gutiérrez Vallejos, Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía, formalizó la denuncia penal contra Alberto Fujimori Fujimori, Eduardo Yong Mottam, Ricardo Luis Costa Bauer, Alejadro Aguinaga, Ulises Jorge Aguilar, Segundo Aliaga Pinedo, Octavio Marroquín Osorio y Magda González Carrillo.

Los mismos son sindicados como “autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud. Lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”, por la política de esterilizaciones forzadas de la dictadura de los noventa.

UN AVANCE

María Ysabel Cedano, activista feminista e integrante de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), señaló que con esta decisión se ha dado un paso histórico en la justicia, en cuanto a las esterilizaciones forzadas, por la persistencia y la tenacidad de las víctimas, de las denunciantes y de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento feminista.

Indicó que las víctimas han luchado a pesar de la intromisión política, de las irregularidades, de una serie de archivamientos que felizmente no fueron definitivos y que lo pudieron vencer.

“Ya era hora que la fiscal Marcelita Gutiérrez cumpla con formalizar la denuncia penal, porque en abril pasado el fiscal superior Luis Landa cuando nos da la razón, en la queja interpuesta por IDL y Demus, frente a los archivamientos irregulares, le ordena que formalice denuncia”, refirió Sedano.

VELOCIDAD

Asimismo, destacó que han pasado más de 200 días y por fin cumplen con hacerlo. “Ahora toca estar vigilantes y exigirle al juez del primer juzgado penal nacional, que pueda hacer un control de la denuncia justo, imparcial y que si no hay problema en la denuncia, se inicie las investigaciones judiciales, y esperamos que todo eso no dure más de un año”, aseveró.

“Se necesita avanzar de manera rápida en la investigación judicial, para que el Ministerio Público pueda formular acusación y llevar a un juicio donde se determinará las responsabilidades penales o no de los denunciados”, añadió.

TESTIMONIOS

Según Sedano, la decisión de la fiscal es importante ahora “porque se está valorando el testimonio de las denunciantes, algo que no se hizo antes, se están valorando sus alegatos de que fueron engañadas, violentadas, que no hubo garantías para su derecho al consentimiento previo, libre, informado y por escrito, que se requiere en el caso de anticoncepción quirúrgica”.

Además, destacó que ellas puedan contar con defensa pública de parte del Ministerio de Justicia, porque tienen el derecho a ello, debido a la creación del Registro de Víctimas de Esterilización Forzada.

ALGO MÁS

Advirtió que no se trata solo de un mero registro sino que también tiene como fin lograr justicia y ofrecerles a las víctimas abogados, psicólogos y médicos que puedan tratar las secuelas de la esterilización forzada.

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Política

Justicia demoró excesivamente

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casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas

Para la integrante de Demus, si bien es cierto que el Ministerio Público ha cumplido con denunciar, no se puede dejar de criticar que lo ha hecho después de 16 años de investigación fiscal preliminar y eso da cuenta de cómo esta institución no le ha dado la prioridad ni los recursos suficientes y ha estado presionado para no sacar adelante esta denuncia.

“Ahora debilitado como lo está el fujimorismo, probablemente algunos funcionarios tienen menos temor de cumplir con su deber”, advirtió.

Ysabel Cedano aseguró que tienen que estar atentos porque mientras no exista un órgano independiente, autónomo para la elección de magistrados idóneos con sensibilidad de género, siempre habrá impunidad en los casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas.

“Nos alegramos por esta victoria de las víctimas, de las denunciantes pero también nos reafirmamos en estar alertas, vigilantes”, dijo.

Planteó también “seguir exigiendo las garantías judiciales, la autonomía, la imparcialidad para que en algún momento podamos ir a juicio y conocer, qué responsabilidad tuvieron los autores mediatos hoy denunciados”.

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