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El Clan Fujimori

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El reconocimiento hecho por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) de que investiga a la mano derecha de Keiko Fujimori es uno más en la lista de los casos que vinculan al Fujimorismo con el narcotráfico desde el siglo pasado. Aquí la historia

El de Joaquín Ramírez de ninguna manera es un caso aislado del fujimorismo actual ni diferente de lo que fue el fujimorismo de los noventa. Se trata más bien de una continuidad de hechos que vinculan a la familia Fujimori con el narcotráfico.

Una de las cuestiones más saltantes y que toman nuevamente relevancia es el caso “Limasa”, nombre de una empresa de Kenji Fujimori, el menor de los hijos del exdictador, en cuyos almacenes se encontró hace unos años un contenedor destinado a México con más 100 kilogramos de cocaína.

La coartada de Kenji fue que él no controlaba la empresa, sino su socio: Miguel Ángel Ramírez, nada menos que primo de Joaquín Ramírez, el protagonista en la investigación de la DEA, y al que Keiko Fujimori ha blindado todo lo que pudo.

Al fotógrafo Luis Choy lo habrían matado por investigar el caso Limasa.

Al fotógrafo Luis Choy lo habrían matado por investigar el caso Limasa.

MISTERIOSO ASESINATO
Otro hecho grave que involucra al primo Miguel es el asesinato en el 2013 del fotógrafo Luis Choy, quien según ha trascendido estos días habría sido en realidad parte de una investigación periodística sobre narcotráfico que vinculaba al socio de Kenji en Limasa. Insólitamente, dos de los sicarios contratados para dar muerte a Choy, murieron abatidos a tiros tras su fuga del penal.

La cosa no termina allí. Tenemos también el caso “Calle Quiroz”, apellidos de un narcotraficante incluido en la lista norteamericana de los más ranqueados, que donó 40 mil dólares a Keiko Fujimori en la campaña presidencial del 2011.

De igual modo, el caso “Barranca” donde el patrimonio del candidato a la municipalidad provincial por el fujimorismo, Beto Tapia, fue usado por cárteles mexicanos. Se encontró un cargamento de cocaína en el camión del candidato en el 2014, en plena campaña electoral, y Tapia alegó que un familiar había abusado de su confianza y usado el vehículo en forma indebida.

Kenji era socio de empresa Limasa, la del contenedor con más de 100 kilos de cocaína. Primo de Ramírez era el gerente.

Kenji era socio de empresa Limasa, la del contenedor con más de 100 kilos de cocaína. Primo de Ramírez era el gerente.

COCAÍNA POR FUSILES
Fuerza Popular se vende como la cara moderna del fujimorismo en base a la idea de que Keiko no es su padre. Pero eso es falso. Por si alguien lo duda, le servirá hurgar entre los antecedentes del que bien puede llamarse en Clan Fujimori.

Allí encontrará que, a mediados de agosto del año 2000, el jefe de la inteligencia colombiana, el coronel Germán Jaramillo informó al entonces presidente de ese país, Andrés Pastrana, que Alberto Fujimori era parte de un “negocio de cincuenta mil fusiles rusos AK-47” que fueron comprados por el gobierno peruano al de Jordania para luego venderlos secretamente a las FARC.

El pago fue hecho con dinero proveniente de Luiz Fernando da Costa, alias Fernandinho, el narcotraficante más importante del Brasil, quien lo entregó a cambio de un cargamento de cocaína enviado por la guerrilla colombiana.

Ante la aparente contundencia de la investigación, Pastrana pensó en reclamar al gobierno de Fujimori y entregar la información al gobierno de Estados Unidos, en la medida en que el presidente peruano era enemigo declarado del Plan Colombia.

EL CUENTO
Pero antes de que ello ocurra, y a pocos días de que Pastrana conociera esta delicada información, el gobierno peruano convocó una rueda de prensa para negarlo todo, lo que tuvo de inmediato una gran repercusión internacional.

En efecto, el 21 de agosto del 2000 se presentaron en Palacio de Gobierno, el presidente Fujimori, su asesor y mano derecha Vladimiro Montesinos, los ministros de Defensa e Interior, Carlos Bergamino y Walter Chacón (padre de la actual congresista Cecilia Chacón), y el jefe formal de la inteligencia peruana, Humberto Rozas para decirle al mundo que habían detectado que tres vuelos de cargueros soviéticos (en marzo, abril y julio de 1999) provenientes de Jordania, con escala en Canarias y Guyana, ingresaron a territorio colombiano dejando caer en medio de la selva miles de fusiles atados a paracaídas, luego de lo cual aterrizaron en Loreto, Perú.

OPERACIÓN AL DESNUDO
El “Plan Siberia” según Fujimori había incluso frustrado un cuarto envío. Era tal el cinismo del exdictador, que Pastrana casi duda de la versión de Jaramillo, hasta que las pruebas de la responsabilidad directa del gobierno fujimorista en este tráfico de armas fueron totales:

1) los fusiles AK-47 capturados a las FARC por parte del Ejército colombiano fueron rastreados hasta determinar que fueron vendidos de gobierno a gobierno entre Jordania y Perú con “certificaciones y contratos debidamente firmados por ambos”;

2) el primer ministro jordano confirmó la operación afirmando además que la venta fue hecha mediante generales peruanos en actividad;

3) se demostró que entre los tripulantes de las naves que transportaron los fusiles se encontraban especialistas de la Fuerza Aérea Peruana, quienes fueron fotografiados por un infiltrado de la inteligencia colombiana.

Estos hechos que relata con detalle Andrés Pastrana en su libro “Memorias Olvidadas” (noviembre, 2013), fueron judicializados en el Perú tomando como prueba para condenar a Montesinos a 20 años de prisión, todos los documentos de la investigación de Jaramillo.

OTRA VEZ 
Algo muy parecido ocurre estos días cuando la DEA entra en escena con la investigación abierta a Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular (en licencia tras el escándalo), congresista reelecto, y hombre de confianza de la hija de Alberto Fujimori, Keiko Sofía, quien disputa la segunda vuelta electoral con Pedro Pablo Kuczynski.

La secuencia es la misma. Primero se conoce un caso muy grave como el de Ramírez, que de ser cobrador de combi pasa en pocos años a magnate con decenas de propiedades (y al menos dos departamentos muy caros en Miami) y millones de dólares de patrimonio.

La DEA lo infiltró desde hace años y admite ahora que lo investiga entre otras cosas por la existencia de un audio que involucraría a la propia candidata fujimorista en el lavado de 15 millones de dólares a través de una red de estaciones de combustible.

Luego, al igual que en el 2000, el fujimorismo sale a negarlo todo, da también una versión descabellada con la idea de fugar por delante (culpando a PPK), y victimiza a Ramírez como empresario exitoso al que se le han prendido por ser un cholo con plata. Finalmente, todo se empieza a desmoronar día a día al son de las múltiples evidencias del periodismo de investigación que encuentra más vínculos entre Fuerza Popular y el narcotráfico.

NARCOFUJIMORISMO
Casos como Vaticano, narcotraficante a quien el fujimontesinismo cobraba cupos por cada cargamento de droga que exportaba en avionetas, o como el de los narco aviones que también fue judicializado, en donde se demostró que muchas aeronaves de las Fuerzas Armadas y hasta el propio avión presidencial, fueron usadas para exportar toneladas de cocaína durante el gobierno de Alberto Fujimori, dan cuenta de que los capos de la droga en el Perú a fines del siglo pasado despachaban desde la Presidencia de la República.

Claramente el Perú era un narcoestado, que tras la fuga de Fujimori a Japón y la captura de Montesinos en Venezuela, pasó a ser un territorio liberado o zona franca de las drogas donde todo mundo puede comprar y vender sin mucho lío.

NARCOINDULTOS
Con Alan García II (2006-2011), el crimen organizado de las drogas encontró nuevamente un aliado en la presidencia, esta vez para sacar a sus cabecillas de las cárceles (caso narco indultos), lo que narcotizó las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

No por nada en el 2013, tras la develación de la forma como salían indultadas bandas enteras de prisión durante el segundo gobierno aprista, se nombró embajador en el Perú a Brian A. Nichols, uno de los creadores del Plan Colombia, que hoy ha entrado en acción tras visitar a Keiko Fujimori los primeros días de mayo con dos agentes de la DEA, algo que no hizo ni con Verónika Mendoza, ni con PPK, los otros dos candidatos que ha visitado a lo largo de la campaña electoral de primera y segunda vuelta respectivamente.

Queda claro que para el embajador norteamericano Nichols, Fuerza Popular es el partido político peruano más vinculado al narcotráfico. Y la hipótesis que va tomando más fuerza es que Joaquín Ramírez es en realidad operador y testaferro de un cártel de las drogas en el Perú muy poderoso: el Clan Fujimori.

ABOGADO DE NARCOS
Los antecedentes más remotos del Clan Fujimori datan de la juventud del abogado penalista Vladimiro Montesinos y varios colegas asociados a él, que a fines de los setentas eran ya defensores de narcotraficantes, cuando la familia Fujimori era todavía una más de la clase media limeña.

El cliente más importante de Montesinos en 1978 fue nada menos que Evaristo Porras, poderoso narco colombiano que vino a extender sus negocios al Perú. Montesinos le ayudó a escapar de prisión mediante un falso traslado de carácter médico.

Con los contactos que ya tenía en ese momento, lo puso en un avión directo a Colombia. Luego, movió a sus conocidos en el Poder Judicial para desaparecer el expediente de extradición tras el escándalo público que produjo la fuga.

De allí para adelante, Montesinos se convirtió en el mejor abogado del narcotráfico y aumentó su influencia en los tribunales, la policía, y más instituciones.

GARCÍA-MONTESINOS
Defendió a los varios generales de la policía vinculados al caso Villa Coca, a inicios del primer gobierno de Alan García, manipulando la investigación a tal punto que de delito de narcotráfico todo se fue reduciendo a denuncias de “insulto al superior”, empapelando a los investigadores policiales que habían descubierto a los altos mandos en el negocio de la droga.

Y en esa ruta se termina convirtiendo en un asesor informal pero muy influyente del Fiscal de la Nación, Hugo Denegri, quien le pidió ayuda en 1988 cuando se produjo la matanza de 29 campesinos y la desaparición de otros 45 a manos del destacamento “Linces” de las fuerzas especiales del Ejército Peruano (caso Cayara).

Montesinos manipuló también ese expediente judicial con lo cual se ganó el favor de Alan García, quien finalmente lo conecta con el candidato a segunda vuelta en 1990, Alberto Fujimori, como se cuenta en detalle en el libro “Fe de Ratas” del extinto Raúl Wiener (marzo, 2011).

Es allí cuando empieza a forjarse el clan al cual pertenece la candidata de Fuerza Popular y a quien tiene en la mira la inteligencia antidrogas norteamericana.

Sin lugar a duda, el actual instrumento político del Clan Fujimori mantiene la esencia política de Alberto Fujimori y sus socios, y eso apunta directamente al narcotráfico. Lo de la DEA no es poca cosa. Es un golpe al Clan Fujimori que va más allá de perder la elección.

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Política

Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

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Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

La Comisión de Constitución aprobó el retorno a la bicameralidad del Congreso de la República, al establecer que estará integrado por dos cámaras: Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. De los 17 congresistas que participaron de la sesión, 13 votaron a favor y 4 se abstuvieron. No hubo ningún voto en contra.

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso (APP), saludó el avance en el predictamen de la bicameralidad en la Comisión de Constitución, pero cuestionó la escopeta de dos cañones de Fuerza Popular porque,para ella, es una bancada que no piensa en los intereses del país sino en los partidarios.

“Los veo con ánimos de confrontar, si bien se avanzó con lo de la bicameralidad y parte del tema de los aportes a las campañas, tenemos que lograr el mayor consenso posible, porque estos son temas que tenemos que votarlos a conciencia porque le va a hacer bien al país y no de manera partidaria”, afirmó

GENERAN DUDAS

Indicó que tiene muchas dudas sobre el comportamiento de los congresistas de Fuerza Popular, porque ellos siguen con la actitud de insultar al presidente Vizcarra, incluso refirió que ayer uno de sus congresistas lo tildó de ignorante, y su bancada tuvo que protestar para que retire la frase.

“Ellos están viendo qué les conviene o qué no les conviene y no están pensando en que es lo mejor para el país, piensan en sus propios intereses, en dónde o cómo se ubican pero no están viendo qué le conviene al pueblo”, destacó.

La legisladora aseguró que el fujimorismo se ha repartido roles, uno para apurar la propuesta de reformas, otros para criticarlo.

“Como ejemplo están sus votos en la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, tuvieron votos divididos. Están jugando, dividen el voto de tal manera que tengan respuestas a favor y en contra”, aseveró.

EN NÚMEROS

Se pronunciaron a favor del restablecimiento del Senado los parlamentarios: Miguel Castro, Mario Mantilla, Luis Galarreta, Tamar Arimborgo, Úrsula Letona y Gilmer Trujillo de Fuerza Popular, Gilbert Violeta y Patricia Donayre de Peruanos por el Kambio y Javier Velásquez del Apra.

Asimismo, Marisa Glave de Nuevo Perú, Yonhy Lescano de Acción Popular, Gino Costa de No Agrupados y Marisol Espinoza de Alianza para el Progreso. Y se abstuvieron: Lourdes Alcorta, Nelly Cuadros y Luz Salgado de Fuerza Popular y Marco Arana del Frente Amplio.

ALGO MÁS

La decisión modifica el Artículo 90° de la Constitución Política del Perú y señala que “El Poder Legislativo reside en el Parlamento Nacional, el cual está integrado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados”.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Informe plantea destituir al fiscal naranja

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Informe plantea destituir al fiscal naranja

Casi tres meses después que se revelaron los ‘CNM audios’ mediante IDL-Reporteros, recién parece abrirse paso la justicia. El informe acusatorio del parlamentario Juan Sheput, presentado ayer, propone que el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, sea destituido e inhabilitado.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República debe aprobar pronto este informe y elevarlo a la Comisión Permanente.

El documento emitido por el legislador Sheput, dice como conclusión “que el fiscala Pedro Gonzalo Chávarry es autor de graves infracciones a los artículos 3º, 39º, 44º y 158º de la Constitución Política del Perú; así como el artículo 45º de la misma norma suprema”.

Asimismo, propone “que se le imponga la sanción de destitución del cargo de Fiscal de la Nación y la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública”.

“Una vez que sea aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, remitiéndose el presente informe a la Comisión Permanente del Congreso de la República, a fin de que continúe el procedimiento establecido por el literal d.6 del artículo 89º del Reglamento del Congreso”, finaliza.

Pedro Chávarry es para muchos el candado que tiene Fuerza Popular para mantener la impunidad de su bancada, de la ‘Señora K’, de AG, y la herramienta para intentar doblegar al Ejecutivo. Por eso, lo más probable es que este sea el inicio de otro escenario de conflicto entre el Gobierno y el fujimorismo.

CHÁVARRY, BECERRIL Y RODRÍGUEZ

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió además los informes finales sobre los casos del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y del parlamentario Héctor Becerril, de Fuerza Popular.

El grupo parlamentario convocará el lunes la sesión para la evaluación de los informes y el debate se realizaría entre el martes y el miércoles, previa coordinación con la Mesa Directiva.

César Vásquez, parlamentario de Alianza para el Progreso, quien trabajó el informe sobre Becerril, investigado por presuntamente haber tratado de influir en la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el año 2017, aseguró que en su investigación se han recogido los testimonios y pruebas suficientes para llegar a una conclusión objetiva.

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Política

Salaverry, Chihuán y el “cambiazo” sobre acuerdo de confianza dado al Gobierno

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Daniel Enrique Salaverry Villa - Leyla Chihuán

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunicaron ayer al presidente Martín Vizcarra que “el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto, al mencionar el oficio 257, vincula legal y políticamente la cuestión de confianza a la aprobación de las cuatro reformas políticas planteadas por el Ejecutivo, aunque sin fecha límite y sin mención del proyectado referéndum del próximo 9 de diciembre.

PLAZO Y REFERÉNDUM

Esta rectificación del Congreso reduce entonces la controversia Ejecutivo–Legislativo a los temas del plazo de aprobación de las tres reformas pendientes (bicameralidad, no reelección de congresistas, financiamiento de los partidos políticos) y a la realización del referéndum del 9 de diciembre, para ponerlas en vigencia sin esperar su aprobación en una segunda legislatura.

En tal confrontación vigente, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva ha explicado que el Ejecutivo no incluyó en ningún documento oficial en plazo de aprobación de las reformas para evitar que ciertos congresistas lo tomaran como una imposición y porque ellos mismos se fijaron el 4 de octubre como límite. Villanueva reiteró que si todo va bien, el Gobierno no tiene en la cabeza cerrar el Congreso en son de golpe de Estado.

Esos dos puntos, no son poca cosa, en el contexto de versiones periodísticas respecto a que la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría ordenado dos operaciones encubiertas: la primera para sabotear la aprobación de las reformas y, sobre todo, el referéndum; y la segunda, para perjudicar al presidente Vizcarra haciéndole blanco de acusaciones de presuntos ilícitos.

LA ESTRATEGIA ‘K’

El sabotaje a las reformas y el referéndum habría sido encargado por Fujimori Higuchi al equipo formado por: Luis Galarreta, Héctor Becerril, Miguel Ángel Torres, Úrsula Letona, Karina Beteta, Rosa Bartra y Luz Salgado, todos coordinados electrónicamente (Marchand, Eloy, semanario H13. 2018).

Ellos se encargarán de desacreditar a Vizcarra acusándolo de golpista. Asimismo, buscarán posponer al máximo la aprobación de las reformas y de corromper el referéndum planteando que se pregunte temas que provocarían respuestas negativas de los electores.

Otro equipo de Fuerza Popular está acopiando información sobre todo tipo de gestión de Vizcarra, tanto privada y como en la gobernación de Moquegua.

La Comisión de Fiscalización citará al Presidente a declarar sobre el caso Chinchero para tratar de involucrarlo a partir de declaraciones del excontralor Edgar Alarcón, quien ya ha declarado ante un fiscal supremo, que siendo ministro de Transportes y Comunicaciones, Vizcarra lo visitó varias veces para presionarlo a fin de que emitiese una auditoría favorable al contrato del aeropuerto internacional de Chinchero, en el Cusco.

La historia del “cambiazo”

En su parte medular el oficio Nº 257- 2018-PR, enviado el lunes 17 al presidente del Congreso, Daniel Salaverry por el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, manifiesta:

“Referencia: convocatoria a legislatura extraordinaria. (…) En relación a los ejes 1 y 2 de la Política Genera de gobierno, aprobada por el Decreto Supremo Nº 056- 2018- PCM sobre la integridad y la lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentadas en los 4 proyectos de ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República a fin de que se debatan y aprueben, con carácter de URGENTE.

En ese contexto, estando a la facultad conferida por el inciso e) del artículo 115 de la Constitución Política del Perú, convoco al Congreso de la República a legislatura extraordinaria para el día 19 de setiembre a las 8:00 horas, a fin de que el presidente del Consejo de Ministros plantee cuestión de confianza sobre los ejes 1 y 2 de la Política General del Gobierno, haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 133 de la Carta Magna”.

César Villanueva en el Congreso

Nuevo texto oficio Nº 070

El oficio Nº 070- 2018- 2019, con el nuevo texto rectificado fue recibido por la mesa de partes de Palacio de Gobierno a las 9:14 a.m. de ayer y en lo sustancial dice:

“Nos dirigimos a usted para comunicarle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 82 y 86 del Reglamento del Congreso de la República, que el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto corresponde al acuerdo previo que tomó la junta de portavoces de someter al pleno como moción única, el contenido del pedido de confianza del Gobierno contenido en su oficio Nº 270 firmado por el presidente Martín Vizcarra y por el presidente del Consejo de Ministros.

César Villanueva.

PRIMERA VERSIÓN ‘TRUCHA’

Obsérvese que la primera versión del mismo oficio, enviada al Gobierno por Salaverry y Chihuán tan pronto el Congreso acordó conceder la confianza, es distinta, pues no contiene ninguna referencia al oficio Nº 257:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de Gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

‘CAMBIAZO’ SALAVERRY – CHIHUÁN

Esto demuestra que la dupla Salaverry – Chihuán realizó un burdo “cambiazo” del acuerdo de portavoces para tratar de desvincular la confianza otorgada de la aprobación de las cuatro reformas políticas.

Sin embargo, tuvieron que recular sin realizar mayor comentario, ante la protesta de la bancada de Nuevo Perú por el escamoteo a lo acordado por los portavoces, y a causa de las críticas de distintos medios de prensa que ayer menudearon contra la conducta de Fuerza Popular y la directiva del Congreso.

A pesar del develamiento de la fallida jugarreta de Salaverry – Chihuán, la portavoz de Fuerza Popular, Úrsula Letona, continuó insistiendo ayer en que la aprobación de la confianza al Ejecutivo no está sujeta a la aprobación de las reformas.

La congresista Marisa Glave, de Nuevo Perú, le respondió que la aprobación de las reformas pendientes sí está vinculada directamente con la cuestión de confianza, según los documentos oficiales.

ALGO MÁS

Glave añadió: “Una cosa que me parece delicada de los colegas del fujimorismo es que su conducta muestra que realmente son una organización política que no aguanta perder en algún tipo de escenario, por lo que siguen insistiendo en que no necesariamente irán a referéndum”.

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