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El gobierno de Yanacocha

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Sin duda Yanacocha S.R.L. tiene un gobierno paralelo en el Perú. La empresa propiedad de la transnacional de la minería Newmont, Roque Benavides y el Banco Mundial hace literalmente lo que le da la gana en el país.

No paga los impuestos que debe como ha sido demostrado en el libro “¿La gran minería paga los impuestos que debería? El Caso Yanacocha”, de Raúl Wiener y Juan Torres, presentado esta semana en el Congreso de la República. El documento sustenta sólidamente que la minera entre el 2006 y 2013 (periodo del boom de los precios de los metales, especialmente el oro) ha eludido el pago de al menos 1500 millones de dólares, elevando costos de ventas por onza, depreciando activos brutalmente, firmando contratos de gerencia con su principal socio, etc. Y la Sunat, bien, gracias. Imposible que los acote tributariamente como sí hace sin miramientos con negocios pequeños y profesionales independientes.

Tiene su propia fuerza policial a quien paga (hay un convenio firmado entre la empresa y la Policía Nacional), la misma que esta semana ha sido acusada de destruir, por cuenta de la empresa, una construcción de la familia Chaupe (ubicada en medio del proyecto Conga), golpeando a las mujeres, como se muestra en varias fotos de Máxima Chaupe y sus hijas.

Todo ello valiéndose de papeles fraudulentos de una supuesta compra del terreno de 30 hectáreas a los Chaupe. Para ello Yanacocha no vacila en comprar fiscales y todo lo que puede. Parece surrealista que una gigante de la minería se enfrente con toda su fuerza a una humilde mujer campesina, sin siquiera haberle ofrecido comprarle la propiedad de manera transparente y justa.

Además de eso Yanacocha controla en la práctica una gran porción de la carretera Santa Rosa – Cajamarca, en las alturas de Minas Conga, decidiendo quién pasa y quién no. Yo mismo constaté esta situación cuando fui a visitar la casa de Máxima Chaupe a inicios del 2013. En esa vía no existe el derecho al libre tránsito consagrado constitucionalmente.

Como si fuera poco, la empresa de los Benavides y sus socios extranjeros tienen una bancada en el Congreso, con aproximadamente 20 congresistas, entre los que destacan la fujimorista Cecilia Chacón y el pepecista Luis Galarreta.

Ellos y otros más han tenido financiamiento de la Asociación Civil “Reflexión Democrática” presidida por Roque Benavides para postular al Congreso en el periodo 2011-2016. O sea Yanacocha les pagó la campaña electoral y ahora son sus representantes en el Legislativo.

La empresa minera que explota hace más de 20 años los minerales de Cajamarca compra periodistas sin asco. Les paga suculentas consultorías (innecesarias) a blogueritos conocidos y a periodistas con influencia para tenerlos con la boca cerrada.

Es que el gobierno de Yanacocha tiene a la Sunat en el bolsillo, a la policía de su lado, una bancada en el Congreso, un gran aparato mediático y más. Con ello le han hecho daño hasta a su propio gremio empresarial, pues nadie mejor que Yanacocha para desprestigiar a la gran minería en el Perú. Ya es momento de pararle el macho a quien cree que el Perú es el viejo oeste.

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Editorial

Avances en la lucha contra la corrupción

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La medida de impedimento de salida del país del expresidente Alan García, por un plazo de 18 meses, dispuesta por el titular del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, se fundamenta en una serie de hechos vinculados por la presunta comisión del delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. “Este juzgado advierte que existen suficientes elementos de convicción que amparan los hechos ilícitos que investiga el fiscal”, ha dicho el juez del sistema anticorrupción.

En consecuencia, los argumentos del fiscal José Domingo Pérez Gómez y del juez Sánchez Balbuena no tienen nada que ver con lo expresado por el expresidente Alan García, quien antes de ingresar a la audiencia dijo estar en paz con su conciencia y que las investigaciones deben realizarse “sin odios ni humillación”. Lo que se esperaría, por el contrario, es que el exmandatario aprista diga que nunca ha ingresado en sus cuentas ningún dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht; es decir, dinero sucio, dinero negro destinado a las coimas. Él, en cambio, ha retado a la justicia a que le prueben.

Además, el impedimento de salida del país ha sido dispuesto en los precisos momentos en que el fiscal Pérez amplió la investigación a Alan García, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión agravada en el marco del caso Odebrecht. Además, la Fiscalía considera que la medida es necesaria para asegurar que Alan García comparezca cuando sea citado a declarar, debido a que reside parte del tiempo en España.

Ocurre, también que para el fiscal José Domingo Pérez Gómez, existió una sospechosa celeridad en la emisión de normas por parte del gobierno de Alan García que presuntamente favorecieron a la empresa brasileña Odebrecht. En buen romance, el impedimento de salida del país de Alan García no ha sido dispuesto porque él se allanó a la solicitud del fiscal, pues tal como aclaró el juez Sánchez Balbuena esa es una figura del derecho civil y no penal, sino que al parecer la Fiscalía ha dado un paso más en la lucha contra la corrupción.No se trata de odios ni de humillación, sino de hacer justicia, pues como dicen tarda, pero llega, aunque en este caso solo se trate de un avance.

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Portada 18 noviembre 2018

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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