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Dos errores de Aráoz y la revolución social de PPK

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Retomando uno de los mensajes claves de la campaña de PPK largamente olvidados, el de la “Revolución Social”, la primera ministra Mercedes Aráoz ha delineado su política en un artículo publicado el domingo, a escasos días de su presentación ante el Congreso para solicitar el voto de confianza.

Lamentablemente, en asuntos de política social, la distancia entre la fuerza de la palabra usada –Revolución– y las propuestas, es muy grande. Presagian, así, que más allá del palabreo, poco podemos esperar en relación a este asunto los próximos meses.

Dos grandes errores comete la premier Aráoz en su artículo. El primero es por omisión: dice ella que “En agua potable y saneamiento básico, que es la prioridad del presidente, esperamos que en el 2021 el 100% de los peruanos que viven en ciudades tengan estos servicios tan básicos como dignos”.

El olvido de tamaño gigante se refiere a las zonas rurales. No es poca cosa, ya que según los datos del último informe de “Condiciones de Vida” del INEI, mientras el 95% de los peruanos de las ciudades tienen una conexión de agua por red pública, solo 70% de los pobladores del campo la tienen. En otras palabras, el déficit de conexiones de agua en el campo (30%) es 6 veces mayor que en las ciudades (5%), sin embargo la premier Aráoz olvida el déficit de agua en los hogares rurales.

Pero no solo son las conexiones de agua la diferencia. También está la calidad del agua, que es potable para el 85% de los peruanos de las ciudades mientras en el campo menos del 10% tiene agua potable. En otras palabras, en las ciudades el agua que sale de nuestros caños es en su gran mayoría potable, pero en los pequeños pueblos rurales la mayor parte del agua de las redes públicas No es potable.

Finalmente, este déficit de agua potable en las zonas rurales agrava las serias brechas de salud existentes. La desnutrición crónica que es 9% en las ciudades llega a 28% en el campo, donde la mortalidad infantil es casi el doble que en las urbes. Buena parte de estos serios problemas se deben precisamente a las enfermedades generadas por el consumo de agua no segura en las zonas rurales ¡y es esta población la que la premier olvida!

Si se siguiera esa política, se deja de lado a quienes menos acceso a agua tienen, a quienes menos agua segura tienen y a quienes más problemas de salud tienen. En suma, se discrimina contra los que están en peores condiciones.

El segundo error es también importante. Dice Mercedes Aráoz que “Hemos declarado una lucha frontal contra la anemia, mejorando la dieta de nuestros niños en el programa Cuna Más”. Ese es el resumen de su política contra la anemia. El problema con esta estrategia es que en el programa de cuidado diurno de Cuna Más hay 48 mil niños y niñas, mientras hay ahora en nuestro país más de 2 millones 800 mil niños de 0 a 4 años. En otras palabras, la estrategia propuesta por la primera ministra no alcanza ni al 2 por ciento de los niños, y eso sin considerar los de más edad.

Hace bien Aráoz en plantearse la lucha contra la anemia como una prioridad, pero tiene que partir de que más de 40% de nuestros niños menores sufren esa deficiencia. No cabe, pues, enfrentar la anemia con estrategias hiperfocalizadas. Tampoco era suficiente la estrategia propuesta pocos meses atrás por Zavala y Aljovín (entonces en el MIDIS), que metiéndose en sector ajeno, se dedicó a propagar que se lleven los niños a los centros de salud para chequearlos, en momentos en que los establecimientos de salud están colapsados por falta de personal y medicinas. Cuando hay una incidencia tan alta como 40% (y quién sabe cuántos más en riesgo) lo que corresponde es aplicar políticas masivas y públicas, distribuyendo suplementos alimenticios y con reforzamiento de hierro en productos de consumo masivo como la harina.

Los problemas de base, hay que decirlos, son políticos. La primera ministra no debe saber todo, pero sus ministros debieran saber lo esencial, y en cuanto a políticas sociales eso no sucede en la actualidad. PPK ha preferido poner en el MIDIS a personas muy hábiles en lobbies empresariales pero sin conocimiento ni experiencia en políticas sociales, lo que resalta la poca importancia que le da al mismo, convertido en premio consuelo o espacio para ocuparse de otros asuntos menos públicos. Ojalá eso de la “revolución social” se tomara en serio ahora. Sin embargo ni las ministras encargadas hasta ahora ni lo escrito por la primera ministra, a pesar del título usado, permiten ser optimistas al respecto.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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