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Dos decisiones del gobierno que propiciaron una huelga histórica

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La huelga más importante en un cuarto de siglo en el Perú no surgió de la nada. En los primeros meses de gobierno del presidente Kuczynski se tomaron dos grandes decisiones que podían exacerbar la conflictividad en el sector Educación, y que se plasmaron en el Presupuesto de la República de 2017. La primera decisión fue incumplir la promesa electoral de aumentar sueldos docentes en el primer año, y la segunda fue programar el temido inicio de las evaluaciones de desempeño docente tras casi una década de expectativa.

Que 2017 sería un año de fuertes tensiones y pugnas en el sector debió ser, entonces, completamente previsible. Aunque hubo tiempo para mitigar el potencial conflicto con un magisterio que se siente abandonado por el Estado desde hace décadas, este gobierno no supo, o no quiso, hacerlo. Craso error: considerando las pugnas sindicales, donde nuevos actores regionales buscan protagonismo y desplazar a una dirigencia de Patria Roja que está perdiendo el control del SUTEP, esto debió ser prioritario.

Todo empieza con una promesa incumplida. El candidato Kuczynski anunció desde inicios de 2016 que en su primer año todos los profesores recibirían no menos de 2 mil soles. Ya en Palacio de Gobierno, sin embargo, el ofrecimiento fue reducido rápidamente: el premier Fernando Zavala anunció en su primera presentación al Congreso que recién en 2018 (ya no 2016 ni 2017) todos los docentes recibirán al menos 2 mil soles. Se programó, a partir del presupuesto aprobado, un aumento gradual por tramos. Estos cambios no pasaron desapercibidos por los docentes agremiados: en noviembre el Secretario General del SUTEP expresó su descontento, confirmando que la expectativa era que el aumento se hiciera efectivo para todos en 2016 y no en 2018. El descontento creció cuando en marzo no se cumplió ni siquiera con este pequeño aumento, y se anunció que estaría sujeto a descuentos.

Durante los siguientes meses, no hubo desde el ministerio un control de daños de las consecuencias de este incumplimiento. Y cuando empezó la huelga, en lugar de iniciar el diálogo con los docentes aceptando la promesa incumplida, el gobierno más bien asistió con “la pata en alto“ y partió de la premisa (luego probada falsa) de que no hay plata para más.

Al margen de la huelga de profesores, la ciudadania estima que las evaluaciones a los docentes deben mantenerse.

Al margen de la huelga de profesores, la ciudadania estima que las evaluaciones a los docentes deben mantenerse.

El presupuesto para 2017 también confirmaba el inicio del proceso de evaluación del desempeño docente (EDD), destinándose 65 millones de soles a evaluar a más de 24,000 profesores. Este proceso gradual culminaría en 2021, según lo establecido en la Ley de Reforma Magisterial (2012), y según lo previsto una década atrás en la Ley de Carrera Pública Magisterial (2007). La EDD había ya generado gran expectativa y temor porque contemplaba la separación de los docentes que no superan la prueba ordinaria, ni las dos pruebas extraordinarias subsecuentes. En años recientes, los ceses de maestros en contextos de evaluación ya se han dado, así que el temor no es infundado. En 2015 el MINEDU efectuó una evaluación excepcional de 14 mil profesores con nombramiento interino para darles la oportunidad de ingresar a la carrera pública, y cesó a más de 9 mil no inscritos para dicha prueba.

Antes de la inminente evaluación, y de que las tensiones exploten, no se estableció un espacio de diálogo sobre el proceso con los actores nacionales y regionales pertinentes, ni hubo una campaña comunicacional para explicar una etapa que sería inevitablemente traumática. En mayo 2017 se convocó oficialmente al primer tramo de EDD y se publicó la lista de docentes a ser evaluados, pero recién en julio se iniciaron las actividades informativas, a días del inicio de las evaluaciones.

Esta semana, tras dos meses y medio de huelga, la ministra Marilú Martens sigue insistiendo en que las evaluaciones no son negociables. Al final, sin embargo, las EDD programadas para julio tuvieron que ser suspendidas hasta nuevo aviso, y en la práctica ya se quebró el cronograma multianual establecido por el MINEDU.

Lo que esto demuestra es quehacer políticas públicas sin considerar el contexto político siempre trae consecuencias nefastas para un gobierno “técnico” y, por extensión, para todo el país. No solo se trata de los millones de niñas y niños que están en alto riesgo de perder el año escolar, el costo es también el protagonismo que ganan las fuerzas con oscuras vinculaciones en el magisterio, y las medidas programadas por el mismo gobierno que ni siquiera pudieron implementarse.

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Política

Vizcarra debe hacer respetar reformas judiciales aprobadas en referéndum

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Referéndum Nacional 2018

La decisión del presidente Vizcarra de buscar mecanismos constitucionales para que la población “no sea burlada”, ante la demora del Congreso para aprobar las seis reformas judiciales pendientes, ha generado que los consultados por Diario UNO encuentren responsables tanto al fujimorismo como al oficialismo.

ENTRAMPAMIENTO

El congresista de Nuevo Perú Horacio Zeballos, reconoció la demora del Congreso en aprobar las reformas judiciales y dijo que el presidente Vizcarra estaría ejerciendo su derecho si busca una salida constitucional para romper el entrampamiento.

“Si Vizcarra busca salidas constitucionales para romper el entrampamiento va a ejercer su derecho ya que el Congreso está demorando”, señaló al Diario UNO.

Tras asegurar que Fuerza Popular es la que entrampa las propuestas judicial y política, recordó que una propuesta trabajada durante un año fue encarpetada.

“Había una propuesta política presentada por los congresistas Patricia Donayre, Yonhy Lescano y Raymundo Lapa, para avanzar en el tema pero fue encarpetada por el fujimorismo; esa fue la única propuesta que se trabajó durante un año pero el fujimorismo la encarpetó”, afirmó.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Sobre el mismo tema, su colega de bancada, Alberto Quintanilla, responsabilizó al partido Peruanos por el Kambio y a Fuerza Popular por el entrampamiento en la aprobación de las reformas judiciales consultadas por la población en el referéndum.

“La responsabilidad política del entrampamiento es compartida entre Peruanos por el Kambio y Fuerza Popular. Ellos han tenido la oportunidad de tomar más iniciativas desde el Ejecutivo y no han tomado las iniciativas desde el Congreso. Por eso es que no se ha avanzado”, sostuvo el congresista al Diario UNO.

MECANISMOS CONSTITUCIONALES

En entrevista a un medio de circulación nacional, el presidente Martín Vizcarra, tras calificar de lamentable que seis proyectos de ley de la reforma de justicia continúen encarpetados en el Congreso, anunció que usará mecanismos constitucionales si el debate de estos no avanza.

HABLARÁ CON SALAVERRY

El presidente Vizcarra dijo que seguirá el camino formal al conversar con el titular del Congreso, Daniel Salaverry, para preguntarle si hay voluntad o no de aprobar las reformas.

“Primero se va a intentar el camino formal. Vamos a conversar con el presidente del Congreso y decirle: “bueno, ¿hay voluntad o no hay voluntad? ¿Ha sido falta de tiempo o de ganas? Si es que se justifica la falta de tiempo y se corrige eso, obviamente estaremos vigilantes para que así sea”, sostuvo el mandatario.

Al respecto, Alberto Quintanilla sostiene que el oficialismo y el fujimorismo “han buscado posiciones de emplazamiento y lo que tiene que hacer es buscar el diálogo para que se viabilicen las reformas”

Su colega Zeballos señala: “Debería conversar con Salaverry porque por un lado Vizcarra dice que quiere hacer la reforma judicial y Salaverry también. En el Congreso están gestándose varias iniciativas en referencia a agilizar la aprobación de las reformas; el Ejecutivo también tiene su propuesta; hay varias iniciativas que habría que hacerlas comulgar todas”.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Ante una posible “falta de voluntad” para trabajar rápidamente las seis reformas, el mandatario no descartó aplicar una cuestión de confianza para “que la población no sea burlada”.

“Si en caso no hay voluntad, hay que buscar los mecanismos constitucionales que permitan no ser burlados, que la población no sea burlada”, sostiene.

Sobre esto, Vizcarra consideró que la cuestión de confianza deberá ser analizada en su momento. “(La cuestión de confianza) es parte de ello, pero hay que analizarla en su momento”, agregó.

REFORMAS JUDICIALES

Los seis dictámenes pendientes de aprobación abarcan normas que fomentan el acceso a la información y hoja de vida de jueces y fiscales, garantizan la probidad de los abogados, la creación de una Fiscalía Suprema Anticorrupción y el Consejo de Reforma de Justicia, así como la instalación de la Autoridad de Integridad y Control del Ministerio Público y Poder Judicial.

A finales de febrero el Congreso aprobó dos de las siete propuestas: la ley que elimina la participación del Ministerio Público en los procesos contenciosos administrativos, promulgada el 14 de febrero, y la ley que garantiza la probidad de los abogados. Sin embargo, esta última fue observada por el Gobierno una semana después y devuelta al Congreso debido a que la propuesta del Ejecutivo era solo para velar por la ética de los abogados, pero el Legislativo incluyó a todas las profesiones que laboran en el sistema judicial.

REFORMAS POLÍTICAS

En el mismo sentido, Quintanilla enfatizó en la reforma política que también está pendiente y es de su competencia.

“Así como Vizcarra pide que se aceleren las reformas judiciales pendientes a partir del referéndum, también tiene que remitir los proyectos de ley que harán viables las reformas políticas electorales que también le competen”.

Finalmente, acotó que el origen del entrampamiento está en el diseño constitucional que hay desde 1993.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Poder Judicial debe ser transparente en caso Odebrecht

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María de los Ángeles Álvarez

La jueza sin miedo, María de los Ángeles Álvarez, titular del Primer Juzgado Nacional del Sistema Nacional Especializado en Delitos de corrupción de Funcionarios, será la que revisará el acuerdo, importante prueba del proceso de megacorrupción que ha salpicado a personalidades e instituciones.

El Dr. Amoretti cree que pese a las presiones existentes se llegará a conocer toda la verdad. Lo mismo piensa el congresista Richard Arce. Sin embargo, no se puede negar que hay fuertes presiones que deberá enfrentar José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, para defender su fuero.

Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, dijo respecto al acuerdo: “Se ha concluido con el proceso de compaginación y foliado, que ha sido un trabajo bastante minucioso”. El 15 de febrero se firmó el acuerdo de colaboración eficaz, que sigue siendo objeto de intentos de boicot.

ESTO NO ES DE AHORA

“El juez preside una audiencia con la finalidad de escuchar tanto a los fiscales como al procurador para ver si aprueba o no el acuerdo. Cada uno va a exponer su punto de vista, por un lado los fiscales, por otro el procurador y el representante de Odebrecht”, dijo el Dr. Amoretti.

“En base a ello, la jueza da a conocer su determinación, si aprueba o desaprueba algunos de los puntos o en su totalidad. Desgraciadamente, para mí, esas presiones son de algunos políticos que no quieren que se conozca el nombre de los corruptos”, dijo de manera tajante.

“Esto no es de ahora. Recordemos lo que pasó en la época de Toledo, cuando en el Congreso pidieron los audios donde estaban comprometidos funcionarios, empresarios y políticos sobre todo, es decir congresistas que estaban comprometidos en la corrupción, y no pasó nada”, recordó.

QUE NO SE REPITA LA HISTORIA

“La realidad y lo concreto es que hay muchos intereses políticos para que no se conozca la verdad de los corruptos en el país. El monto de la reparación civil es muy poco. Pero si conseguimos que cien o doscientos involucrados y pedimos cinco millones a cada uno, se recupera el monto”, explicó el Dr. Amoretti.

“No creo que venga por el lado del presidente del Poder Judicial, Lecaros. La verdad, para mí, va a depender de la exposición de los fiscales y el Procurador para los efectos de combatir la corrupción”, concluyó el Dr. Amoretti.

QUE SE SEPA LA VERDAD

“Eso es muy importante para que de una vez se sepa la verdad. Espero que se pueda iniciar el acuerdo en sí, que se someta toda la información y saludamos que se apruebe”, dijo el congresista Richard Arce.

“Esperemos que no haya una traba ad portas de la declaración de Jorge Barata, que ayudaría bastante con el marco legal establecido para que pueda hacer sus declaraciones”, señaló.

“Hay mucho en juego, muchos intereses de grupos que quieren bloquear el proceso. Hay que estar al tanto, eso es lo más importante”, sentenció el parlamentario.

ALGO MÁS

“Esperemos que se pueda tener más información para que el proceso pueda caminar y que llegue a la Fiscalía la situación de los expresidentes y candidatos, la gente de peso y poder vinculados a estos casos de corrupción”, concluyó Arce.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Jaime Bayly acusa a Sumo Pontífice de guardar dinero de chavistas

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Jaime Bayly

En un programa de televisión emitido el 20 de marzo desde Miami, el escritor y presentador peruano Jaime Bayly afirmó tener información “de muy buena fuente” acerca de supuestas cuentas de dinero que personajes de la política venezolana tendrían en el Instituto para las Obras de Religión, coloquialmente conocido como el “Banco del Vaticano”.

“El Papa no emite bonos, no hay rendimiento a plazo fijo, pero tu dinero está seguro en el Vaticano”, ironizó el conductor. “Tal vez esto explique por qué el Papa no es demasiado severo en condenar la dictadura venezolana. Los ladrones chavistas ahorran en el Vaticano y el Papa les cuida el dinero. Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Maria Gabriela Chávez tienen cuentas en el Vaticano”, agregó.

Según Bayly, Cabello tiene 50 millones de euros provenientes de Banesco, la hija de Hugo Chávez cuenta con 851 millones de euros girados por HSBC, y Nicolás Maduro 859 millones de euros girados por Jacinth Finvest Limit. “Y dice haber sido conductor de autobuses y un obrero (antes de ser presidente)”, recordó el autor de “No se lo digas a nadie”.

Finalmente, Jaime Bayly terminó cuestionando al Sumo Pontífice: “Con todo respeto, le pregunto al papa Francisco: ¿Estos tres personajes tienen cuentas en la banca del Vaticano?”.

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