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El asalto final al Estado

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El asalto final al Estado

La derecha planea mantener el control del Gobierno y en el 2016 impedir que un gobierno de compromiso evite “hojas de ruta”.

Sería bueno preguntarnos si la crisis institucional del Estado, referida por Juan Paredes Castro (editorial de El Comercio, 23/6/14), se debe a una ausencia de liderazgo, a la falta de presencia del presidente Ollanta Humala como jefe de Estado o si, más bien, hay otros factores que la alimentan como el enfriamiento de la economía y el malestar social que provoca la exclusión.

La idea de que el Perú vive principalmente una “crisis institucional” y que “ya no estamos en los tiempos en que subordinar la institucionalidad democrática al pragmatismo económico-financiero de los gobiernos, incluía el colmo de abrigar recetas de osado crecimiento con dictaduras o autoritarismos”, puede ser interpretada desde una doble perspectiva: a) en una economía con problemas no se admiten medidas “populistas”; y b) como un aviso de que ha llegado el momento de consolidar el poder de la derecha en el Estado para evitar sorpresas presentes y futuras. La razón la expresa el mismo Paredes cuando afirma: “Sería realmente muy triste que llegáramos a un final de elección presidencial el 2016 con la misma necesidad del 2011 de obligar al candidato favorito a suscribir una hoja de ruta democrática y respetuosa del modelo económico como la que tuvo que asumir el hoy mandatario Ollanta Humala”.

Para el editorialista de El Comercio la coyuntura electoral del 2011, con el triunfo de Ollanta Humala —que en ese momento no era manejable y sí, más bien, fuente de grandes incertidumbres—, no puede repetirse. La derecha planea mantener el control del gobierno y en el 2016 impedir un gobierno de compromiso que evite “hojas de ruta”, siempre sujetas a interpretaciones y a controles permanentes. Se trata de garantizar, desde ahora, un gobierno que exprese, sin dudas y vacilaciones, los intereses de los grandes inversionistas y grupos económicos.

El último programa de reactivación para supuestamente acelerar la economía, como la reciente campaña mediática sobre el carácter “devorador” del Estado o, también, sobre la graciosa idea de que en el Perú existe una suerte de “burocracia soviética” que frena el desarrollo del mercado, son indicadores de que vamos por ese camino. La maniobra es muy simple: criticar al Estado para luego secuestrarlo.

En realidad, las medidas del paquete “reactivador” se orientan, ya sin maquillaje, a favorecer a los grandes empresarios. Por ello —la reactivación viene del lado de la oferta y no de la demanda— todas son beneficiosas para este sector: disminución de impuestos y condonación de deuda tributaria, “carta blanca” para dañar el medio ambiente y depredar los recursos naturales, y flexibilizar aún más los derechos de los trabajadores afectando esta vez, como bien ha señalado Mario Huamán, la seguridad laboral para garantizar a los empresarios mayor rentabilidad. Mientras, el “nuevo gabinete” será un celoso guardián del modelo económico.

Tiene razón Carlos Alberto Adrianzén cuando afirma que “el paquete reactivador del gobierno nacionalista ha continuado una tendencia del Perú de las últimas décadas, el Estado lejos de ser el garante de los derechos de sus ciudadanos ha terminado siendo el ejecutor de su expropiación… En el Perú, el Estado más que ser un escudo para los débiles se ha convertido en años recientes en un escudo para las élites; las cuales, derrotadas en las urnas no han vacilado en usarlo contra aquellos que ganaron las elecciones para seguir avanzando su proyecto” (Noticias Ser.pe: 23/06/14).

Por eso, sostener que el gran problema del país se basa en una crisis simultánea de liderazgo e institucionalidad es un argumento interesado. El líder ha realizado, por lo general, las demandas de las elites y estas siempre han manejado las instituciones de su interés. El problema tiene su origen, más bien, en el enfriamiento de la economía, y en ese 51 % de la población que rechaza el actual modelo económico y que en las próximas elecciones podría tener un comportamiento díscolo y desafiante frente al crecimiento económico que los excluye y que poco contribuye a su bienestar.

Hoy, ni el Estado ni el gobierno están asediados por demandas exageradas del campo popular o de los movimientos sociales ni tampoco por las organizaciones de izquierda, sino más bien por las exigencias de las elites y de los grandes empresarios que no quieren perder privilegios, que no están seguros de su futuro y que requieren, por esa inseguridad, asumir el control total del Estado. El presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, ha dicho que el “paquete económico se ha quedado corto” y que el conjunto de empresas que representa habría preferido que las iniciativas sean más “atrevidas” (Perú 21: 24/06/14).

No es extraño que esta circunstancia coincida con el dominio total del gobierno que hoy tendría el ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, como lo prueba, por ejemplo, el recorte de las competencias del Ministerio del Ambiente y el traslado de la toma de decisiones sobre este tema al Consejo de Ministros, controlado por el MEF. Aquí el discurso técnico de los neoliberales de que el mercado no puede estar determinado por la política, se acaba para dar pase al control político de los procesos económicos para que estos representen los intereses del gran capital.

Por todo ello creo que se vienen tiempos difíciles. El fin de un ciclo y el comienzo de otro. A mayores privilegios a los empresarios, mayor represión de la protesta social. Lo que se inició en el 2011 como una gran esperanza de transformación ha terminado en una derrota de las aspiraciones de cambios sociales en democracia que expresó la mayoría de los peruanos en las pasadas elecciones. La captura total del Estado por los grupos económicos será el canto de cisne de nuestra frágil democracia.

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Política

César Lévano presente

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César Lévano La Rosa

Hoy es la despedida del maestro César Lévano.

Primero lo van a despedir en el Colegio de Periodista de la Casona de San Marcos a la 1 y el entierro será en el Presbítero Maestro a las 5 pm.

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Política

Vizcarra debe hacer respetar reformas judiciales aprobadas en referéndum

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Referéndum Nacional 2018

La decisión del presidente Vizcarra de buscar mecanismos constitucionales para que la población “no sea burlada”, ante la demora del Congreso para aprobar las seis reformas judiciales pendientes, ha generado que los consultados por Diario UNO encuentren responsables tanto al fujimorismo como al oficialismo.

ENTRAMPAMIENTO

El congresista de Nuevo Perú Horacio Zeballos, reconoció la demora del Congreso en aprobar las reformas judiciales y dijo que el presidente Vizcarra estaría ejerciendo su derecho si busca una salida constitucional para romper el entrampamiento.

“Si Vizcarra busca salidas constitucionales para romper el entrampamiento va a ejercer su derecho ya que el Congreso está demorando”, señaló al Diario UNO.

Tras asegurar que Fuerza Popular es la que entrampa las propuestas judicial y política, recordó que una propuesta trabajada durante un año fue encarpetada.

“Había una propuesta política presentada por los congresistas Patricia Donayre, Yonhy Lescano y Raymundo Lapa, para avanzar en el tema pero fue encarpetada por el fujimorismo; esa fue la única propuesta que se trabajó durante un año pero el fujimorismo la encarpetó”, afirmó.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Sobre el mismo tema, su colega de bancada, Alberto Quintanilla, responsabilizó al partido Peruanos por el Kambio y a Fuerza Popular por el entrampamiento en la aprobación de las reformas judiciales consultadas por la población en el referéndum.

“La responsabilidad política del entrampamiento es compartida entre Peruanos por el Kambio y Fuerza Popular. Ellos han tenido la oportunidad de tomar más iniciativas desde el Ejecutivo y no han tomado las iniciativas desde el Congreso. Por eso es que no se ha avanzado”, sostuvo el congresista al Diario UNO.

MECANISMOS CONSTITUCIONALES

En entrevista a un medio de circulación nacional, el presidente Martín Vizcarra, tras calificar de lamentable que seis proyectos de ley de la reforma de justicia continúen encarpetados en el Congreso, anunció que usará mecanismos constitucionales si el debate de estos no avanza.

HABLARÁ CON SALAVERRY

El presidente Vizcarra dijo que seguirá el camino formal al conversar con el titular del Congreso, Daniel Salaverry, para preguntarle si hay voluntad o no de aprobar las reformas.

“Primero se va a intentar el camino formal. Vamos a conversar con el presidente del Congreso y decirle: “bueno, ¿hay voluntad o no hay voluntad? ¿Ha sido falta de tiempo o de ganas? Si es que se justifica la falta de tiempo y se corrige eso, obviamente estaremos vigilantes para que así sea”, sostuvo el mandatario.

Al respecto, Alberto Quintanilla sostiene que el oficialismo y el fujimorismo “han buscado posiciones de emplazamiento y lo que tiene que hacer es buscar el diálogo para que se viabilicen las reformas”

Su colega Zeballos señala: “Debería conversar con Salaverry porque por un lado Vizcarra dice que quiere hacer la reforma judicial y Salaverry también. En el Congreso están gestándose varias iniciativas en referencia a agilizar la aprobación de las reformas; el Ejecutivo también tiene su propuesta; hay varias iniciativas que habría que hacerlas comulgar todas”.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Ante una posible “falta de voluntad” para trabajar rápidamente las seis reformas, el mandatario no descartó aplicar una cuestión de confianza para “que la población no sea burlada”.

“Si en caso no hay voluntad, hay que buscar los mecanismos constitucionales que permitan no ser burlados, que la población no sea burlada”, sostiene.

Sobre esto, Vizcarra consideró que la cuestión de confianza deberá ser analizada en su momento. “(La cuestión de confianza) es parte de ello, pero hay que analizarla en su momento”, agregó.

REFORMAS JUDICIALES

Los seis dictámenes pendientes de aprobación abarcan normas que fomentan el acceso a la información y hoja de vida de jueces y fiscales, garantizan la probidad de los abogados, la creación de una Fiscalía Suprema Anticorrupción y el Consejo de Reforma de Justicia, así como la instalación de la Autoridad de Integridad y Control del Ministerio Público y Poder Judicial.

A finales de febrero el Congreso aprobó dos de las siete propuestas: la ley que elimina la participación del Ministerio Público en los procesos contenciosos administrativos, promulgada el 14 de febrero, y la ley que garantiza la probidad de los abogados. Sin embargo, esta última fue observada por el Gobierno una semana después y devuelta al Congreso debido a que la propuesta del Ejecutivo era solo para velar por la ética de los abogados, pero el Legislativo incluyó a todas las profesiones que laboran en el sistema judicial.

REFORMAS POLÍTICAS

En el mismo sentido, Quintanilla enfatizó en la reforma política que también está pendiente y es de su competencia.

“Así como Vizcarra pide que se aceleren las reformas judiciales pendientes a partir del referéndum, también tiene que remitir los proyectos de ley que harán viables las reformas políticas electorales que también le competen”.

Finalmente, acotó que el origen del entrampamiento está en el diseño constitucional que hay desde 1993.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Poder Judicial debe ser transparente en caso Odebrecht

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María de los Ángeles Álvarez

La jueza sin miedo, María de los Ángeles Álvarez, titular del Primer Juzgado Nacional del Sistema Nacional Especializado en Delitos de corrupción de Funcionarios, será la que revisará el acuerdo, importante prueba del proceso de megacorrupción que ha salpicado a personalidades e instituciones.

El Dr. Amoretti cree que pese a las presiones existentes se llegará a conocer toda la verdad. Lo mismo piensa el congresista Richard Arce. Sin embargo, no se puede negar que hay fuertes presiones que deberá enfrentar José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, para defender su fuero.

Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, dijo respecto al acuerdo: “Se ha concluido con el proceso de compaginación y foliado, que ha sido un trabajo bastante minucioso”. El 15 de febrero se firmó el acuerdo de colaboración eficaz, que sigue siendo objeto de intentos de boicot.

ESTO NO ES DE AHORA

“El juez preside una audiencia con la finalidad de escuchar tanto a los fiscales como al procurador para ver si aprueba o no el acuerdo. Cada uno va a exponer su punto de vista, por un lado los fiscales, por otro el procurador y el representante de Odebrecht”, dijo el Dr. Amoretti.

“En base a ello, la jueza da a conocer su determinación, si aprueba o desaprueba algunos de los puntos o en su totalidad. Desgraciadamente, para mí, esas presiones son de algunos políticos que no quieren que se conozca el nombre de los corruptos”, dijo de manera tajante.

“Esto no es de ahora. Recordemos lo que pasó en la época de Toledo, cuando en el Congreso pidieron los audios donde estaban comprometidos funcionarios, empresarios y políticos sobre todo, es decir congresistas que estaban comprometidos en la corrupción, y no pasó nada”, recordó.

QUE NO SE REPITA LA HISTORIA

“La realidad y lo concreto es que hay muchos intereses políticos para que no se conozca la verdad de los corruptos en el país. El monto de la reparación civil es muy poco. Pero si conseguimos que cien o doscientos involucrados y pedimos cinco millones a cada uno, se recupera el monto”, explicó el Dr. Amoretti.

“No creo que venga por el lado del presidente del Poder Judicial, Lecaros. La verdad, para mí, va a depender de la exposición de los fiscales y el Procurador para los efectos de combatir la corrupción”, concluyó el Dr. Amoretti.

QUE SE SEPA LA VERDAD

“Eso es muy importante para que de una vez se sepa la verdad. Espero que se pueda iniciar el acuerdo en sí, que se someta toda la información y saludamos que se apruebe”, dijo el congresista Richard Arce.

“Esperemos que no haya una traba ad portas de la declaración de Jorge Barata, que ayudaría bastante con el marco legal establecido para que pueda hacer sus declaraciones”, señaló.

“Hay mucho en juego, muchos intereses de grupos que quieren bloquear el proceso. Hay que estar al tanto, eso es lo más importante”, sentenció el parlamentario.

ALGO MÁS

“Esperemos que se pueda tener más información para que el proceso pueda caminar y que llegue a la Fiscalía la situación de los expresidentes y candidatos, la gente de peso y poder vinculados a estos casos de corrupción”, concluyó Arce.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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