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El asalto final al Estado

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El asalto final al Estado

La derecha planea mantener el control del Gobierno y en el 2016 impedir que un gobierno de compromiso evite “hojas de ruta”.

Sería bueno preguntarnos si la crisis institucional del Estado, referida por Juan Paredes Castro (editorial de El Comercio, 23/6/14), se debe a una ausencia de liderazgo, a la falta de presencia del presidente Ollanta Humala como jefe de Estado o si, más bien, hay otros factores que la alimentan como el enfriamiento de la economía y el malestar social que provoca la exclusión.

La idea de que el Perú vive principalmente una “crisis institucional” y que “ya no estamos en los tiempos en que subordinar la institucionalidad democrática al pragmatismo económico-financiero de los gobiernos, incluía el colmo de abrigar recetas de osado crecimiento con dictaduras o autoritarismos”, puede ser interpretada desde una doble perspectiva: a) en una economía con problemas no se admiten medidas “populistas”; y b) como un aviso de que ha llegado el momento de consolidar el poder de la derecha en el Estado para evitar sorpresas presentes y futuras. La razón la expresa el mismo Paredes cuando afirma: “Sería realmente muy triste que llegáramos a un final de elección presidencial el 2016 con la misma necesidad del 2011 de obligar al candidato favorito a suscribir una hoja de ruta democrática y respetuosa del modelo económico como la que tuvo que asumir el hoy mandatario Ollanta Humala”.

Para el editorialista de El Comercio la coyuntura electoral del 2011, con el triunfo de Ollanta Humala —que en ese momento no era manejable y sí, más bien, fuente de grandes incertidumbres—, no puede repetirse. La derecha planea mantener el control del gobierno y en el 2016 impedir un gobierno de compromiso que evite “hojas de ruta”, siempre sujetas a interpretaciones y a controles permanentes. Se trata de garantizar, desde ahora, un gobierno que exprese, sin dudas y vacilaciones, los intereses de los grandes inversionistas y grupos económicos.

El último programa de reactivación para supuestamente acelerar la economía, como la reciente campaña mediática sobre el carácter “devorador” del Estado o, también, sobre la graciosa idea de que en el Perú existe una suerte de “burocracia soviética” que frena el desarrollo del mercado, son indicadores de que vamos por ese camino. La maniobra es muy simple: criticar al Estado para luego secuestrarlo.

En realidad, las medidas del paquete “reactivador” se orientan, ya sin maquillaje, a favorecer a los grandes empresarios. Por ello —la reactivación viene del lado de la oferta y no de la demanda— todas son beneficiosas para este sector: disminución de impuestos y condonación de deuda tributaria, “carta blanca” para dañar el medio ambiente y depredar los recursos naturales, y flexibilizar aún más los derechos de los trabajadores afectando esta vez, como bien ha señalado Mario Huamán, la seguridad laboral para garantizar a los empresarios mayor rentabilidad. Mientras, el “nuevo gabinete” será un celoso guardián del modelo económico.

Tiene razón Carlos Alberto Adrianzén cuando afirma que “el paquete reactivador del gobierno nacionalista ha continuado una tendencia del Perú de las últimas décadas, el Estado lejos de ser el garante de los derechos de sus ciudadanos ha terminado siendo el ejecutor de su expropiación… En el Perú, el Estado más que ser un escudo para los débiles se ha convertido en años recientes en un escudo para las élites; las cuales, derrotadas en las urnas no han vacilado en usarlo contra aquellos que ganaron las elecciones para seguir avanzando su proyecto” (Noticias Ser.pe: 23/06/14).

Por eso, sostener que el gran problema del país se basa en una crisis simultánea de liderazgo e institucionalidad es un argumento interesado. El líder ha realizado, por lo general, las demandas de las elites y estas siempre han manejado las instituciones de su interés. El problema tiene su origen, más bien, en el enfriamiento de la economía, y en ese 51 % de la población que rechaza el actual modelo económico y que en las próximas elecciones podría tener un comportamiento díscolo y desafiante frente al crecimiento económico que los excluye y que poco contribuye a su bienestar.

Hoy, ni el Estado ni el gobierno están asediados por demandas exageradas del campo popular o de los movimientos sociales ni tampoco por las organizaciones de izquierda, sino más bien por las exigencias de las elites y de los grandes empresarios que no quieren perder privilegios, que no están seguros de su futuro y que requieren, por esa inseguridad, asumir el control total del Estado. El presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, ha dicho que el “paquete económico se ha quedado corto” y que el conjunto de empresas que representa habría preferido que las iniciativas sean más “atrevidas” (Perú 21: 24/06/14).

No es extraño que esta circunstancia coincida con el dominio total del gobierno que hoy tendría el ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, como lo prueba, por ejemplo, el recorte de las competencias del Ministerio del Ambiente y el traslado de la toma de decisiones sobre este tema al Consejo de Ministros, controlado por el MEF. Aquí el discurso técnico de los neoliberales de que el mercado no puede estar determinado por la política, se acaba para dar pase al control político de los procesos económicos para que estos representen los intereses del gran capital.

Por todo ello creo que se vienen tiempos difíciles. El fin de un ciclo y el comienzo de otro. A mayores privilegios a los empresarios, mayor represión de la protesta social. Lo que se inició en el 2011 como una gran esperanza de transformación ha terminado en una derrota de las aspiraciones de cambios sociales en democracia que expresó la mayoría de los peruanos en las pasadas elecciones. La captura total del Estado por los grupos económicos será el canto de cisne de nuestra frágil democracia.

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Política

Juramentación de Chávarry como fiscal de la Nación sería ilegal

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Pedro Chávarry

El exministro de Justicia Aldo Vásquez sostuvo que el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público sustenta que ante la ausencia del Jefe del Estado en la juramentación del fiscal Chávarry, la toma de mando no sería válida. Minutos previos a esta ceremonia, el premier César Villanueva anunció que el presidente Vizcarra no estaría presente. Además antes de la juramentación de Chávarry dijo: “El Ministerio Público en estas condiciones merece una cabeza que no tenga sospechas o sombras de dudas”.

“El artículo 50 es claro al señalar que el juramento debe realizarse ante el presidente Vizcarra. En la juramentación de Pablo Sánchez estuvo presente el expresidente Ollanta Humala”, expresó el exministro Vásquez.

Asimismo, agregó que los parámetros legales del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) también establecen que el titular de esta institución debió estar presente cuando Pedro Chávarry asumió la titularidad de la Fiscalía de la Nación.

“El artículo 37 de la ley orgánica del CNM también precisa que es una competencia del titular de este organismo estar presente en el juramento de todos los jueces y fiscales”, añadió.

Según el exministro, la medida que puede tomar al respecto el Ejecutivo es formalizar el acto con la presencia del presidente Vizcarra y abrir un cuarto intermedio. “O también debería retomarse el planteamiento de posponer la juramentación. Sería conveniente que se suspenda la toma de posesión”, agregó.

CATERIANO RATIFICA

En esa misma línea y a través de su cuenta de Twitter, el expremier Pedro Cateriano ratificó la apreciación de Vásquez. “La ley orgánica del Ministerio Público ha sido violada”, escribió.

Cateriano denunció que la juramentación de Chávarry como nuevo fiscal de la Nación ha violado la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya que la ceremonia se realizó sin la presencia del presidente de la República, Martín Vizcarra.

“La ley ha sido violada. El artículo 50 establece de manera clara que el fiscal de la Nación jura ante el Presidente de la República. La ley no dice que el Presidente le toma el juramento, pero sí precisa que el juramento debe ser ante el Presidente”, dijo a una radioemisora local.

“Acá no se ha cumplido con la ley, con un formalismo que es de obligatorio cumplimiento. No es un problema de protocolo, tampoco un desentendimiento político. Acá de lo que se trata es una lectura de la norma y la ley establece ese procedimiento, que se debió haber cumplido”, sostuvo.

LA FISCALÍA RESPONDE

Ante las acusaciones de ilegitimidad el Ministerio Publico (MP) emitió un pronunciamiento en el que asegura que la decisión de llevar a cabo la ceremonia de juramentación de Chávarry se decidió con cuatro votos a favor y uno en contra.

“La decisión sobre el juramento del nuevo Fiscal de la Nación, se aprobó en mayoría, con 4 votos a favor (entre ellos el de Pablo Sánchez como Presidente de la Junta de Fiscales Supremos) y con solo 1 voto en contra”, señaló el MP a través de Twitter, sin revelar cómo votó el resto. Los fiscales supremos que se reunieron el viernes por la mañana son Pablo Sánchez, Tomás Gálvez Villegas, Víctor Rodríguez Monteza, Zoraida Ávalos Rivera y el propio Pedro Chávarry.

LO QUE DICE LA LEY

“Artículo 50.- Juramento de Fiscales

El Fiscal de la Nación presta juramento para ejercer el cargo ante el Presidente de la República. Los Fiscales Supremos y Superiores lo hacen ante el Fiscal de la Nación.

Los Fiscales Provinciales juran ante el Fiscal Superior Decano o quien lo reemplace en el ejercicio de tales funciones.(1)(2)(3)(4)

(1) Confrontar con el Artículo Trigésimo Sétimo inciso g de la Ley N° 26397, publicada el 07 diciembre 1994.

(2) Artículo suspendido hasta el 31 de diciembre de 1998, según el Artículo 3 de la Ley N° 26738, publicada el 07-01-97

(3) Artículo suspendido durante la vigencia de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, hasta el 31 de diciembre del 2000, de conformidad con el Artículo 5 de la Ley Nº 27009, publicada el 05-12-98.

(4) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27367, publicada el 06-11-2000, se dispone la desactivación de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público.”

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Chávarry no es fiscal de la Nación

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Rosa María Palacios

La periodista Rosa María Palacios calificó como “nula” la juramentación del nuevo fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, debido a que no se cumplió con el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que esta debe realizarse en presencia del Presidente de la República. De esta forma, al no haber asistido Martín Vizcarra, la juramentación de Chávarry carece de validez.

“En derecho, las formas son importantes; no solamente el fondo sino la forma. Si tu no sigues la forma establecida por la Ley, entonces el acto es nulo. Y eso se aplica para cualquier acto jurídico. En este caso hay una forma para que el fiscal de la Nación jure. Tiene que hacerlo ante el Presidente de la República. Esto no quiere decir que el presidente le toma el juramento; no quiere decir que el presidente lo elige. La parte de la elección no está en discusión”, explicó.

La también abogada señaló que la juramentación no debe considerarse como algo protocolar, sino como “acto de forma que sirve para que tenga reconocimiento”. Precisó que los antecedentes indican que la juramentación del Fiscal de la Nación siempre contó con la presencia del Jefe del Estado.

Recordó que Flora Adelaida Bolívar juró en presencia del entonces presidente Alejandro Toledo; José Antonio Peláez Bardales, ante Alan García; y Pablo Sánchez, delante de Ollanta Humala. “Si vemos hacia atrás, siempre estuvo el Fiscal de la Nación juramentando ante el Presidente de la República”, acotó.

Ante este imcumplimiento de la ley, Rosa María Palacios sostiene que Pedro Chávarry aún no es Fiscal de la Nación en funciones y que, por lo tanto, las disposiciones que ya ha emitido no tienen efecto jurídico.

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Política

Querían debilitar Sala Penal Nacional y al juez Concepción Carhuancho

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Richard Concepción Carhuancho

El programa periodístico ‘Panorama’ difundió anoche un nuevo audio en el que aparece el aprista Ángel Romero que quiere ser presidente del Poder Judicial. Romero dialoga con el tremendo juez César Hinostroza.

La grabación evidenciaría que un sector del Poder Judicial quería debilitar a la Sala Penal Nacional y al juez Richard Concepción Carhuancho.

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO

-JUEZ SUPREMO ÁNGEL ROMERO: Aló, Cesitar, ¿cómo estás hermano?

-JUEZ CÉSAR HINOSTROZA: ¿Qué dices mi hermano? ¿Cómo estás?

-Hemos estado en Jauja, hermano, en Jauja, te acuerdas que te conté que estaba, era la inauguración de la sala de la Corte Superior acá en la selva central. Hemos estado en Jauja.

-¿Qué tal?

-Bien bonito, acabamos de aterrizar ya…

-Ah, ¿ya llegaron? Qué bien, qué bien, ya hermanito…

-Todo muy bonito hermano

-Ya hermano…

-¿Tú qué tal, todo bien?

-Bien, bien, hay que conversar, será mañana la reunión, o hoy día.

-No, yo voy ahorita a Palacio, estoy yendo a Palacio.

-Ya, ahí nos vemos entonces.

-Ya, hermano, ok.

-Listo, un abrazo… ¡Oiga, aló!

-Dime hermano, dime.

-Qué dice el Duber… ¿está tranquilo o está nervioso?

-Nooo, está tranquilo, está asado nomás porque el de la… en la primera página de La República están sacando que van a desactivar la Sala Nacional, que a Carhuancho ya lo van a quitar.

-Ah, bueno.

-Es que esa Sala Nacional la han convertido en una Corte.

-Corte, sí, tienen que postular pe’.

-Claro, tienen que postular pe’.

-Tan bueno es el Carhuancho que aprobará, ¿no?

-Que apruebe, pues que apruebe…

-Ya, un favor, esté…

-Dime hermano.

-Vienes para estar juntos e ir a hablar con Duberlí porque tenemos que ver lo de la conformación…

-Ya… ya pues a Duberlí ya… ahora lo abordamos, ahora lo abordamos.

-Sí pues… Por favor, porque por ahí tengo algunos comentarios que me preocupan… ya.

-Ya, ya, ok, ok.

-Listo, ya nos vemos.

-Un abrazo, chao.

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