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Dos decisiones del gobierno que propiciaron una huelga histórica

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La huelga más importante en un cuarto de siglo en el Perú no surgió de la nada. En los primeros meses de gobierno del presidente Kuczynski se tomaron dos grandes decisiones que podían exacerbar la conflictividad en el sector Educación, y que se plasmaron en el Presupuesto de la República de 2017. La primera decisión fue incumplir la promesa electoral de aumentar sueldos docentes en el primer año, y la segunda fue programar el temido inicio de las evaluaciones de desempeño docente tras casi una década de expectativa.

Que 2017 sería un año de fuertes tensiones y pugnas en el sector debió ser, entonces, completamente previsible. Aunque hubo tiempo para mitigar el potencial conflicto con un magisterio que se siente abandonado por el Estado desde hace décadas, este gobierno no supo, o no quiso, hacerlo. Craso error: considerando las pugnas sindicales, donde nuevos actores regionales buscan protagonismo y desplazar a una dirigencia de Patria Roja que está perdiendo el control del SUTEP, esto debió ser prioritario.

Todo empieza con una promesa incumplida. El candidato Kuczynski anunció desde inicios de 2016 que en su primer año todos los profesores recibirían no menos de 2 mil soles. Ya en Palacio de Gobierno, sin embargo, el ofrecimiento fue reducido rápidamente: el premier Fernando Zavala anunció en su primera presentación al Congreso que recién en 2018 (ya no 2016 ni 2017) todos los docentes recibirán al menos 2 mil soles. Se programó, a partir del presupuesto aprobado, un aumento gradual por tramos. Estos cambios no pasaron desapercibidos por los docentes agremiados: en noviembre el Secretario General del SUTEP expresó su descontento, confirmando que la expectativa era que el aumento se hiciera efectivo para todos en 2016 y no en 2018. El descontento creció cuando en marzo no se cumplió ni siquiera con este pequeño aumento, y se anunció que estaría sujeto a descuentos.

Durante los siguientes meses, no hubo desde el ministerio un control de daños de las consecuencias de este incumplimiento. Y cuando empezó la huelga, en lugar de iniciar el diálogo con los docentes aceptando la promesa incumplida, el gobierno más bien asistió con “la pata en alto“ y partió de la premisa (luego probada falsa) de que no hay plata para más.

Al margen de la huelga de profesores, la ciudadania estima que las evaluaciones a los docentes deben mantenerse.

Al margen de la huelga de profesores, la ciudadania estima que las evaluaciones a los docentes deben mantenerse.

El presupuesto para 2017 también confirmaba el inicio del proceso de evaluación del desempeño docente (EDD), destinándose 65 millones de soles a evaluar a más de 24,000 profesores. Este proceso gradual culminaría en 2021, según lo establecido en la Ley de Reforma Magisterial (2012), y según lo previsto una década atrás en la Ley de Carrera Pública Magisterial (2007). La EDD había ya generado gran expectativa y temor porque contemplaba la separación de los docentes que no superan la prueba ordinaria, ni las dos pruebas extraordinarias subsecuentes. En años recientes, los ceses de maestros en contextos de evaluación ya se han dado, así que el temor no es infundado. En 2015 el MINEDU efectuó una evaluación excepcional de 14 mil profesores con nombramiento interino para darles la oportunidad de ingresar a la carrera pública, y cesó a más de 9 mil no inscritos para dicha prueba.

Antes de la inminente evaluación, y de que las tensiones exploten, no se estableció un espacio de diálogo sobre el proceso con los actores nacionales y regionales pertinentes, ni hubo una campaña comunicacional para explicar una etapa que sería inevitablemente traumática. En mayo 2017 se convocó oficialmente al primer tramo de EDD y se publicó la lista de docentes a ser evaluados, pero recién en julio se iniciaron las actividades informativas, a días del inicio de las evaluaciones.

Esta semana, tras dos meses y medio de huelga, la ministra Marilú Martens sigue insistiendo en que las evaluaciones no son negociables. Al final, sin embargo, las EDD programadas para julio tuvieron que ser suspendidas hasta nuevo aviso, y en la práctica ya se quebró el cronograma multianual establecido por el MINEDU.

Lo que esto demuestra es quehacer políticas públicas sin considerar el contexto político siempre trae consecuencias nefastas para un gobierno “técnico” y, por extensión, para todo el país. No solo se trata de los millones de niñas y niños que están en alto riesgo de perder el año escolar, el costo es también el protagonismo que ganan las fuerzas con oscuras vinculaciones en el magisterio, y las medidas programadas por el mismo gobierno que ni siquiera pudieron implementarse.

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Política

Tribunal Constitucional tramita entre bambalinas libertad de Keiko Fujimori

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Ernesto Blume

Tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional, todos los expedientes, todos los actuados constitucionales, tienen que ser resueltos a la fecha de su ingreso.

César Landa, expresidente del TC, está diciendo que al parecer el actual TC habría saltado con garrocha otros casos y estaría resolviendo el hábeas corpus de Keiko Fujimori.

Es importante que, por transparencia, el TC diga cuándo ingresó, cómo se le asignó la fecha de ingreso y cómo tan prontamente ellos están señalando fecha para resolver. Eso se llama transparentar los actos del TC.

Porque si eso es así y se comprueba de que esa acción, vía agravio constitucional que presentó Sachie Fujimori, debe ser resuelta más adelante y primero que otros, el TC estaría cometiendo un delito de discriminación hacia otras personas que también esperan una respuesta pronta del TC.

IGUALDAD ANTE LA LEY

“El TC tiene que ser bastante claro, porque todo parece indicar que acá hay una suerte de favoritismo, lo que no debería ser porque todos los justiciables son iguales ante la ley”, dijo el jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal(IDL).

“El Dr. Landa, con mayor conocimiento de causa, porque ha sido presidente del TC, dice que parece sospechoso que el TC de Ernesto Blume Fortini haya hecho una interpretación constitucional auténtica, en que ellos van a resolver un pedido de acción de hábeas corpus cuando hay un proceso penal pendiente”, enfatizó.

“Lo normal es que en todos los casos, toda persona que quiere llegar al TC siga lo siguiente: primero, presenta una demanda ante el juez constitucional (primera instancia) y la Sala Constitucional del Poder Judicial (que sería la segunda instancia), y recién, cuando no encuentran amparo a su pedido se dirigen a una nueva demanda que se llama agravio constitucional para que el TC pueda resolver”, precisó.

SALTO CON GARROCHA

“Obligatoriamente y de acuerdo al Código Procesal Constitucional se inicia ante un juez constitucional del Poder Judicial. Lo que han hecho en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia es saltarse a la garrocha otros expedientes y ahora quieren ratificar lo mismo en una interpretación auténtica, porque no existe una norma procesal que así lo establezca”, resaltó.

“No puede haber un abogado que diga: me voy al Poder Judicial y paralelamente al TC, como en este caso de Keiko. Han debido esperar para recién iniciar una demanda de hábeas corpus en el TC”, subrayó.

“Lamentablemente todo esto se está viendo y el señor Blume estaría favoreciendo a personas vinculadas a un delito tan grave como el lavado de activos. Si todos somos iguales ante la ley no se entiende por qué quieren resolver de un plumazo sin esperar que se atienda la casación en el Poder Judicial”, denunció.

“Le aseguro que el TC va a querer resolver antes de que salga la casación y eso estaría mal porque inclusive hay una situación más o menos jurisdiccional que ha sido hace poco y donde se ha tocado el tema de los requisitos de la prisión preventiva”, puntualizó.

Keiko Fujimori detenida

TERCERA INSTANCIA

“Lamentablemente el TC se está convirtiendo en una tercera instancia y sorprende que los magistrados del Poder Judicial no salgan a defender sus fueros, porque prácticamente el TC les está dando una jalada de oreja a los fundamentos esgrimidos por los jueces, recalificando una resolución judicial y los jueces están con la cabeza gacha”, observó.

“Algo está pasando o también, como se sabe, el silencio es complicidad. El Poder Judicial no está reaccionando y este sería el segundo caso, después de Ollanta y Nadine, en donde el TC le enmiende la plana al Poder Judicial y finalmente se esté yendo contra sus propias resoluciones internas”, precisó.

“El TC dijo claramente que no entraría a recalificar las resoluciones judiciales, sino solamente a ver si ha habido una debida motivación como lo establece la Constitución Política del Estado”, remarcó.

ALGO MÁS

“Eso sí sería grave porque ya sería el segundo antecedente y por tanto no habría justicia ni en el Poder Judicial ni en el TC, que no tenga que ver con temas de personas vinculadas a la política, porque estoy seguro que en otros casos no están resolviendo de la misma forma”, concluyó JJQuispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Pobladores del Valle de Tambo dan ultimátum al Ejecutivo

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Pobladores del Valle de Tambo dan ultimátum al Ejecutivo

Todos los integrantes de la bancada del Frente Amplio estuvieron en la provincia de Islay, región Arequipa, para dialogar con los pobladores ubicados en la zona de influencia del proyecto minero Tía María.

El legislador Humberto Morales, en una entrevista telefónica concedida a Diario UNO, dio los alcances de la gestión que realizaron en el ojo de la tormenta del proyecto minero de la empresa Southern.

— ¿Cómo les fue en el encuentro con los pobladores?

— Lo que nosotros hemos hecho fue escuchar a la población, su problemática, su posición frente a la decisión que, de manera irresponsable, ha tomado el Gobierno, la cual ya la hemos trasmitido al Ejecutivo por todos los medios y que además nosotros creemos que el gobierno tiene que retroceder en esta licencia de construcción.

— ¿Cómo ve el asunto, los pobladores están decididos a todo?

—La población ha dado un mensaje claro al Gobierno de que no aceptarán esta licencia de construcción. Para sentarse a dialogar, el gremio de desarrollo agrario necesita que la licencia de construcción no permanezca vigente.

—¿Siguen exigiendo que vaya el presidente Vizcarra?

—Bueno, no lo han dicho, pero lo que sí han mencionado es que no van a dialogar mientras esté vigente la licencia de construcción.

—¿Cómo calificaría al paro, congresista?

—Ha sido un paro contundente, los ciudadanos han viajado masivamente, y los gremios también, hacia la provincia de Islay, al Valle de Tambo. Se han desplazado igualmente de otras ciudades de alrededor. No ha habido bloqueos, por lo menos eso hemos visto nosotros en toda la ruta que hemos recorrido. Ha sido un paro pacífico pero con un mensaje claro.

— ¿Qué pasará más adelante?

—En la medida que el Gobierno continúe en su posición, los pobladores radicalizarán su medida.

— ¿Entonces, por lo que se ve, no han incendiado la pradera?

—Nosotros no hemos ido a eso, nosotros hemos ido a cumplir nuestra función de congresistas de la República. Y, como dice la Constitución, hemos cumplido con nuestro deber de representación.

— ¿En Lima darán a conocer los detalles de su gestión?

—Por supuesto, eso manda la función de representación: traer a Lima lo que no quieren que se escuche. Pareciera que la Confederación de Instituciones Empresariales del Perú (Confiep) no quiere que se escuche esa voz. Y, cumpliendo nuestra función, iremos llevando lo que hemos recogido en el Valle de Tambo y el Gobierno tiene que retroceder en lo que ha hecho irresponsablemente.

— ¿Cómo va el tema de la interpelación al ministro de Energía yMinas?

—Nosotros hemos cumplido con dos requisitos que estipula el reglamento para presentar la moción de interpelación. El Pleno del Congreso tendrá que decidirlo. Entiendo que el día 22 el presidente Salaverry tiene que ponerlo en agenda.

ALGO MÁS

“El gobierno tiene que entender que no puede de ninguna manera imponer decisiones de un pequeño grupo, como la Confiep, a los ciudadanos del Perú”, concluyó el congresista Humberto morales del Frente Amplio.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Gobierno debe tener un liderazgo en tema Tía María

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Yamila Osorio

Yamila Osorio, exgobernadora regional de Arequipa, afirmó que el rechazo al proyecto Tía María se da en referencia a la empresa Southern Perú y los desaciertos que ha tenido. Además, destacó que es importante que el Estado demuestre un liderazgo.

“Se debió evitar llegar al punto límite. Se tuvo tiempo necesario hasta fines del año pasado para tener presencia del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente en la zona. En todos estos proyectos, quien socializa los estudios de impacto ambiental es la misma empresa y la gente no lo cree porque se supone que la empresa te da un mensaje ajustado a sus intereses”, resaltó.

Asimismo, refirió: “Este conflicto que data de hace más de 10 años, yo diría que se reduce a una cuestión de desconfianza con la empresa minera Southern Perú, principalmente teniendo en cuenta los antecedentes de operación de la fundición de Ilo (Moquegua) que generó un impacto negativo de contaminación en el valle de Tambo”.

Además, Osorio cuestionó que no hayan oficinas del Ministerio de Energía y Minas ni del Ministerio del Ambiente en la zona en la que se pretende implementar el proyecto cuprífero Tía María.

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