Doble estándar del alcalde

El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, salió ayer en defensa del abusivo contrato que provocó el jueves violenta protesta en Puente Piedra por un alza del peaje en ese distrito. Aseguró el burgomaestre: “Los contratos no se pueden rescindir así nomás. Las cosas hay que tomarlas con muchísima madurez”.

El país recuerda, sin embargo, que Castañeda no pensaba lo mismo cuando modificó el proyecto Río Verde, con lo cual perjudicó a la ciudad, a los shipibos instalados en Cantagallo, en el corazón del Rímac, y causó una tragedia.

Del mismo modo, Castañeda anuló contratos con consorcios de transporte en el Corredor Azul.

En estos días se ha revelado que la empresa Rutas de Lima está vinculada al imperio brasileño Odebrecht. Cuando el alcalde dice temer el efecto negativo que la ruptura tendría sobre la inversión privada, olvida que ese grupo brasileño no es tan susceptible. Después de todo, lo que realizaba en el Perú era, más que inversión, estafa, sobrecostos, pagos de coimas.

Esa conducta la conocía Castañeda. La había experimentado en el proyecto Río Verde.

No podía ignorar el alcalde que en el propio contrato con el concesionario se establecen pautas para la eventualidad de una modificación, solicitada por una de las partes. Mario Guzmán Alfaro, del colectivo Movilízate ya, ha exhibido párrafos pertinentes del contrato. He aquí un artículo decisivo:

“Toda solicitud de enmienda, adición o modificación del presente Contrato por cualquiera de las Partes deberá ser presentada a la otra Parte, con el debido sustento técnico y económico financiero y con la conformidad de los Acreedores Permitidos, según lo establezcan los actos y contratos de Endeudamiento Garantizado Permitido, en el caso de ser aplicable. La Parte que reciba la solicitud deberá comunicar a la otra Parte su posición dentro de los (60) Días Calendarios siguientes de la notificación de la solicitud. El acuerdo de modificación será obligatorio para las Partes solamente si consta por escrito y es firmado por los representantes debidamente autorizados por las Partes”.

Imposible suponer que el alcalde de Lima Metropolitana ignoraba ese texto. Puede sí creerse que desconoce la esencia secular de la alcaldía. Como muchas palabras del español, esa denominación tiene origen árabe, y significa juez. El burgomaestre de una ciudad debe juzgar en favor de los vecinos, no para complacer a empresarios corruptos.

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