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Desterrar el financiamiento ilegal

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Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Uniendo palabra y acción, el presidente Martín Vizcarra dio el primer paso a la vía del referéndum presentando ante el Congreso los proyectos de ley sobre financiamiento de los partidos políticos, no reelección de congresistas y la bicameralidad.

Dado el ambiente que ya se vive de la campaña electoral municipal y regional, en esta ocasión comentaremos el primero de los mencionados, por el cual se plantea reformar el artículo 35 de la Constitución Política del Perú, incorporando en este la prohibición de recibir aportes que provengan de fuente anónima, así como la pauta de que los aportes no declarados por las organizaciones políticas se presumen de fuente prohibida.

Como la misma propuesta de reforma reconoce, ambas prohibiciones ya están incluidas en la Ley de Organizaciones Políticas, o más precisamente, ya existen en el artículo 31 de la Ley 28094, modificado el año pasado por la Ley 30689. De lo que se trata, por consiguiente, es de dar un mensaje social y político a la ciudadanía: el Estado no va a permitir financiamientos oscuros y serán considerados ilícitos los que no estén declarados por los partidos.

A estas alturas en que Jorge Barata ha confirmado que las anotaciones de AG o “aumentar 500 para Keiko”, en las agendas de la transnacional de soborno (como lo es Odebrecht) corresponden a dinero aportado en efectivo a las campañas de Alan García y Keiko Fujimori, el mensaje deviene en necesidad de Estado.

Más aún, que también se ha detectado el poder que tendría la “Señora K” para manipular los procesos judiciales por lavado de activos que se siguen contra ella y Joaquín Ramírez,originados en cuestionables financiamientos electorales, a través del vocal supremo César Hinostroza, quien le habría propiciado hasta un precedente casatorio con carácter vinculante (el N° 92-2017), para archivarlos por imposibilidad de probar el “delito fuente”.

Por si fuera poco, en el Congreso la bancada de la “Señora K” habría pretendido convertir esta casación en ley, con el asesoramiento de ese nefasto magistrado y la presta coordinación del congresista y ex ministro de Justicia Salvador Heresi (según el audio en que ambos conversaron al respecto), con el propósito evidente de sacarle las castañas del fuegoa su lideresa.

En este contexto, el planteamiento de Vizcarra pone el dedo en la llaga, buscando evitar que en el futuro se pretenda efectuar interpretaciones casatorias antojadizas para encubrir responsabilidades en materia de financiamiento electoral, o se pretenda aprovechar la aplastante mayoría del Congreso para convertir en ley tales maniobras judiciales.

El tema del financiamiento de los partidos es de orden medular en el sistema democrático, porque estos deben garantizar la pluralidad democrática y la alternancia en el poder. Lamentablemente, con el arribo a la política en los últimos 30 años de viles demagogos, negociantes de nuestras riquezas naturales, traficantes de influencias, lavadores de activos y otras perlas, la ciudadanía ha asumido una actitud de rechazo a la clase política y a los partidos, que, en algunos casos, han sido convertidos en asociaciones ilícita para delinquir.

Institucionalmente los partidos deben formarse para concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular, por ello en el Perú, tratando de acercarse a las democracias más avanzadas, el financiamiento es público y privado, solo que este último debe ser transparente, limitado y, sobre todo, como refiere la legislación de Indonesia, basado en principios de honestidad, justicia e independencia de los partidos.

Giovanni Sartori decía que los partidos “son conductos de expresión”, por consiguiente, la solidez de estos debe ser también la solidez de la voluntad y expresión ciudadana. En tal medida el Estado debe ser exhaustivo en regular y auditar sus ingresos para garantizar el ejercicio legal de los derechos ciudadanos a la debida participación política.

Así lo ha entendido también el presidente Vizcarra al proponer como precisa innovación de su propuesta, la obligación permanente de rendición de cuentas, tanto en el periodo ordinario de funcionamiento de las organizaciones políticas, como durante la campaña electoral. Esto permitirá acceder al control de millonarios gastos en publicidad, mítines, caravanas y corruptas dádivas, como las que se usan en estos mismos días de campaña para los comicios ediles, por parte de algunos candidatos en todo el territorio nacional.

El negocio de los recursos del Estado empieza desde las campañas electorales, recibiendo aparentes donaciones, pero que en realidad son dinero del narcotráfico, minería ilegal, contrabando, evasión de impuestos y, últimamente, delincuencia común, que invierten en candidaturas para pasar después la factura respectiva.

Por eso consideramos, particularmente, que a la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo debe agregarse una disposición parecida a la que contiene la legislación alemana, en el sentido de prohibir las donaciones con la expectativa de obtener alguna ventaja política o financiera, bajo drástica sanción de orden penal

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Política

Fiscal Rafael Vela califica de ilegal separación del juez Carhuancho

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Richard Concepción Carhuancho

Como un verdadero golpe contra la lucha anticorrupción fue calificada en las redes sociales el dictamen de una cuestionana sala de apelaciones que falló a favor de la recusación del juez Richard Concepción Carhuancho.

La II Sala Penal Nacional de Apelaciones aprobó la virtual separación del prestigioso juez del caso, planteada por Humberto Abanto, defensor del fugitivo Jaime Yoshiyama, coacusado de Keiko Fujimori en el caso de lavado de activos mediante el uso de falsos aportantes para ocultar fondos electorales aportados por la ampresa Odebrecht.

“La separación de Richard Concepción es ilegal, se trata de una resolución irregular, que no ha seguido un trámite debido; se ha hecho mediante un escrito y no siguiendo los conductos regulares”, dijo indignado al respecto el coordinador del equipo de fiscales Lava Jato, Rafael Vela.

ILEGAL

Indicó que planteará la nulidad de la resolución y argumentó que la decisión fue anunciada sorpresivamente. “Esperábamos una notificación como corresponde, situación que nos lleva a pensar que es absolutamente irregular (…) y pretendemos que la sala dé marcha tras y lo restituya” a Carhuancho.

Vela agregó que planteará la nulidad procesal, porque no se respetaron los trámites de la convocatoria de audiencia de la recusación, por haberse emitido en tiempo récord sin escuchar a la Fiscalía y, además, no es verdad que el juez Carhuancho sea parcializado, como se dice.

“Pretendemos que la sala dé marcha tras y lo restituya en el caso a Concepción Carhuancho, porque con esta decisión se complican las investigaciones que se vienen realizando, más cuando Concepción Carhuancho tenía que resolver la situación legal de seis abogados, entre ellos Giulliana Loza, el próximo 25 de enero”, señaló.

Por su parte, la resolución dice: “Declarar fundada la recusación formulada por la defensa técnica del investigado Clemente Jaime YoshiyamaTanaka contra el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Augusto Concepción Carhuancho, en el proceso N° 299-2017 seguido contra Clemente Jaime YoshiyamaTanaka y otros por el delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado”.

OTRO JUEZ VERÍA EL CASO

La resolución dispone que otro juez llamado por ley asuma el conocimiento del proceso conforme al sistema de asignación aleatorio.Yoshiyama había recusado al magistrado por haber brindado declaraciones en medios de comunicaciones sobre la investigación seguida contra Keiko Fujimori Higuchi y otros investigados.

En palabras simples, Richard Concepción ha sido apartado de todas las investigaciones acumuladas del caso cocteles que tienen que ver con el financiamiento de la campaña política de Fuerza 2011 y las anotaciones de Marcelo Odebrecht que indican aumentar a Keiko 500.

SE PRONUNCIA PÉREZ

La recusación fue presentada por el abogado de Yoshiyama, Humberto Abanto, quien consideró que el magistrado vulneró el principio de imparcialidad al considerar que la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Lava Jato significaba un golpe a la institucionalidad.

El fiscal Pérez dijo que la decisión es desacertada, ilegal por donde se la vea y que puede permitir, a futuro, que Keiko Fujimori salga libre. “Por ello, como fiscal, estoy preocupado, pero hay que estar vigilantes para que esta resolución se revierta, porque esos jueces que tendrían alguna relación con los investigados, tienen que ser separados”, dijo.

Se refirió a que la sala que recusó al juez Carhuancho está integrada por Jessica León Yarango y está demostrado en una foto que es amiga de Pedro Chávarry, que favoreció a Alberto Fujimori y que archivó varios casos de “chuponeo”a periodistas durante la dictadura fujimorista.

“Y esa sala fue cuestionada porque liberó a Silva Checa, Pier Figari y Ana Herz, demostrando ser prevaricadora y contraria a los intereses de la justicia, tal como está demostrado; además, no tenía la competencia”, dijo Pérez.

“No es posible que a la jueza Jessica León Yarango se le permita despachar en esa sala”, enfatizó.

“Se espera que haya una respuesta positiva (a la nulidad), más aún si se tiene en cuenta que dicha sala tiene vinculación con el exjuez Hinostroza. Por todos estos hechos estamos preocupados, porque el día de mañana la misma defensa que presentó la recusación puede pedir la liberación de Keiko Fujimori y obtenerla de otro juez”, dijo Pérez.

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Política

Nuevo aplazamiento de evaluación a Fujimori

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Alberto Fujimori

Saúl Tokuda, gerente de criminalística del Instituto de Medicina Legal, informó que tampoco ayer se realizó el peritaje médico al exdictador, por falta de un médico, y que hoy miércoles sí se llevará a cabo.

El doctor Edgardo Huarhua informó que tampoco pudieron hacerlo el martes porque recién ayer por la tarde fueron notificados de la nueva evaluación médica, tal como lo dispuso la Sala Especial de la Corte Suprema, para ver si el expresidente necesita permanecer en la clínica o debe ser trasladado a un penal.

El abogado Carlos Rivera, quien reconoce que Fujimori está enfermo, incluso no quiere que muera en un centro penitenciario, pero considera que debe cumplir la pena que le fue impuesta por crímenes contra los derechos humanos que fueron considerados de lesa humanidad y ser atendido en la prisión.

Si no sucede ningún imponderable, los médicos que lo evaluarán hoy son Marleny Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez, Edgardo Huarhua Cañas, Segundo Yovera Sandoval y Guzmán, los cuales verán en las pericias si debe continuar en el Clínica Centenario o debe ser trasladado a un penal.

Los deudos de la Cantuta y los Barrios Altos cuestionan que el expresidente permanezca más de cien días en la Clínica Centenario, en la que se internó alegando una descomposición, en cuanto se enteró de que su indulto había sido anulado por ilegal.

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Política

Sanción para responsables del aniego

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Alan García Pérez y Jorge Barata - Odebrecht - Tren Eléctrico

El presidente Martín Vizcarra anunció una investigación severa para determinar responsabilidades de la rotura de la tubería matriz de desagüe que provocó el aniego en el distrito de San Juan de Lurigancho, y para sancionarlos.

“Ahora estamos trabajando para solucionar el problema, pero inmediatamente después tenemos que hacer una severa investigación sobre cuál es la causa y determinar responsabilidades, porque no le podemos cargar todo a Sedapal, que finalmente es el Estado, de todos los peruanos”, afirmó.

Informó que se ha comunicado con Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, para que esta institución forme una comisión de profesionales connotados que establezcan la causa del desastre.

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Refirió que el informe del Colegio de Ingenieros será el insumo principal para que Sedapal y el Ministerio de Vivienda pueda formalizar la denuncia correspondiente a los responsables.

Subrayó que la Ley de Contrataciones del Estado establece que quien construye una obra asume toda la responsabilidad ante cualquier deficiencia después de 7 años de ejecutada.

“Y esta obra no tiene 7 años de construida, no tiene 7 años de entregada”, dijo Vizcarra, quien no descartó que el problema registrado en SJL sea otro efecto de la corrupción que sufre el Perú.

EN DEFENSA DE ODEBRECHT

Por su parte, el jefe aprista Alan García reapareció ante la prensa,tras asistir a una audiencia sobre el supuesto espionaje a sus teléfonos, y exculpó tácitamente a Odebrecht y su consorciada Graña y Montero, que construyeron la tubería matriz colapsada, al señalar que Sedapal tiene que asumir la responsabilidad de lo ocurrido.

Además señaló: “Sedapal supervisó y recepcionó las obras en el año 2014, por consiguiente no puede eludir su responsabilidad ante lo que ha ocurrido en contra de tantas familias en esa zona” y nada dijo sobre el consorcio del Metro.

García afirmó que “el segundo tramo de la Línea 1 del Metro de Lima desde el río Rímac hasta el fin de San Juan de Lurigancho fue ejecutado absolutamente durante el Gobierno de Ollanta Humala”.

El exgobernante lanzó ataques contra el presidente Vizcarra, secundado por una raleada portátil, lamentando la renuncia del fiscal Chávarry e insistiendo en su intento de recuperar vigencia política pese a su desprestigio y al rechazo de la población, expresado en todas las encuestas.

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