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Días claves para Óscar Mollohuanca

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Exalcalde de la provincia cusqueña de Espinar afronta un proceso judicial injusto.

El próximo 4 de julio, en la ciudad de Ica, se realizará la audiencia final del caso del exalcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca y varios otros dirigentes sociales de esa provincia de Cusco.

El largo proceso judicial es consecuencia del paro provincial de mayo de 2012, que en su momento fue convocado por las principales organizaciones sociales de la zona y liderado por el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE).

Luego de varios días de paralización y enfrentamientos, el gobierno de entonces declaró el Estado de Emergencia. Inmediatamente, se ordenó la detención de varios dirigentes sociales y de Mollohuanca, que fueron trasladados, en un primer momento a la ciudad del Cusco y posteriormente a Ica, lugar donde se ha llevado todos estos años el proceso judicial, imputándoles los delitos de atentado contra la seguridad pública, entorpecimiento de los servicios y disturbios.

El arresto del alcalde de Espinar desató una ola de protestas a nivel nacional e internacional. Bajo fuerte presión y buscando crear mejores condiciones para superar la tensión y los enfrentamientos en toda la provincia de Espinar, el gobierno de Humala tomó la decisión de excarcelar a Mollohuanca e instalar una nueva Mesa de Diálogo. El alcalde de Espinar jugó un rol determinante para bajar la tensión que se vivía y enrumbar en conflicto a un proceso de diálogo.

Lo cierto es que ya han pasado cinco años y no solo no ha sido resuelto el proceso judicial en contra de los dirigentes, sino que lo más grave es que la agenda que motivó el paro sigue sin ser atendida y menos aún solucionada.

¿Qué pedía la población de Espinar en ese momento? En primer lugar, la solución inmediata de los problemas de contaminación de aire, suelo y agua, demandando mitigación, remediación, reubicación e indemnización por daños ambientales; la restitución de las fuentes de agua en varias zonas de la provincia; una auditoría ambiental internacional por el cierre de las operaciones del proyecto Tintaya, el inicio de la nueva mina de Antapaccay y; el respeto a los derechos humanos de los pobladores.

Lamentablemente, pasado todo este tiempo, las autoridades del Estado peruano aún continúan discutiendo sobre el origen de la contaminación por metales pesados, sin considerar que se ha comprobado que la población tiene en sus cuerpos, metales tóxicos que ponen en grave riesgo su salud por exposición crónica. Peor aún, como se ha reportado en estudios oficiales, hasta la fecha no se ha implementado políticas de salud ambiental en Espinar para corregir ese grave problema.

En el 2010 se estudió la exposición puntual a cuatro metales altamente tóxicos en la población de los distritos de Espinar y Alto Tejada. Dicho estudio reveló que todas las personas muestreadas tenían niveles detectables en sus cuerpos de arsénico, mercurio, plomo, cadmio.

Esta situación de incertidumbre y el hecho que se oculte información gravitante para la vida y salud de la población, fue uno de los factores que desencadenó la protesta de mayo de 2012. Hay que subrayar que los resultados de este estudio solo fueron hechos públicos y entregados a la población entre fines de 2012 y el segundo trimestre de 2013.Posteriormente se realizó un segundo estudio de exposición puntual en el distrito de Espinar (enero 2013), aunque en esta ocasión se excluyó a la mayoría de comunidades previamente evaluadas.

El caso ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 8 de abril de 2016, se llevó una audiencia pública en la ciudad de Washington, donde los propios representantes de la población y sus asesores, sustentaron la grave situación de contaminación y la falta de respuesta del Estado peruano. En dicha audiencia, la comisionada Esmeralda Arosemena solicitó al Estado peruano que se revise la situación jurídica de las tres personas detenidas por reclamar contaminación e hizo un llamado a solucionar los problemas de contaminación.

Hace unos meses, mediante pronunciamiento, pobladores afectados por metales pesados exigieron una vez más la atención que esperan desde el año 2010 y 2013 cuando se confirmó la grave situación en la que se encontraban 180 personas de las comunidades de Huisa y Alto Huancané.

Los planes elaborados por las autoridades del sector Salud no han tenido mayor viabilidad pues no cuentan con presupuestos, ni con el soporte institucional necesario, lo que expresa la falta de voluntad política de las autoridades competentes para implementarlos. Por ejemplo, hasta la fecha no se brinda atención especializada a personas que sufren exposición crónica a metales pesados.

En paralelo, el ex alcalde Mollohuanca y los otros dirigentes de Espinar han enfrentado cinco años de investigaciones y constantes dilaciones del proceso. Todo el proceso se ha seguido en Ica, luego que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidiera remitir el caso fuera de Cusco, bajo el argumento que no existían garantías para los fiscales. La Fiscalía ha modificado en más de cuatro ocasiones la acusación y la tipificación de los supuestos delitos,

El hecho de que el proceso no haya retornado al distrito judicial del Cusco, ha limitado el legítimo derecho de defensa de los dirigentes. La Fiscalía ha solicitado 8 años por los dos primeros delitos, y 7 por disturbios, además del pago de 100 mil nuevos soles como reparación civil.

Mientras que los dirigentes encausados asistirán a escuchar los alegatos finales del proceso, la población en Espinar sigue esperando respuestas a los graves problemas de contaminación y los impactos en la salud. En todos estos años y pese a la indiferencia de las autoridades, han demostrado una voluntad de diálogo y han hecho todos los esfuerzos para encontrar salidas dialogadas y pacíficas al conflicto.

Se espera que este duro capítulo en la historia de Espinar se comience a cerrar en Ica y que sobre todo las demandas que estuvieron a la base del conflicto del año 2012, sean finalmente atendidas por las autoridades.

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Actualidad

Se cierra el círculo para asesinos venezolanos

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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Condevilla ordenó la detención preliminar por siete días contra el ciudadano venezolano Abraham Alberto Perozo Borja, al estar presuntamente implicado en el asesinato de Jafet Torrico Jara y Rubén Matamoros Delgado. El asesinato ocurrió en el hotel Señor de Sipán, en San Martín de Porres.

El Poder Judicial también ordenó detención preliminar por el plazo de siete días también para los ciudadanos venezolanos Angelbert Díaz Colina y Jhonatan Jesús Donayre Semprun, por el delito de homicidio calificado en agravio de Jafet Torrico Jara y Rubén Matamoros Delgado.

En el video se muestra la audiencia de control en el Ministerio Público de Lima norte de ambos venezolanos, que se suman a tres más de la misma nacionalidad que está detenidos.

La Policía Nacional intervino la tarde del miércoles a Jacksiver Jhoaury Salcedo Campos. La ciudadana de origen venezolano fue detenida en la intersección de la Av. Izaguirre con la calle Napo. Ella fue trasladada a la comisaría Sol de Oro y fue reconocida por su físico y las zapatillas con que estaba, que eran idénticas a las que salen en el video del hostal Señor de Sipán.
Asimismo, figuran Verónica Andreina Montoya Araujo “Roxi” y el cuartelero del hostal Señor de Sipán, Alexander Salazar Álvarez. La primera cuenta con prisión preventiva con fines de extradición por otro caso y el segundo seguiría detenido, pero ahora bajo prisión preventiva.

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Política

Con la soga al cuello

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Vicente Silva Checa

Luego del anuncio de la Fiscalía respecto al próximo interrogatorio de Vladimiro Montesinos a cargo del fiscal José Pérez, y la posibilidad de incluir en la acusación de lavado de activos contra Fuerza Popular el uso de dinero proveniente de la corrupción en los años 90, el analista político Carlos Monge consideró que el caso se torna “mucho más complejo y serio de lo que se tenía identificado inicialmente”.

“Considerando que el señor Vicente Silva Checa (acusado de ser testaferro de Montesinos y asesor en las sombras de Keiko Fujimori según un testigo protegido) ha tenido un vínculo histórico con estos actos de corrupción, e incluso ya purgó cárcel, me parece totalmente razonable que la Fiscalía convoque a Montesinos para indagar cuál era el mecanismo en los ‘90 para guardar el dinero que sería usado posteriormente en las campañas del fujimorismo”, indicó.

“Además del dinero de la caja negra de Odebrecht, parece que la acusación también apunta a movimientos de dinero, en un blanqueo de millones de dólares entregados a Joaquín Ramírez para que lo blanquee en universidades, usando el mecanismo de empresas familiares que proveían de servicios sobrevaluados a su propia universidad”, agregó.

Sobre el vínculo de Silva Checa y Keiko Fujimori, Monge afirmó que “si el problema fuera que solo la asesora, habría un problema ético, y nadie va preso por tener un delincuente de asesor”. “Sin embargo, en caso se compruebe que Silva Checa es donante de dinero proveniente de la corrupción en los ‘90 y usado en las campañas de Keiko Fujimori, el caso se volvería mucho más grave por ampliarse la figura de lavado de activos”, señaló.

FINANCIADOS POR EL NARCOTRÁFICO

Monge recordó los casos más emblemáticos de los vínculos del fujimorismo con el narcotráfico en la dictadura de los años ‘90: “Recuerdo el caso del desvío de armas para las Farc a cambio de pagos con dinero proveniente del narcotráfico colombiano, que era la forma como las Farc financiaba sus compras de armamento. Luego, han habido acusaciones de parte de narcos de la zona del Huallaga, quienes indicaron que pagaban cupos a Montesinos para que los proteja en sus operaciones”.

“Entonces no es novedad que Montesinos aparezca asociado a lavado de dinero del narcotráfico. Esto tiene muchos antecedentes y no sería para nada una sorpresa que surgiera algo nuevo en ese sentido durante el interrogatorio”, añadió.

Además, indicó que si bien ya desde los ‘80 han existido acusaciones de narco parlamentarios dirigidas a las bancadas de Acción Popular y el Apra, “con el fujimorismo se ha fortalecido esa presencia”. “El fujimorismo, recordemos, ha logrado ser el espacio de representación política de muchas economías ilegales. Ahí se expresa el lobby de las universidades truchas para tirarse abajo a la Sunedu; hay parlamentarios fujimoristas que son defensores de las cooperativas ilegales en el Vraem; otros están vinculados a la minería y a la pesca ilegal; y así sucesivamente podemos mencionar casos”, afirmó.

NO ES PERSECUCIÓN POLÍTICA

Respecto a la protesta expresada por los parlamentarios de Fuerza Popular, quienes manifestaron que el interrogatorio a Vladimiro Montesinos se programó con el afán de presionar al Tribunal Constitucional en el caso del hábeas corpus de Keiko Fujimori, Monge indicó que “ellos se han pasado años tratando de contarnos el cuento de que Fujimori era un pobre tonto que no se enteraba de lo que ocurría a sus espaldas”.

“Han tratado de construir esa narrativa; sin embargo todos sabemos cómo son las cosas. Obviamente, les molesta que ahora reaparezca la figura de Montesinos asociada al fujimorismo y por eso inventan esto de la persecución política. Pero son argumentos de defensa porque se sienten afectados por la íntima asociación de Montesinos no solo con Alberto Fujimori sino con Keiko, porque era él quien pagaba sus estudios”, apuntó.

Monge advirtió que “no hablamos de niños de 12 años que no se han preguntado de dónde sale la plata para pagar el colegio, sino de adultos que estudiaron maestrías en el extranjero y que recibían del asesor de inteligencia ese dinero sin preguntarse de dónde venía”.

ACUSACIÓN SERÁ CONTUNDENTE

Finalmente, el analista político destacó que “se van acumulando evidencias sobre el funcionamiento de Fuerza Popular como una organización criminal, y ante cada nueva prueba sus miembros reaccionan muy nerviosos para tratar de frenar la investigación”.

En este sentido, indicó que Silva Checa es una pieza que podría “ayudar a probar no solo cómo funcionaba Fuerza Popular y cómo trataba de obstruir la investigación, sino también permitirá llevar la madeja hacia atrás y mostrar la relación entre Montesinos y el fujimorismo, y cómo se habría sostenido esa relación hacia el presente con el soporte en campañas del dinero ilícito de la corrupción de los años ‘90”.

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Política

Criminalización de los trabajadores mineros sindicalizados

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Enfrentamientos conflictos sociales policía contramanifestaciones huelgas

Lo grave de todo esto es que Sylvia Cáceres, ministra de Trabajo, no cumple con su labor de mediar, que debería ser el rol de un funcionario del Estado peruano, para que empresarios y trabajadores se acerquen y lleguen a un acuerdo para solucionar el pliego de reclamos que fue presentado oportunamente.

En vez del diálogo que solicitan reciben la indiferencia de la SNMPE y para remate fueron reprimidos de manera violenta por un piquete de la Policía Nacional, cuando fueron a protestar al Ministerio de Trabajo para solicitar que se solucione su petitorio.

Para remate, el grupo de congresistas que los acompañó para conseguir el diálogo, nos referimos a María Elena Foronda, Hernando Cevallos, Humberto Morales y Rogelio Tucto del del Frente Amplio, fueron arrastrados y maltratados por los gendarmes.

Esto revela que no hay respeto por las autoridades congresales y a ello se sumaron: Salvador Heresi, segundo vicepresidente del Congreso, que los acusó de “incitar” a la violencia, y Pedro Olaechea, presidente del Legislativo, que le mintió cínicamente al país.

Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú

REACCIONES SOLIDARIAS

En seguida entrevistamos a Jorge Juárez, secretario general de la FNTMMP, quien nos dijo cómo se encuentra el sector laboral que representa, a más de una semana de la violencia de la que fueron víctimas. De igual modo a Francisco Soberon, fundador de Aprodeh y exsecretario de la Coordinadora Nacional de Derchos Humanos (CNDDHH), y a Jorge Bracamonte, titular de esa entidad.

—¿En que estado está la situación que ustedes enfrentan?

—El día sábado pasado nos comprometimos con la ministra respecto a que íbamos a reunirnos la SNMPE el martes, en el marco del extraproceso, pero la ministra no ha asistido, solamente estuvieron el conciliador y la jefa del departamento de Solución de Conflictos del Ministerio de Trabajo, la doctora Manuela García.

Estamos viendo para el día 25 una propuesta de diálogo con la ministra. Nosotros suspendimos la huelga, pero lamentablemente vemos una actitud intransigente por parte de la SNMPE, que desconoce y no respeta a los trabajadores, y ni siquiera envía un representante para que pueda enterarse de cuál es nuestro planteamiento.

—¿Van a reiniciar la huelga?

—Nosotros suspendimos la huelga el día sábado, después de nuestra excarcelación, ya que fuimos ilegalmente detenidos. Vamos a retomar nuevamente esta medida de fuerza, para ello vamos a tener una reunión este fin de semana para evaluar la reanudación de la huelga nacional indefinida, porque la SNMPE sigue dando las mismas muestras de intransigencia.

—La ministra de Trabajo tampoco se ha presentado…

—Claro, parece que ella y la SNMPE están en la mima sintonía.

—¿Sabe si se ha reunido con los representantes de la SNMPE?

—Tal vez ellos se habrán reunido pero con nosotros no había absolutamente nadie.

—Entonces, este fin de semanana reinician la huelga nacional indefinida.

—Sí, definitivamente. Lamentamos que no haya una voluntad de diálogo. Como usted verá, ni siquiera se presentan para dialogar y resolver, de una vez, nuestro pliego de reclamos.

 

ALGO MÁS

“Nos parece reprobable que el Congreso de la República pretenda estigmatizarlos y acusarlos de azuzadores de la violencia. Esto da cuenta del tipo de Congreso que tenemos, en donde el presidente del Legislativopuede permitirse mentir cínicamente frente al país”, concluyó Bracamonte.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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