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El fin de la era amarilla en Lima

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El alcalde, Luis Castañeda Lossio, debería considerar la posibilidad de renunciar. Los limeños que en más de un 80% aprobaban, a finales del 2014, la reforma del Transporte, la política de Cultura Viva, la integración de SISOL con ESSALUD y con el SIS, las mejoras en los parques públicos, el traslado del comercio mayorista de La Parada a Santa Anita, el Proyecto Barrio Mío y la construcción de las vías que son los accesos de la ciudad, esperaban de él que culmine las obras iniciadas entre el 2011 y el 2014, y no que se dedique a desmantelar todas las reformas y proyectos en contra de los intereses de la ciudad.

Empezó mal al decir que no existía la reforma del transporte urbano (lo que causó la parálisis de los procesos de chatarreo), siguió mal dando autorizaciones en donde ya las rutas estaban otorgadas a través de procesos de licitación y concesión (Corredores Complementarios). Siguió peor cancelando ilegalmente la licitación del sistema de recaudo de las tarjetas del SIT y anulando sin sustento los procesos de las rutas de Integración y Aproximación. Aunque era difícil empeorar las cosas, lo logró anulando ilegalmente seis contratos de concesiones que incluían cuatro contratos de dos concesionarios que operaban en dos corredores (Javier Prado y Arequipa). Pasamos al infierno cuando despidió a cientos de inspectores, lo que causó que entraran 30,000 taxis piratas y colectivos diarios a la avenida Arequipa haciendo que los buses azules vayan lento (10 Km. por hora).

Como consecuencia, el número de pasajeros diarios bajó de 160,000 en el 2014 a 110,000 en la actualidad. Luego, en plena crisis de la seguridad ciudadana, despidió cientos de serenos y pintó de amarillo murales que habían ganado concursos y que generaron que se multe a la Municipalidad de Lima Metropolitana (MML). Tras ello, nos enteramos que, desde que fue elegido y antes de iniciar su tercer mandato, estaba negociando con José Pinheiro a través de su operadora Giselle Zegarra para canjear varias obras:I) viaductos como el que conecta a la Avenida Separadora Industrial con la Panamericana Norte, II) viaductos que unirían San Juan de Lurigancho con el Cercado, yIII) el Proyecto Parque Rímac, por un bypass en 28 de julio que nadie le pidió. Al propio tiempo, la gestión amarilla quita ilegalmente el Óvalo Canta Callao del proyecto Rutas Nuevas de Lima y adelanta ilegalmente la construcción de un peaje en el medio del casco urbano de Puente Piedra. En adición, facilita la venta de las concesiones de OAS y Odebrecht cuando el Perú requería que los activos se mantengan para que las empresas paguen las reparaciones.

Entre los sacrificados de todos estos cambios están los Shipibos de Cantagallo que, como les negaron el traslado a Campoy, sufrieron un incendio y han reconstruido sus viviendas a duras penas sin apoyo de la MML. De otro lado, el alcalde se enfrentó a las comunas distritales quitándole a La Molina el paso a desnivel del Óvalo Monitor y demorando proyectos tan importantes como Vías Expresa Sur y el proyecto vial del Túnel del Cerro Centinela. A su vez, quiere poner más carriles en la Avenida Benavides contra el plan urbano de Miraflores.

Aparte quería cortar los árboles de la Avenida Salaverry para hacer pasos a desnivel que todos rechazan. Pero, como en el caso de la gestión de Castañeda todo puede empeorar, ahora nos enteramos que, además de todo lo mencionado, la gestión de defensa civil y de fiscalización de la MML está seriamente comprometida con denuncias de coimas para aprobar diferentes permisos y certificados a los comerciantes en lugares, en donde el descuido y la informalidad han causado varios incendios con muertos y heridos. Todo esto ha causado el fin de la era amarilla en Lima. Lo que queda de capital político está en camino a esfumarse. El alcalde, si tuviera dignidad, debería renunciar.

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Política

Derrochan la plata del pueblo para venganza política

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Bancada de Fuerza Popular fujimoristas

Daniel Salaverry anunció que auditaría las gestiones de Luis Galarreta y Luz Salgado cuando eran presidentes del Congreso. A decir de varios congresistas hay numerosas sorpresas, porque se registra un aumento dispendioso del presupuesto y de trabajadores.

Además, se ha favorecido a personas cercanas a Fuerza Popular o “aportantes”, y se ha contratado a “trabajadores fantasmas” sin que les importe para nada el uso de ese dinero que el pueblo da con el pago de sus impuestos.

Por ejemplo, del presupuesto total S/ 709’777.837 en el 2018, de ese monto, S/ 13’800.000 estuvo destinado a proyectos (obras mínimas) y la mayor parte fue para los gastos corrientes y el pago de planillas: S/ 695’977.837. O sea, una minucia para legislar.

De este último monto, 255 millones de soles se van en prestaciones sociales y otros gastos, mientras que S/ 440’490.516 quedan principalmente para el pago de las planillas del personal actual, además de las llamadas “otras retribuciones”, dice un informe periodístico.

ES SU BOTÍN

“Fuerza Popular ha convertido el Congreso en su botín y no solo ha servido para el movimiento de todo su accionar político. Porque si hablamos de cuando eran 73 congresistas, 7 asesores cada uno multiplique usted”, dijo Wilbert Rozas de Frente Amplio.

Expresó que estamos hablando de un ejército de gente o supuestos “aportantes”, porque en realidad no aportaron nada, más bien los han convertido en cómplices y se manejaba el Congreso como una institución para insultar a los otros congresistas”, dijo.

Denunció que se manejaba a los troles para los fines que todos conocen. Espero que el señor Salaverry, que también fue parte de ellos y conoce por dentro al monstruo, porque ha militado allí, haga que de manera inmediata se conozca la auditoría.

“Ojalá -concluyó-, que no sea un ajuste de cuentas entre ellos, sino que sea una reorganización del Congreso, y exista una verdadera meritocracia tal y como todos lo piden.

SE MALGASTABA LA PLATA

“Bueno, el derroche del presupuesto del Congreso de la República por parte de Fuerza Popular ha sido porque, como han sido mayoría parlamentaria, han hecho lo que han querido”, dijo Gerónimo López, secretario general de la CGTP.

Observó que se ha visto cómo se repartían flores, se compraban computadoras, televisores, entre otras cosas; se gastaba la plata de peruanos en perjuicio de los más pobres del país que exigían atención a sus demandas, denunció.

“Creo que la auditoría que se está haciendo está bien, pero que se ponga en conocimiento de todo el dinero que se ha gastado, es una cantidad inmensa, que incluye a ‘trabajadores fantasmas’, allegados”, precisó.

Continuó afirmando que ellos no han querido legislar a favor del pueblo sino en beneficio propio y también para los grupos de poder económico. Yo creo que los peruanos y peruanas deben estar atentos porque debe haber delitos por el dinero mal usado que se pudo emplear para hacer colegios, hospitales, etc., concluyó Gerónimo López.

AGENCIA DE EMPLEOS

Al Congreso, ha señalado el congresista Hernando Cevallos del Frente Amplio, han ingresado 800 trabajadores en la gestión de Galarreta y Salgado. Lo que pasa es que el Congreso se ha usado como si fuera una agencia de empleos, como una empresa particular por al fujimorismo y sus aliados.

Remarcó que son recursos del Estado, del pueblo peruano. Los trabajadores que ingresen al Congreso, los absolutamente necesarios de acuerdo a su capacitación y al sector donde son más necesarios, como asesorías para las comisiones, deben ingresar no para resolver deudas políticas o agredir a los otros congresistas.

Dijo que no se pueden manejar los recursos del Congreso con esa direccionalidad, para devolver favores a los amigos o usar a los subcontratados como un arma política o contra la oposición.

“Nosotros esperamos que se definan cuáles son las verdaderas necesidades del Congreso, cuánto se ha manejado. Salaverry pueda ser que lo ha hecho como un mea culpa o porque no quiere ser arrastrado por el descrédito”, comentó Cevallos.

Afirmó que en el caso de los trabajadores fantasma no solamente era un asunto de ética sino que había delito. El trabajo administrativo del Congreso es evaluar los currículo, corroborar la validez de ese currículo, de las funciones del trabajador, de su asistencia, para evitar irregularidades.

ALGO MÁS

Hay más de 34 trabajadores con contratos determinados sin que les corresponda. O sea: han contratado personal y les han hecho contratos de tal manera que si son despedidos, pueden hacer un juicio. Porque en verdad se necesitan 5 años para que pasen a planilla. Y lo que se ha hecho es asegurar a algunos fujimoristas o “aportantes”, en lugares claves del Congreso para usarlos a favor de la bancada naranja.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Barata dirá dónde están los 25 millones de dólares

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Jorge Barata

En declaraciones a los fiscales peruanos integrantes del Equipo Lava Jato en Curitiba, Brasil, el exsecretario del Consorcio Conirsa Sergio Nogueira confesó que se pagaron 45 millones de dólares en sobornos por la obtención de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Nogueira resaltó que Odebrecht pagó el 70% de esa cantidad y el restante 30% fue aceptado por las socias peruanas: ICCGSA, JJCamet, Graña y Montero.

En el 2017 Barata manifestó que la constructora brasileña le entregó 20 millones de dólares al prófugo expresidente Alejandro Toledo. Respecto a los 25 millones de dólares restantes en coimas, Nogueira señaló que Jorge Barata, quien dará su testimonio en el mes de marzo, es quien conoce al detalle la repartición de la coima.

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Política

Keiko Fujimori declara ante la Fiscalía

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Joaquín Ramírez - Keiko Fujimori

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien cumple 36 meses de prisión preventiva como parte de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos bajo la modalidad de crimen organizado, declaró ante un fiscal como parte de las pesquisas contra Joaquín Ramírez, exsecretario general del partido naranja.

Ramírez presuntamente habría recibido de Keiko Fujimori la suma de 15 millones de dólares para lavarlos en su negocio de grifos.

Además, el piloto Jesús Vásquez, colaborador del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), señaló ante la Fiscalía que Joaquín Ramírez le dijo que había lavado dinero a pedido de Keiko Fujimori para la campaña presidencial del 2011.

La diligencia a Keiko Fujimori se inició a las 9 de la mañana en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde se encuentra recluida desde noviembre del 2018.

El fiscal de lavado de activos a cargo de la investigación es Wilson Salazar Reque, quien coordino previamente con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para el acondicionamiento del lugar donde se llevaría a cabo la declaración.

No obstante, el encargado de efectuar el interrogatorio fue el fiscal adjunto Jorge García, quien hizo su ingreso al penal a las 9:30 de la mañana.

Se informó también que la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, llegó al Penal Anexo de Mujeres al promediar las 8:30 de la mañana. El viernes 15 de febrero, Joaquín Ramírez declaró ante la Fiscalía de lavado de activos también como parte de esta investigación.

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