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Distribución de la riqueza: la ley del embudo

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Según el informe publicado recientemente por Oxfam, el 82% de la riqueza mundial en el 2017 estuvo concentrada por el 1% de la población mundial más rica, y desde el 2010 la riqueza de este grupo económico se ha incrementado en un 13% anual, lo cual significa que ha crecido seis veces más rápido que los salarios de las personas trabajadoras, cuya tasa apenas alcanza el 2% anual.1

Esta tendencia también está presente en América Latina en donde el 10% más rico de la población concentra el 68% de la riqueza total, y el 50% más pobre solo accede al 3.5% de dicha riqueza. Es así que la riqueza de mil millonarios latinoamericanos durante el último año creció en 155 mil millones de dólares, que serían suficientes para acabar casi 2 veces con toda la pobreza monetaria por un año dentro de la región.

Entre los principales factores que facilitan esta concentración se encuentran las grandes ganancias que obtienen estas fortunas a expensas de los trabajadores, ya sea por la reducción de salarios y de las condiciones laborales o por los beneficios económicos que los favorecen, así las brechas de desigualdad y niveles de pobreza se incrementen aún más. Una muestra en la región es que el 16% de los trabajadores asalariados y el 28% de los trabajadores independientes se encuentran en situación de pobreza2.

La Organización Mundial del Trabajo (OIT), estima que 1 de cada 3 personas con trabajo residente en países en desarrollo vive en la pobreza, a esto se suma que la esclavitud moderna está en aumento, ya que solo en el 2016, 40 millones de personas trabajaban como esclavos y de ellas más del 50% en trabajos forzosos.3

En la actualidad proliferan los empleos temporales no solo dentro de los países en desarrollo sino también en los países desarrollados, trabajos que obligan a las personas a recibir salarios pocos dignos y a tener una escasa o nula cobertura de protección social.

Estas riquezas aumentan aún más como consecuencia de la evasión y la elusión fiscal, según el economista Gabriel Zucman el 1% más rico del mundo evade o elude impuestos por valor de 200 000 millones de dólares4 y en el caso de los países en desarrollo dejan de recaudar 170 000 millones de dólares como consecuencia de los beneficios de las empresas y de los súper ricos5.

En el caso de América Latina los niveles de desigualdad en la distribución de los ingresos han disminuido durante la última década, como consecuencia del aumento del ingreso en los hogares de los quintiles más bajos, sin embargo el ritmo al cual venía reduciéndose la desigualdad se ha desacelerado significativamente.6

De acuerdo a CEPAL, es importante tener en cuenta que las brechas existentes en la distribución de ingreso se acentúan aún más, y que la desigualdad en la posesión de bienes materiales (propiedades e inmuebles) y financieros (activos, depósitos) es más profunda y rígida que la que se observa en los ingresos7.

Participación en el ingreso total

Presión Tributarial del Gobierno Central

La desigualdad en el Perú
Según Oxfam,8 la desigualdad en el Perú, se encuentra en un periodo de estancamiento desde el 2014. Lamentablemente no se supo aprovechar el boom económico que el país registró en años anteriores para impulsar medidas y políticas sociales y económicas que permitan acortar las brechas.

Uno de los principales objetivos oficialistas es el ingreso de Perú a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sin embargo para ello se requiere una reforma tributaria en donde el grueso de la carga fiscal recaiga en el impuesto a la renta y no al consumo, tal como sucede en los países miembros.

Sin embargo, nuestra presión tributaria apenas bordea el 13% del PBI, situándose muy por debajo de los estándares de los países de la OCDE. Además, tenemos la más baja tasa de los últimos años, y según Sunat los beneficios tributarios (exoneraciones) le cuestan al Perú alrededor de S/.16,498 millones de soles, monto equivalente al 2.2% del PBI.

En esa misma línea los niveles de evasión al IVA y al impuesto a la renta se han incrementado representado aproximadamente el 3.5% y el 5.4% del PBI respectivamente.9 Situaciones que deben ser revertidas no solo para facilitar nuestro ingreso a este grupo de países, sino para mejorar la calidad de vida de la población.

Diversos autores, asocian esta desigualdad a los conflictos sociales y la emergencia de populismos o posiciones extremas de izquierda o derecha, en países desarrollados y subdesarrollados. Debemos debatir cuál es la mejor estrategia para crecer sostenidamente, disminuir la pobreza y la desigualdad, mejorando el nivel de vida de la población.

Está claro que no es el modelo en curso, pero no basta criticarlo, sino que hay que proponer alternativas. Para crecer, invertir en innovación, ciencia y tecnología, diversificar la estructura productiva y exportadora, impulsar políticas sociales adecuadas y redistribuir, se requiere aumentar sustancialmente la presión tributaria. Pero, pagando más a los que ganan más.

1 Oxfam (2018). Premiar el trabajo, no la riqueza.

2 Ibídem

3 OIT (2017), Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2017.

4 A., Niels, J. y Zucman, G. (2017). Tax Evasion and Inequality.

5 G. Zucman (2015). The Hidden Wealth of Nations.

6 CEPAL (2017) Panorama social de América Latina 2017

7 CEPAL (2017) Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, Santiago

8 Oxfam( 2017)’Brechas latentes: Índice de avance contra la desigualdad

9 Exposición del superintendente de la Sunat ante el Congreso de la República del Perú (06.12.2017)

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Portada 19 setiembre 2019

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Portada 19 setiembre 2019

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Política

El TC se queda sin argumentos

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Ernesto Blume Fortini

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Luis Purizaga, afirmó que lo más importante de la decisión del Ministerio Público de rechazar el pedido de Pier Figari de acogerse a la nueva Ley de Financiamiento Ilícito de Organizaciones Políticas y así evadir la acusación por lavado de activos, “es que deja un buen mensaje para cuando el Tribunal Constitucional revise el hábeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori”.

“Esta interpretación normativa del Ministerio Público, sumada a la opinión de la Corte Suprema en el recurso de casación (que no se pronunció en contra de la figura de prisión preventiva), le pone la tarea más difícil al TC en caso pretenda resolver el hábeas corpus con un pronunciamiento que deje de lado todo este análisis jurídico previo”, indicó.

Además, destacó la coyuntura del pronunciamiento del Ministerio Público, considerando que en pocos días el TC tendrá que evaluar el hábeas corpus de Keiko Fujimori. “Va a ser muy difícil que decidan algo muy apartado de lo dicho por la Corte Suprema o por el Ministerio Público tras el pedido de Figari”, agregó.

Purizaga señaló que el rechazo al pedido de Figari “definitivamente refuerza la posición del Equipo Especial Lava Jato”. “Los fiscales han trabajado en base al presunto delito de lavado de activos, en caso se hubiese aceptado cambiar el tipo penal a un nuevo delito, toda la investigación tendría que haberse ajustado y también tendrían que cambiar la estrategia. Lo que ha pasado, entonces, es muy beneficioso para el trabajo que realiza la Fiscalía”, apuntó.

UN TC POLITIZADO

Purizaga advirtió que el Congreso “está corriendo para elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional”. “Esta premura por elegir a los miembros del TC no es gratis. Pareciera que pase lo que pase, antes que acabe setiembre, lo que quieren hacer es dejar un TC ante la eventualidad de una cuestión de confianza y una disolución del Congreso”, añadió.

Respecto a la elección de un nuevo TC, manifestó que “no hay un procedimiento claramente establecido sobre cómo debe ser un proceso de selección de los integrantes, pues prácticamente se deja al libre albedrío de los congresistas para que de acuerdo a sus criterios se elijan a los miembros”. En ese sentido, agregó que si no hay criterios claros y si se tiene en cuenta la actual coyuntura, se corre el peligro de tener un “TC politizado”.

NORMAS Y LEYES A MEDIDA

El abogado recordó que el pedido de Pier Figari se realizó como consecuencia de la modificación a un proyecto de reforma política planteado por el Ejecutivo y modificado por el Congreso. “No es gratuito ni es casual que se haya cambiado la propuesta de reforma para que termine en una ley que rebaja sanciones, en un salvavidas que le arrojan a quienes están investigados”, afirmó.

Por otro lado, Purizaga se refirió a la forma en que se ha estado moviendo el escenario político. “Llama mucho la atención que el Congreso haya pisado el acelerador con la elección del nuevo TC. Ellos saben que máximo a fin de mes la propuesta del Ejecutivo debe estar resuelta, a favor o no. Además, vemos que el sistema de justicia y los actores políticos están tan relacionados que resulta complicado darse cuenta cómo ciertos procesos de reforma del Estado van dilatándose hasta ver cómo se resuelve el tema del adelanto de elecciones”.

“Pero a puertas de un desenlace, todo se vuelve a reactivar: sale lo del TC, anuncian el nuevo reglamento para el concurso público de la Junta Nacional de Justicia, entre otras cosas. Entonces, me da la impresión de que han mantenido todo en stand by para ver cómo se iba resolviendo el conflicto con el Ejecutivo”.

En ese sentido, cuestionó el trabajo del Legislativo ya que “los proyectos que se están tocando ahora se hacen con la premura del tiempo, y con un Congreso cuestionado que busca sacar normas a la medida de sus intereses”. “Recordemos que los proyectos de la reforma política tenían errores gravísimos, como omitir el voto del extranjero. Para hacer normas así, preferiría que no se hagan, porque no me genera confianza y creo que la mayoría de ciudadanos piensa lo mismo”.

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Política

Inseguridad en la Amazonía: una continuidad devastadora

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Incendio en el Amazonas

Los incendios que siguen ocurriendo en el centro de la cuenca Amazónica y que no han podido ser contenidos en su verdadera magnitud, han llevado a poner atención en sus causas e impactos más visibles.

Entre las primeras hay que denunciar la existencia de una línea de continuidad entre políticas nacionales e internacionales que coinciden en agravar los riesgos que se ciernen sobre la estabilidad y sostenibilidad de la Amazonía en el futuro inmediato.

En ese sentido, la mirada que tiene el presidente Bolsonaro sobre la Amazonía de su país, coincide con los intereses de la agroindustria soyera, donde los grandes ganaderos lo único que desean es la expansión agrícola a costa del bosque primario.

Guardando la distancia, lo mismo sucede en el Perú con los intereses de madereros, migrantes, mineros ilegales y traficantes de tierras, que son defendidos en el Congreso por parlamentarios amazónicos como Tubino, Del Águila, Uchiñahua, Reátegui, Beteta y otros cuya visión extractivista es cortoplacista, y se disfraza de “desarrollo” y “lucha contra la pobreza”.

En el plano domestico peruano, observamos que desde el Ministerio de Economía y Finanzas y el propio Palacio de Gobierno coinciden en considerar esta región como un espacio vacío para la explotación de recursos energéticos sobre los que se basa la economía mundial (petróleo, gas y madera) y no se aprovecha debidamente su capacidad –y valor- de absorción de carbono para enfrentar el cambio climático, o su capacidad de almacenar la mayor reserva de agua dulce en el planeta, además de albergar una enorme biodiversidad.

Así tenemos el debate y aprobación de la Ley Purús (30574) para promover la construcción de carreteras, el irregular proyecto de la Hidrovía Amazónica, así como los próximos proyectos promovidos desde el Ejecutivo que buscan incentivos para la actividad forestal.

Además, somos testigos de una recurrente cantidad de agresiones contra la integridad territorial de los Pueblos Indígenas de la Amazonía por parte de traficantes de tierras, una desordenada migración desde los Andes, y los programas estatales de desarrollo alternativo y titulación a ex cocaleros que impulsa DEVIDA en Huánuco, Ucayali y Junín.

En el otro plano, la no convocatoria de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), representó un fiel reflejo de la poca importancia que se le da a esta instancia. La Cancillería peruana, a pesar del pedido hecho desde el Congreso por la bancada de Nuevo Perú, prefirió no involucrar a otro país amazónico, Venezuela.

El Pacto de Leticia no deja en claro la soberanía de los países amazónicos.

El Pacto de Leticia no deja en claro la soberanía de los países amazónicos.

Y Bolsonaro, so pretexto de la defensa de la soberanía estatal, prefirió mantener su pleito de mensajes y tweets con el presidente Macron de Francia y le cerró la puerta a la cooperación internacional.

El subsiguiente Pacto de Leticia y la adopción de medidas paliativas y formales, no constituyen una adecuada respuesta cooperativa que respete la soberanía de los países amazónicos, sobre todo luego que la OEA aprobase la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que otorga licencia de corso a EE.UU y sus aliados satélites en la región para provocar un incidente y posterior agresión militar contra Venezuela, como antes ocurrió en Vietnam (1965) y en Irak (1991 y 2003).

Brasil y Colombia, ahora aliados estratégicos de Trump, ambos vecinos de Venezuela, pueden ocupar el mismo rol que en su momento Filipinas o Kuwait para conducir la agresión militar.

La conexión Guaidó y paramilitares de Los Rastrojos, revelan que la oposición venezolana es solo un  sicario de la Casa Blanca.

La conexión Guaidó y paramilitares de Los Rastrojos, revelan que la oposición venezolana es solo un sicario de la Casa Blanca.

En tal sentido, no es casualidad 1) el incremento de sanciones unilaterales de EEUU a Venezuela, las mismas que incrementan la gravedad de la crisis humanitaria y el éxodo de sus ciudadanos a países vecinos; 2) el reinicio de acciones armadas de parte de una disidencia de las FARC que pone en grave riesgo la continuidad de los acuerdos de paz y el funcionamiento de todos los mecanismos de acompañamiento de la ONU, agravando la tensión ya existente en las fronteras de Colombia; 3) la realización de ejercicios militares por parte de Venezuela, lo que ha atizado la situación de seguridad regional; 4) las recientes fotos aparecidas de Juan Guaido con dudosos personajes de grupos paramilitares de “Los Rastrojos” (febrero 2019).

No vaya a ser que la continuación de esta peligrosa escalada geopolítica que usa como pretexto la democracia y la Amazonía, nos lleve a otro tipo de incendios ocasionados, ya no por la mano devastadora del empresario ganadero, sino como consecuencia de una intervención militar contra un país sudamericano.

 

RICARDO SOBERÓN
ABOGADO PERUANO, EX PRESIDENTE EJECUTIVO DE DEVIDA, DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DROGAS Y DERECHOS HUMANOS, CIDDH | NOTICIAS SER

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