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El flagelo de la corrupción y la inacción de los poderes del Estado

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En otros países el financiamiento ilegal o encubierto de las campañas es un delito tipificado en el código penal. En el Perú no lo es. Si el Presidente de la empresa internacional Odebrecht ha señalado que su empresa ha financiado todas las campañas presidenciales con opción, lo mínimo que debería hacer el Congreso del Perú es legislar para que no pueda ocurrir de nuevo este problema en el Perú.

Por ello, el Congreso debería legislar para tipificar el financiamiento ilegal de campañas políticas como delito penal. Los expertos internacionales señalan que para detectar la corrupción hay que seguir la ruta del dinero y que, en la mayoría de los casos, los empresarios corruptos inician su relación indebida con el poder político a través de los aportes a las campañas.

Por ello, el financiamiento público de los partidos y el establecimiento de límites a los financiamiento de campañas son las medidas más eficaces para prevenir la corrupción y en el Perú deberían ser de urgente implementación.

Las otras medidas preventivas contra la corrupción tienen que ver con el respeto a la institucionalidad para la toma de decisiones de los grandes proyectos. Los sistemas de planificación deben ayudar a priorizar las inversiones de modo de que no se permita que elefantes blancos puedan ser financiados y ejecutados.

Un elefante blanco es un proyecto con un dimensionamiento (tamaño) muy superior a la demanda y que causa que la obra cueste mucho más con el objetivo exclusivo de favorecer al constructor o al proveedor.

La interoceánica del Sur es un ejemplo claro de esta mala práctica que pasó por formular mal el proyecto a nivel de factibilidad, licitarlo sin expediente técnico y sin pasar por el SNIP y aceptar cláusulas que ponían en posición de indefensión al Estado peruano.

Los resultados indican que por cada dólar de corrupción se generaron US$10 de sobre-ganancias y US$100 de pérdidas para el país. En otros casos, la corrupción no es para hacer un proyecto sobredimensionado sino es para que se sesguen las bases a favor de un postor como hemos podido comprobar por las declaraciones de Barata en relación al caso de la Línea 1 del Metro divulgadas en Cuarto Poder, sobre la base de videos obtenidos y analizados por IDL reporteros.

En este caso, la prevención de la corrupción va más allá del respeto a los sistemas de planificación e inversiones, sino que requiere de las intervenciones de las entidades de control externo de forma oportuna y eficiente. Es una lástima que como país tengamos el triste récord de haber ejecutado la Línea 1 del Metro durante 28 años y que se haya comprobado corrupción en las diferentes fases del proceso.

La Interoceánica del Sur viene costando US$4,500 millones y costará US$500 millones más según la Contraloría General de la República y los beneficios ascienden en el mejor de los casos a US$1,900 millones.

Como sociedad perdimos US$3,100 millones por tomar decisiones a favor de los postores y lejos de los intereses de las mayorías. Frente a estos problemas gravísimos, el gobierno no tiene una política clara para lograr las reparaciones (ya deberían haber intervenido a las empresas involucrada) y tampoco propone la implementación de los medios que nos deberían permitir contener la corrupción en el futuro.

La inacción frente a la corrupción es inaceptable. Sobre todo si tenemos dos presidentes presos (Alberto Fujimori y Ollanta Humala), uno prófugo (Alejandro Toledo) y a otros varios líderes políticos importantes bajo investigación. La encuesta de Ipsos tomada entre el 11 y el 13 de octubre indica que el 69% piensa que García es culpable y el 46% piensa que Keiko Fujimori es culpable. Con la clase política totalmente afectada por el flagelo de la corrupción deberíamos tomar las medidas ya. Si se puede.

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Política

AG se las verá hoy con fiscal Pérez

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Alan García Pérez - José Domingo Pérez Gómez

El expresidente Alan García, quien hoy se verá frente a frente con José Pérez, el implacable fiscal que envió a la cárcel a Keiko Fujimori, quien lo quiere interrogar sobre el Metro de Lima, obra para la cual Odebrecht ha confesado que pagó sobornos por 24 millones de dólares, de los que el líder aprista y sus seguidores juran que él no sabe nada.

La información trascendida del Ministerio Público indica que el eficiente fiscal ha preparado minuciosamente la estrategia de su interrogatorio y ha recibido nuevas informaciones de Brasil sobre el caso.

Los méritos de Pérez llevaron al congresista Yonhy Lescano a manifestar que por primera vez García será interrogado por un fiscal valiente y comprometido con la lucha anticorrupción, que no caerá en las maniobras de AG.

¿QUIÉN COBRÓ LOS 14 MILLONES?

Uno de los misterios que tendrá que desentrañar Pérez es el de 14 millones de dólares de las coimas cuyo destino se desconoce, pues solo se ha encontrado aproximadamente diez millones en cuentas de Andorra, a nombre de funcionarios de segunda y tercera línea, como el exviceministro Jorge Cuba y los exfuncionarios Edwin Luyo, Mariella Huerta y Santiago Chau, la exvoleibolista Jessica Tejada, su sobrino Víctor Muñoz y a su asesor Miguel Navarro.

Navarro, desde la cárcel, ha declarado que Cuba coordinaba directamente el tema del Metro con García y habría sido designado por Roxanne Cheesman, pareja del exgobernante aprista.

Entre los ingredientes de la expectativa destaca la versión de que Cuba se habría ofrecido como colaborador eficaz, lo que solo podría conseguir si delata a un involucrado de rango mayor al suyo y solo hay dos, el exministro Enrique Cornejo y García.

MÁS INDICIOS

Otro indicio adverso a García es el gran interés en sacar adelante la obra e impulsar para ellos normas de excepción que favorecieron a Odebrecht, dictadas tras reuniones con ejecutivos de Odebrecht, aunque García sostiene que solo buscaba terminar la obra en su último gobierno y si otros se aprovecharon, que paguen con la cárcel.

Pérez consideraría estos elementos y otros que habría obtenido para armar un caso que complicaría a García. Ya antes el aprista ha intentado sacarlo del caso sin éxito. Además, Barata ha dicho que Odebrecht entregó 200 mil dólares a la campaña de García el 2006, cuando ganó la elección.

En la etapa previa al interrogatorio, García ha intentado desacreditar al fiscal Pérez, recogiendo la afirmación del fiscal Pedro Chávarry, de que Pérez coordina con el gobierno, y sostiene que el gobierno interviene en el sistema de justicia, lo que para muchos crea condiciones para cuestionar al fiscal si las cosas le salen mal en el interrogatorio.

OTRA CUENTA

Pero García tiene otros temas pendientes con la justicia, como la denuncia contra él y su esposa Pilar Nores por presunto enriquecimiento ilícito, que fue archivada por el Ministerio Público debido a una acción de amparo que presentó la defensa de AG lo que bloqueó una investigación de la Fiscalía, según el expremier.

La denuncia fue presentada el 22 de diciembre del 2015 por la militante aprista Ángela Arminda Valdez Rivera, quien, señaló que la Fiscalía debería investigar las supuestas millonarias fortunas inmobiliarias que García y Nores poseen en diversos países.

Para Cateriano, la Fiscalía de la Nación encarpetó la indagación a García Pérez porque este presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial contra el proceso que tenía dentro de la Megacomisión del Congreso que investigó el presunto mal manejo financiero durante su segunda gestión presidencial.

Entonces, el recurso fue aceptado por la Corte y provocó que el MP no pueda avanzar. “En conclusión: no hubo investigación fiscal y tampoco judicial. La acción de amparo que presentó Alan García impidió la indagación. AG es el único funcionario público con esta clase de privilegios. La técnica de siempre: no aclara, tergiversa, obstruye y logra archivamientos”, manifestó Cateriano.

NO SE HIZO MUCHO

Respecto a este caso, Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló que el fiscal supremo Pablo Sánchez hizo oficios a entidades bancarias, determinó que no hubo enriquecimiento ilícito con el cotejo de sus declaraciones juradas y archivó el caso.

Indicó sobre Pilar Nores que aunque no fue funcionaria pública, la denuncia tenía que haber recaído en una fiscalía común, para que investigue el delito que le corresponde. Producto de la acción de amparo el caso fue archivado en agosto del 2018.

FACTOR NORES

Para Valdez, “García y Nores se mantienen unidos por la fortuna que tienen que compartir, hay algo que no les permite a ambos romper el vínculo del matrimonio, aunque García tiene otra pareja y un hijo”.

Aseguró que Nores es involucrada en la denuncia porque faltando unos meses para que culmine el segundo periodo presidencial de García ellos hacen un régimen de separación de bienes, si ellos están casados por qué optan por esta figura legal. Y así los bienes pasan a ser protegidos por el nombre de Pilar Nores.

Indicó que las pruebas son de los documentos que ha obtenido de los registros públicos, y que las puede obtener cualquier ciudadano.

¿Por qué hay un silencio total? ¿Por qué nunca se le llamó a Pilar Nores a declarar?”, cuestionó Valdez.

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Política

AG no le teme a nadie

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Javier Velásquez Quesquén

Javier Velásquez Quesquén, legislador del Apra, afirmó que no existe ninguna razón para que AG no acuda a la diligencia y sienta algún tipo de temor ante el eventual interrogatorio.

“Lo de mañana (hoy) va a ser una diligencia. El presidente ha respondido estas últimas semanas, 42 o 46 veces ha ido al Ministerio Público y no hay razón para no hacerlo mañana (hoy). ¿Por qué habría de tener miedo?”, aseveró.

“García va a continuar mañana (hoy) con su declaración como también hay otras dos o tres investigaciones en las que nosotros, y digo nosotros porque también hay otra investigación en la que los que fuimos parlamentarios en el 2006, hemos sido llamados por este fiscal para dar nuestro testimonio. ¿Por qué vamos a tener temor, si no tenemos nada que ocultar?”, resaltó.

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Política

Ni candidatura ni cierre del Congreso, asegura Vizcarra

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra reafirmó que no será candidato en las elecciones generales de 2021 y que no ve necesario, en el corto ni el mediano plazo, usar la herramienta constitucional de cerrar el Congreso de la República

“No, no voy a ser candidato en el año 2021. Lo descarto absolutamente”, aseveró el mandatario en una entrevista con Semana Económica, en la que su administración trabajará “con mucha responsabilidad, con mucha transparencia hasta el 28 de julio del 2021”.

CIERRE DEL CONGRESO

“Y ahí entregaremos la posta a quien elija el pueblo peruano para que nos suceda. Nosotros trabajamos enfocados en hacer una buena gestión de gobierno. En ningún momento pensamos en posibilidades de elección, lo que generaría una distorsión en decisiones importantes que tomamos día a día”, remarcó.

Sobre la recurrente demanda de amplios sectores sociales y políticos de cerrar el Parlamento, manifestó que la cuestión de confianza es una herramienta constitucional que el Ejecutivo puede usar para mantener el equilibrio de poderes.

“¿Y cuándo se usa? Cuando sea necesario. Yo no veo ahorita ninguna posibilidad, en el corto ni mediano plazo, de necesitar esa herramienta. En consecuencia, la herramienta está ahí para que se use en caso sea necesario, pero yo, actualmente, en función de los acontecimientos, no veo ninguna necesidad de usarla”, aseveró.

DIÁLOGO CON TODOS

Al reiterar la decisión de conversar con los diversos partidos, anunció que en los próximos días establecerá un diálogo con el Congreso de la República, a través de su presidente, Daniel Salaverry, quien a su vez señalo que se ha iniciado una nueva relación con el gobierno.

“El propio presidente del Congreso, Daniel Salaverry, nos ha pedido reuniones para comenzar a establecer una agenda común y lo vamos a hacer, pero a nivel de instituciones. Y luego lo haremos a nivel de las fuerzas políticas. Estamos dialogando, pero en esta coyuntura estamos priorizando el diálogo con las autoridades que recientemente todos los peruanos han elegido como sus alcaldes y gobernadores”, explicó.

Sobre el diálogo con el Legislativo, precisó que el objetivo es establecer lineamientos claros sobre qué cosas no debe legislar ese poder del Estado al recordar que muchas normas que ha dictado comprometen el presupuesto pese a que el Legislativo carece de iniciativa de gasto.

FUERZA POPULAR Y REFERÉNDUM

De otro lado, sobre la crisis de Fuerza Popular, el mandatario dijo que quizás sea conveniente por el momento que “estemos dialogando con los alcaldes, porque es la prioridad ahora”, a la espera que el partido fujimorista “se estabilice un poco y podamos tener interlocutores válidos para saber con quién conversamos”.

Vizcarra recordó que al asumir la Presidencia el 23 de marzo último, planteó la iniciativa de establecer un pacto social que definió como “un esfuerzo de diálogo nacional para encontrar un rumbo común hacia el desarrollo”, aunque no logró acogida.

ALGO MÁS

Ratificó la opinión de que no debe aprobarse en el referéndum del 9 de diciembre la reforma sobre bicameralidad porque la propuesta original del Ejecutivo sobre el tema fue “desnaturalizada” por el Congreso.

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