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El EITI: nuevos desafíos para el sector extractivo

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La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) es una alianza internacional conformada por 48 países que reúne a gobiernos, empresas extractivas (minería, petróleo y gas) y sociedad civil para transparentar los pagos que hacen las empresas a los gobiernos, con el fin de verificar una adecuada rendición de cuentas y que los recursos obtenidos por la actividad extractiva fomenten el desarrollo de los países miembros.

El Perú participa desde hace 10 años en EITI, en 2012 recibió la calificación de “país cumplidor”, y ha avanzado en la implementación de EITI regionales, en Piura y Moquegua. Además será la sede, del 22 al 25 de febrero de 2016, de la Conferencia Mundial del EITI. Al encuentro asistirán representantes de más 50 países de los cinco continentes que integran la iniciativa. Será la oportunidad para conocer los avances y la agenda futura en transparencia en el sector extractivo en América Latina y el mundo.

Este mes la Comisión Nacional Permanente que implementa el EITI en el país (EITI-Perú) renueva representantes titulares y alternos. De la sociedad civil existen miembros por organizaciones de representación nacional, por organizaciones regionales y por las universidades. Se espera que ellos lleven la voz de una Plataforma conformada por más de 30 organizaciones.

El 30 de noviembre, la sociedad civil tomó acuerdos sobre la agenda y retos a plantear desde su espacio en el EITI y en el evento de febrero. Entre ellos, lo principal es elaborar una propuesta que incorpore un estándar ambiental dentro del EITI en Perú. Con ello, se podría incluir en los informes de conciliación, información sobre el cumplimiento de las empresas de sus compromisos ambientales y sociales dentro de los Estudios de Impacto Ambiental, así como los gastos de las empresas que incurren en la sanción, mitigación y remediación ambiental.

Sociedad civil avanza en su rol de vigilancia y propuestas para el desarrollo sostenible del país, la cumbre global del próximo año es una oportunidad para ello. Este debe ser un desafío constante para quienes están comprometidos en generar gobernanza en el Perú.

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Política

Cuellos Blancos tomarán el TC

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César Hinostroza Pariachi

El abogado del IDL, Juan José Quispe, indicó que el inminente nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por parte de la mayoría fujimorista en el Congreso, constituye un evento “sumamente peligroso para la justicia nacional, ya que si analizamos fríamente, veremos que cuatro personas vinculadas a los Cuellos Blancos están a punto de entrar al TC”.

Asimismo, descartó lo indicado por algunos de los candidatos acusados de tener estrechos vínculos con el prófugo ex juez César Hinostroza, quienes afirmaron que mantenían comunicaciones en el marco de su labor procesal. “Incluso, uno de ellos, que además es un militante aprista convicto y confeso (Wilber Medina), le está mintiendo al país al decir que en su función de abogado iba a hablar con distintos magistrados y por eso tiene un registro de llamadas con Hinostroza. Eso es falso, un abogado se apersona al juzgado de 8 a 9 de la mañana y conversa personalmente, ningún magistrado te da su número celular para que lo llames”, advirtió.

Tribunal Constitucional

Un TC todopoderoso

Quispe señaló que “se vendría un nuevo TC con mayoría absoluta que podría declarar nula la cuestión de confianza; además, podrán dejar sin efecto no solo una disposición presidencial sino también cualquier sentencia judicial. El fujimorismo juega su partido aparte con el TC porque sabe que en el futuro podrían bloquear cualquier investigación o proceso en su contra, incluso pueden rechazar disposiciones del propio congreso. El poder del TC es tan grande que puede cambiar la historia del país”.

Respecto a las versiones que indican que los magistrados Eloy Espinosa y Marianella Ledesma serían los señalados por el fujimorismo para ser reemplazados, recordó que “cuando han habido votaciones en el TC, Espinosa y Ledesma han votado en contra de Blume y compañía”. “Eso está tan cantado como la libertad que le darían a Keiko Fujimori”, agregó.

Además, señaló que lo que podría determinar el TC no solo es la libertad de Alberto y Keiko Fujimori, “sino también casos de lesa humanidad como las esterilizaciones forzadas durante la dictadura, el caso de El Frontón, y el caso de Manta y Vilca donde los procesados están vinculados al fujimorismo”.

Codinomes deben conocerse

Por otro lado, indicó que los motivos que unen al fujimorismo con otras organizaciones políticas como el Apra son precisamente las investigaciones en curso contra varios de sus líderes y representantes.

“Sus propios congresistas están siendo investigados. Recordemos que pronto se conocerá a quienes pertenecen los codinomes de Odebrecht, y todo esto del TC está haciendo que no se hable de los codinomes de los congresistas que recibieron plata ilegal para sus campañas. Quieren tomar el control para salvarse de las investigaciones”, añadió.

Hay una salida legal

Quispe también señaló que el procedimiento de elección para los miembros del TC está determinado en el reglamento del Congreso, y que habría todavía una vía legal para impedir la maniobra fujimorista. “Han debido hacer un concurso pero se han saltado todos los pasos para hacerlo al ‘caballazo’.

En ese sentido, afirmó que una medida cautelar junto con una acción de amparo podrían dejar sin efecto la inminente y cuestionada selección del nuevo TC. “Si los congresistas que no estén de acuerdo se deciden y lo hacen este lunes, considerando además el rechazo manifiesto de diferentes instituciones por lo irregular del procedimiento, un juez constitucional podría declarar nulo este nombramiento y así traerse abajo el plan del fujimorismo”, sugirió.

Además, sobre el anuncio de acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recordó que el Perú está adscrito a la competencia en lo contencioso administrativo con dicha entidad. “A diferencia de la Comisión de Venecia, que no tiene un efecto vinculante, estas instancias sí pueden obligar al Estado peruano, en virtud de estas competencias ratificadas, a cumplir con sus resoluciones”, apuntó.

Por lo tanto, indicó que la CIDH “tendría que emitir una opinión exhortando a las autoridades a respetar la independencia de poderes y las disposiciones de la presidencia de la República”.

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Política

Hallan muerto a juez que veía el caso de Joaquín Ramírez

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Ernesto Araujo Ramos de Rosas - Joaquín Ramírez

Se trata del titular del Juzgado Unipersonal Penal Supraprovincial de Chepén, magistrado Ernesto Araujo Ramos de Rosas, quien fue encontrado en su casa por uno de sus hijos, según información de Canal N.

El magistrado fue llevado al hospital de la localidad. Sin embargo, en el nosocomio se confirmó su deceso. Al centro médico, según indica Canal N, llegó personal de la Policía Nacional. También, algunos agentes se desplazaron hasta el domicilio del juez Araujo.

El magistrado cumplió con sus funciones el último viernes dirigiendo algunas audiencias, de acuerdo a la información difundida por el citado medio televisivo. Por el momento no se conoce que ocasionó el deceso del juez.

La causa que el magistrado instruía contra Joaquín Ramírez era el caso de falsificación de documentos por el que el Ministerio Público en Chepén solicitaba 6 años de cárcel contra el exsecretario de Fuerza Popular.

¿QUIÉN ES JOAQUÍN RAMÍREZ?

Joaquín Ramírez fue secretario general y el principal financista de Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori. A pesar de haber afrontado investigaciones por lavado de activos en el país, la lideresa del fujimorismo le ha ofrecido su respaldo en innumerables ocasiones, permitiendo que tenga participación activa en la agrupación política.

“Claro, por supuesto, desde los 19 hasta los 20 años (fui cobrador de combi). Yo estudiaba en la universidad en las tardes y en las mañanas de todos los días cobraba”, dijo en 2014, Joaquín Ramírez, después de que la entonces procuradora Julia Príncipe lo denunciara ante el Ministerio Público por lavado de activos.

Se investigaron 7 inmuebles y 29 vehículos inscritos a nombre de la compañía Capricornio Import; 25 inmuebles y 5 unidades móviles registradas como propiedad de la empresa Lima Ingeniería y Construcción y 6 inmuebles, inscritos a título de la firma Promotora Inmobiliaria Primavera. Las tres empresas son propiedad del fujimorista, y tiene un valor de 7 millones 53 mil 298 dólares.

El Ministerio Público considera que la fortuna de Ramírez es sospechosa, pues el exparlamentario asegura que la obtuvo desde que se desempeñó como cobrador de combi.

FAMILIA INVOLUCRADA EN LAVADO DE ACTIVOS

La Procuraduría de Lavado de Activos evidenció movimientos económicos inusuales en el caso de Joaquín Ramírez: aumentos de capital y adquisición de inmuebles y vehículos a título personal y de empresas inmobiliarias, grifos y clubes de fútbol.

Las investigaciones alcanzaron al hermano del excongresista, Osías Ramírez Gamarra, electo congresista por el fujimorismo en Cajamarca, y quien aparece como gerente general de la empresa Expreso Turismo Galgos.

En su edición del 29 de abril de 2016, el semanario “Hildebrant en sus trece” dio a conocer que Joaquín Ramírez omitió consignar en la declaración jurada que presentó ante el Congreso, dos millonarias propiedades compradas en Miami, Estados Unidos.

ALGO MÁS

Pocos días después, el propietario de Ediciones e Impresiones Andina S.A.C., Fidel Ramírez, tío del excongresista, anunció a la editora de la publicación que no podrá brindarle sus servicios, con lo que puso en riesgo la salida a circulación del próximo número. El impasse fue superado por el medio periodístico que dirige César Hildebrandt.

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Política

Comisión de Venecia hará asesoría jurídica

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Manuel Rodríguez Cuadros

La Comisión de Venecia no tiene ninguna fuerza de carácter jurisdiccional y sus opiniones no son vinculantes ni dirimentes, señaló el embajador Manuel Rodríguez Cuadros.

Explicó que la Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, no de la Unión Europea, creado para asesorar procesos de instauración de la democracia en Europa oriental

“Su labor es asesorar procesos de redacción de cambio de constituciones, en consecuencia, la Comisión de Venecia no tiene ninguna fuerza de carácter jurisdiccional y cuasijurisdiccional, no son vinculantes sus opiniones ni son dirimentes”, afirmó en RPP. Por ello, consideró que su visita al Perú, este lunes, no será para decir quién tiene la razón respecto al proyecto de adelanto de elecciones planteado en consulta por el Congreso.

VENDRÁ PARA HACER ASESORÍA JURÍDICA

“Vendrá a hacer una asesoría jurídica respecto de elementos estrictamente legales de la propuesta que se ha hecho del adelanto de elecciones y nada más”, afirmó.

“La imagen del Perú en el mundo es la de un país que, rompiendo el patrón histórico de América Latina y otros continentes, ha abierto una lucha sin precedentes contra la corrupción, afirmó.

En ese sentido, refirió que la imagen es buena y que sorprende que en un país en desarrollo las autoridades judiciales hayan desarrollado y emprendan un estricto proceso de combate a la corrupción dentro de la aplicación de las reglas del Estado de derecho.

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