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Día de la ciudadanía de las peruanas

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La mujer peruana cumplió por primera vez su obligación y derecho de votar en las elecciones del año 1956.

El 7 de setiembre fue el “Día de la Ciudadanía” para la mujer, ese día se adquirió el pleno derecho político al sufragio y la categoría de ciudadanas. La mujer peruana cumplió por primera vez su obligación y derecho de votar en las elecciones del año 1956, hace ya seis décadas.

Al quedar sancionado también el derecho de elegir mujeres representantes, fueron electas para la Cámara de Senadores la cajamarquina Irene Silva de Santolalla y en Diputados Lola Blanco de la Rosa Sánchez, diputada por Ancash; Alicia Blanco Montesinos, diputada por Junín; María Eleonora Silva Silva, diputada por Junín; María M. Colina de Gotuzzo, diputada por La Libertad; Manuela C. Billinghurst, diputada por Lima; Matilde Pérez Palacio Carranza, diputada por Lima y Juana M. Ubilluz de Palacios, diputada por Loreto.

La Ley Nº 12391 señaló en su Artículo 84 que: “Son ciudadanos los peruanos varones y mujeres mayores de edad, los casados mayores de 18 años y los emancipados”. Esta ley representó para la mujer la conquista de sus derechos. Con esta norma las peruanas adquirimos el derecho de elegir y ser elegidas.

¡Cumplimos 62 años como ciudadanas de este país! El 7 de setiembre de 1955, tras arduos debates en el Congreso, se promulgó la Ley 12391, que reformó la Constitución y otorgó a las peruanas la categoría de ciudadanas, el pleno derecho al sufragio, a elegir y ser elegidas.

Esta conquista no hubiera sido posible sin la lucha de mujeres como María Jesús Alvarado, que abrieron la trocha por la que hoy transitamos. La agenda prioritaria de la actual reforma electoral en materia de ciudadanía de las mujeres demanda la aprobación de la Paridad (cincuenta / cincuenta) y de la Alternancia de Género (mujer – varón – mujer) en la conformación de las listas de elección popular en los procesos electorales 2018 y 2021 y abrir el Congreso a la transformación con nuevos y renovados partidos políticos.

Este 7 de setiembre nos encuentra haciendo frente a una ofensiva conservadora. La política de igualdad de género, así como la existencia del propio Ministerio de la Mujer afrontan este embate fundamentalista y es por ello que las diferentes organizaciones de mujeres, organizaciones feministas y de la sociedad civil demandamos al Legislativo, al Ejecutivo y la ciudadanía cerrar filas en defensa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Las mujeres y las niñas de este país, ciudadanas peruanas, necesitamos aún este espacio en el Poder Ejecutivo para impulsar las políticas públicas que garanticen nuestros derechos.

Educadora Irene Silva de Santolalla la primera senadora del Perú en 1956.

Educadora Irene Silva de Santolalla la primera senadora del Perú en 1956.

LOS ANTECEDENTES
Entre 1910 y 1911, María Jesús Alvarado, fundadora de Evolución Femenina, reivindicó en forma explícita y decisiva los derechos civiles y políticos de las mujeres.

El camino a la vida política de las mujeres fue despejado por mujeres. María Jesús Alvarado empezó hace más de 100 años a abrir trocha a todas las mujeres del Perú. Pionera, activa luchadora social, escritora y periodista, se atrevió a cuestionar la sujeción al poder masculino y todo lo que ello representaba en la sociedad limeña y peruana de la época, planteando en 1911 el primer manifiesto feminista.

Este manifiesto fue presentado, en una conferencia denominada “El Feminismo” en la Sociedad Geográfica de Lima. Por primera vez una mujer expuso públicamente ideas innovadoras en relación a la autonomía de la mujer y a la igualdad de sus derechos civiles y políticos:

“…La liberación intelectual, moral y económica de la mujer, traerá como consecuencia lógica y precisa, el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, su dignificación y emancipación completa, como lo exige la justicia que inspira las leyes modernas”.

Con el surgimiento de los grandes movimientos político-sociales y de las ideas de los años veinte vemos surgir un notable grupo de mujeres que combinan la actividad intelectual, la práctica política, la lucha social y la reivindicación femenina. Destacaron, dentro del APRA, lideresas como Eva Morales, Nita Pérez, Susana Medrano y Teodolinda de Gomero. Mención especial merecen Magda Portal y Carmen Rosa Rivadeneira, a quienes su feminismo naciente las colocará, tiempo después, fuera del partido de Haya de la Torre.

Es de resaltar el énfasis que puso Magda Portal en señalar que el voto calificado “es una notable desigualdad con el varón ya que a este, sea de la condición social que sea, se le permite el derecho al voto universal y a la mujer se la limita y se la califica de acuerdo a su posición social y económica…” (Hacia una nueva mujer. 1931).

En el naciente Partido Socialista y el movimiento de ideas liderado por José Carlos Mariátegui sobresalen: Adela Montesinos, Alicia Bustamante, Carmen Pizarro, Celia Bustamante, Raquel y Estela Bocángel.

En el Perú, al igual que en el movimiento sufragista internacional, hubo mujeres que pidieron el voto solo para los sectores cultos. Por eso fueron muy importantes las acciones de las feministas socialistas Adela Montesinos y María Jesús Alvarado, quienes plantearon el voto universal para todas. María Jesús Alvarado formó el grupo “Evolución Femenina”, junto con Adela Montesinos. Este primer grupo feminista se definió en pro de la cultura y derechos de la mujer.

La doctora Roisida Aguilar, investigadora de la ONPE, cuenta en su libro Historia del voto femenino en el Perú que Zoila Aurora Cáceres, tras fundar la agrupación Feminismo Peruano en 1924, trabajó incansablemente por el derecho al sufragio. Reunida con mujeres de la alta sociedad y de la clase media en el Hotel Bolívar y en la Sociedad Geográfica del Perú, elaboró una propuesta para que se modificara el artículo de la Constitución que no consideraba el derecho de la mujer al voto.

Debate en el Congreso
En la década del treinta del siglo XX encontramos más antecedentes de la batalla en el Poder Legislativo por el sufragio femenino. Se ubican en el diario de debates del Congreso Constituyente que fuera instalado el 11 de octubre de 1931.

El Congreso Constituyente inició sus funciones el 8 de diciembre de 1931, fecha en que asume la presidencia Luis Miguel Sánchez Cerro. Desde las primeras sesiones, la ciudadanía y sufragio de las mujeres es uno de los temas que merece la atención de los representantes.

Es la primera vez que se escucha en el hemiciclo la voz de sus integrantes solicitando el sufragio para la mujer. También se escucharon voces de radical oposición. Se elaboraron dos dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría, y ambas comisiones se pronunciaron sobre el voto de la mujer. Solo la minoría lo hizo en forma irrestricta.

Para el historiador Jorge Basadre “fue un imperdonable error haber negado en 1931 el voto a la mujer”. La participación femenina en el proceso electoral de ese año llegó a ser muy intensa en la labor propagandística de los partidos, “fenómeno que no había ocurrido anteriormente”.

ALGO MÁS
Durante el gobierno de Manuel A. Odría el Congreso aprobó el texto de la reforma constitucional el 5 de septiembre de 1955, el mismo que fue promulgado el 7 del mismo mes.

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Política

Cargamontón contra el fiscal Pérez

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José Domingo Pérez Gómez

Erasmo Reyna, el exabogado de Alan García, señaló que el pedido del fiscal José Domingo Pérez para incautar el celular del fallecido expresidente busca convalidar el tiempo que ha tenido el dispositivo en su poder de manera ilegal.

“No solamente están buscando incautar el bien, el celular, que es propiedad de los herederos de García, sino que en verdad José Domingo Pérez lo tiene desde el 24 de abril”, señaló Reyna.

“Lo tiene de manera ilegal porque recién está solicitando que el juzgado, el Poder Judicial, le autorice para poder justamente tener este bien. Así que lo que está buscando es convalidar finalmente lo que ha hecho hasta el día de hoy sin tener un mandato judicial que lo autorice”, agregó.

Reyna calificó los hechos como “una actitud perversa” y señaló que el hijo mayor de Alan García pidió semanas atrás la entrega de los objetos personales de su padre y que aún no obtiene una respuesta.

Erasmo Reyna

INVESTIGACIÓN DEBE SEGUIR SU CURSO

“Me parece que la investigación debe seguir su curso porque no se trata solo de identificar el rol específico que Alan García puede haber jugado en el esquema de corrupción”, dijo el analista político Carlos Monge.

“Se trata también de identificar la red de relaciones de quienes de adentro del Poder Judicial protegían a Alan García, incluso él mismo decía que tenía informantes; entonces me parece que si bien Alan García se suicidó, eso no agota seguir adelante con las investigaciones”, afirmó.

“El levantamiento del secreto de sus comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario, el allanamiento del domicilio o de los locales donde pudiese haber documentación, el requerir instrumentos de comunicación, como el celular o como podría haber sido una laptop, son parte de un proceso de investigación que no tiene porqué interrumpirse”, aseguró.

“No me llama la atención que el Apra reaccione, porque está tratando de construir la idea de un mito, de un mártir de la democracia o lo que sea, en ese sentido no tiene ningún interés en que sepa más acerca de las responsabilidades directas de Alan García, los contactos que han estado usando para protegerse”, sostuvo.

Mercedes Araoz

ARÁOZ Y SU CORAZONCITO APRISTA

“Recordemos que Mercedes Aráoz fue ministra de Economía y ha sido candidata del Apra, entonces sus vínculos políticos existen -¡ojalá no existan vínculos de corrupción!-, al menos es fuerte el vínculo político: no es poca cosa ser ministra de Economía, no es poca cosa ser candidata presidencial, es un vínculo muy fuerte que en este caso no está comportándose como miembro integrante del Ejecutivo, que está colocando la lucha contra la corrupción en el centro de su agenda, me parece que más bien sigue comportándose como parte del entorno personal y político de Alan García”, observó.

“No me sorprende que lo haga, que salga con posiciones tan discordantes del presidente Vizcarra y el Ejecutivo, pero sí me preocupa porque en el caso de que el presidente Vizcarra tenga un problema de salud o político, quien asumiría la presidencia de la República sería ella”, comentó.

“Eso significaría una orientación totalmente diferente en la lucha contra la corrupción y eso es preocupante. Ojalá que esta no sea una jugada en pared con el fujiaprismo. Es como si dijera: ‘ustedes traten de vacar a Vizcarra y yo me ofrezco como una presidenta amigable’, eso puede ser, ojalá que no”, concluyó Monge.

Javier Velásquez Quesquén

ME SORPRENDE QUE SE META EN ESO

“En primer lugar la incautación es absolutamente legal, sí es legal es legítima; en segundo lugar, la responsabilidad penal de Alan García ha caducado con su muerte, pero las investigaciones sobre los hechos, no”, afirmó Alberto Quintanilla legislador de Nuevo Perú.

“Hay que tener en cuenta que hay otros presuntos responsables y reparaciones civiles en favor del Estado que están pendientes de ser resueltas y que de ninguna manera se separarían de la investigación”, subrayó.

“Esa es una interpretación absolutamente equivocada de Velásquez Quesquén, Erasmo Reyna y de la señora Mercedes Aráoz. Lo que ellos quieren es que no se conozca la verdad y también que no se sepa quiénes fueron los cómplices de Alan García”, destacó.

ALGO MÁS

“Y lo que está haciendo (el fiscal Pérez) es regularizar el celular con su incautación, porque si no tendrían que devolverlo a sus herederos y allí queda. Me sorprende que Mercedes Aráoz se meta en eso, parece que está interesada en encubrir algo; no vaya a ser que en los presuntos congresistas que habrían recibido plata esté metida por ahí, ¿no?”, agregó el legislador de Nuevo Perú.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Congresistas favorecidos por Odebrecht se hacen los locos

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Alberto de Belaunde

Alberto de Belaunde, legislador de la Bancada Liberal, consideró fundamental saber a qué congresistas financió la constructora Odebrecht porque esa información ayudará a moralizar la clase política en nuestro país.

“El equipo de fiscales del caso Lava Jato ha demostrado que ni los expresidentes, ni los líderes de los partidos políticos son intocables. Es hora de demostrar que los congresistas tampoco son intocables”, dijo el legislador.

“Acá no puede haber intocables, no importa si son congresistas, funcionarios o personalidades. Todos los que han cometido alguna irregularidad o delito tienen que ser investigados y, si corresponde, ser procesados y sentenciados”, expresó.

Advirtió que quizá el país se llevaría muchas sorpresas de obtener esa información y también la explicación a muchos comportamientos y declaraciones de algunos legisladores.

NO ES UN HECHO NUEVO

“Bueno ese no es un hecho nuevo, desde hace muchísimo tiempo anuncié que había muchísimos congresistas o beneficiados con aportes económicos para su campaña electoral de parte de Odebrecht”, dijo la congresista Maritza García.

“Siempre anunciamos eso y es un secreto a voces, y esperamos que salgan a la luz para que se conozca quiénes son los que llegaron al congreso con una campaña transparente y quiénes con dinero sucio al poder, para realizar sus lobbies”, enfatizó.

“Debe saberse de manera inmediata los nombres, caiga quien caiga; tenemos derecho a saber y que las investigaciones sean claras y objetivas, y si están siendo investigados, no tiene por qué ocultarse”, sentenció.

Dijo que esos casos pertenecen a una carpeta judicial. Es importante que se sepa a los que están involucrados en delitos de corrupción, mafias y redes, para que no se vuelvan a repetir”, concluyó Maritza García.

ESTRATEGIA DE LA CORRUPCIÓN

“Bueno, ya hace mucho tiempo se habló de congresistas financiados por las empresas brasileñas, sea Odebrecht, OAS, incluso las que están vinculadas con el Club de la Construcción”, dijo el excongresista Juan Pari, quien fuera presidente de la Comisión Lava Jato.

“Yo creo que ese tema tiene que revelarse porque las empresas corruptas han capturado todo el sistema político y han neutralizado al Congreso como el ente político más importante de la función pública del país”, resaltó.

“Es sumamente importante de que esos congresistas que hayan caído en coimas y prebendas de esas empresas corruptas, sean revelados para que sepa la función que tuvieron en los periodos legislativos del país”, agregó.

HOMOLOGACIÓN PERMITIRÁ USAR LOS INTERROGATORIOS, ASEGURA CONGRESISTA DE BELAUNDE

De Belaunde destacó también la reciente homologación del acuerdo de colaboración entre el Estado peruano y Odebrecht “porque permitirá utilizar los interrogatorios realizados a Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otros exdirectivos de la constructora brasileña en los procesos judiciales que se siguen en nuestro país”.

Resaltó que el Poder Judicial ha respaldado el trabajo del Ministerio Público y ha reconocido que existe proporcionalidad entre la información que ha entregado la empresa brasileña y los beneficios otorgados por la Fiscalía.

“Esto echa por tierra a todos los políticos y analistas que decían que era un mal acuerdo o entreguista. Demuestra que la Fiscalía ha venido actuando de manera adecuada”, señaló.

En marzo del 2018, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró al procurador brasileño Orlando Martello, que el dinero entregado a Jaime Yoshiyama también se utilizó en la campañas de congresistas.

ALGO MÁS

“Hay informes vergonzosos que se archivaron para que la corrupción avance. Por eso reitero, concluyó Juan Pari,que la estrategia de la corrupción era capturar todo el sistema político, no solamente el Ejecutivo sino controlar el Legislativo”.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Avanzan procesos contra policías acusados de asesinar a campesinos de Huancabamba

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Avanzan procesos contra policías acusados de asesinar a campesinos de Huancabamba

Ante la apelación interpuesta por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura y la defensa legal de los familiares de las dos víctimas asesinadas y de las cinco víctimas que quedaron heridas en un conflicto social del año 2009, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura en el expediente No. 0015-2018, resolvió declarar fundada dicha apelación y dispuso que se acumulen los dos expedientes.

Como se recordará el 2 de diciembre de 2009, aproximadamente 35 efectivos policiales fuertemente armados, utilizando vehículos de la policía y de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (titular del proyecto minero Río Blanco) ingresaron arbitrariamente a las tierras de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas y dispararon contra una decena de campesinos que estaban protestando por ese ingreso arbitrario.

Como consecuencia de esta actuación de la policía, dos campesinos fueron asesinados con disparos de armas de fuego por la espalda, Vicente Romero Ramírez y Castulo Correa Huayama; además, se salvaron de ser asesinados otros cinco campesinos: Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Togas, Eulalia Romero Ramírez, Rogelio Togas Togas y José María Ramírez, quienes quedaron gravemente heridos, incluso, a uno de ellos se le tuvo que amputar una de sus extremidades para salvarlo.

Ante la denuncia de estos graves hechos, efectuada por la defensa legal de las víctimas constituida por los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, la Fiscalía decidió formalizar investigación preparatoria y formuló acusación por asesinato y tentativa de asesinato contra los efectivos policiales autores de estos crímenes, solicitando condenas de hasta 25 años de pena privativa de libertad contra dichos efectivos policiales.

El caso es que al existir abiertas dos investigaciones y formularse dos acusaciones por los mismos hechos, con las mismas víctimas aunque con efectivos policiales distintos, pero que habían participado en los mismos hechos objeto de investigación; tanto la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancabamba, como FEDEPAZ, solicitaron al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria la acumulación de ambos expedientes seguido ante el mismo, con el fundamento de que tenían conexión y por lo cual de acuerdo a la norma procesal, debía de acumularse necesariamente.

Sin embargo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba, en contra del mandato de ley, resolvió declarar improcedente dicha solicitud de acumulación de los dos procesos penales, resolución que fue apelada por la Fiscalía y la defensa legal de las víctimas, siendo declarado fundado el recurso de apelación por la segunda y última instancia, por lo cual se dispuso la acumulación de los dos procesos antes citados.

Al respecto, el Observatorio de Conflictos Mineros considera que la acumulación procesal constituye un paso firme para que se haga justicia a las víctimas y sus familiares y se las repare de forma integral. Además, exige al Estado Peruano que cese su política de criminalización de la protesta social y que, por el contrario, establezca una política pública y un sistema normativo que garantice el derecho y el respeto de los derechos humanos en nuestro país, especialmente de los pueblos indígenas.

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