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Drogas en el Perú y Colombia: entre la guerra y la paz

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Rechazan la decisión del gobierno de poner en marcha un plan de erradicación forzosa y compulsiva en el Vraem.

Mientras Colombia acaba de dar una giro de 180 grados en su estrategia de guerra contra las drogas impuesta como una camisa de fuerza por Estados Unidos desde el llamado “Plan Colombia” en el año 1999, el Perú sigue siendo un acólito fiel y servil al dogma estadounidense de su fracasada “guerra mundial contra las drogas”.

Ese seguidismo al modelo de lucha antidrogas de los Estados Unidos está calcado y reproducido en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017-2021 recientemente anunciada por la presidenta de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carmen Masías.

Una prueba del fracaso de las política antidrogas es la presencia en Lima de miles de cocaleros de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Los cocaleros del Vraem en sus demandas están reclamando y exigiendo el cambio de estrategia, la renuncia de la señora Masías y rechazan la decisión del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) de poner en marcha un plan de erradicación forzosa y compulsiva en el Vraem.

Este plan de erradicación compulsiva tiene sus bemoles. Desde que la producción de coca y cocaína se trasladó desde los valles del Alto Huallaga entre los años 1999 y 2000 hacia las zonas selváticas de Ayacucho convirtiéndose el Vraem en el epicentro de la producción mundial de cocaína, nunca hubo erradicación forzosa en esos valles transformados en el nuevo mapa de las drogas en el Perú.

La presencia de miles de cocaleros que habían formado los Comités de Autodefensa y que lucharon contra Sendero Luminoso en las décadas de los ochentas y noventas, podía generar una resistencia armada a una acción de erradicación forzosa de las plantaciones de coca. El gobierno puso en marcha un programa de desarme y de registro de las armas. Pero nadie puede garantizar que todos los antiguos combatientes de los Comités de Autodefensa han entregado sus armas.

En mis recientes viajes al Vraem he escuchado testimonios de cocaleros dispuestos a luchar a muerte en la defensa de su coca. Y también hay señales e indicios de que los remanentes de Sendero Luminoso liderados por los hermanos Quispe Palomino se sumarían a la defensa de la coca luchando contra los erradicadores.

Un proceso de erradicación forzoso y compulsivo puede incendiar la pradera en el Vraem. Aunque las condiciones son diferentes, pero es lo que puede ocurrir en el próximo futuro en la Amazonía colombiana donde los bloques 24 y 48 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), disidentes del proceso de paz, han decidido seguir combatiendo y defendiendo, entre otras causas, las demandas de los productores de hoja de coca.

Cocaleros del Vraem que enfrentaron a senderistas en los 80  rechazan métodos de erradicación de drogas.

Cocaleros del Vraem que enfrentaron a senderistas en los 80 rechazan métodos de erradicación de drogas.

COLOMBIA, UN NUEVO ENFOQUE EN LA POLÍTICA DE DROGAS
Paralela y simultáneamente al proceso de paz suscrito entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, liderados por Rodrigo Londoño, “Timochenko”, un proceso complejo y difícil con una oposición cerril y virulenta encabezada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Colombia ha iniciado un cambio de 180 grados en su política antidrogas que se caracterizó, siguiendo las pautas del diseño estadounidense, por su tendencia represiva y criminalizadora sobre todo contra las más pobres y débiles de los ciudadanos.

En una reunión de Consulta Regional de políticas públicas sobre drogas convocada por las Naciones Unidas y otras instituciones en Colombia, a la que este cronista fue invitado, escuchamos, entre sorprendidos y asombrados, al Ministro de Justicia de Colombia, Enrique Gil Botero, explicar con sólidos argumentos este giro y cambio de un nuevo enfoque de la política antidrogas que revisa y cuestiona el modelo guerrerista, policíaco y criminalizador de los Estados Unidos.

De acuerdo al ministro Gil Botero, en Colombia no se puede detener el conflicto armado sin cambiar el enfoque de la guerra contra las drogas. Este nuevo enfoque prioriza fundamentalmente los derechos humanos y la salud. Y este cambio de enfoque hace justicia a los que fueron las víctimas de la violenta guerra contra las drogas en Colombia: los campesinos, los más pobres del campo y también de las ciudades.

“Los pobres de Colombia han sido las víctimas de esta política de drogas. Han sido las víctimas de la criminalización. El populismo punitivo sancionó a los más pobres. La drogadicción debe ser vista como un problema de salud pública. Hay que eliminar la criminalización”, sentenció con firmeza el ministro Enrique Gil Botero.

Señaló también que el Ministerio de Justicia colombiano apoya decididamente los programas de cambio de desarrollo integral en el campo que desplace y reemplace a la coca. Y lanzó una frase que parecía la frase de un shamán amazónico: “Hay que tener una visión panteísta y pedir que los dioses colonicen el bosque en vez de la coca”.

CÉSAR GAVIRIA: EL FRACASO DE LA GUERRA DE LAS DROGAS
En la consulta regional sobre políticas públicas sobre drogas, entre decenas de expertos en el tema de todo el mundo, también estuvo el expresidente de Colombia, César Gaviria (1990-1994). Pocas veces he escuchado, sobre todo de un político que conoce a fondo el tema de drogas, los cuestionamientos más severos al Plan Colombia y la política de drogas de los Estados Unidos.

Para César Gaviria, la criminalización a los sembradores de coca han sido un error, una injusticia; que Colombia ha pagado con dinero y vidas una estrategia antidrogas que solo ha servido a los intereses nacionales y geopolíticos de los Estados Unidos; que hay un engaño en la estrategia de drogas de los Estados Unidos que señala que si se erradica la coca disminuirá el consumo y la demanda; que el 5 por ciento del Producto Bruto Interno de Colombia se invierte en seguridad siguiendo la misma lógica antidrogas de Washington y que el Plan Colombia costó 10 mil millones de dólares; que pese a esta guerra que sirve a los intereses geopolíticos del gobierno de Donald Trump, el consumo de drogas sigue creciendo y Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo.

Pero en el Perú jamás aprendemos la lección. Porque PPK, acólito fiel del dogma de la política antidrogas de Trump, continúa con la guerra antidrogas que sirve a los intereses geopolíticos del imperio en declinación del siglo XXI.

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Política

Fiscal Pérez está bajo amenaza de Chávarry y de Fuerza Popular

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José Domingo Pérez Gómez

Según fuentes del equipo especial Lava Jato, lo sustancial de la demanda del IDL ante la CIDH, de protección al fiscal José Pérez, es la injerencia interna, desde el propio Ministerio Público con grado de obstaculización del trabajo jurisdiccional, mediante “investigaciones disciplinarias, penales, sin fundamentación real”, así como contra de su libertad de expresión.

Como consecuencia de sus investigaciones, en particular por el “Caso Keiko Fujimori”, Pérez está siendo sometido a los siguientes procesos disciplinarios y administrativos dentro de su institución:

Por opinar que Pedro Chávarry Vallejos no es la persona más idónea para ocupar el cargo de Fiscal de la Nación, a los pocos días de que Chávarry fue elegido con su propio voto, tras un empate de dos contra dos en la Junta de Fiscales Supremos.

Por criterios académicos que expresó en un seminario sobre corrupción, realizado en Chihuaha, México, acerca de que los militantes de Sendero Luminoso hicieron “guerrilla” en el país durante el conflicto armado internos 1980- 2000.

Por la supuesta filtración a la prensa de preguntas y respuestas del interrogatorio al que sometió al mismísimo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sobre su relación con las bancada congresales de Fuerza Popular, del Apra, con Keiko Fujimori Higushi y con la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, cuyo cabecilla era nada menos que su amigo el exvocal supremo César Hinostroza, hoy preso en una cárcel de Madrid, mientras se tramita su extradición.

INJERENCIA EXTERNA

La injerencia procede del Congreso. La Comisión de Defensa lo citó a interrogatorio sobre su criterio de los senderistas guerrilleros y no terroristas, pero no asistió debido a que se hallaba inmerso en la maratónica sustentación ante un juez de garantía, de su pedido de 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori y sus presuntos cómplices.

Asimismo, las presiones provienen también de integrantes del partido Fuerza Popular, quienes junto a asesores de su lideresa planearon obstaculizar su labor.

RELACIÓN CHÁVARRY-FUJIMORISMO

El fiscal Pérez halló en la investigación del caso indicios de que la “persecución interna” estaría vinculada a la relación entre Fuerza Popular y el fiscal Chávarry, sobre la base de la protección que este grupo político y su aliado el Apra brindan a Chávarry ante cuatro graves denuncias constitucionales en su contra.

Esa relación, que en gran parte es pública, llevó al fiscal Pérez a interrogar judicialmente al propio Chávarry, sacando en claro que el vínculo entre él y Fuerza Popular es el funcionario coordinador entre la Fiscalía de la Nación y el Congreso.

Sobre la situación de Pérez, su jefe Vela Barba dijo antenoche: “No es el mejor clima para enfrentar una investigación de esta envergadura. El fiscal Domingo Pérez tiene que eventualmente responder a la amenaza de cualquier sanción por inconducta funcional que no está justificada”,

FISCAL VELA

Las presiones internas contra el fiscal supervisor del megacaso Lava Jato, Rafael Vela Barba, son de reciente data, desde la audiencia de prisión preventiva del “Caso Keiko Fujimori” y coincidentemente con el enfoque del equipo Lava Jato en el “Caso Alan García”.

Fue entonces que el fiscal superior Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional Judicial y Extradición, inició una reyerta epistolar interna contra Vela Barba, acusándolo de filtrar a la prensa información reservada de los casos en investigación.

La réplica de Vela Barba responsabilizó a Peña Cabrera de difundir información llegada de Brasil y de entorpecer los pedidos de interrogatorios de testigos y colaboradores brasileros, para favorecer a determinados políticos investigados.

De eso, y considerando que Peña Cabrera es brazo derecho de Chávarry, varios medios de investigación periodística, entre ellos Diario UNO, dedujeron que la estabilidad del equipo Lava Jato peligraba y que el Fiscal de la Nación podría reemplazarlo en cualquier momento.

LAS FISCALES CHALACAS

Sandra Castro Castillo, fiscal provincial contra el crimen organizado del Callao, y Rocío Sánchez Saavedra, fiscal contra delitos de corrupción de funcionarios, tienen a su cargo la investigación de los casos acumulados “CNM audios – Cuellos blancos del puerto”.

En ese camino, participaron en el procesamiento de cientos de grabaciones que revelaron el segundo caso de gran corrupción de lo que va del siglo en el sistema judicial (CNM, Poder Judicial y Ministerio Público con vinculaciones con la ONPE y la Federación Peruana de Fútbol).

Ellas dirigieron la razia que llevó a la cárcel al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, y a otros 21 involucrados y presentaron ante el entonces fiscal Supremo, Pablo Sánchez, la lista de 13 magistrados de alto rango y con derecho a antejuicio, a fin de que sean investigados y denunciados constitucionalmente como miembros de la banda “Los cuellos blancos del puerto”.

Y no vacilaron en incluir en esa lista al mismo Fiscal de la Nación, y a los dos fiscales supremos que lo sostienen en el cargo.

Desde entonces, la administración del Ministerio Público no las apoya, el propio Chávarry les da encargos adicionales que les impiden dedicarse a su caso principal y, como ocurre con Pérez Gómez, pende sobre sus cabezas la posibilidad de que, con motivo de un nuevo ejercicio judicial, sean cambiadas, lo que obstruiría el proceso.

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Política

Sala resolverá en dos días la apelación de Keiko y keikistas

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Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Hertz.

Mañana viernes, la Segunda Sala Penal de Apelaciones, presidida por el vocal superior César Sahuanay, escuchará a las partes en la audiencia de apelación contra la orden de prisión preventiva durante 36 meses impuesta a los keikistas Vicente Silva Checa, Alberto Mejía Leca y Giancarlo Bertini de Vivanco.

El primero, Vicente Silva, es imputado como presunto miembro del núcleo duro de la presunta organización criminal que habría realizado lavado de activos con fondos ilícitos en la campaña presidencial del año 2011.

El segundo, Alberto Mejía, expersonero legal de Fuerza Popular, ayudó a evitar que los falsos aportantes de dinero a Fuerza Popular dijeran la verdad a la justicia.

Giancarlo Bertini, ayudo a Jorge Yoshiyama a “pitufear” medio millón de dólares, dinero proveniente de Jaime Yoshiyama. Nunca dio la cara a la Fiscalía y poco antes de que ordenaran su carcelería, fugó a Bolivia.

Al día siguiente, el sábado 15, la Sala Sahuanay verá los casos de prisión preventiva de Keiko Fujimori y el también prófugo JaimeYoshiyama

El mismo día a las 2 p.m. verá los casos de los asesores de Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Hertz.

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Política

Piden a CIDH que impida cambio de fiscales Lava Jato y “cuellos blancos”

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Rocío Sánchez Saavedra - José Domingo Pérez Gómez - Rafael Vela Barba

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está procesando una solicitud de medida cautelar protectora presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) a favor del equipo especial Lava Jato y de las fiscales del caso “Los cuellos blancos del puerto”, contra interferencias externas e internas que afectan sus investigaciones.

Según el IDL, la demanda fue presentada el 16 de octubre por iniciativa propia y sin previo aviso, inicialmente a favor del fiscal José Domingo Pérez, a raíz del acoso al que lo han sometido el fiscal de la Nación Pedro Chávarry y sus subalternos.

El 10 de diciembre, el IDL envió a la CIDH información adicional y solicitó la ampliación de la medida cautelar a favor del fiscal superior, supervisor del equipo Lava Jato, Rafael Vela Barba y las fiscales Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo, estas dos últimas encargadas del caso “CNM audios – Los cuellos blancos del puerto”.

La medida cautelar tiene las siguientes finalidades:

Que cese la interferencia, sea interna o externa, en el desempeño de la labor de los fiscales José Domingo Pérez, Rafael Vela Barba, Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo,

Evitar la remoción de los fiscales mencionados respecto a las investigaciones que tienen a su cargo.

Resguardar la integridad de los fiscales y de sus familias.

El IDL precisó en un comunicado que la medida cautelar de protección de los magistrados se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 25 del reglamento de la Comisión IDH, dado que los fiscales estaban siendo violentados en el ejercicio libre e independiente de su labor fiscal.

Así mismo, señala: “La urgencia de proteger a los fiscales que investigan los casos Lava Jato y CNM Audios ya había sido expuesta a los miembros de la Comisión Interamericana el 1 de octubre, en el 169 Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, llevado a cabo en Boulder, Colorado, Estados Unidos”.

CONTRA CHÁVARRY Y CONGRESO

Aunque los blancos del pedido son el fiscal Chávarry y el Congreso, la demanda fue interpuesta contra el Estado Peruano, el que, a través del Ministerio de Justicia, ya ha recibido el expediente, para que lo conteste ante la Comisión IDH.

Luego de eso, el organismo interamericano podría emitir su decisión en cortísimo tiempo en condición de recomendación al Estado Peruano.

En caso de no atención, la Comisión llevaría el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que podría dictar las mismas medidas con carácter de obligatorio cumplimiento.

EL ESTADO PREPARA RESPUESTA

Por eso, el secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Martín Mijichich Loli, ha solicitado urgentemente la información pertinente al Ministerio Público respecto a las medidas de protección que se le han otorgado a José Domingo Pérez, ante las presiones que dice estar soportando, aún si estas provienen del propio Fiscal de la Nación y de órganos subalternos de esa institución.

A pedido de la Comisión IDH, Mijichich también ha pedido que se le informe sobre la investigación que el Fiscal de la Nación abrió contra los congresistas de Fuerza Popular que obstruyeron el allanamiento de dos los locales de ese partido político con la debida autorización de juez, en el caso de lavado de activos con fondo ilícitos de la campaña presidencial del 2011.

El carácter urgente del pedido presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene que ver, aparentemente, con los trascendidos sobre la eventual intención del fiscal Chávarry de separar de los importantes casos que manejan a Pérez, Barba y las fiscales chalacas.

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