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El gobierno ha sido reemplazado

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Más allá de lo que el Gobierno decida, Fuerza Popular está poniendo la agenda en el país de modo imperativo y su última reunión en Palacio, consolida una convivencia en términos políticos y económicos con PPK.

El gobierno ha sido reemplazado y no nos habíamos enterado. Lo que no hace el Ejecutivo, lo hace el Congreso. Y así lo evidencia la segunda reunión dada entre PPK y Keiko Fujimori, así también lo evidencian las decenas de medidas legislativas que el Gobierno de PPK ha enviado al Congreso, esperando el visto bueno de la bancada mayoritaria, mientras que otros proyectos, simplemente, son devueltos a Palacio.

Keiko impuso su agenda política frente a un Presidente totalmente complaciente, que prefiere dialogar con la “oposición” en lugar de hacerlo con la ciudadanía que le concedió la entrada a Palacio, en lugar de que lo haga la personificación del narco-estado. Sin embargo, estamos ante la versión más patética de un sistema democrático en agonía.

A pocos días de recién cumplir un año, la administración de PPK ha estado marcada por el ritmo y los vaivenes ordenados por Keiko Fujimori. PPK tan solo es el títere. Las cifras no mienten. De 112 decretos legislativos enviados al Congreso, 31 fueron observados y reformulados al antojo de los Fujimori y tan solo 24 de 83 proyectos de ley, han visto la luz. El Presidente en cambio, tiene en su escritorio 17 propuestas fujimoristas (con el rótulo de insistencia), que de no firmarlas, lo hará el Congreso. Lo gracioso es que esas propuestas son las mismas que modificarán 17 decretos dados por el Ejecutivo. ¿Verdaderamente gobierna PPK? Quizá en algunas cosas.

El fujimorismo está exigiendo todo aquello que sabe, puede conseguir. Y ha puesto el ojo, como se dice, en hacer cambios a la “Ley Servir”, “Ley de recursos hídricos”, “Modificaciones al código tributario”, “Cambios al Servicio Integral de Salud” e impedir que Petroperú opere pozos petroleros. Esto es solo un fragmento de la larga lista de intereses que mantiene Keiko Fujimori en aspectos medulares del país.

Más allá de lo que el Gobierno decida, Fuerza Popular está poniendo la agenda en el país de modo imperativo y su última reunión en Palacio, consolida una convivencia en términos políticos y económicos con PPK, en aspectos centrales como la flexibilización arbitraria de las normativas laborales (como las propias condiciones de trabajo) y en términos económicos, como recetas para la reactivación de la economía nacional, orientada a destrabar grandes proyectos de inversión.

Nos detenemos a analizar un aspecto, que en estos momentos, es de urgente atención: las condiciones laborales. Diversos sectores se vienen movilizando desde hace meses para frenar lo que se ha identificado, hoy en día, como un “paquete de reformas antilaborales”. Médicos, profesores, trabajadores mineros, textiles, jóvenes y diversos sindicatos, en diversas partes del país vienen levantando un pliego de reclamos que tiene entre sus coincidencias el rechazo a la flexibilización de los derechos laborales y la exigencia de las mejoras de las condiciones laborales.

La muerte de 3 jóvenes en el incendio de “Las Malvinas”, puso en discusión la evidente precariedad laboral en la que miles de trabajadores se encuentran. Pero a su vez, desmanteló el tan cacareado discurso empresarial del emprendedurismo y el “milagro peruano”. En un contexto de reconstrucción nacional, con un país empobrecido, en términos monetarios, la reforma laboral ya anunciada por el Gobierno, constituye una agresión brutal para los trabajadores en todo el sentido de la palabra.

Con una economía totalmente estancada, el gran capital argumenta que no se puede dar el lujo de respetar y reconocer derechos laborales, pues los consideran “costos innecesarios”, pero sobre todo, que en estos momentos, no puede otorgarse ni el aumento del salario mínimo, ni capacitaciones laborales, ni mucho menos estabilidad laboral, porque el contexto económico es desfavorable.

Bien sabemos que las últimas reformas laborales emitidas por PPK y el Ministro de Trabajo, muchas ya en vigencia, están orientadas a resguardar los intereses de las grandes empresas. Eso lo explica el D.S. 007 “Que modifica la ley general de inspección del Trabajo”, básicamente para perdonar las multas por infracciones laborales, y tan solo sancionar con la multa más alta, así tengan otras multas por diversas infracciones. Muchas infracciones y violación de derechos laborales seguirán cometiéndose bajo el gran paraguas legal que otorga el Gobierno.

Estas recetas de agudizar las flexibilizaciones ya han sido aplicadas en algunos países vecinos, como Argentina y Brasil. El gran capital fortaleció y cuidó sus arcas a costa de toda la clase trabajadora. Despidos masivos, creación de regímenes especiales, mano de obra barata ofertada a las grandes empresas, así como la imposición de un acelerado despojo de la renta producida por los trabajadores canalizados por los bancos, las AFPs, aseguradoras, tarjetas de créditos, y las privatizaciones de los principales servicios básicos como el agua, la educación, la salud, entre otros.

Ese modelo no ha funcionado en esos países, pero ese modelo es el que se pretende imponer con fuerza, en nuestro país. Por ello el debilitamiento de una de las instituciones orientadas a fiscalizar las condiciones laborales (SUNAFIL) está siendo víctima de una desaparición forzada que obstaculiza la implantación de esta reforma totalmente antilaboral. Las microempresas y pymes relegadas a un segundo plano, ahogadas en la precariedad y la informalidad. Cuando es a este sector donde debe orientarse capital y programas de asistencia técnica, accesibles tasas crediticias y menos carga tributaria que asfixia un potencial desarrollo.

Ya se anunció una jornada nacional de lucha para este 19 de julio (fecha históricamente simbólica), por parte de la CGTP, desde las primeras horas del día. Es con ellos, con los que se debió dialogar, señor Presidente.

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Política

Temen que Chávarry haya fugado del país

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Pedro Gonzalo Chávarry

Cuando Manuel Humberto Asmat dijo que el ex juez César Hinostroza Pariachi estaba en el país, eso era una mentira, porque ya había huido con destino a Madrid, donde ahora está detenido.

Ahora, lo mismo dice el abogado Julio Rodríguez, al afirmar que Pedro Chávarry, ex fiscal de la Nación, descansa en su casa. Está de vacaciones, pero ¿habrá huido como sospechan algunos?

Varios congresistas, como Yonhy Lescano y Gino Costa, han pedido que se vigile las fronteras –donde los puestos migratorios ya están advertidos para impedir cualquier intento de fuga, porque la situación de Chávarry ha tomado un giro delicado desde el punto de vista delictivo.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó cuatro acusaciones constitucionales contra Chávarry, lo que implica investigarlo por delitos graves como pertenencia a una organización criminal (“Los cuellos blancos…”) y obstrucción a la justicia.

Hay quienes aseguran que su participación en la violación del precintado de la oficina de Juan Manuel Duarte y el retiro de documentación de la misma comprometería a Chávarry con investigados como Keiko Fujimori y Alan García.

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Política

“No se debe obstruir investigación a ex CNM”

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Gino Costa

“Nosotros esperamos que las acusaciones contra Chávarry, que están tan bien fundamentadas, como su pertenencia a una organización criminal y la obstrucción a la justicia, puedan ser incorporadas a la investigación”, dijo el congresista Gino Costa, de la Bancada Liberal.

“Nadie dice que las evidencias son concluyentes y que pertenecen a ‘Los cuellos blancos’, pero cuando las fiscales dicen que sospechan que son parte de la organización, el Congreso se niega a que se les investigue. Espero que se tome una decisión que permita que a Chávarry se le investigue por organización criminal pero no de manera solitaria”, exigió Costa.

“El tema se va a considerar en la próxima sesión de la Subcomisión y espero que se revise a efectos de que el Congreso no obstruya una investigación necesaria para determinar si estas personas que ocupan cargos tan importantes son o no parte de la organización criminal”, concluyó el congresista.

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Política

Reorganización de comisiones congresales debe resolverse ya

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Maritza García

La legisladora Maritza García (Cambio 21) se mostró optimista respecto a la nueva composición de fuerzas en el Parlamento en virtud del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que autorizó la conformación de nuevas bancadas, y consideró necesario que dicho cambio se efectúe este mes.

“Yo creo que la reorganización de comisiones se puede concretar este mes para regresar en marzo con una nueva conformación de fuerzas en el Parlamento”, expresó García en declaraciones a la Agencia Andina.

García consideró prioritario que los legisladores de las dos nuevas bancadas (Cambio 21 y Bancada Liberal) se incorporen a las comisiones ordinarias, pero convino en que el cambio en la presidencia de los grupos de trabajo sí podría esperar hasta julio cuando se realice la elección de la nueva Mesa Directiva.

ES UN DERECHO

Según dijo, la recomposición de las comisiones es una decisión que depende de la Mesa Directiva, por lo cual dijo esperar que sus miembros interpongan sus buenos oficios para cumplir con un derecho.

Advirtió que solo la bancada de Fuerza Popular se resiste a cumplir con lo que ordena el TC, lo cual se evidencia en su apoyo a la opinión consultiva de la Comisión de Constitución que establece requisitos para la conformación de nuevos grupos más allá del fallo del órgano jurisdiccional.

En tal sentido, aseveró que se ejercerá presión si es necesario para hacer cumplir el mandato del TC, el cual, subrayó, cuenta con el respaldo de la mayoría de bancadas en el Parlamento.

“Hemos visto cómo la presión surtió efecto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con las denuncias contra el exfiscal Chávarry”, refirió.

También la nueva bancada Liberal, que reúne a renunciantes de Peruanos por el Kambio y otras bancadas, pidió la recomposición de las comisiones de trabajo parlamentario, a la luz del cambio de la correlación de fuerzas y la pérdida de la hegemonía fujimorista.

ALGO MÁS

En su sentencia del 10 de julio del año pasado, el TC estableció que no está prohibida la renuncia de los congresistas a sus bancadas “por razones de conciencia debidamente justificadas”, por lo que podrían conformar un nuevo grupo parlamentario, adherirse a uno ya existente o configurar un grupo parlamentario mixto.

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