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Después de un año explota el malestar social

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La clásica tregua al gobierno entrante se rompió cuando la mayoría congresal planteó la interpelación y posterior censura del Ministro de Educación, Jaime Saavedra, hacia inicios de diciembre del 2016.

Después de un año de gobierno continúa la profundización del modelo neoliberal, reconfigurando más los poderes económicos y políticos del país. En medio de ello la desaceleración económica parece conducirse hacia una recesión, generando cada vez más afectación a las grandes mayorías. Como resultado, algunas expresiones de descontento se manifiestan en más huelgas y protestas.

¿Cómo llegamos a esta situación?, el gobierno ganó gracias al apoyo de las fuerzas democráticas, un sector de la izquierda, pero principalmente gracias al movimiento anti-fujimorista, que a diferencia del 2011 logró levantar una agenda programática mínima que el entonces candidato PPK firmó.

Este resultado trajo una creciente “crispación” política entre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y la mayoría congresal fujimorista, dirigida por Keiko Fujimori. Así se encontraban las dos fuerzas políticas que pasaron a la segunda vuelta, mientras la tercera fuerza, la izquierda del Frente Amplio, no lograba aún cuajar un proyecto conjunto.

La clásica tregua al gobierno entrante se rompió cuando la mayoría congresal planteó la interpelación y posterior censura del Ministro de Educación, Jaime Saavedra, hacia inicios de diciembre del 2016. Esta situación logró reactivar las fuerzas democráticas del país, expresadas en la movilización contra la censura fujimorista el 13 de diciembre. Igual, Saavedra fue censurado.

Diciembre acabó con una serie de medidas de gobierno, a propósito de la entrega de facultades legislativas del Congreso fujimorista al Ejecutivo. Por ejemplo, la Disposición Complementaria del DL 1246, que permite que las empresas empleen a sus trabajadores en contratos temporales, con una ausencia de fiscalización de la SUNAFIL.

El siguiente año trajo la creciente indignación nacional producto del caso Odebrecht, que implicaba en casos de corrupción a todos los expresidentes, inclusive al actual, menos a Valentín Paniagua. Todo ello generó una creciente indignación, que se expresó en parte en la movilización del 16 de febrero.

Keiko Fujimori trató disciplinadamente de sacar cuerpo, exigiendo investigación a los implicados, a pesar que las noticias alcanzaban al gobierno de su padre. La indignación menguó rápidamente producto del Fenómeno El Niño, profundizado desde el 14 de marzo, frente al cual todo el país se abocó a la solidaridad, a pesar que en medio del desastre la corrupción también brotaba.

El gobierno, apoyado por Kenji Fujimori, los medios de comunicación, las fuerzas militares, las grandes empresas, y otras fuerzas, impulsó la campaña #UnaSolaFuerza. A pesar de la evidente corrupción y falta de planificación- prevención de desastres en el país, la sociedad apenas llegó a protestar de manera aislada, principalmente contra las autoridades locales.

Como resultado de la coyuntura del desastre, el gobierno cogió popularidad, mientras otros recibieron desprestigio, como el alcalde Luis Castañeda, en Lima, o terminaron en prisión, como Félix Moreno en el Callao. Aprovechando esa recuperación política, el presidente planteó “voltear la página” al fujimorismo, abriendo la primera coyuntura del indulto a Fujimori.

El posible indulto terminó siendo canalizado en la alternativa de prisión domiciliaria del reo Alberto Fujimori con un proyecto de ley del congresista Vieira, el cuál fue negado el 9 de mayo en el Congreso de la República, con el apoyo de la fuerza mayoritaria, el fujimorismo. Mientras tanto, emergió violentamente el caso Chinchero, donde estaba implicada, hasta su renuncia, meses atrás, la hermana del premier Zavala.

El caso del aeropuerto Chinchero terminó con la interpelación y renuncia de su más fuerte defensor, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, el 22 de mayo. Apenas al día siguiente los trabajadores textiles iniciaron un Paro Nacional, protestando contra las medidas anti-laborales del gobierno de Kuczynski.

Empalmando con la protesta de los textiles, los jóvenes trabajadores, junto a una vanguardia de jóvenes politizados, iniciaron una campaña contra la denominada Ley Pulpín 2, que culminó con una movilización el 20 de junio. Para entonces la coyuntura política volvió al tema Chinchero, con los audios del Contralor de la República, Edgard Alarcón.

Los audios de Alarcón implicaron en el caso Chinchero al Premier Fernando Zavala, al Vicepresidente Martín Vizcarra, y al Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne. El caso acabó con la renuncia de Thorne el 21 de junio. Zavala asumió la cartera de Economía, pero no renunció al premierato. Al día siguiente se abrió por segunda vez la posibilidad del indulto.

En medio de esa coyuntura de posible indulto, emergió Kenji Fujimori como el adalid de la lucha por la liberación del reo Alberto Fujimori, acercándose nuevamente a Kuczynski. Frente a ello, se movilizó masivamente el anti-fujimorismo el 7 de julio, y Keiko Fujimori se reunió con Kuczynski el 12 de julio, en lo que se podría leer como una tregua con perspectivas a algo más.

Apenas al día siguiente se detuvo en prisión preventiva al ex-presidente Ollanta Humala, y a su esposa Nadine Heredia, por el caso Odebrecht, rodando una cabeza por la corrupción en el Perú. Al día siguiente Kenji Fujimori visitó al reo Humala, planteando públicamente la reconciliación del país. La respuesta del músculo fujimorista dirigido por Keiko Fujimori ha sido la suspensión de Kenji.

Las ofertas electorales quedaron en el recuerdo.

Las ofertas electorales quedaron en el recuerdo.

El esperado diálogo con Keiko Fujimori fue un saludo a la bandera.

El esperado diálogo con Keiko Fujimori fue un saludo a la bandera.

EXPLOTA NUEVAMENTE EL MALESTAR SOCIAL
Todo parece indicar que el gobierno de PPK seguirá de tumbo en tumbo, profundizando su situación precaria de origen, más aún si persiste en buscar obstinadamente un entendimiento con el fujimorismo, desairando la voluntad democrática que lo llevó a Palacio de Gobierno.

El camino de la componenda con el fujimorismo será la tumba de PPK, creándose un escenario de polarización política combinada con una explosiva polarización social por el mayor deterioro de la economía y también por la obstinada aplicación de recetas neoliberales para enfrentar dicha crisis económica en curso.

Por todo lo que ha hecho el gobierno de PPK en su primer gobierno, al parecer, es muy difícil que cambie de rumbo y replantee su política económica y su estrategia política, que lo lleve incluso a recomponer completamente su gabinete.

Mientras tanto, veremos al fujimorismo en la búsqueda de fortalecerse, tratando de resolver sus pugnas internas, aplicando su plan de doblegar completamente al gobierno de PPK, pero cuidándose muy bien de no comprometerse directamente con el Ejecutivo, allanando más bien el camino para su ansiada victoria electoral del 2018 y sobre todo del 2021.

Keiko Fujimori, con el gesto de pedirle una reunión al presidente y con sus declaraciones subsiguientes, al parecer, muestra que ha superado en parte el trauma de la derrota electoral del 2016. Sin embargo, no debe descartarse una nueva arremetida fujimorista contra el gobierno, en el marco de nuevos escenarios de crisis política.

Del lado del movimiento social, la huelga de maestros lleva más de 30 días en Cusco, y tuvo una masiva movilización este 13 de julio, mientras la Ministra de Educación, Marilú Martens, plantea que se les descuenten los sueldos a quienes continúen en protesta. De igual forma están los médicos y trabajadores de la salud, quienes demandan diálogo y cumplimiento de promesas al gobierno.

Sumado a ello, el 19 de julio se produjo una movilización nacional de trabajadores, articulando a más de 10.000 obreros en Lima, y muchos miles más en provincias. Además, los trabajadores mineros realizaron al día siguiente un Paro Nacional y una marcha de 5.000 obreros en Lima, incrementando la indignación. Los trabajadores comienzan a irrumpir más en la política nacional, pudiendo ser actor clave.

Mientras eso sucede, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, ha separado de sus respectivos cargos a las procuradoras, Katherine Ampuero y Julia Principe, por supuestamente no haber impulsado la investigación y expulsión de Odebrecht del país. Frente a ello, algunos sectores del fujimorismo han pedido la cabeza de Pérez Tello.

¿Qué se viene?, no es algo tan difícil de prever, Kuczynski tal vez diga que es momento de “voltear la página”, como ya lo dijera para el caso Lava Jato –Odebrecht- en América Latina el 28 de enero, o como cuando lo dijo para plantearle una tregua al fujimorismo.

Esta nueva crisis tendrá los mismos actores, el fujimorismo, en mayor crisis interna, con su mayoría parlamentaria, el gobierno central, torpe, lobbysta, y sin mayor brújula, la izquierda congresal, con una ruptura interna a cuestas, y una población demandando que Kucynski cumpla sus compromisos firmados en campaña, y que atienda sus demandas actuales.

Por todo lo expuesto, urge la unidad y actoria del movimiento social, de los sectores populares, patrióticos y progresistas, en un frente que pueda canalizar y resolver sus demandas. De lo contrario, continuará la película de un gobierno criticado por el fujimorismo, que pretende canalizar el descontento popular. En medio de ello, la división de las izquierdas no ayuda, debilita.

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Política

Cargamontón contra el fiscal Pérez

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José Domingo Pérez Gómez

Erasmo Reyna, el exabogado de Alan García, señaló que el pedido del fiscal José Domingo Pérez para incautar el celular del fallecido expresidente busca convalidar el tiempo que ha tenido el dispositivo en su poder de manera ilegal.

“No solamente están buscando incautar el bien, el celular, que es propiedad de los herederos de García, sino que en verdad José Domingo Pérez lo tiene desde el 24 de abril”, señaló Reyna.

“Lo tiene de manera ilegal porque recién está solicitando que el juzgado, el Poder Judicial, le autorice para poder justamente tener este bien. Así que lo que está buscando es convalidar finalmente lo que ha hecho hasta el día de hoy sin tener un mandato judicial que lo autorice”, agregó.

Reyna calificó los hechos como “una actitud perversa” y señaló que el hijo mayor de Alan García pidió semanas atrás la entrega de los objetos personales de su padre y que aún no obtiene una respuesta.

Erasmo Reyna

INVESTIGACIÓN DEBE SEGUIR SU CURSO

“Me parece que la investigación debe seguir su curso porque no se trata solo de identificar el rol específico que Alan García puede haber jugado en el esquema de corrupción”, dijo el analista político Carlos Monge.

“Se trata también de identificar la red de relaciones de quienes de adentro del Poder Judicial protegían a Alan García, incluso él mismo decía que tenía informantes; entonces me parece que si bien Alan García se suicidó, eso no agota seguir adelante con las investigaciones”, afirmó.

“El levantamiento del secreto de sus comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario, el allanamiento del domicilio o de los locales donde pudiese haber documentación, el requerir instrumentos de comunicación, como el celular o como podría haber sido una laptop, son parte de un proceso de investigación que no tiene porqué interrumpirse”, aseguró.

“No me llama la atención que el Apra reaccione, porque está tratando de construir la idea de un mito, de un mártir de la democracia o lo que sea, en ese sentido no tiene ningún interés en que sepa más acerca de las responsabilidades directas de Alan García, los contactos que han estado usando para protegerse”, sostuvo.

Mercedes Araoz

ARÁOZ Y SU CORAZONCITO APRISTA

“Recordemos que Mercedes Aráoz fue ministra de Economía y ha sido candidata del Apra, entonces sus vínculos políticos existen -¡ojalá no existan vínculos de corrupción!-, al menos es fuerte el vínculo político: no es poca cosa ser ministra de Economía, no es poca cosa ser candidata presidencial, es un vínculo muy fuerte que en este caso no está comportándose como miembro integrante del Ejecutivo, que está colocando la lucha contra la corrupción en el centro de su agenda, me parece que más bien sigue comportándose como parte del entorno personal y político de Alan García”, observó.

“No me sorprende que lo haga, que salga con posiciones tan discordantes del presidente Vizcarra y el Ejecutivo, pero sí me preocupa porque en el caso de que el presidente Vizcarra tenga un problema de salud o político, quien asumiría la presidencia de la República sería ella”, comentó.

“Eso significaría una orientación totalmente diferente en la lucha contra la corrupción y eso es preocupante. Ojalá que esta no sea una jugada en pared con el fujiaprismo. Es como si dijera: ‘ustedes traten de vacar a Vizcarra y yo me ofrezco como una presidenta amigable’, eso puede ser, ojalá que no”, concluyó Monge.

Javier Velásquez Quesquén

ME SORPRENDE QUE SE META EN ESO

“En primer lugar la incautación es absolutamente legal, sí es legal es legítima; en segundo lugar, la responsabilidad penal de Alan García ha caducado con su muerte, pero las investigaciones sobre los hechos, no”, afirmó Alberto Quintanilla legislador de Nuevo Perú.

“Hay que tener en cuenta que hay otros presuntos responsables y reparaciones civiles en favor del Estado que están pendientes de ser resueltas y que de ninguna manera se separarían de la investigación”, subrayó.

“Esa es una interpretación absolutamente equivocada de Velásquez Quesquén, Erasmo Reyna y de la señora Mercedes Aráoz. Lo que ellos quieren es que no se conozca la verdad y también que no se sepa quiénes fueron los cómplices de Alan García”, destacó.

ALGO MÁS

“Y lo que está haciendo (el fiscal Pérez) es regularizar el celular con su incautación, porque si no tendrían que devolverlo a sus herederos y allí queda. Me sorprende que Mercedes Aráoz se meta en eso, parece que está interesada en encubrir algo; no vaya a ser que en los presuntos congresistas que habrían recibido plata esté metida por ahí, ¿no?”, agregó el legislador de Nuevo Perú.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Congresistas favorecidos por Odebrecht se hacen los locos

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Alberto de Belaunde

Alberto de Belaunde, legislador de la Bancada Liberal, consideró fundamental saber a qué congresistas financió la constructora Odebrecht porque esa información ayudará a moralizar la clase política en nuestro país.

“El equipo de fiscales del caso Lava Jato ha demostrado que ni los expresidentes, ni los líderes de los partidos políticos son intocables. Es hora de demostrar que los congresistas tampoco son intocables”, dijo el legislador.

“Acá no puede haber intocables, no importa si son congresistas, funcionarios o personalidades. Todos los que han cometido alguna irregularidad o delito tienen que ser investigados y, si corresponde, ser procesados y sentenciados”, expresó.

Advirtió que quizá el país se llevaría muchas sorpresas de obtener esa información y también la explicación a muchos comportamientos y declaraciones de algunos legisladores.

NO ES UN HECHO NUEVO

“Bueno ese no es un hecho nuevo, desde hace muchísimo tiempo anuncié que había muchísimos congresistas o beneficiados con aportes económicos para su campaña electoral de parte de Odebrecht”, dijo la congresista Maritza García.

“Siempre anunciamos eso y es un secreto a voces, y esperamos que salgan a la luz para que se conozca quiénes son los que llegaron al congreso con una campaña transparente y quiénes con dinero sucio al poder, para realizar sus lobbies”, enfatizó.

“Debe saberse de manera inmediata los nombres, caiga quien caiga; tenemos derecho a saber y que las investigaciones sean claras y objetivas, y si están siendo investigados, no tiene por qué ocultarse”, sentenció.

Dijo que esos casos pertenecen a una carpeta judicial. Es importante que se sepa a los que están involucrados en delitos de corrupción, mafias y redes, para que no se vuelvan a repetir”, concluyó Maritza García.

ESTRATEGIA DE LA CORRUPCIÓN

“Bueno, ya hace mucho tiempo se habló de congresistas financiados por las empresas brasileñas, sea Odebrecht, OAS, incluso las que están vinculadas con el Club de la Construcción”, dijo el excongresista Juan Pari, quien fuera presidente de la Comisión Lava Jato.

“Yo creo que ese tema tiene que revelarse porque las empresas corruptas han capturado todo el sistema político y han neutralizado al Congreso como el ente político más importante de la función pública del país”, resaltó.

“Es sumamente importante de que esos congresistas que hayan caído en coimas y prebendas de esas empresas corruptas, sean revelados para que sepa la función que tuvieron en los periodos legislativos del país”, agregó.

HOMOLOGACIÓN PERMITIRÁ USAR LOS INTERROGATORIOS, ASEGURA CONGRESISTA DE BELAUNDE

De Belaunde destacó también la reciente homologación del acuerdo de colaboración entre el Estado peruano y Odebrecht “porque permitirá utilizar los interrogatorios realizados a Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otros exdirectivos de la constructora brasileña en los procesos judiciales que se siguen en nuestro país”.

Resaltó que el Poder Judicial ha respaldado el trabajo del Ministerio Público y ha reconocido que existe proporcionalidad entre la información que ha entregado la empresa brasileña y los beneficios otorgados por la Fiscalía.

“Esto echa por tierra a todos los políticos y analistas que decían que era un mal acuerdo o entreguista. Demuestra que la Fiscalía ha venido actuando de manera adecuada”, señaló.

En marzo del 2018, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró al procurador brasileño Orlando Martello, que el dinero entregado a Jaime Yoshiyama también se utilizó en la campañas de congresistas.

ALGO MÁS

“Hay informes vergonzosos que se archivaron para que la corrupción avance. Por eso reitero, concluyó Juan Pari,que la estrategia de la corrupción era capturar todo el sistema político, no solamente el Ejecutivo sino controlar el Legislativo”.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Avanzan procesos contra policías acusados de asesinar a campesinos de Huancabamba

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Avanzan procesos contra policías acusados de asesinar a campesinos de Huancabamba

Ante la apelación interpuesta por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura y la defensa legal de los familiares de las dos víctimas asesinadas y de las cinco víctimas que quedaron heridas en un conflicto social del año 2009, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura en el expediente No. 0015-2018, resolvió declarar fundada dicha apelación y dispuso que se acumulen los dos expedientes.

Como se recordará el 2 de diciembre de 2009, aproximadamente 35 efectivos policiales fuertemente armados, utilizando vehículos de la policía y de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (titular del proyecto minero Río Blanco) ingresaron arbitrariamente a las tierras de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas y dispararon contra una decena de campesinos que estaban protestando por ese ingreso arbitrario.

Como consecuencia de esta actuación de la policía, dos campesinos fueron asesinados con disparos de armas de fuego por la espalda, Vicente Romero Ramírez y Castulo Correa Huayama; además, se salvaron de ser asesinados otros cinco campesinos: Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Togas, Eulalia Romero Ramírez, Rogelio Togas Togas y José María Ramírez, quienes quedaron gravemente heridos, incluso, a uno de ellos se le tuvo que amputar una de sus extremidades para salvarlo.

Ante la denuncia de estos graves hechos, efectuada por la defensa legal de las víctimas constituida por los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, la Fiscalía decidió formalizar investigación preparatoria y formuló acusación por asesinato y tentativa de asesinato contra los efectivos policiales autores de estos crímenes, solicitando condenas de hasta 25 años de pena privativa de libertad contra dichos efectivos policiales.

El caso es que al existir abiertas dos investigaciones y formularse dos acusaciones por los mismos hechos, con las mismas víctimas aunque con efectivos policiales distintos, pero que habían participado en los mismos hechos objeto de investigación; tanto la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancabamba, como FEDEPAZ, solicitaron al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria la acumulación de ambos expedientes seguido ante el mismo, con el fundamento de que tenían conexión y por lo cual de acuerdo a la norma procesal, debía de acumularse necesariamente.

Sin embargo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba, en contra del mandato de ley, resolvió declarar improcedente dicha solicitud de acumulación de los dos procesos penales, resolución que fue apelada por la Fiscalía y la defensa legal de las víctimas, siendo declarado fundado el recurso de apelación por la segunda y última instancia, por lo cual se dispuso la acumulación de los dos procesos antes citados.

Al respecto, el Observatorio de Conflictos Mineros considera que la acumulación procesal constituye un paso firme para que se haga justicia a las víctimas y sus familiares y se las repare de forma integral. Además, exige al Estado Peruano que cese su política de criminalización de la protesta social y que, por el contrario, establezca una política pública y un sistema normativo que garantice el derecho y el respeto de los derechos humanos en nuestro país, especialmente de los pueblos indígenas.

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