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El bailecito de PPK

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Al final de una dramática jornada, ese gesto muestra que no hay conciencia de realidad del todavía Presidente. No hay nada que celebrar, los escenarios son bastante complicados.

Votaciones fracturadas
Hay quienes hablan de estrategia fuji-aprista y que el FA fue furgón de cola del fujimorismo. El tema no parece ser tan simple. El Apra votó dividido, a pesar de su tradicional disciplina. Difícil argumentar una alianza fuji-aprista si cuando hay que definir lo esencial de la misma, ese bloque se rompe. Lo mismo Acción Popular, que ha sido gobierno y de larga tradición democrática, no se podría decir que es títere del fujimorismo.

Lo del fujimorismo se entiende, la facción de Kenji votó a cambio del indulto. Veremos si cumplen, previsiblemente en el contexto de la visita papal que buscará la “reconciliación” de todos los peruanos.

Lo de APP es más complejo, una abstención de una agrupación con presencia regional y congresal importante y que busca ser gobierno, avalando lo que denunció en su momento en aras de la gobernabilidad. Argumento similar de NP, no entregar el poder a los fujimoristas, si renunciaban los vicepresidentes, a pesar que uno de sus miembros jugó un rol decisivo en los documentos para probar responsabilidades de PPK y que anunció votaría por la vacancia.

Se ha satanizado la votación del FA, por una supuesta alianza o ser “tontos útiles” del fujimorismo. Sin embargo, su argumentación coincide con los no fujimoristas que han votado por la vacancia. Si hay responsabilidad política en el Presidente debía salir, y renunciar los vicepresidentes que no podían sostenerse. Así, convocarse elecciones anticipadas para congresistas también.

Estas coincidencias se dan también en el tema de reforma o cambio de Constitución, y necesidad de refundar la República. Aquí convergen el FA y NP, y diversas fuerzas e instituciones progresistas o de izquierda que no tienen representación parlamentaria.

Si se reconfirma el indulto, se producirá un nuevo reagrupamiento al interior del gobierno y las diferentes fuerzas políticas. El frente anti-fujimorista se reacomodará y el país estará partido en dos. El gobierno deberá aliarse con el fujimorismo para gobernar hasta donde pueda, y los cambios prometidos o esperados desde las fuerzas que apoyaron a PPK en esta coyuntura, no se darán. Los costos políticos, credibilidades y posicionamientos futuros, no serán los que ahora parecen tan simples.

LO FEO
Terrible que hayan apelado a todo para quedarse en el poder. Pedir la intervención de la OEA como si fuéramos una república bananera, es imperdonable. El alineamiento de los amigos internacionales de PPK, como las clasificadoras de riesgos que anunciaban cataclismos si caía, la campaña orquestada de la prensa metiendo presión y miedo con la vuelta de la dictadura, la intromisión de los curas en un asunto político avalando a PPK en aras de la gobernabilidad, los pedidos de los gremios empresariales pidiendo algo similar. El tema no era si se justificaba o no la vacancia, sino que la alternativa era peor y había que evitarla como sea.

Seguro habrá diferentes interpretaciones. Pero lo que ha quedado no parece una salida a la crisis, sino el inicio del desarrollo de otra, agudizada por el indulto. Difícil sostener que eso garantiza la gobernabilidad. Elecciones con la decisión devuelta al Soberano, no parece habría sido un peor escenario. Pero eso no lo sabremos, por el momento.

EL PROBLEMA DE FONDO
El problema es estructural, la liberalización y apertura implementadas desde los años noventa, con la Constitución del 93 creó las condiciones estructurales de la corrupción hoy revelada. La falta de regulación, el no estado, la privatización de la función pública y las propias políticas, crearon el entorno apropiado para el aprovechamiento ilícito. El modelo de los últimos años no solo no resolvió los problemas estructurales externos, de empleo e ingresos, descentralización, diversificación productiva, informalidad, dependencia primario –exportadora, exclusión social. No evitó la corrupción, se entronizó con la captura del Estado por poderes económicos y fácticos.

El fracaso del intervencionismo anterior, economía cerrada, proteccionismo infinito, distorsión de precios relativos y crisis, corrupción por la discrecionalidad, no pudo ser superado con éxito por el modelo en curso.

Ese es el problema de fondo, al que hay que responder. O se hace desde una transformación productiva y un nuevo marco institucional que redefina un equilibrio mercado –estado, y fortalezca mecanismos e instituciones o cree nuevas, en otra Constitución, o se avanza en reformas de segunda generación para tratar de perfeccionar el modelo actual. Ese es el debate y la decisión que habría que tomar para el Perú del Bicentenario. Para ello se requiere una renovación de cuadros e instituciones, que con elecciones reconfigure la real correlación de fuerzas que permita avanzar en su implementación.

Esa era una forma constitucional de darle salida a la crisis. Ahora le han dado aval al gobierno de PPK hasta que pueda sostenerse, veremos si cambia equipos y políticas o si continúa con más de lo mismo, lo que parece más probable, por el contenido de facultades legislativas enviado al Congreso. Sigue la mayoría fujimorista, y seguirá el modelo actual en el que coinciden (las diferentes facciones existentes).

Se abre una posibilidad de convergencia de las diferentes fuerzas progresistas dentro y fuera del Congreso para presentar una alternativa articulada, pero para ello debe cesar la grita de excomuniones recíprocas que se viene dando, y sentarse a conversar sobre el futuro de la República. Caso contrario, la crisis se profundizará y las salidas no serán ordenadas o pacíficas, sino que reeditarán ciclos indeseables que se han dado en el Perú y América Latina. No estamos para bailecitos.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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