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Dos decisiones del gobierno que propiciaron una huelga histórica

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La huelga más importante en un cuarto de siglo en el Perú no surgió de la nada. En los primeros meses de gobierno del presidente Kuczynski se tomaron dos grandes decisiones que podían exacerbar la conflictividad en el sector Educación, y que se plasmaron en el Presupuesto de la República de 2017. La primera decisión fue incumplir la promesa electoral de aumentar sueldos docentes en el primer año, y la segunda fue programar el temido inicio de las evaluaciones de desempeño docente tras casi una década de expectativa.

Que 2017 sería un año de fuertes tensiones y pugnas en el sector debió ser, entonces, completamente previsible. Aunque hubo tiempo para mitigar el potencial conflicto con un magisterio que se siente abandonado por el Estado desde hace décadas, este gobierno no supo, o no quiso, hacerlo. Craso error: considerando las pugnas sindicales, donde nuevos actores regionales buscan protagonismo y desplazar a una dirigencia de Patria Roja que está perdiendo el control del SUTEP, esto debió ser prioritario.

Todo empieza con una promesa incumplida. El candidato Kuczynski anunció desde inicios de 2016 que en su primer año todos los profesores recibirían no menos de 2 mil soles. Ya en Palacio de Gobierno, sin embargo, el ofrecimiento fue reducido rápidamente: el premier Fernando Zavala anunció en su primera presentación al Congreso que recién en 2018 (ya no 2016 ni 2017) todos los docentes recibirán al menos 2 mil soles. Se programó, a partir del presupuesto aprobado, un aumento gradual por tramos. Estos cambios no pasaron desapercibidos por los docentes agremiados: en noviembre el Secretario General del SUTEP expresó su descontento, confirmando que la expectativa era que el aumento se hiciera efectivo para todos en 2016 y no en 2018. El descontento creció cuando en marzo no se cumplió ni siquiera con este pequeño aumento, y se anunció que estaría sujeto a descuentos.

Durante los siguientes meses, no hubo desde el ministerio un control de daños de las consecuencias de este incumplimiento. Y cuando empezó la huelga, en lugar de iniciar el diálogo con los docentes aceptando la promesa incumplida, el gobierno más bien asistió con “la pata en alto“ y partió de la premisa (luego probada falsa) de que no hay plata para más.

Al margen de la huelga de profesores, la ciudadania estima que las evaluaciones a los docentes deben mantenerse.

Al margen de la huelga de profesores, la ciudadania estima que las evaluaciones a los docentes deben mantenerse.

El presupuesto para 2017 también confirmaba el inicio del proceso de evaluación del desempeño docente (EDD), destinándose 65 millones de soles a evaluar a más de 24,000 profesores. Este proceso gradual culminaría en 2021, según lo establecido en la Ley de Reforma Magisterial (2012), y según lo previsto una década atrás en la Ley de Carrera Pública Magisterial (2007). La EDD había ya generado gran expectativa y temor porque contemplaba la separación de los docentes que no superan la prueba ordinaria, ni las dos pruebas extraordinarias subsecuentes. En años recientes, los ceses de maestros en contextos de evaluación ya se han dado, así que el temor no es infundado. En 2015 el MINEDU efectuó una evaluación excepcional de 14 mil profesores con nombramiento interino para darles la oportunidad de ingresar a la carrera pública, y cesó a más de 9 mil no inscritos para dicha prueba.

Antes de la inminente evaluación, y de que las tensiones exploten, no se estableció un espacio de diálogo sobre el proceso con los actores nacionales y regionales pertinentes, ni hubo una campaña comunicacional para explicar una etapa que sería inevitablemente traumática. En mayo 2017 se convocó oficialmente al primer tramo de EDD y se publicó la lista de docentes a ser evaluados, pero recién en julio se iniciaron las actividades informativas, a días del inicio de las evaluaciones.

Esta semana, tras dos meses y medio de huelga, la ministra Marilú Martens sigue insistiendo en que las evaluaciones no son negociables. Al final, sin embargo, las EDD programadas para julio tuvieron que ser suspendidas hasta nuevo aviso, y en la práctica ya se quebró el cronograma multianual establecido por el MINEDU.

Lo que esto demuestra es quehacer políticas públicas sin considerar el contexto político siempre trae consecuencias nefastas para un gobierno “técnico” y, por extensión, para todo el país. No solo se trata de los millones de niñas y niños que están en alto riesgo de perder el año escolar, el costo es también el protagonismo que ganan las fuerzas con oscuras vinculaciones en el magisterio, y las medidas programadas por el mismo gobierno que ni siquiera pudieron implementarse.

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Política

Fujiaprismo pretende forzar renuncia del presidente Vizcarra

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Yeni Vilcatoma

La congresista pro fujimorista Yeni Vilcatoma, anunció ayer que denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra por presuntamente haber representado a la empresa CyM Vizcarra cuando era ministro y vicepresidente. Esto fue considerado sin fundamento por el abogado constitucionalista Luciano López y dos parlamentarios. Incluso se sostiene que Vilcatoma puede ser pasible de una denuncia por tal despropósito.

“Desde mi despacho estamos elaborando una denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución”, refirió Vilcatoma.

Incluso, Vilcatoma dijo que el Presidente le ha mentido al país y que eso no se puede aceptar viniendo de la más alta magistratura de la República, que confía en él de manera sincera.

FUERZA POPULAR NIEGA CONOCERLA

Además, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que “no puedo adelantar opinión con respecto a este tema, esa es una denuncia que nosotros estamos tomando conocimiento recién, no hemos tenido ningún tipo de acceso a ella, la congresista Vilcatoma ha pedido licencia a la bancada. Entonces, desconocemos totalmente, no tengo idea de lo que está hablando”.

Agregó que “nosotros no conocemos la denuncia, no la hemos tenido en la mano, no la hemos leído. Lógicamente tendríamos que verla para poder decir responsablemente algo, sería una irresponsabilidad dar una opinión sobre si respaldamos o no la denuncia, porque Yeni Vilcatoma ha solicitado licencia a FP”.

FUERZA POPULAR Y EL APRA PRESIONAN

Cateriano señaló que la Constitución del Perú establece claramente que no se le puede denunciar a un Presidente de la República durante su gestión. En ese sentido, consideró que Fuerza Popular, apoyado por el Apra, busca presionar a Martín Vizcarra que está llevando adelante una lucha frontal contra la corrupción.

“La Constitución es clara: no se le puede acusar en su período al Presidente de la República. No es un problema de lectura, ni de comprensión. El fujiaprismo pretende forzar su renuncia”, escribió en su cuenta de Twitter.

A esto se sumó Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, quien dijo que al Presidente no se le puede denunciar en su período, sino después de haber acabado el mismo.

Otro abogado constitucionalista, Luciano López, dijo que “de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, la excepción de inmunidad presidencial se da por: traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

AFIRMA VOCERO PPK, JORGE MELÉNDEZ:

Denuncia trata de desviar atención de los peruanos

“Lo que sí se puede hacer es investigarlo y ayer el presidente Vizcarra ha dicho que está abierto a todas las investigaciones, en concordancia con la lucha contra la corrupción que ha emprendido su gobierno”, dijo Jorge Meléndez.

“Desde el Congreso, el fujimorismo y el Apra actúan de forma desesperada para proteger a sus líderes tratando de levantar acusaciones sin ningún fundamento. Quieren convertir, hacer un circo de las investigaciones, pero la población no les da el respaldo”, puntualizó.

Fuerza Popular actúa de forma coordinada al considerar que la investigación a Conirsa en la comisión de Fiscalización y la denuncia de Vilcatoma forman parte de una misma estrategia que tiene como objetivo mellar la imagen del mandatario, subrayó Meléndez.

“El Apra y el fujimorismo tienen un doble discurso, pues el 2008 votaron en el Congreso un informe que califica con buena conducta a Odebrecht, pero ahora quieren investigar contratos de la empresa familiar del presidente Vizcarra con la constructora brasileña de hace 12 años”, señaló.

“Quieren investigar un contrato legal y regular que se dio cuando el mandatario no era funcionario público”, concluyó el vocero de PPK, el parlamentario Jorge Meléndez.

Y PUEDE SER ACUSADA, DICE CARLOS BRUCE

Vilcatoma infringe la Constitución

“La que está infringiendo la Constitución y puede ser acusada por ello es la congresista Vilcatoma”, indicó Carlos Bruce. Añadió que la Carta Magna “prohíbe acusar al Presidente de la República salvo causales muy específicos”.

El congresista de PpK insinuó que se estaría buscando que distintos investigados de Fuerza 2011 por presunto lavado de activos salgan librados de la acusación que pesa sobre ellos.

Bruce fue claro en manifestar que Vilcatoma pretende armar un embrollo en el Congreso, prestándose al juego sucio de los aprofujimoristas, que quieren tumbarse al presidente Vizcarra.

Gilbert Violeta ha dicho desde la bancada oficialista que se trata de una decisión y de un error político la indagación sobre la relación entre ambas partes. Martín Vizcarra, por su parte, ha sostenido que investiguen lo necesario sobre el caso.

ALGO MÁS

Yeni Vilcatoma no solo denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra, sino que le pidió al propio mandatario que reflexione en torno a su renuncia, para no pasar la vergüenza de una revocatoria.

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Política

Pretenden impunidad

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal del equipo especial de Lava Jato, Domingo Pérez, dijo que esa es una práctica indebida, que busca la impunidad de los involucrados y que está preocupado porque se ha fotografiado un documento que está circulando en las redes sociales.

La filtración del acuerdo preparatorio de colaboración eficaz, que el Ministerio Público habría celebrado con la empresa brasileña Odebrecht y la Procuraduría, preocupa al fiscal Domingo Pérez, que pide la evaluación de los empleados, pero especialmente la remoción de los miembros de seguridad.

“Estoy preocupado porque se estaría haciendo actos o prácticas indebidas de haber obtenido copias o fotografías de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía y se estaría dando un uso indebido a través de las redes sociales”, subrayó Pérez.

“La preocupación es legítima, atendiendo a lo sucedido voy a solicitar que se redoble la seguridad en las instalaciones del despacho fiscal y se haga una reevaluación del personal asignado, sobre todo el personal de seguridad”, precisó el fiscal.

El fiscal Domingo Pérez viajará a Brasil en marzo con Rafael Vela, para reunirse con Barata quien hablará claro sobre todo lo que hizo Odebrecht en el Perú y a las personas o empresas que involucró ilegalmente, con grandes sumas de dinero repartidas a diestra y siniestra.

EL ACUERDO DE COLABORACIÓN

“Estamos con el firme propósito de que la corrupción tiene que acabar y la única manera de que pueda acabar es con la colaboración de la persona jurídica (empresa) y las personas naturales”, precisó.

“Tener en consideración que anteriormente se había señalado que había informantes de la Fiscalía que estaban brindando información a personas investigadas”, señaló Pérez.

Luego lamentó que esto pueda generar confusión en la ciudadanía y recalcó que de haber informantes en la Fiscalía, significaría que “hay un peligro de obstaculización en las investigaciones” orientada a la impunidad de los que están envueltos en el escándalo Odebrecht.

Destacó que en el Ministerio Público y la Procuraduría “hay voluntad para que este acuerdo se suscriba, se firme y homologue ante un juez”, porque “la corrupción tiene que acabar y la única forma es con la colaboración eficaz”.

ALGO MÁS

Tras la filtración del preacuerdo en las redes sociales, dos usuarios de Twitter aprovecharon en recordar cuando el expresidente Alan García, investigado por el caso Odebrecht, sostuvo hace dos meses que tiene “informantes” en la Fiscalía. Por esto, en dichas redes le atribuyeron al ex jefe de Estado querer tumbarse el acuerdo de colaboración con esta filtración realizada por un “informante”.

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Política

Corte Suprema pidió al INPE establecer el penal

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Alberto Fujimori en silla de ruedas

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema envió esta mañana al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) un oficio para que determine cuál de los establecimientos penitenciarios que cumplen con las condiciones requeridas podrá ser internado Alberto Fujimori.

En el oficio, la Corte Suprema (CS) puso a disposición del INPE el certificado médico legal Nº003447 -V remitido por el Instituto de Medicina Legal.

Según la evaluación médica, Alberto Fujimori se encuentra en “condiciones estables” y “podría recibir tratamiento en forma ambulatoria”.

Asimismo, la CS envió el informe cardiológico expedido por el doctor Jorge Bravo Manucci, para que, con ello, el INPE tenga las herramientas necesarias y emita un pronunciamiento sobre el penal donde irá Fujimori.

El plazo otorgado para dicha decisión será en el término del segundo día, es decir, las 48 horas, de acuerdo al documento.

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