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Educación Superior Universitaria: Consenso necesario más allá de la ley

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El sistema universitario peruano presenta una gran debilidad institucional y de recursos, a lo que se suma el impacto de políticas como el proceso de liberalización y apertura de los años 90, donde se privatizó la educación.

El Perú es uno de los países con menos gasto en I+D+i, y con los ratios per cápita respecto al PBI más bajos de América Latina. Lo mismo ocurre con la asignación presupuestal al sector Educación. Somos también de los países que con menor intensidad y de manera tardía, han utilizado recursos del BID disponibles para tal fin.

El Índice Global de Competitividad, elaborado por el World Economic Forum (WEF), el Perú tiene como gran desafío crecer en el pilar de innovación, debido a que este es un eje fundamental para generar un nivel de competitividad sostenible. El bajo gasto de las empresas en I+D refleja lo limitado de la inversión en este rubro que tiene el Perú. Son escasas las interacciones entre el sector privado, las instituciones científicas y otros actores vinculados a la ciencia, la tecnología y la innovación.

En cuanto a la producción científica, este indicador contiene la cantidad de publicaciones científicas en el mundo ha elaborado según el conteo que realiza Scimago Institutions Rankings a través de su Ranking SIR, donde estamos también limitados

GRAN DEBILIDAD
El sistema universitario peruano presenta una gran debilidad institucional y de recursos. A esto se suma el impacto de políticas como el proceso de liberalización y apertura de los años 90, donde se privatizó la educación.

Aparecieron así no solo universidades-empresa, sino que muchas de ellas no cumplían con los estándares y requisitos mínimos de calidad, creando una proliferación sin muchos precedentes a nivel internacional. El objetivo es la ganancia, y lo que recibe el usuario es un título, no necesariamente en la formación que una educación superior supone.

Desde hace ya muchos años la excelencia académica en las universidades es un déficit recurrente, y la investigación e innovación son marginales.Existe una multiplicación de universidades, lo que lleva a la masificación de la educación universitaria y propiciala baja calidad de la misma.

Esta es una de las tendencias de la educación superior, que también se presenta en países desarrollados.Solo que en estos casos las universidades privadas nuevas tienden a generar mercados segmentados, con menor calidad,pero con fuerte apoyo estatal.Esto ha llevado a planteamientos que buscan una mayor regulación que garantice calidad,y una asignación adecuada de los recursos públicos.

FALTAN DOCTORES
Tenemos también un problema de escala. No hay una suficiente masa crítica de doctores graduados en universidades de prestigio mundial, que permitan impulsar el proceso del triángulo del conocimiento. El país prácticamente no registra patentes, muy pocas universidades lo hacen. Esto afortunadamente está cambiando, recientemente

También hay una limitada participación de docentes en redes científicas.Una opción sería que el sector privado se involucre y participe activamente en la creación de fundaciones y otras instituciones que permitan un financiamiento sostenible de la investigación, formación de campus de excelencia, y otros instrumentos de internacionalización. Pero, el empresariado local, tiende a considerar que eso es un gasto, y que en realidad es una obligación de la universidad. Y, por lo tanto, ésta debería buscar los recursos necesarios para implementar estas medidas.

La educación superior en el Perú, presenta asimetrías y se distribuye de manera desigual y centralizada en las áreas urbanas según sexo, edad, idioma y regiones del país.

El otro tema fundamental es el de la acreditación y la calidad. Actualmente, está en debate la nueva Ley Universitaria, que planteó cambios significativos en la actual estructura del sistema de educación superior. Lamentablemente, las políticas impulsadas desde el Estado no han contribuido suficientemente, al desarrollo de las universidades y su internacionalización.

FORMIDABLES DESAFÍOS
En ese sentido, los procesos de internacionalización son principalmente esfuerzos individuales de las universidades, que se dan a pesar del entorno adverso. Esto es así, porque tampoco hemos construido un sistema educativo y universitario en el marco de los acuerdos de integración de los cuales somos miembros. La liberalización de servicios tuvo normativa y logros, pero no se avanzó hacia un proceso de reconocimiento de títulos ni la homologación de las carreras universitarias, la doble titulación, movilidad plena estudiantil y de profesores.

Esta situación plantea formidables desafíos al país. Para la gobernanza, se requiere la creación de un ministerio de ciencia tecnología y educación superior, que coordine y articule las universidades con los actuales organismos del sector estatal (Concytec, Institutos de investigación como el INIA, Imarpe, así como instituciones pertenecientes a las FFAA (Sima, SEMAN, etc), y los potencie.

Esto supone impulsar el triángulo del conocimiento con el sector privado y las universidades. Esto permitiría contribuir a la diversificación de la economía, fomentando actividades de bienes y servicios intensivas en capital humano y conocimiento, tanto para el mercado interno como externo. Se promovería así el desarrollo nacional.

Se necesita un sistema universitario renovado y de calidad. Esto supone la acreditación obligatoria y generalizada. Para ello la nueva ley universitaria es un avance, aunque requiere que la SUNEDU sea independiente de los rectores, pero también del ministro de educación de turno.

ADEMÁS
Se necesitan acuerdos para el Bicentenario, que no se limiten a la aceptación de un 6%del PBI para el sector (Como señala el Acuerdo Nacional y no se cumple). Se requieren amplios consensos nacionales, debemos crear un espacio de diálogo en el corto plazo que evite la polarización política. Discutamos más allá de la ley universitaria.

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Política

Ley de Financiamiento favorece la impunidad

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Rosa María Bartra Barriga

Esta nueva Ley de Financiamiento es muy controvertida, tan es así que Pier Figari, uno de los involucrados en el caso cocteles de Keiko Fujimori, ha pedido al fiscal Domingo Pérez que adecúe su proceso a la norma.

Lo peligroso de esta ley, es que los partidos pueden ser financiados con dinero proveniente de la trata de personas, la prostitución o el narcotráfico, pero estos hechos, pueden ser considerados financiamiento ilícito y no lavado de activos.

Es decir: en vez de recibir penalidades entre los 10 y 20 años de cárcel, obtendrán entre 2 y 8 años, favoreciendo, como se puede ver, la impunidad y el ‘no pasa nada’ en las organizaciones criminales infiltradas en los partidos.

Esto se debe evitar porque es inconcebible que los personajes elegidos lleguen a los poderes Ejecutivo y Legislativo con dinero sucio, oscuro, que, a la postre, le pasarán la factura como hizo la constructora brasileña Odebrecht.

ES UN TIPO PENAL NUEVO

El abogado Juan José Quispe, de IDL, se refirió a la Ley de Financiamiento Ilegal de Partidos Políticos, diciendo que es un tipo penal nuevo, similar al lavado de activos, pero que no es lo mismo.

“El dinero que viene para financiar a los partidos políticos se parece al lavado porque es de procedencia ilícita, dudosa. La diferencia con el lavado de activos es que el lavado de activos tiene otros componentes como la transferencia y ocultamiento y esto no lo tiene el financiamiento ilícito”, explicó.

Precisó que esta nueva ley ha servido de globo de ensayo contra la Fiscalía, en donde se pretende sostener que los casos que se le siguen a los implicados en caso de lavado de activos, son solo financiamiento ilícito.

“Por qué quieren eso -se preguntó y respondió-, porque la pena es menor:

entre los 2 y 8 años. La norma procesal establece que cuando hay una ley que se promulga y publica en el diario oficial El Peruano, es una ley que debería aplicarse por cuanto la Constitución Política del Estado avala la retroactividad”.

PÉREZ DEBE RECHAZARLA

Como es posible que el fiscal José Domingo Pérez declare infundado los argumentos de financiamiento ilícito, porque son delitos de lavado de activos, es también posible que vayan a la tutela de derechos ante el juez de investigación preparatoria, con el pretexto de que garanticen sus derechos constitucionales, para que se pronuncie y se cambie el tipo penal, dijo el jurista.

“Esto quiere decir que cuando vayan al juicio oral les pongan un máximo de 8 años. Esto es lo que ha hecho Pier Figari y que seguramente van a hacer los otros procesados por lavado de activos”, señaló.

“Es absolutamente absurdo que Figari y los demás digan que han cometido financiamiento ilegal cuando, por las pruebas que hay, han realizado lavado de activos; o sea, desde mi perspectiva no se adecúa a la nueva ley, por lo que el fiscal y el juez deberían declarar infundado”, puntualizó.

VIZCARRA NO LA OBSERVÓ

“Esta ley la promulgó Vizcarra. Acuérdese que el Congreso, de todos los proyectos de ley, aprobó un grupo que promulgó Vizcarra, que muy bien pudo observarla y devolverla, porque el Presidente tiene esa facultad. Tiene 15 días para observarla y devolverla. Pero no lo hizo”, recalcó.

“Aunque no nos guste, pero lo cierto es que fue un grave error del señor Vizcarra el aprobar y promulgar la ley, cuando pudo observarla. Hay que resaltar que como todos los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, la Comisión de Constitución lo que ha hecho es deformar los proyectos de ley del presidente Vizcarra”, anotó.

Lo que buscan los partidos políticos es acogerse a esta nueva ley, porque no solamente recibieron el dinero sino que no figuró en las actas de ingreso y sirvió para otras actividades de transformación, ocultamiento, comentó.

Este es el caso de Fuerza Popular que lo utilizó para comprar votos, ganarse a los votantes, a través de actos dudosos y contrarios a un correcto tema electoral. O sea, comprar y regalar polos, tapers, en fin; cosas que no son propias de un partido político en una democracia en que se imparten ideas, enfatizó.

UN DINERO MAL HABIDO

“El dinero puede venir de la trata de personas, de la prostitución, del narcotráfico; y, hasta cierto punto, hasta antes de la promulgación de esa ley, una persona metida en esos asuntos ingresaba de lo más normal al partido político”, expresó.

“Ahora, ese dinero ilegal va a ingresar, pero la sanción es leve. Se ha debido poner penas altas, para que ni el financiamiento, ni los actos de transformación u ocultamiento, que sería lavado de activos; por ello, ambos deberían tener penas altas, para que las organizaciones políticas no reciban dinero mal habido”, advirtió.

“Porque sino los Oropeza, la banda de Los Injertos, etc., pueden estar dando dinero, como Odebrecht, y esto no debe suceder, no se debe permitir; esos delitos deben ser sancionados con la mayor rigurosidad, porque los partidos políticos llegan finalmente al poder y no deben hacerlo con dinero sucio”, subrayó.

ALGO MÁS

“Creo, finalmente, que en modo alguno deben aplicar los fiscales y jueces, esta ley de financiamiento ilegal, porque le hace mucho daño a la lucha contra la corrupción”, concluyó el abogado Quispe de IDL.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Técnicamente, es factible adelantar elecciones

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra sostuvo ayer que técnicamente es factible el adelanto de elecciones como lo han señalado los organismos electorales ante la Comisión de Constitución del Congreso, y dijo confiar en que el pleno resuelva la reforma en setiembre. Vea aquí la galería fotográfica

Recordó que esta semana se presentaron ante la comisión los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)

“Lo han dicho las instituciones encargadas de llevar adelante el proceso, adicionalmente están pidiendo opiniones de constitucionalistas que dicen que no hay problema”, refirió el Mandatario desde Moquegua.

SALUDÓ INICIO DEL DEBATE

Saludó también el inicio del debate de la reforma, el 3 de setiembre, en la Comisión de Constitución, aún cuando fue presentada por el Ejecutivo el 29 de julio, y dijo esperar que en setiembre se concluya con un pronunciamiento en el pleno.

“No solo es la propuesta del Ejecutivo para salir del ‘entrampamiento’ político, la respalda también la población”, refirió tras participar en la segunda conferencia sobre defensa y gestión del riesgo de desastres en la Macrorregión Sur.

“El Congreso está tocando el tema y está avanzando al respecto. Esperemos que en los próximos días y antes que concluya el mes de septiembre finalmente se llegue a la decisión del pleno del Congreso”, enfatizó el mandatario.

Comentó además que son por lo menos ocho las bancadas parlamentarias que han dado a conocer su posición en favor del adelanto de elecciones, con seis de las cuales se ha reunido.

APOYA A LA FISCALÍA

“Creemos que en función de que se analice el tema, sin apasionamientos, con tranquilidad y responsabilidad, el Congreso aprobará la reforma”, apuntó. Reiteró que la propuesta de adelanto de elecciones permite salir del “entrampamiento” político.

Finalmente, sobre la denuncia del fiscal José Domingo Pérez, respecto a “actos de infiltración” en el trabajo que realiza el equipo especial Lava Jato, el presidente dijo que le corresponde al Ministerio Público “tomar las medidas para evitar que esto suceda”.

Aseveró que el Ejecutivo respeta y respalda las decisiones que tome la Fiscalía, pues son conscientes de la independencia de poderes.

ALGO MÁS

“Esta semana se está avanzando con el debate y confiamos que en setiembre deberá haberse superado este tema”, insistió.

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Política

MTC gana arbitrajes y evita pagar más de S/ 370 millones

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Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de su procuraduría pública, ganó diversos procesos arbitrales contra empresas investigadas por el caso del “Club de la Construcción”, logrando anular sentencias y evitando el pago de más de 370 millones de soles.

En ese sentido, gracias a este trabajo, que se inició en el año 2017, evitó que este monto sea pagado a diversas empresas que utilizaron al arbitraje como un mecanismo para obtener beneficios económicos no contemplados en la relación contractual y las normas de contratación pública.

Asimismo, este dinero podrá ser utilizado para construir carreteras, colegios, hospitales y demás infraestructura que contribuya al desarrollo del país.

David Ortiz Gaspar, procurador público del MTC, precisó que del mencionado monto, S/ 300 millones corresponden a los laudos arbitrales ganados. En tanto, los S/ 70 millones restantes sumaron los montos por los laudos arbitrales anulados en el Poder Judicial.

“Si no hubiéramos cambiado la estrategia de defensa jurídica de los intereses del Estado y tomado acciones firmes contra los malos árbitros, estos recursos económicos se hubieran perdido”, sostuvo Ortiz en el programa “Conectados TV” del MTC.

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