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Discurso presidencial: Oportunidad perdida

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Bandera del perú negra

A poco de cumplirse 200 años de nuestra independencia nos enteramos, gracias a la cooperación internacional y a los sistemas judiciales de otros países, que un cartel de empresas brasileras había corrompido a gran parte de nuestra clase política.

Y cuando estábamos a punto de que se inicien las delaciones por corrupción (hasta ahora solo se habían realizado las delaciones de financiamiento indebido de campañas), hemos constatado, gracias a un amplio conjunto de audios, que existe una red de poder integrada por empresarios, criminalidad organizada, jueces, fiscales, policías y los políticos de turno que se reparten los recursos del Estado y modifican sentencias y nombramientos a su antojo enriqueciéndose a costa de las grandes necesidades de las mayorías.

Cuando más necesitábamos que la justicia esté a la altura de las circunstancias, vemos cómo el nuevo titular del Ministerio Público retira a Hamilton Castro del caso Lava Jato sin dar ninguna explicación y generando gigantescas suspicacias.

En estos procesos que algunos denominan: Lava Jato y Lava Jueces, el fujimorismo ha sido -sin duda- la Fuerza Número Uno. Hoy es claro que la mayoría fujimorista y aprista en el Congreso están en el centro del poder y lo utilizan para beneficiarse de su relación con actividades ilegales de todo tipo.

Durante el fujimorismo, Odebrecht firmó 31 contratos de los 67 que la internacional brasilera suscribió en el Perú y esa firma nunca facturó tanto como lo hizo durante el segundo gobierno de Alan García. Hoy la abusiva mayoría fujiaprista en el Congreso, controla la mayoría y la Mesa Directiva y están claros los vínculos de estas fuerzas con los sectores más oscuros.

Solo en un país carente de liderazgos podemos celebrar que un presidente mencione el enfoque de género y nos recuerde el oprobio en la salita del SIN. Lo cierto es que ningún problema urgente del país se resuelve con la prohibición de re-elección de congresistas, con la bicameralidad o con una comisión de reforma conformada por los mismos funcionarios que han convivido con la corrupción.

La propuesta de un referéndum del Presidente puede arrinconar al fujimorismo en los debates de algunos temas álgidos, pero también podría ser el salvavidas para que se mantengan en el Congreso hasta el 2021.

Además, la convocatoria a un referéndum no es potestad del Presidente, sino del Congreso y extremadamente difícil que las fuerzas que sostienen las articulaciones oscuras y corruptas sean las que definan el cambio como la sociedad necesita. Otorongo no reforma Otorongo.

Las movilizaciones masivas exigen cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones. En este mensaje presidencial, el presidente Martín Vizcarra perdió la oportunidad de poner sobre la mesa una propuesta de recorte del mandato parlamentario para que él pueda convocar a elecciones en abril del 2019.

El Presidente de la República nos quiere canjear el adelanto de elecciones por una reforma constitucional que debe realizarse con los mismos actores que han causado los problemas más graves y socavan permanentemente al Poder Ejecutivo.

Analizándolo fríamente, el presidente Vizcarra podría estar –sin proponérselo- adormeciendo la fuerza de la protesta y asegurando la permanencia de la mayoría fujimorista en el Congreso que es la causa principal de la crisis de este régimen. Tras los anuncios principales, la tarea de los que estamos por el cambio será evitar que la exigencia de elecciones adelantadas y de una nueva Constituyente se enfríen. Las movilizaciones son, por ahora, el único mecanismo con el que contamos para renovar la clase política y lograr que recuperemos el país y la soberanía del pueblo peruano.

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Política

AG es un cobarde

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Alan García Pérez

El intento de fuga de AG, mediante la condición de supuesto asilado político, no solo ha indignado a la población que está cansada de la impunidad de algunos personajes políticos que nunca pagan sus delitos. También se han pronunciados políticos de diversas tendencias que coinciden en señalar que esta es una manera tácita del exmandatario García de aceptar su culpabilidad en todas las imputaciones.

COBARDE

Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, se pronunció de inmediato se hizo pública la estancia de AG en la residencia del embajador de Uruguay en Lima.

“El señor García decía que se allanaba a las investigaciones y que se quedaba en el país porque no tenía nada que temer y ahora pide asilo en la Embajada de Uruguay. ¡Mentiroso y cobarde! Esta vez el pueblo peruano no permitirá que rehuya la justicia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el excongresista Sergio Tejada también mostró su postura por la misma red social, respecto a la decisión del expresidente García.

“Si alguien hace un ranking de los más corruptos de nuestra historia, que haga también uno de los más cobardes. Muy ’valiente’ para amenazar, difamar y mandar a sus matones, un cobarde cuando tiene que responder ante la justicia”, destacó Tejada.

CULPABLE

Yonhy Lescano, legislador de Acción Popular (AP), dijo que AG no ha tenido el coraje de enfrentar a la justicia peruana.

Aseguró que es una vergüenza que un exmandatario haya asumido una actitud de ese tipo, más aún cuando hace poco manifestaba que no tenía ningún tipo de responsabilidad penal en las investigaciones por el caso Odebrecht.

“Con la posición asumida por García Pérez al solicitar asilo político, está declarando expresamente su culpabilidad. Quien nada tiene nada teme”, aseveró Lescano.

Justiniano Apaza, congresista del Frente Amplio (FA) señaló que García “huye como un cobarde al haberse puesto al descubierto su participación directa en la corrupción de Odebrecht”.

Refirió que en la década de los 90, alegando persecución política, AG salió del país y retornó cuando los delitos de los que era acusado prescribieron.

El legislador izquierdista advirtió que “cuando la Fiscalía presenta argumentos sólidos que lo incriminan en la corrupción y un juez decide impedir su salida del país, sabiendo que ha sido puesto al descubierto huye cobardemente”.

PLENA DEMOCRACIA

Por su parte, Jorge Meléndez, vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), se preguntó: “Qué pasó Sr. García ¿dónde quedó el interés de colaborar con la investigación? En menos de 24 horas termina evadiendo la justicia”.

Resaltó que el Perú no vive un golpe de Estado, porque vivimos en democracia y con pleno respeto a los derechos de sus ciudadanos. “Su actitud nos deja muchas dudas”, dijo.

Su colega de bancada, Ana María Choquehuanca, coincidió en que en el país no existe persecución política.“Hay líderes políticos que están siendo investigados, al parecer huyen los que se sientes culpables”, aseveró.

Choquehuanca refirió que Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones investigado por el presunto cobro de una coima por el Metro de Lima, podría ser colaborador eficaz en este caso, mientras que el expresidente García solicita asilo.“El que nada debe nada teme, es momento de responder a la justicia”, enfatizó.

LIQUIDÓ AL APRA

Manuel Dammert, legislador de Nuevo Perú fue enfático en explicar en cómo los políticos más poderosos e influyentes del país han llevado a la ruina a sus respectivos partidos. “Alan García liquidó al Apra en su modo alanista neoliberal y corrupto, de la misma forma que Keiko liquida el fujimorismo, neoliberal modo Señora K. Se cierra un ciclo de la historia política peruana. Nuevas fuerzas, es el tiempo de Verónika Mendoza”, destacó el parlamentario de izquierda.

ALGO MÁS

Gilbert Violeta, parlamentario de PpK, afirmó que la Cancillería debe negar salvoconducto a AG, lo contrario sería traicionar al pueblo peruano y la democracia. “Si el presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, concede el asilo político al expresidente Alan García, entregarlo sería una traición al pueblo y a la democracia peruana. La Cancillería peruana tendría que negar el salvoconducto y obligarlo a permanecer en la embajada de Uruguay en Lima.

“Los delitos de corrupción son imprescriptibles”, destacó.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Vizcarra le dijo a mandatario uruguayo que no hay perseguidos

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Martín Vizcarra Cornejo

Hugo de Zela, viceministro de Relaciones Exteriores, señaló que el presidente Martín Vizcarra se comunicó con el presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, para anunciarle que el Perú enviará en breve la información relacionada al pedido de asilo del exmandatario Alan García.

Un trascendido indicó que en la conversación, el presidente Vizcarra le aclaró al mandatario Vásquez que en el Perú no hay perseguidos políticos.

“Hubo una conversación, fue cordial, el Presidente le anunció al mandatario Vásquez que pronto enviaremos la información a la que se refiere el artículo 9 de la Convención de Caracas”, anunció Zela.

Según el viceministro, la información será tomada en cuenta por el gobierno de Uruguay para tomar la decisión que considere; pueden rechazar el asilo y en ese caso le pedirán a García que abandone la residencia de Uruguay y, si le dan el asilo, lo comunicarán formalmente al gobierno peruano.

Indicó que si se concede el asilo, pedirán al gobierno entregarle un salvoconducto que le permita trasladarse a Uruguay.

De Zela resaltó que el procedimiento para resolver un pedido de asilo está especificado en la Convención de Caracas, de la cual el Perú y Uruguay son parte y sus artículos son obligatorios para los dos países.

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Política

AG intenta burlar a la justicia pidiendo asilo diplomático a Uruguay

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Alan García Pérez

Demostrando en los hechos su gran temor a enfrentar a la justicia y que su discurso sobre su inocencia y su entereza para demostrarla eran solo palabras huecas, el expresidente Alan García Pérez ingresó la noche del sábado a la residencia del embajador de Uruguay y solicitó asilo diplomático.

Su allanamiento al pedido del fiscal para arraigarse 18 meses en Lima y sus proclamas de que presentaría todas las contrapuebas que sean necesarias contra sus imputaciones de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, fueron solo puestas en escena, mientras preparaba su segundo escape de la justicia.

La Cancillería informó ayer a la 1:30 de la tarde, vía Twitter, que la embajada de Uruguay había informado oficialmente que el expresidente García Pérez había ingresado a esa sede diplomática el sábado 17 por la noche y ha solicitado asilo, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay.

El embajador de Uruguay en el Perú, Carlos Barros, confirmó que tras el ingreso de AG a su residencia, informó del hecho, por teléfono, al presidente de su país, Tabaré Vásquez, para comunicarle que el exmandatario Alan García solicitaba asilo político en su país.

VIZCARRA

Por su parte, poco después de conocerse la noticia, el presidente Martín Vizcarra se pronunció en Twitter señalando que “en el país no existe persecución política. Todos los peruanos deben allanarse a la justicia, sin excepciones”.

IMPOSIBLE DE SALIR

El expremier Pedro Cateriano explicó que debido a que García tiene una orden judicial de arraigo en regla, no procede su asilo diplomático. No obstante, si el Gobierno de Uruguay le concede el amparo, el presidente Martín Vizcarra no podrá autorizar el salvoconducto, entre la embajada y el aeropuerto, porque quebrantaría la orden judicial de arraigo de García. Un imposible jurídico.

LA DEBE Y LA TEME

El pasado viernes, premonitoriamente, el abogado del expresidente Alejandro Toledo, Heriberto Benítez, había adelantado que era posible que AGP pidiese asilo a alguna embajada.

Erasmo Reina, abogado de García Pérez y los congresistas Mauricio Mulder y Elías Rodríguez ensayaron una dramática explicación para justificar la evasión de la justicia por parte de su líder.

Dijeron que el propio AGP informó a dirigentes apristas que ayer lunes el fiscal Pérez lo iba a citar para interrogarlo, pero en realidad lo iba a detener.

Entonces, como era posible que lo trasladaran al penal de Ancón, donde están sus enemigos que cobraron coimas por el Tren Eléctrico, dedujeron que la vida del expresidente corría peligro y, en consecuencia, le aconsejaron que pidiese asilo diplomático.

SOLO LA JUSTICIA LO PERSIGUE

Alan García no es un perseguido político. Durante este régimen gozó de absoluta libertad, tan es así que trasladó su residencia y la de su familia a Madrid, España, desde el 2016.

Desde el 2015, era investigado por la Fiscalía Anticorrupción por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en organización criminal, en un proceso que avanzó poco.

En el megacaso Lava Jato, desde marzo de 2017 es investigado por el otorgamiento a Odebrecht de los contratos de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima. Pero ese proceso tampoco avanzó mucho.

En la investigación sobre los sobornos cobrados por Jorge Cuba Hidalgo y otros, por US$ 10 millones, solo fue involucrado como testigo.

En marzo de este año fue comprendido, como investigado, en el caso de una “propina” de US$ 200 mil dólares que Odebrecht dice haber dado el 2006 a su partido, por intermedio de Luis Alva Castro.

EL FACTOR PÉREZ GÓMEZ

Esta cómoda situación como el expresidente menos comprometido en el megacaso Lava Jato, en relación a las situaciones de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Kuczynsky, cambio sin embargo, de un día para otro.

El pasado jueves, a su llegada a una interpelación más por parte del fiscal Pérez Gómez, la diligencia fue suspendida. El magistrado le imputó los delitos graves de colusión y lavado de activos y solicitó al juez que le prohibiese salir del país por 18 meses.

ALGO MÁS

Fuentes apristas difundieron una extensa carta, en la que AG fundamenta las razones de su pedido de asilo. Acusa al gobierno de Vizcarra de haber inducido la prisión preventiva de Keiko Fujimori para someter al partido Fuerza Popular, y retirar del cargo al fiscal de la nación Pedro Chávarry para controlar esa institución. Dentro de ese contexto, el gobierno, vía la Fiscalía, planeaba también enviarlo a la cárcel.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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