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El Clan Fujimori

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El reconocimiento hecho por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) de que investiga a la mano derecha de Keiko Fujimori es uno más en la lista de los casos que vinculan al Fujimorismo con el narcotráfico desde el siglo pasado. Aquí la historia

El de Joaquín Ramírez de ninguna manera es un caso aislado del fujimorismo actual ni diferente de lo que fue el fujimorismo de los noventa. Se trata más bien de una continuidad de hechos que vinculan a la familia Fujimori con el narcotráfico.

Una de las cuestiones más saltantes y que toman nuevamente relevancia es el caso “Limasa”, nombre de una empresa de Kenji Fujimori, el menor de los hijos del exdictador, en cuyos almacenes se encontró hace unos años un contenedor destinado a México con más 100 kilogramos de cocaína.

La coartada de Kenji fue que él no controlaba la empresa, sino su socio: Miguel Ángel Ramírez, nada menos que primo de Joaquín Ramírez, el protagonista en la investigación de la DEA, y al que Keiko Fujimori ha blindado todo lo que pudo.

Al fotógrafo Luis Choy lo habrían matado por investigar el caso Limasa.

Al fotógrafo Luis Choy lo habrían matado por investigar el caso Limasa.

MISTERIOSO ASESINATO
Otro hecho grave que involucra al primo Miguel es el asesinato en el 2013 del fotógrafo Luis Choy, quien según ha trascendido estos días habría sido en realidad parte de una investigación periodística sobre narcotráfico que vinculaba al socio de Kenji en Limasa. Insólitamente, dos de los sicarios contratados para dar muerte a Choy, murieron abatidos a tiros tras su fuga del penal.

La cosa no termina allí. Tenemos también el caso “Calle Quiroz”, apellidos de un narcotraficante incluido en la lista norteamericana de los más ranqueados, que donó 40 mil dólares a Keiko Fujimori en la campaña presidencial del 2011.

De igual modo, el caso “Barranca” donde el patrimonio del candidato a la municipalidad provincial por el fujimorismo, Beto Tapia, fue usado por cárteles mexicanos. Se encontró un cargamento de cocaína en el camión del candidato en el 2014, en plena campaña electoral, y Tapia alegó que un familiar había abusado de su confianza y usado el vehículo en forma indebida.

Kenji era socio de empresa Limasa, la del contenedor con más de 100 kilos de cocaína. Primo de Ramírez era el gerente.

Kenji era socio de empresa Limasa, la del contenedor con más de 100 kilos de cocaína. Primo de Ramírez era el gerente.

COCAÍNA POR FUSILES
Fuerza Popular se vende como la cara moderna del fujimorismo en base a la idea de que Keiko no es su padre. Pero eso es falso. Por si alguien lo duda, le servirá hurgar entre los antecedentes del que bien puede llamarse en Clan Fujimori.

Allí encontrará que, a mediados de agosto del año 2000, el jefe de la inteligencia colombiana, el coronel Germán Jaramillo informó al entonces presidente de ese país, Andrés Pastrana, que Alberto Fujimori era parte de un “negocio de cincuenta mil fusiles rusos AK-47” que fueron comprados por el gobierno peruano al de Jordania para luego venderlos secretamente a las FARC.

El pago fue hecho con dinero proveniente de Luiz Fernando da Costa, alias Fernandinho, el narcotraficante más importante del Brasil, quien lo entregó a cambio de un cargamento de cocaína enviado por la guerrilla colombiana.

Ante la aparente contundencia de la investigación, Pastrana pensó en reclamar al gobierno de Fujimori y entregar la información al gobierno de Estados Unidos, en la medida en que el presidente peruano era enemigo declarado del Plan Colombia.

EL CUENTO
Pero antes de que ello ocurra, y a pocos días de que Pastrana conociera esta delicada información, el gobierno peruano convocó una rueda de prensa para negarlo todo, lo que tuvo de inmediato una gran repercusión internacional.

En efecto, el 21 de agosto del 2000 se presentaron en Palacio de Gobierno, el presidente Fujimori, su asesor y mano derecha Vladimiro Montesinos, los ministros de Defensa e Interior, Carlos Bergamino y Walter Chacón (padre de la actual congresista Cecilia Chacón), y el jefe formal de la inteligencia peruana, Humberto Rozas para decirle al mundo que habían detectado que tres vuelos de cargueros soviéticos (en marzo, abril y julio de 1999) provenientes de Jordania, con escala en Canarias y Guyana, ingresaron a territorio colombiano dejando caer en medio de la selva miles de fusiles atados a paracaídas, luego de lo cual aterrizaron en Loreto, Perú.

OPERACIÓN AL DESNUDO
El “Plan Siberia” según Fujimori había incluso frustrado un cuarto envío. Era tal el cinismo del exdictador, que Pastrana casi duda de la versión de Jaramillo, hasta que las pruebas de la responsabilidad directa del gobierno fujimorista en este tráfico de armas fueron totales:

1) los fusiles AK-47 capturados a las FARC por parte del Ejército colombiano fueron rastreados hasta determinar que fueron vendidos de gobierno a gobierno entre Jordania y Perú con “certificaciones y contratos debidamente firmados por ambos”;

2) el primer ministro jordano confirmó la operación afirmando además que la venta fue hecha mediante generales peruanos en actividad;

3) se demostró que entre los tripulantes de las naves que transportaron los fusiles se encontraban especialistas de la Fuerza Aérea Peruana, quienes fueron fotografiados por un infiltrado de la inteligencia colombiana.

Estos hechos que relata con detalle Andrés Pastrana en su libro “Memorias Olvidadas” (noviembre, 2013), fueron judicializados en el Perú tomando como prueba para condenar a Montesinos a 20 años de prisión, todos los documentos de la investigación de Jaramillo.

OTRA VEZ 
Algo muy parecido ocurre estos días cuando la DEA entra en escena con la investigación abierta a Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular (en licencia tras el escándalo), congresista reelecto, y hombre de confianza de la hija de Alberto Fujimori, Keiko Sofía, quien disputa la segunda vuelta electoral con Pedro Pablo Kuczynski.

La secuencia es la misma. Primero se conoce un caso muy grave como el de Ramírez, que de ser cobrador de combi pasa en pocos años a magnate con decenas de propiedades (y al menos dos departamentos muy caros en Miami) y millones de dólares de patrimonio.

La DEA lo infiltró desde hace años y admite ahora que lo investiga entre otras cosas por la existencia de un audio que involucraría a la propia candidata fujimorista en el lavado de 15 millones de dólares a través de una red de estaciones de combustible.

Luego, al igual que en el 2000, el fujimorismo sale a negarlo todo, da también una versión descabellada con la idea de fugar por delante (culpando a PPK), y victimiza a Ramírez como empresario exitoso al que se le han prendido por ser un cholo con plata. Finalmente, todo se empieza a desmoronar día a día al son de las múltiples evidencias del periodismo de investigación que encuentra más vínculos entre Fuerza Popular y el narcotráfico.

NARCOFUJIMORISMO
Casos como Vaticano, narcotraficante a quien el fujimontesinismo cobraba cupos por cada cargamento de droga que exportaba en avionetas, o como el de los narco aviones que también fue judicializado, en donde se demostró que muchas aeronaves de las Fuerzas Armadas y hasta el propio avión presidencial, fueron usadas para exportar toneladas de cocaína durante el gobierno de Alberto Fujimori, dan cuenta de que los capos de la droga en el Perú a fines del siglo pasado despachaban desde la Presidencia de la República.

Claramente el Perú era un narcoestado, que tras la fuga de Fujimori a Japón y la captura de Montesinos en Venezuela, pasó a ser un territorio liberado o zona franca de las drogas donde todo mundo puede comprar y vender sin mucho lío.

NARCOINDULTOS
Con Alan García II (2006-2011), el crimen organizado de las drogas encontró nuevamente un aliado en la presidencia, esta vez para sacar a sus cabecillas de las cárceles (caso narco indultos), lo que narcotizó las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

No por nada en el 2013, tras la develación de la forma como salían indultadas bandas enteras de prisión durante el segundo gobierno aprista, se nombró embajador en el Perú a Brian A. Nichols, uno de los creadores del Plan Colombia, que hoy ha entrado en acción tras visitar a Keiko Fujimori los primeros días de mayo con dos agentes de la DEA, algo que no hizo ni con Verónika Mendoza, ni con PPK, los otros dos candidatos que ha visitado a lo largo de la campaña electoral de primera y segunda vuelta respectivamente.

Queda claro que para el embajador norteamericano Nichols, Fuerza Popular es el partido político peruano más vinculado al narcotráfico. Y la hipótesis que va tomando más fuerza es que Joaquín Ramírez es en realidad operador y testaferro de un cártel de las drogas en el Perú muy poderoso: el Clan Fujimori.

ABOGADO DE NARCOS
Los antecedentes más remotos del Clan Fujimori datan de la juventud del abogado penalista Vladimiro Montesinos y varios colegas asociados a él, que a fines de los setentas eran ya defensores de narcotraficantes, cuando la familia Fujimori era todavía una más de la clase media limeña.

El cliente más importante de Montesinos en 1978 fue nada menos que Evaristo Porras, poderoso narco colombiano que vino a extender sus negocios al Perú. Montesinos le ayudó a escapar de prisión mediante un falso traslado de carácter médico.

Con los contactos que ya tenía en ese momento, lo puso en un avión directo a Colombia. Luego, movió a sus conocidos en el Poder Judicial para desaparecer el expediente de extradición tras el escándalo público que produjo la fuga.

De allí para adelante, Montesinos se convirtió en el mejor abogado del narcotráfico y aumentó su influencia en los tribunales, la policía, y más instituciones.

GARCÍA-MONTESINOS
Defendió a los varios generales de la policía vinculados al caso Villa Coca, a inicios del primer gobierno de Alan García, manipulando la investigación a tal punto que de delito de narcotráfico todo se fue reduciendo a denuncias de “insulto al superior”, empapelando a los investigadores policiales que habían descubierto a los altos mandos en el negocio de la droga.

Y en esa ruta se termina convirtiendo en un asesor informal pero muy influyente del Fiscal de la Nación, Hugo Denegri, quien le pidió ayuda en 1988 cuando se produjo la matanza de 29 campesinos y la desaparición de otros 45 a manos del destacamento “Linces” de las fuerzas especiales del Ejército Peruano (caso Cayara).

Montesinos manipuló también ese expediente judicial con lo cual se ganó el favor de Alan García, quien finalmente lo conecta con el candidato a segunda vuelta en 1990, Alberto Fujimori, como se cuenta en detalle en el libro “Fe de Ratas” del extinto Raúl Wiener (marzo, 2011).

Es allí cuando empieza a forjarse el clan al cual pertenece la candidata de Fuerza Popular y a quien tiene en la mira la inteligencia antidrogas norteamericana.

Sin lugar a duda, el actual instrumento político del Clan Fujimori mantiene la esencia política de Alberto Fujimori y sus socios, y eso apunta directamente al narcotráfico. Lo de la DEA no es poca cosa. Es un golpe al Clan Fujimori que va más allá de perder la elección.

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Política

Lo dejaron solo

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Omar Quesada

Luego de que algunos representantes apristas acusaran a autoridades como los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, o al mismo presidente de la república, Martín Vizcarra, de ser los causantes del suicidio del expresidente Alan García Pérez, las declaraciones de otro dirigente aprista tiran por los suelos la pretendida estrategia de obtener un rédito político de la muerte del exmandatario. Por el contrario, dejan al descubierto una posible falta de prevención que podría haber contribuido al trágico desenlace.

AG LO ANUNCIÓ

Omar Quesada, quien diera la noticia de la muerte de Alan García, declaró ayer a Radio Programas del Perú que el expresidente había advertido a su entorno más cercano que no lo iban a ver esposado ni humillado.

“Él (García) siempre nos dijo a mí no me van a ver, al presidente del Apra, al presidente Alan García o al compañero de ustedes, esposado, humillado, como el día de ayer lo querían hacer. No nos ha sorprendido un acto de esa naturaleza, aunque es increíble hasta el último momento”, reveló.

“Para nosotros ha sido un shock emocional, a pesar de que sabíamos de que esa era una medida que él podía tomar”, agregó.

Las afirmaciones de Quesada no representan una visión aislada. El congresista Víctor García Belaunde de Acción Popular afirmó en una entrevista televisiva que según le comentaron algunos partidarios apristas, Alan García se presentó en la embajada de Uruguay con un arma bajo el brazo, creyendo que podía ser detenido. “Él conservó el arma no para usarla contra otro, sino para él, porque no estaba dispuesto a permitir que lo humillen, según decía”, recordó García Belaunde.

Tuit de Carlos Mesía

Otro testimonio que consigna la delicada información de la que estaba al tanto el entorno de García, es el del expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, quien escribió en Twitter: “El presidente no iba a permitir que sin pruebas, fuese expuesto a la humillación pública de verse enmarrocado. Por eso dije hace un tiempo: ‘al presidente García nadie lo enmarroca’. No es cobardía, es honor. Lo sabía de fuentes cercanas que eso sucedería llegado el caso”.

Todas estas afirmaciones confirman que la posibilidad del suicidio no era ignorada por el entorno del expresidente, por lo que cabe preguntarse si acaso no lleva su círculo más íntimo la responsabilidad moral de no haber asistido al expresidente con ayuda médica profesional, y previniendo el acceso que este tenía al arma de fuego con la que terminó quitándose la vida.

Como una premonición o como una evidencia de que la idea de la muerte no le era ajena, García dijo en el primer mitin tras su regreso al país en el 2001: “no sé a dónde me conduzca la vida, no sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy entregando todo lo que soy, otra vez, al servicio de la patria”.

EN EL DOLOR, TE ACUSO

El primer líder aprista en apuntar contra quienes consideró “los perseguidores de García” fue Mauricio Mulder. En los exteriores del Hospital Casimiro Ulloa, lejos de mostrar empatía con la familia o con el amigo que acababa de perder, dio un discurso con un claro cálculo político: “El presidente García tomó una decisión de dignidad y de honor. Un acto de honor frente a una persecución fascista”.

Mulder acusó “la concreción de todo un mecanismo de persecución de búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros”, en clara referencia al fiscal José Domingo Pérez.

Luis Gonzales Posada, ex ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en el primer gobierno de García, culpó a Pedro Cateriano y Gustavo Gorriti como responsables de la muerte del expresidente. “La bala la han disparado ellos”, acusó. Además, se dirigió al fiscal Pérez calificando su trabajo de “crueldad”.

Lo dicho por Jorge Del Castillo dio un sentido político al suicidio del líder aprista: “Es una decisión muy dura pero tiene una inspiración de defensa de su honor … ha entregado su vida pero ha hecho un acto político decisivo”.

LAS INVESTIGACIONES NO DEBEN PARAR

Los dichos anteriores fueron rechazados por el ex primer ministro y actual presidente de la región Lambayeque, Yehude Simon, quien consideró que no se puede señalar a la Prensa o a los fiscales de la responsabilidad de una decisión tomada por el propio García. “Hay una investigación, el país requiere saber la verdad, el expresidente creo que debió enfrentar esta investigación con la serenidad respectiva”.

Por otro lado, el dirigente aprista Carlos Roca indicó que la “decisión personal de Alan García de inmolarse es una decisión que hay que respetar y no hay que utilizar la trágica muerte para suscitar odios contra personalidades del país”.

Roca hizo una invocación para que en vez de estar buscando responsables de la muerte de García en los adversarios políticos, los partidarios apristas piensen en lo que se debe hacer para que nunca más haya funcionarios que caigan en la coima y la corrupción. “Eso no se puede negar”, sentenció.

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Política

Allanamiento no podía detenerse pese al suicidio de AG

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Juan José Quispe

El abogado Amoretti dijo que el allanamiento a la casa de Alan García debió suspenderse de inmediato tras la muerte de Alan García. De igual modo sostuvo la jurisconsulta Romy Chang, al referirse al mismo tema. El testimonio de Humberto Abanto, se suma a esas informaciones.

Sin embargo, esto no sucedió. ¿Por qué? Una orden del juez Carhuancho gravitaba en la ejecución de dicha medida, que debía ejecutarse pese a la tragedia ocurrida por el suicidio de Alan García.

“La diligencia debió concluir, no tenía por qué suspenderse. Uno porque era una orden dispuesta por un juez, requerida por el fiscal, había una disposición que intervenía personas e intervenía el domicilio, y por tanto se tenía que concluir”, dijo el jurista JJQuispe.

“El hecho de que una persona muera no significa que se suspenda inmediatamente todo. Eso es un absurdo. Yo entiendo la posición del Dr. Amoretti y otros que siempre defienden a personas vinculadas a actos de corrupción y de violación de derechos humanos”, precisó.

HABÍA MUCHOS ABOGADOS

“Una vez que se concluye se levanta un acta y se tiene que poner lo que pasó, no solo del imputado Alan García, porque estamos hablando de una presunta organización criminal”, precisó.

“Imaginemos que hipotéticamente había un tipo de documentación que lo vinculaba con los otros investigados. Lo que pasa es que a nivel de la investigación muere todo lo que se investigaba a Alan García por su muerte, pero los demás siguen investigados”, remarcó.

“Lo que sí llama la atención es la presencia de muchos abogados allí. El fiscal debió ponerse mucho más fuerte. El único que podía participar era su abogado Erasmo Reyna y nadie más”, recalcó.

El abogado Humberto Abanto dijo que estaba en la casa de Alan García porque era su amigo. Dijo que su decisión fue personalísima y de protección a su figura política, frente a la barbarie judicial.

LOS VIDEOS LO REVELARÁN TODO

“Lo importante es que tanto la Policía como la Fiscalía van publicar los videos que suelen tomar. Ese es un protocolo y van revelar todo lo que se incautó, todo lo que sucedió”, sostuvo.

“Tras la muerte de Alan García el testimonio que le pudieran haber tomado preliminarmente, cuando haya juicio oral, servirá poco. Respecto a los demás investigados, sigue el proceso”, precisó.

“Yo creo que poco van a ayudar las declaraciones de Alan García en el sentido de que siempre ha negado que haya recibido dinero de Odebrecht. Lo que sí le digo es que todos los demás investigados, para evadir sus responsabilidades, le echarán la culpa a la persona que ha fallecido”, explicó.

“Eso sucede en muchos casos. Cuando una persona fallece, los demás investigados le echan la responsabilidad Yo le pongo un ejemplo: en el caso del señor Nicolás de Bari Hermoza Ríos, no es un procesado ausente, no está muerto, pero tiene un alzheimer bastante avanzado, ¿y qué han hecho los demás coinculpados? Le echan la culpa”, remarcó.

“Esta es una práctica muy usual de los coinvestigados para evadir la justicia, para echarle la culpa a un procesado ausente, que no tiene capacidad de discernir o que está fallecido, Mucho ojo con eso”, subrayó.

DANZA DE MILLONES

“Definitivamente, las declaraciones de Barata harán que los coinculpados de García Pérez sean llevados a juicio y sean declarados culpables. El mejor ejemplo es su secretario general, el señor Nava y su hijo. Ellos no tenían ningún poder de decisión, ni estaban en un comité de licitaciones, ni eran ministros… Y la pregunta es, ¿cómo este tipo de personas recibieron tanto dinero en millones de dólares? Esto es lo que está cuadrando el fiscal Domingo Pérez, porque ese dinero no era para Nava y su hijo y tampoco para Atala y su hijo”, declaró.

“Se presume que ese dinero era para ser repartido entre todos, incluyendo Alan García. Yo creo que muchos de los investigados con Alan García, se van someter a la colaboración eficaz ante las pruebas que se están encontrando. Mucho ojo con eso”, remarcó.

ALGO MÁS

“La prisión preventiva a PPK va a servir de termómetro. Si los jueces dictan o no dictan un mandato de prisión preventiva si hay peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. Si eso sucede, adiós al arresto domiciliario para los mayores de 65 años”, concluyó Quispe.

 

FELIX GRIJALBA SATO

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Política

Fiscal José Pérez insiste con prisión preventiva a Kuczynski

Publicado

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Pedro Pablo Kuczynski y César Nakazaki

El fiscal José Domingo Pérez mantuvo el pedido de prisión preventiva de 36 meses en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y no variará esta solicitud por el arresto domiciliario.

Según indicó durante la diligencia que desarrolla el Poder Judicial, el fiscal Pérez se ratificó en su exigencia inicial y que no ha retrocedido porque hay cargos que pesan en contra del ex presidente.

Pérez sustentó esta solicitud en el certificado médico legal entregado por el Instituto Médico Legal (IML) del Ministerio Público, durante la diligencia que se realizó en la sede de la Corte Superior de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.

Dicho documento señala que la salud del exmandatario se encuentra “clínicamente inestable” y con hipertensión arterial no controlada, pero ello “no significaba una enfermedad grave e incapacidad física permanente” para cumplir con el pedido.

EL PEDIDO NO VARÍA

“La Fiscalía no variará el pedido de prisión preventiva por el de arresto domiciliario y se mantendrá el pedido por 36 meses de prisión preventiva para el investigado (Kuczynski) y los otros dos implicados”, remarcó Pérez.

La solicitud de prisión preventiva alcanza a su secretaria personal Gloria Kisic y a su chofer, José Luis Bernaola, por una investigación referida a la trama de sobornos que involucra a la empresa brasileña Odebrecht.

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, señaló que el fiscal Pérez solicitó en la víspera un informe médico legal para determinar el estado de salud del exmandatario, ante la eventualidad de cambiar la detención preventiva por arresto domiciliario.

“No hay peligro procesal ni entorpecimiento de la actividad probatoria por parte de mi defendido, así como de su defensa legal”, señaló durante la diligencia de evaluación de la prisión preventiva por 36 meses solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.

ALGO MÁS

“Solicitamos que se rechace el pedido de prisión preventiva en contra de mi defendido o, en todo caso, si hay alguna medida, que se le imponga arresto domiciliario”, reiteró Nakazaki.

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