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El espíritu de reconocerle derechos a la Naturaleza

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Río Whanganui, en Nueva Zelandia

La idea de considerar a la Naturaleza como un sujeto revestido de derechos ha dejado de ser una rareza. Se cumplen en 2018 diez años del primer paso en esa dirección, que ocurrió con el reconocimiento constitucional otorgado en Ecuador. Allí se utilizó una fórmula novedosa no solo por entenderla como un sujeto, sino por ser intercultural, asociando las ideas de Naturaleza con la de Pachamama.

Aquella formulación generó tanto críticas como escepticismos, y su aplicación padece debilidades, pero sirvió como ejemplo. Y es así que en la última década no han dejado de sumarse otros ensayos, tanto en América Latina (Bolivia, Colombia y Argentina), como en otros continentes (India y Nueva Zelandia, por ejemplo).

Esto no puede sorprender ya que la crisis ambiental se profundiza en todos los países. Las exigencias y controles ambientales se debilitan, las tecnologías no logran impedir otros accidentes, y se acumulan todo tipo de daños ambientales. En América Latina esta deriva se ha agravado en los últimos años, especialmente por los empujes extractivistas volcados a la exportación de recursos naturales. Y esto ha ocurrido bajo muy distintos regímenes políticos, sean conservadores como progresistas. Cada uno, a su manera, trata a la Naturaleza como objeto a ser explotado, y de esa manera queda en evidencia que estamos ante una problemática que tiene raíces muy profundas, más allá de las ideologías políticas.

Eduardo Gudynas

Para remontar el empequeñecimiento espiritual

La tarea de promover un cambio sustancial en cómo se entienden los derechos no es nada sencillo cuando una y otra vez se insiste en que es necesario conquistar la Naturaleza. Es todavía más difícil hacerlo bajo crisis, tanto en los ámbitos de la política como de la justicia. Perú no escapa a esa condición, y por eso es válido preguntarse si es posible, e incluso si tiene sentido, promover derechos en la Naturaleza, si el propio sostén de la idea de “derechos” está en jaque debido a su severa crisis. ¿Es una fantasía plantear a la vida no-humana como sujetos jurídicos cuando se cruzan las denuncias de manipulaciones, presiones y maniobras sobre los actores judiciales? ¿La primera urgencia debería estar en reconstruir un Poder Judicial para solamente después, en el futuro, abordar el lugar que ocupará la Naturaleza?

Es oportuno discutir esta cuestión en un diálogo con Jorge Basadre, el “historiador de la república”. En uno de sus textos, “Mendigo en banco de oro”, Basadre parte de la imagen de un país que está sobre una enorme riqueza en recursos que pueden ser aprovechados. Es una metáfora que persiste hasta el día de hoy, y uno de sus defensores recientes fue el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa. En su razonamiento, Ecuador se comportaba como un mendigo sobre un enorme saco de oro, y lo que debía hacer era redoblar la explotación petrolera y ampliar los proyectos de megaminería. La profundización de los extractivismos acabaría con la pobreza, decía Correa.

Los dichos de Basadre, que tienen casi un siglo, concuerdan con la idea de una “riqueza inmensa” pero que solo será aprovechable con mucho esfuerzo. En concordancia con el espíritu de su tiempo, Basadre es optimista, y dice que más allá de convulsiones y violencia, el “mal no está en el Perú en sí” y las perspectivas de desarrollo posible son “vastísimas”. Pero enseguida ofrece una advertencia que es válida para la circunstancia actual: “el mal verdadero, el peligro terrible, se halla en cambio por el otro lado: en el empequeñecimiento espiritual”.

Ese encogimiento del espíritu, su debilitamiento o incluso su pérdida, en sentido otorgado por la alegoría de Basadre, es justamente un componente central en la problemática actual. Sería difícil negar que en el último año, en los extremos de la crisis político partidaria primero, y en los desarreglos del Poder Judicial ahora, la misma esencia del concepto de derechos está crujiendo.

La salida de esta situación requiere, sin duda, recuperar el marco de los derechos, fortaleciendo y ampliando el sentido de la justicia. Grandeza en el espíritu es lo que se necesita, parafraseando a Basadre. Pero esa recuperación de los derechos en este siglo XXI, y bajo las condiciones de Perú y de los demás países latinoamericanos, será incompleta sino se incorpora la dimensión ambiental. De no hacerlo, se terminará destruyendo el marco natural, padeceremos un planeta recalentado, las economías nacionales tambalearán y se perpetuará la pobreza. La justicia es también una justicia ecológica, y los derechos son también de la Naturaleza.

río Atrato, Colombia

En el 2016 en Colombia, la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derechos.

Dos recorridos y una meta

La idea de derechos para la Naturaleza ataca precisamente esos cimientos culturales que están ensimismados en un utilitarismo antropocéntrico, que conciben el entorno como un simple conjunto de recursos a explotar, y que no dudan en recortar los derechos y la justicia.

En esa tarea, actualmente se están explorando al menos dos perspectivas. Una de ellas consiste en ampliar la cobertura de los derechos jurídicos, y así como son concedidos por ejemplo a una empresa, dar unos pasos más otorgándolos a la Naturaleza. Ese es el camino que se transita en Colombia, donde la Corte Constitucional en 2016 reconoció al río Atrato como sujeto de derechos. Más recientemente, toda la ecorregión amazónica fue entendida como una “entidad” sujeto de derechos.

Estos dos ejemplos son muy relevantes para Perú ya que responden a problemas ambientales de enorme gravedad que se repiten en el país. En efecto, los derechos del río Atrato fueron una respuesta a su severo deterioro, esencialmente por contaminación derivada de la minería. Los derechos para la ecorregión amazónica son la reacción a la deforestación, que ocasiona tanto una pérdida de biodiversidad como una contribución de gases invernadero al cambio climático global.

Como esa problemática se repite en Perú, es válido preguntarse si así como los colombianos apelan a los derechos de la Naturaleza, no sería apropiado iniciar ese recorrido en el país. Además, en Colombia, la Corte Constitucional aprovechó el reconocimiento de esos derechos para exigirle a los gobiernos nacional y departamentales, acciones inmediatas, enérgicas y concretas para revertir el deterioro ambiental, una demanda que también es necesaria en Perú.

Otra perspectiva sobre los derechos de la Naturaleza es la expresada en la Constitución ecuatoriana. En ese país, distintas posturas, tanto de militantes, intelectuales y pueblos indígenas, coinciden en entender que la Naturaleza es un conjunto de sujetos no-humanos, y con ello inmediatamente se deriva la necesidad de reconocerles derechos. Aquí se parte de entenderla como sujeto y la consecuencia es el reconocimiento de los derechos. Esta es una posición intercultural que también debería ser atendida en Perú, debido a que varios de sus pueblos indígenas del mismo modo entienden que los seres no-humanos son sujetos.

Sea por un camino o por otro, se está avanzando en la temática de los derechos de la Naturaleza. Ensayos similares han ocurrido en Bolivia, con dos leyes en esa materia, así como en Nueva Zelandia e India; en Argentina el Congreso tiene a consideración un proyecto en esa materia. Estamos ante los umbrales de cambios sustanciales en los modos de entender y construir políticas ambientales.

Un observatorio y una necesidad

Es en estas circunstancias que se lanza el “Observatorio de los Derechos de la Naturaleza”, tanto para promover e investigar en esa perspectiva, como para analizar y alertar sobre las violaciones de ese tipo de derechos. Este es un esfuerzo que parte de la sociedad civil y desde América Latina, y que cuenta con un comité asesor que incluye desde Perú, a Rocío Silva Santisteban, una conocida escritora y militante por los derechos, junto a Amparo Carvajal (presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia) y Gustavo Castro (mexicano que lidera la organización Otros Mundos muy activa en México y Centro América). El observatorio se apoya además en un conjunto de instituciones co-participantes que cubren un amplio espectro, incluyendo a CEDIB (Centro de Documentación e Información Bolivia), OFIS (Fundación Oficina de Investigaciones Sociales y del Desarrollo) que promueve el diálogo intercultural y la sustentabilidad en Ecuador, y el Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana en Bogotá (Colombia), con la coordinación de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).

La tarea es inmensa, pero necesaria. En buena medida esa grandeza de espíritu que reclamaba Basadre es indispensable para fortalecer el marco de los derechos, sean los de los humanos como los de la naturaleza. Empequeñecer el espíritu es perder el horizonte de los derechos. No estamos ante un lujo, sino ante una necesidad imperiosa.

 

Eduardo Gudynas

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Política

Fujimorismo tiene doble discurso

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Bancada fujimorista de Fuerza Popular

Pese a que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, confía que se aprobará los cuatro proyectos de reforma política y judicial propuestos por el Ejecutivo antes del 4 de octubre, plazo acordado por la Junta de Portavoces, sus propios compañeros de la bancada de Fuerza Popular siguen poniendo trabas al debate y aprobación de las reformas.

“Ya nos queda una semana, ocho días máximo, para que puedan avanzar con los tres proyectos que faltan. Tenemos que llegar, quien asume un compromiso tiene que honrar ese compromiso”, declaró Salaverry al ser abordado por la prensa.

Sin embargo, por la noche, durante la presentación del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República, diferentes parlamentarios de Fuerza Popular resaltaron que el Legislativo aprobó la cuestión de confianza al Ejecutivo, pero no se comprometieron a respaldar las reformas y menos a cumplir con los plazos.

BARTRA, LETONA

Horas antes, en Nueva York, el presidente Martín Vizcarra manifestaba plena seguridad de que el Congreso de la República cumpliría sus compromisos y que las reformas se aprobarán conforme a lo previsto.

Las declaraciones fujimoristas en sentido contrario se dieron luego de la exposición del premier Villanueva sobre la propuesta del Ejecutivo de un Congreso bicameral que implica la creación de macrodistritos y macrorregiones.

“Aceptamos la bicameralidad como un sistema para el Parlamento (…) Pero ahora nos han impuesto plazo, celeridad y nos piden que lo pasemos a ley de desarrollo sin ni siquiera saber qué estamos pasando”, dijo Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución.

En esa línea, su beligerante compañera de bancada fujimorista, Úrsula Letona dijo: “Este Congreso ha claudicado a debatir un tema importante como la bicameralidad. Me resisto a aprobar una reforma de este tipo”.

CUMPLAN EL COMPROMISO

En medio de los entredichos entre los parlamentarios fujimoristas y los de la bancada oficialista, Luis Galarreta, congresista de Fuerza Popular, resaltó que la “cuestión de confianza (aprobada por el Congreso) se dio en base a respaldar los ejes 1 y 2 de la política general del Gobierno, pero no a la aprobación de reformas y dentro de plazos”.

“La cuestión de confianza no se refiere a la aprobación de proyectos de ley”, afirmó Letona. Al respecto, el congresista Lescano, lamentó que ahora el fujimorismo desconozca los compromisos acordados en la Junta de Portavoces.

“Nos hemos comprometido en aprobar las reformas hasta el 4 de octubre”, concluyó el parlamentario de Acción Popular.

PROPUESTA DEL EJECUTIVO

Con el fin de crear un Congreso bicameral, el Ejecutivo ha propuesto crear seis macrodistritos para 30 senadores, es decir cinco macrorregiones y el área metropolitana, lo que –según Villanueva- garantizará que todos los departamentos tendrán al menos un senador en el próximo Parlamento.

Los macrodistritos son la agrupación de departamentos que comportan características similares a su cultura, desarrollo, crecimiento económico, entre otros indicadores, lo cual propicia que estén mejor conectados entre sí.

El macrodistrito electoral Nor–Oeste estará conformado por Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes; el Nor–Este por Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali; y el Centro por Áncash, Huánuco, Junín, Lima Provincias y Pasco.

El Centro–Sur, en tanto, por Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica; el Sur por Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tacna; y el Metropolitano por la Provincia Constitucional del Callao y Lima Metropolitana.

ALGO MÁS

Sobre los microdistritos electorales, Villanueva explicó que no persiguen fragmentar departamentos pequeños, sino resolver las asimetrías y desigualdades que se observan en los departamentos grandes, para que tengan la voz que no necesariamente tienen en el Parlamento.Se ha propuesto siete microdistritos para Lima Metropolitana: Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima Centro Sur, Lima Sur, San Juan de Lurigancho y el Callao.

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Política

Sin referendo no hay reformas

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Marcha protesta CGTP

Existe la posibilidad de que el Parlamento apruebe la propuesta de reformas presentada por el Ejecutivo, pero que no apoyen llevarlas al referendo como era la intención del Gobierno para legitimar los cambios constitucionales ante la población. Al respecto, Diario UNO, recogió la opinión de dirigentes sindicales.

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), aseguró que el fujimorismo tiene doble discurso, uno para afuera en el que dice que está allanando el camino para que se dé el referendo, mientras otros fujimoristas señalan que se aprobó el voto de confianza, pero no hay fecha para el tema del referendo.

OBSTACULIZAN

“Ellos están tratando de obstaculizar el referendo y boicotear las reformas, por lo que es importante que el pueblo se manifieste de manera democrática en favor de las reformas judiciales y políticas aprobadas por el Parlamento”, señaló.

Advirtió que esta actitud, amerita que el pueblo tenga que seguir movilizándose para que el referendo se efectúe en la segunda vuelta electoral de las elecciones regionales.

POSTERGAR AL PUEBLO

“Si no hay referendo, se vería postergado el clamor del pueblo en las calles que rechaza el tema de la corrupción, a un Congreso que no representa a la mayoría del pueblo y el Ejecutivo perdería la legitimidad que le dio la gente en las calles”, agregó López.

Destacó que el pueblo tiene que ser consciente que mientras no se dé el referendo, no podemos decir que ya se cumplió el objetivo.

POSITIVO PERO…

Hammer Villena, dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), dijo que si bien el referendo es positivo, por eso “hemos apoyado todo el pueblo al Ejecutivo” .

“Lamentablemente hemos sido defraudados por la aprobación de estos decretos lesivos a la clase trabajadora como el 1442, que prohíbe en la negociación colectiva a los trabajadores en el sector público”, dijo.

Afirmó que es importante el referendo, siempre y cuando se incluyan preguntas que sí podrían solucionar el problema de fondo, porque la pregunta principal sería si la población quiere una nueva Constitución, en consecuencia tendría que convocarse a una Asamblea Constituyente.

NUEVA CONSTITUCIÓN

“Porque es la actual Constitución la que permite que el Estado no intervenga en las transacciones económicas, tampoco en las inversiones privadas por la cual saquean nuestros recursos naturales”, afirmó.

Agregó: “El referendo es un aspecto importante de la reforma política para el tema de la corrupción, no lo va a solucionar todo el referendo”.

DÉJENSE DE TRUCOS

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, se pronunció respecto de las reformas que planteó el Ejecutivo al Parlamento y espera que estas salgan en los plazos que se han establecido.

“Estoy convencida de que el compromiso que se hizo con los parlamentarios se concretará. La mayor parte de las bancadas vinieron con esa buena fe y espero que el fujimorismo no haga trucos”, aseveró.

ALGO MÁS

La vicepresidenta Mercedes Aráoz, aseguró que la investigación iniciada a ella por el fiscal Chávarry es un instrumento político para afectar al presidente Vizcarra. “Algunos están buscando ver la manera de buscar la vacancia del Presidente porque está luchando frontalmente contra la corrupción”, afirmó.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Keikismo intenta salvar a Chávarry y Becerril

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Pedro Gonzalo Chávarry - Héctor Becerril

La decisión de última hora del fujimorismo, de aplazar sin fecha el debate y la votación de los informes acusatorios contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y Héctor Becerril, implicados en el “Caso CNM Audios”, permitió conocer que por lo menos cuatro bancadas congresales están decididas a apoyar la destitución e inhabilitación de Chávarry.

Se trata de las representaciones de Nuevo Perú (NP), Frente Amplio (FA), Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP), que adelantaron que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobarán el informe de Juan Sheput que recomienda que Chávarry sea destituido e inhabilitado para la función pública por 10 años.

Gloria Montenegro de APP dijo: “Chávarry está deslegitimado moralmente para que continúe en la Fiscalía”. Marco Arana del Frente Amplio, denunciante de Chávarry, declaró que es necesario que deje el cargo.

Su compañero de bancada Hernando Cevallos afirmó “Nosotros pensamos que el señor Chávarry debe irse a su casa inmediatamente”. Edmundo del Águila, de AP, explicó: “Puedo decir que hay un gran consenso en investigar el discutido actuar del fiscal”. Richard Arce, de Nuevo Perú, vaticinó: “Chávarry va a ser destituido, como mínimo”.

SHEPUT

Por otro lado, el congresista de PPK, Juan Sheput, autor del informe que inculpa a Chávarry dijo en Twitter que la prórroga para ver los casos es una forma de proteger al titular del Ministerio Público (MP). “Hace muy mal Fuerza Popular (FP) en postergar la discusión del informe que pide destitución del fiscal Chávarry. Es un pretexto decir que se quiere dar prioridad a las reformas. Es una forma de blindar al fiscal y evitar el debate formal”.

VÁSQUEZ

Ante la prórroga, el congresista César Vásquez, de Alianza para el Progreso (APP), autor del informe que sindica a su colega Becerril, de Fuerza Popular, como presunto corrupto y recomienda su destitución e inhabilitación por 5 años, lamentó que la vista del caso haya sido pospuesta sin nueva fecha.

Argumentando que es más importante que los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales intervengan en los debates de la reforma política, el presidente de ese grupo, el fujimorista, César Segura, liquidó la reunión de hoy.

En la reunión se iba a debatir los informes sobre las acusaciones constitucionales contra Becerril, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. Segura no mencionó nueva fecha.

En el Congreso y otros círculos políticos, al conocerse la suspensión de la reunión, surgió la sospecha de que se trata de una maniobra de dilación mientras el fujimorismo prepara un “blindaje” o encubrimiento para salvar a Becerril y Chávarry.

En el caso de Rodríguez, el informe sobre su caso lo exculpa de infracciones constitucionales y delitos.

BECERRIL CORRUPTO

El legislador ponente de la acusación a Becerril, César Vásquez se ratificó en que ha comprobado que Becerril cometió infracción constitucional, por lo que ha pedido su destitución e inhabilitación. “Hay indicios suficientes de que cometió delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico. Becerril debe ser suspendido, tal cual se hizo con los congresistas “Avengers”.

Asimismo, declaró que “esta semana debió darse el debate y la votación. El reglamento dice que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene prioridad sobre otras comisiones”.

“No sé si es una estrategia para enfriar el tema, para dilatar o proteger a alguien. La situación del país exige que la clase política sea rápida contra la corrupción y pasarlo una semana más es un mal mensaje hacia la población. Las reformas también son urgentes pero se pueden trabajar al mismo tiempo”, aseveró.

ALGO MÁS

En el caso Becerril, Marco Arana se reservó la opinión sobre la conducta del keikista para no invalidar su voto. Pero dijo que sería todo un escándalo que teniendo informes en un caso acusatorio se decidiera lo contrario.

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