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El espíritu de reconocerle derechos a la Naturaleza

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Río Whanganui, en Nueva Zelandia

La idea de considerar a la Naturaleza como un sujeto revestido de derechos ha dejado de ser una rareza. Se cumplen en 2018 diez años del primer paso en esa dirección, que ocurrió con el reconocimiento constitucional otorgado en Ecuador. Allí se utilizó una fórmula novedosa no solo por entenderla como un sujeto, sino por ser intercultural, asociando las ideas de Naturaleza con la de Pachamama.

Aquella formulación generó tanto críticas como escepticismos, y su aplicación padece debilidades, pero sirvió como ejemplo. Y es así que en la última década no han dejado de sumarse otros ensayos, tanto en América Latina (Bolivia, Colombia y Argentina), como en otros continentes (India y Nueva Zelandia, por ejemplo).

Esto no puede sorprender ya que la crisis ambiental se profundiza en todos los países. Las exigencias y controles ambientales se debilitan, las tecnologías no logran impedir otros accidentes, y se acumulan todo tipo de daños ambientales. En América Latina esta deriva se ha agravado en los últimos años, especialmente por los empujes extractivistas volcados a la exportación de recursos naturales. Y esto ha ocurrido bajo muy distintos regímenes políticos, sean conservadores como progresistas. Cada uno, a su manera, trata a la Naturaleza como objeto a ser explotado, y de esa manera queda en evidencia que estamos ante una problemática que tiene raíces muy profundas, más allá de las ideologías políticas.

Eduardo Gudynas

Para remontar el empequeñecimiento espiritual

La tarea de promover un cambio sustancial en cómo se entienden los derechos no es nada sencillo cuando una y otra vez se insiste en que es necesario conquistar la Naturaleza. Es todavía más difícil hacerlo bajo crisis, tanto en los ámbitos de la política como de la justicia. Perú no escapa a esa condición, y por eso es válido preguntarse si es posible, e incluso si tiene sentido, promover derechos en la Naturaleza, si el propio sostén de la idea de “derechos” está en jaque debido a su severa crisis. ¿Es una fantasía plantear a la vida no-humana como sujetos jurídicos cuando se cruzan las denuncias de manipulaciones, presiones y maniobras sobre los actores judiciales? ¿La primera urgencia debería estar en reconstruir un Poder Judicial para solamente después, en el futuro, abordar el lugar que ocupará la Naturaleza?

Es oportuno discutir esta cuestión en un diálogo con Jorge Basadre, el “historiador de la república”. En uno de sus textos, “Mendigo en banco de oro”, Basadre parte de la imagen de un país que está sobre una enorme riqueza en recursos que pueden ser aprovechados. Es una metáfora que persiste hasta el día de hoy, y uno de sus defensores recientes fue el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa. En su razonamiento, Ecuador se comportaba como un mendigo sobre un enorme saco de oro, y lo que debía hacer era redoblar la explotación petrolera y ampliar los proyectos de megaminería. La profundización de los extractivismos acabaría con la pobreza, decía Correa.

Los dichos de Basadre, que tienen casi un siglo, concuerdan con la idea de una “riqueza inmensa” pero que solo será aprovechable con mucho esfuerzo. En concordancia con el espíritu de su tiempo, Basadre es optimista, y dice que más allá de convulsiones y violencia, el “mal no está en el Perú en sí” y las perspectivas de desarrollo posible son “vastísimas”. Pero enseguida ofrece una advertencia que es válida para la circunstancia actual: “el mal verdadero, el peligro terrible, se halla en cambio por el otro lado: en el empequeñecimiento espiritual”.

Ese encogimiento del espíritu, su debilitamiento o incluso su pérdida, en sentido otorgado por la alegoría de Basadre, es justamente un componente central en la problemática actual. Sería difícil negar que en el último año, en los extremos de la crisis político partidaria primero, y en los desarreglos del Poder Judicial ahora, la misma esencia del concepto de derechos está crujiendo.

La salida de esta situación requiere, sin duda, recuperar el marco de los derechos, fortaleciendo y ampliando el sentido de la justicia. Grandeza en el espíritu es lo que se necesita, parafraseando a Basadre. Pero esa recuperación de los derechos en este siglo XXI, y bajo las condiciones de Perú y de los demás países latinoamericanos, será incompleta sino se incorpora la dimensión ambiental. De no hacerlo, se terminará destruyendo el marco natural, padeceremos un planeta recalentado, las economías nacionales tambalearán y se perpetuará la pobreza. La justicia es también una justicia ecológica, y los derechos son también de la Naturaleza.

río Atrato, Colombia

En el 2016 en Colombia, la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derechos.

Dos recorridos y una meta

La idea de derechos para la Naturaleza ataca precisamente esos cimientos culturales que están ensimismados en un utilitarismo antropocéntrico, que conciben el entorno como un simple conjunto de recursos a explotar, y que no dudan en recortar los derechos y la justicia.

En esa tarea, actualmente se están explorando al menos dos perspectivas. Una de ellas consiste en ampliar la cobertura de los derechos jurídicos, y así como son concedidos por ejemplo a una empresa, dar unos pasos más otorgándolos a la Naturaleza. Ese es el camino que se transita en Colombia, donde la Corte Constitucional en 2016 reconoció al río Atrato como sujeto de derechos. Más recientemente, toda la ecorregión amazónica fue entendida como una “entidad” sujeto de derechos.

Estos dos ejemplos son muy relevantes para Perú ya que responden a problemas ambientales de enorme gravedad que se repiten en el país. En efecto, los derechos del río Atrato fueron una respuesta a su severo deterioro, esencialmente por contaminación derivada de la minería. Los derechos para la ecorregión amazónica son la reacción a la deforestación, que ocasiona tanto una pérdida de biodiversidad como una contribución de gases invernadero al cambio climático global.

Como esa problemática se repite en Perú, es válido preguntarse si así como los colombianos apelan a los derechos de la Naturaleza, no sería apropiado iniciar ese recorrido en el país. Además, en Colombia, la Corte Constitucional aprovechó el reconocimiento de esos derechos para exigirle a los gobiernos nacional y departamentales, acciones inmediatas, enérgicas y concretas para revertir el deterioro ambiental, una demanda que también es necesaria en Perú.

Otra perspectiva sobre los derechos de la Naturaleza es la expresada en la Constitución ecuatoriana. En ese país, distintas posturas, tanto de militantes, intelectuales y pueblos indígenas, coinciden en entender que la Naturaleza es un conjunto de sujetos no-humanos, y con ello inmediatamente se deriva la necesidad de reconocerles derechos. Aquí se parte de entenderla como sujeto y la consecuencia es el reconocimiento de los derechos. Esta es una posición intercultural que también debería ser atendida en Perú, debido a que varios de sus pueblos indígenas del mismo modo entienden que los seres no-humanos son sujetos.

Sea por un camino o por otro, se está avanzando en la temática de los derechos de la Naturaleza. Ensayos similares han ocurrido en Bolivia, con dos leyes en esa materia, así como en Nueva Zelandia e India; en Argentina el Congreso tiene a consideración un proyecto en esa materia. Estamos ante los umbrales de cambios sustanciales en los modos de entender y construir políticas ambientales.

Un observatorio y una necesidad

Es en estas circunstancias que se lanza el “Observatorio de los Derechos de la Naturaleza”, tanto para promover e investigar en esa perspectiva, como para analizar y alertar sobre las violaciones de ese tipo de derechos. Este es un esfuerzo que parte de la sociedad civil y desde América Latina, y que cuenta con un comité asesor que incluye desde Perú, a Rocío Silva Santisteban, una conocida escritora y militante por los derechos, junto a Amparo Carvajal (presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia) y Gustavo Castro (mexicano que lidera la organización Otros Mundos muy activa en México y Centro América). El observatorio se apoya además en un conjunto de instituciones co-participantes que cubren un amplio espectro, incluyendo a CEDIB (Centro de Documentación e Información Bolivia), OFIS (Fundación Oficina de Investigaciones Sociales y del Desarrollo) que promueve el diálogo intercultural y la sustentabilidad en Ecuador, y el Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana en Bogotá (Colombia), con la coordinación de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).

La tarea es inmensa, pero necesaria. En buena medida esa grandeza de espíritu que reclamaba Basadre es indispensable para fortalecer el marco de los derechos, sean los de los humanos como los de la naturaleza. Empequeñecer el espíritu es perder el horizonte de los derechos. No estamos ante un lujo, sino ante una necesidad imperiosa.

 

Eduardo Gudynas

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Política

El empresario más poderoso financió a Keiko Fujimori

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Reunión en la sala del SIN con Vladimiro Montesinos

Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio de Credicorp Ltd., reveló ayer, ante el fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, que le entregó 3 millones 650 mil dólares en efectivo a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para financiar su campaña presidencial en el año 2011.

En una carta dirigida a su equipo de colaboradores, Romero señala que en sus declaraciones de la mañana de ayer informó a la Fiscalía que Credicorp Ltd. realizó donaciones por ese monto a la campaña de Fujimori.

Dice que lo hizo ese año, 2011, porque “el régimen de Venezuela, encabezado entonces por Hugo Chávez, desplegaba millonarios esfuerzos por expandir el nefasto chavismo en toda América Latina. Y el Perú se había vuelto un objeto crucial para Chávez y el candidato Ollanta Humala recogió esta ideología en su programa de gobierno ‘La gran transformación’”.

Y este comportamiento financista se corrobora el martes 22 de junio de 1999, cuando el patriarca de la dinastía Dionisio Romero Seminario se reunió, muy paciente y obsequioso, en la salita del Servicio de Inteligencia (SIN), con Vladimiro Montesinos, el gemelo de Alberto Fujimori.

Desde la dictadura de los 90 hasta la fecha, los Fujimori han tenido operadores como Jaime Yoshiyama, expremier; José Chlimper, exministro de Agricultura; y Silva Checa, muy cercano a Montesinos. Los cuales hoy también son piezas claves para Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

FUJIMORI-ROMERO: ESTRECHA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político, no tiene que hacer mucho esfuerzo para retrotraerse, como en un calidoscopio, a esa época de los 90, porque fue un testigo excepcional como principal asesor del expresidente Valentín Paniagua, que piloteó la transición después de la caída del fujimorismo.

“Siempre se ha sabido que los Romero, en este caso el padre, estuvo muy vinculado al poder, con la dictadura de los noventa. Y esto ocurrió dentro de la lógica de Alberto Fujimori, que tenía dos problemas acuciantes: el económico y la violencia”, recordó.

No hay que olvidar que el soporte de la dictadura de Fujimori fueron cuatro pilares, según los analistas de esa época:La coalición que sirvió de soporte al gobierno de Fujimori estuvo integrada por cuatro actores: “Las Fuerzas Armadas, los sectores conservadores de la Iglesia católica, las elites empresariales y los organismos internacionales”.

Dionisio Romero Paoletti

Dionisio Romero Paoletti confesó financiamiento a la hija del dictador.

HAN COPADO EL ESTADO

En lo referente a los empresarios, Adrianzén recuerda muy bien el papel de los Romero. “Si se revisan los famosos vladivideos, veremos cuán estrecha era la relación de la dictadura con Dionisio Romero, de cómo pactaban, por ejemplo el precio de trigo para beneficiar a sus empresas que iban monopolizando poco a poco el mercado”.

Después manifiesta que es evidente que han copado los partidos para justamente capturar el Estado, “y sus intentos no han cesado hasta hoy, financiando a Keiko con el pretexto de frenar al chavismo. Creo que la pregunta debe ser ¿quién corrompe a quién? Yo pienso que los empresarios, porque quieren asegurar sus ganancias”.

“Ellos financian a los partidos, pensando que alguno de ellos llegará al poder. De ese modo garantizan que no van a perder, venga quien venga. De allí la habilidad de los empresarios, como los Romero, para penetrar los partidos políticos, moverse en los altos niveles y capturar el Estado”, refirió.

“Esto se ha visto desde la dictadura de Alberto Fujimori hasta su hija Keiko, pasando por todos los gobiernos de turno; eso no es una novedad. Y para ello son hábiles, para acercarse a las cúpulas y llevar a cabo sus planes de enriquecimiento”, concluyó Adrianzén.

SON EMPRESARIOS MERCANTILISTAS

Uno de los testigos cercanos del catastrófico primer gobierno de Alan García hasta la férrea dictadura de Alberto Fujimori, fue el actual excongresista Alberto Quintanilla, a la sazón diputado por Izquierda Unida (IU).

“Los grandes empresarios -afirma- siempre han estado con los gobiernos de derecha. Hay una relación bastante cercana entre ellos, porque coincidían en querer capturar el Estado para hacer negocios. Ellos no eran neoliberales, eran mercantilistas”.

“Lo que querían era capturar el Estado para hacer negocios. Su concepción es que el Estado es un apéndice de sus negocios e intereses, eso siempre ha sido así. La declaración de Dionisio Romero significa eso, que no dan puntada sin hilo en la defensa de sus intereses”, concluye Quintanilla.

Y lo que afirma Quintanilla concuerda con las afirmaciones de Francisco Durand, que escribióel libro “Los Romero”, donde afirma: “Dionisio el viejo entra en las esferas del poder político. Primero, en los setenta y ochenta, lo hace personalmente en directorios y consejos consultivos, y luego, desde los noventa, aunque sigue tratando con presidentes y ministros cara a cara, comienza a apoyarse en gestores, lobistas, abogados, amigos, consultores”.

 

Fèlix Grijalba Sato

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Política

Equipo Lava Jato debería tener respaldo del Ministerio Público

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Equipo Lava Jato

Tiene que haber un apoyo de la propia institución a los miembros del Equipo Especial Lava Jato, sostuvo el escritor y periodista, Álvaro Vargas Llosa, tras considerar que el respaldo no solo debe provenir de la población, sino de parte de la propia Junta de Fiscales Supremos.

“No es el respaldo popular el que tendría que sostener la actividad de estos fiscales y eventualmente también de los jueces. Es el propio sistema institucional y el propio sistema jurisdiccional, en general, el que debería de tener el máximo interés que todos estos canales institucionales tengan un desarrollo sin obstáculos”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“¿Por qué? porque para eso están, esa es la función de un Estado de derecho de la Fiscalía y del Poder Judicial. Es decir, la función no puede ser el de convertirse en vehículos de complicidad con la corrupción y, además, de sabotaje de la propia democracia desde su interior. Nada empuja más a los países a optar por soluciones autoritarias que el desprestigio de sus instituciones, y en eso se han están luchando contra la corrupción, como el caso de José Domingo Pérez y Rafael Vela, miembros del Equipo Especial Lava Jato.

“Y no solo eso, perseguirían a quienes están tratando de luchar contra la corrupción. No tengo la menor duda que empezarían hacer la vida difícil al Equipo Especial Lava Jato. Yo espero que la población que tiene el poder de decidir en sus manos, tome las decisiones correctas y entienda bien el riesgo que se corre volviendo a llevar al Parlamento a gente cuya conducta fue la que condujo a la disolución”, precisó.

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Política

En el PPC tenemos claro que inmunidad no es impunidad

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MARISOL PÉREZ TELLO

Todos los candidatos del Partido Popular Cristiano (PPC) tenemos claro que inmunidad no es impunidad, subrayó Marisol Pérez Tello, secretaria general de dicha agrupación política, al subrayar que Alberto Beingolea no está postulando en las elecciones 2020 para obtener esa prerrogativa parlamentaria.

“En el caso del PPC, de Alberto en particular y de lo que esto significa para el proceso que enfrentamos hay tres cosas que tiene que quedar claro. Para nosotros, inmunidad no puede ser impunidad. Si vamos al Congreso, cualquier cosa que se investigue contra cualquiera de nosotros [de los que vayan al Congreso] tendrá que asumir la responsabilidad. Eso nos incluye a todos. No hay un blindaje acá a nadie”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[¿Beingolea no está yendo al Congreso también para, entre otras cosas, tener inmunidad?] Cero. Él y lo estamos planteando todos que inmunidad no es impunidad, los 140 estamos en esa línea, porque creemos que esa es una de las reformas políticas que se tiene que hacer urgente”, apuntó.

Indicó, en otro momento, que el último cónclave del PPC demuestra que “este es un proceso interesante de formación de juventudes que está empezando a dar frutos”. Subrayó que la intención del PPC es llegar con los proyectos de reforma política y judicial.

“[…] Tenemos clarísimo que lo que se puede hacer [en el nuevo Congreso] es la reforma política, la reforma de la justicia, con un país que crezca que genere oportunidades en condiciones de igualdad, y finalmente tener un país con seguridad. Si no hay institucionalidad, no funciona. Nosotros vamos a llegar con los proyectos listos [al Congreso], porque no hay tiempo”, refirió.

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