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Desfujimorizando la memoria

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A propósito del lugar de la memoria y la salida de su director.

Una muestra colectiva de artes gráficas crítica al fujimorismo ha provocado un escándalo en el ámbito cultural y político. El ministro de Cultura no la ha censurado directamente, pues la muestra sigue en exhibición, pero el director del “Lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social” (LUM) ha sido separado de su cargo por atreverse a autorizar dicha muestra.

Los pronunciamientos personales del ministro Salvador del Solar y su asesora en redes sociales, así como el escueto pronunciamiento oficial del Ministerio de Cultura, dejan en evidencia el pésimo manejo de una situación que expresa a todas luces el poder que tiene el fujimorismo para presionar al gobierno del presidente Kuczynski.

Los artistas de la muestra también se han pronunciado expresando su malestar y disconformidad con la posición del Mincult así como su solidaridad con Guillermo Nugent, hasta hace poco director del LUM.

Jorge Miyagui.

Jorge Miyagui.

“RESISTENCIA VISUAL 1992”
Se llama la muestra gráfica y es una carpeta colaborativa en la que varios artistas plasman por medio de la serigrafía hechos clave de la historia peruana de los últimos 25 años, como el autogolpe de 1992, el asesinato de Pedro Huilca, la compra de la línea editorial de los medios por Vladimiro Montesinos, entre otros hechos históricos que también incluyen crímenes cometidos por Sendero Luminoso, como el asesinato de María Elena Moyano. La muestra recibió auspicio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; el Goethe-Institut Perú y en la exitosa inauguración participaron Guillermo Nugent, director del LUM, Carola Dürr, directora del Goethe, y la curadora Karen Bernedo.

La muestra ha sido cuestionada por tener un “sesgo antifujimorista” o estar “parcializada”. Pero ¿se puede narrar a través del arte una memoria desde 1992 sin ser críticos al fujimorismo? Imposible, como bien ha dicho el artista plástico Álvaro Portales, a quien también censuraron en una ocasión en Trujillo: “Si queremos hablar sobre el golpe de Estado del 5 de abril, tenemos que hablar de Fujimori. Si queremos hablar sobre las personas asesinadas en La Cantuta y Barrios Altos, tenemos que hablar de Fujimori. Si queremos hablar sobre las mujeres esterilizadas contra su voluntad, tenemos que hablar de Fujimori. Si queremos hablar sobre el Servicio Nacional de Inteligencia y su equipo de exterminio llamado Grupo Colina, tenemos que hablar de Fujimori. Si queremos hablar del horno incinerador instalado en el Pentagonito que sirvió para desaparecer personas, tenemos que hablar de Fujimori.

Si queremos hablar de corrupción de funcionarios, organismos, medios de comunicación, empresarios y políticos, tenemos que hablar de Fujimori.

No hay manera de que se puedan abordar todos estos temas… sin mencionar a Fujimori, y no hay manera de que se pueda evitar mencionar el fujimorismo sin Fujimori”.

Sin embargo, las presiones ejercidas por el fujimorismo tuvieron efecto. El congresista de Fuerza Popular Francesco Petrozzi, quien se manifestó sobre el tema públicamente en su cuenta de twitter, se reunió con el ministro Del Solar para manifestarse en contra de los contenidos de la muestra y en menos de 48 horas de inaugurada la muestra Guillermo Nugent fue removido de su cargo. En un contexto en el que el fujimorismo ejerce una dura presión política contra el gobierno de PPK este hecho no hace más que confirmar que, efectivamente, el gobierno no tiene capacidad ni voluntad para hacerle frente.

Congresistas como Marisa Glave e Indira Huilca han manifestado su indignación ante este soterrado amague de censura, mientras, del otro lado, no les bastó con la “cabeza de Nugent”, sino que quieren abiertamente censurar toda la muestra. La investigadora y reconocida periodista Jacqueline Fowks hace notar que el fujimorismo no se quedará contento con ninguna concesión que le haga el gobierno de PPK, pues hasta José Chlimper exige que la muestra no llegue a octubre.

 Félix Álvarez.

Félix Álvarez.

LOS QUE SE ATREVIERON
Guillermo Nugent es uno de los intelectuales e investigadores más reconocidos del país, autor de “El Poder Delgado” (1996),el célebre “El Laberinto de la Choledad” (1992), “El orden tutelar” (2010) entre muchos otros ensayos, investigaciones sociales y artículos. Docente universitario y desde hace poco menos de un año director del flamante LUM, cuya designación fue bien recibida por el mundo académico, cultural, instituciones, activistas y el movimiento de Derechos Humanos. Nugent ha permanecido en silencio sobre este tema, pues quienes debieran pronunciarse con claridad son los que tomaron las decisiones de removerlo.

Karen Bernedo es es comunicadora social, magíster en antropología visual, feminista y documentalista, fundadora del Museo Itinerante Arte por la Memoria quienes ganaron el premio internacional Príncipe Klaus, curadora, artista y activista del movimiento de derechos humanos, su trayectoria es ampliamente reconocida.

Ambas personalidades desde sus cargos y posiciones particulares asumieron el desafío de seguir construyendo una memoria colectiva que reconozca lo que ocurrió en los años de violencia en el Perú.

Conversamos con Karen Bernedo curadora de la muestra y nos dijo que: “La censura ha sido al director -Guillermo Nugent- al responsable. Y me queda claro que es por la presión del fujimorismo.

“En un contexto de chantaje y censuras a ministros, el ministro de Cultura ha cedido a la presión… El comunicado del Mincult es una vergüenza, no aclara ni dice nada. Pero lo que dice el ministro en su Facebook es que la muestra no iba con los lineamientos del LUM, que no estaba de acuerdo con lo que había conversado con el director. Sin embargo, la muestra permanente del LUM es más dura con el fujimorismo y hace poco se había puesto una muestra sobre los vladivideos. Sus argumentos no se sostienen. Por otro lado, dicen que la muestra no se ajusta a los lineamientos de la CVR, en ninguna parte el LUM dice que las muestras deban hacerlo, al contrario, el LUM dice que es un lugar que recoge voces y memorias diversas”.

La asesora del ministro acusa a la muestra de “falta de rigurosidad histórica”, Bernedo responde: “Falso. Todo lo que se ha expuesto ha ocurrido y no hay un examen de rigurosidad histórica para poder exponer. Cada artista ha interpretado visualmente hechos históricos que sí ocurrieron. Te puede gustar o no, pero en verdad ocurrieron”.

No es la primera vez que el fujimorismo intenta desvirtuar los hechos, recordemos las declaraciones de Martha Chávez sobre las “auto-torturas” de Leonor La Rosa, o la minimización de los crímenes que hizo Jorge Trelles en plena campaña “Nosotros matamos menos”, o los insultos a los familiares de las víctimas de Derechos Humanos y a las instituciones que buscan justicia y reparación. Hay en marcha un proceso de “fujimorización histórica” que es básicamente negacionista, que ha tenido resonancia mediática, y ha sido el arte desde donde se le ha hecho frente. A través de las artes visuales, el teatro, la música, los documentales los pueblos han salvado testimonios y denuncias, han sido, de alguna forma la memoria colectiva y han sobrevivido para las generaciones venideras y eso es justamente lo que se quiere acallar.

Después del shock emocional que implicó este desagradable suceso, Karen Bernedo nos dice que: “¿Si ya no se puede hablar de esto en el LUM entonces en dónde? ¿Cómo es posible que una muestra así genere tanto revuelo después de tantos años? En las redes sociales del ministro y su asesora Denisse Ledgard, aunque no en forma oficial, ya hay personas desprestigiando nuestro trabajo y desvirtuando sus contenidos. Nosotros hemos decidido quedarnos. Hubiéramos podido retirarnos y también hubiese sido válido, pero el LUM es un espacio de todos”.

No cabe duda que la memoria es un espacio en disputa y el fujimorismo lo sabe, por eso ejerce su poder para negar los hechos o desvirtuarlos. Cultivar la memoria no es, como algunos ingenuos creen, algo que se hace de arriba abajo al llegar al Estado, esa es quizás la última parte, cultivar la memoria implica estar con los sectores populares y ensayar múltiples formas de diálogo con la gente, en ese escenario, el arte cumple un rol fundamental.

MEDIO DE COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD ES LUM
Cuando estos hechos salieron a la luz diversos artistas e intelectuales se pronunciaron en las redes sociales, entre ellos, el filósofo y profesor de arte Augusto del Valle quien explica que esta exposición “pone el dedo en la llaga de acontecimientos trágicos y asociados a la corrupción durante el gobierno de Fujimori, como el caso La Cantuta o la compra de la línea editorial de los canales de televisión, entre otros”.

Para el crítico de arte Luis Lama y el antropólogo Javier Torres Seoane respectivamente, el LUM es un “medio de comunicación con la sociedad”, no es un espacio para difundir una única versión de la memoria, una verdad hegemónica o una “historia oficial”, “es la oportunidad para confrontar, debatir” y visibilizar diversas memorias y versiones de lo que nos ha ocurrido como sociedad.

Indignado el escritor Alfredo Pita se pregunta “¿Cómo se puede pretender preservar la memoria sin señalar a los criminales, ignorando, despreciando el dolor y la muerte, que en estos treinta años tan poco se han podido expresar? Una invitación a un juego de equilibrismo imposible, antihistórico y antiético”.

Con el fujimorismo, parafraseando al gran Walter Benjamin, ni los muertos están a salvo.

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Política

Keiko y su fiscal atentan contra la democracia con su afán de venganza

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Pedro Gonzalo Chávarry y Keiko Fujimori

La apertura de una investigación preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, el congresista Carlos Bruce y otros legisladores y funcionarios, por la presunta compra de votos con prebendas para evitar la vacancia de Kuczynski, dio la razón a los analistas y medios de prensa que anunciaban una operación venganza ordenada por la “Señora K”.

El tema fue analizado por parlamentarios de diversas tendencias y analistas entrevistados por Diario UNO, como Carlos Monge, quien dijo que Chávarry funciona como una suerte de peón del fujimorismo, en este juego de poderes con el Ejecutivo, porque sirve a los objetivos de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, al apuntar contra el presidente Martín Vizcarra como meta de su afán de venganza.

Recordó que Chávarry ya abrió investigación al exministro Alfredo Thorne por el caso de Chinchero, que es un pretexto porque su objetivo real es Vizcarra, por su papel en el tema cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Y ahora se pone la puntería no en Bruce y otros, sino en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, entonces queda claro que en el movimiento de piezas de la Fiscalía de la Nación, en este caso Chávarry, está apuntando a Vizcarra”, manifestó.

Martín Vizcarra Cornejo con la gente

CHANTAJE

Indicó que es una suerte de chantaje o de venganza por la manera cómo el presidente Vizcarra ha arrinconado al fujimorismo y lo ha derrotado políticamente, en esta puja en torno a las reformas porque lo ha obligado a hacer lo que no querían y se ha partido la bancada por primera vez desde la salida de la facción de Kenji que votó de manera diferenciada.

“Entonces es una venganza por esa derrota política y es también un chantaje diciéndole ‘la próxima que me pongas contra las cuerdas te puedo vacar’. Ahí las palabras del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, vuelven a cobrar toda su significación cuando él mencionó que constitucionalmente esa era también una posibilidad”, dijo.

“Además hay que recordar que Rosa Bartra, en declaraciones en referencia a la Comisión Lava Jato apuntó a PPK, pero mencionó que Vizcarra también podría estar considerado”, advirtió.

MAFIOSOS

“Fuerza Popular está sumamente penetrado por mafias de todo tipo y por dineros ilegales, porque ese es el fondo de la cuestión, lo que está en juego. Porque la alianza del Apra con el fujimorismo es el acuerdo de dos grupos mafiosos, que a su vez están montados sobre intereses mafiosos en la sociedad y viven en permanente colusión con grupos mafiosos al interior del Estado”, añadió.

Asimismo, destacó que esta situación de un Estado y un sistema político profundamente corrompidos, es lo que desacredita totalmente a la democracia a los ojos de la gente, entonces quien contribuye y defiende ese estado de las cosas se convierte en un enemigo claro de la democracia.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

VENGANZA DE KEIKO

Maritza García, parlamentaria No Agrupada, declaró que le parece mucha coincidencia, una reacción, un contraataque del fiscal Chávarry contra el informe del parlamentario Sheput, al que pretende desmerecer y debilitar con esta acusación sin sentido.

En el caso de ella y de sus colegas que renunciaron a Fuerza Popular los están procesando, abriendo investigación por no haber votado de manera uniforme con Fuerza Popular y por haber viajado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo cual no es delito, y lo han hecho también los congresistas keikistas.

“Es insólito, este es un acto de venganza de Keiko Fujimori con la finalidad de intimidar a la ciudadanía porque finalmente esto va a terminar con presos políticos, ella lo que está buscando es intimidar a la ciudadanía”, afirmó.

Maritza García resaltó que lo que se viene acá es una crisis política terrible y dijo que va a tener que empezar a buscar las garantías que el caso corresponde para no dejarse avasallar en sus derechos fundamentales.

SIGUEN VIZCARRA Y ARÁOZ

La parlamentaria indicó que lo que a los peruanos nos debe quedar claro es que hay una serie de actos sistemáticos que ya están planificados y se van desarrollando de manera secuencial hasta llegar al objetivo final.

“Claramente lo advertí hace mucho tiempo cuando estaba dentro de la bancada, que ya se escuchaban voces que no se iba a dejar trabajar al en ese entonces presidente Kuczynski, que tenían que bajárselo; que el objetivo final del fujimorismo es preparar el escenario político para las elecciones del 2021, copar las instituciones del Estado y ganar a la fuerza”, aseveró.

Además, dijo que estos son actos planificados, primero vacar a PPK, después Vizcarra y luego a Mercedes Aráoz, porque ya lo estamos viendo con este acto de Chávarry, para dejarle la posta a Keiko Fujimori, pero antes a quien sea el presidente de turno en el Legislativo, en el momento que se desate la crisis política.

AUTORA INTELECTUAL

“Ahora queda accionar legalmente, porque aquí hay una autora intelectual que es la ‘Señora K’, porque ella es la que está utilizando las instituciones del Estado y está cobrando venganza mediante instituciones como el Ministerio Público, lo cual es grave porque un fiscal de la Nación no se puede utilizar para una venganza política”, denunció García.

“A Pedro Chávarry se le está investigando como cualquier otro funcionario que en el ejercicio de sus funciones cometa alguna infracción constitucional en la comisión de un delito”, dijo.

La congresista apuntó que si Chávarry se hubiese apartado del cargo de manera prudencial para ser investigado no se hubiera llegado a este informe de Juan Sheput. “Pero él ha provocado esta situación porque se ve protegido por Keiko Fujimori y por la bancada de Fuerza Popular”, agregó.

HAY UNA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político afirmó que la medida tomada por Chávarry es una respuesta política al informe de Sheput, porque el problema es que mientras no renuncie o no separen al fiscal de la Nación, esta guerra va a seguir, por eso el Congreso debería actuar de manera rápida y separar a Chávarry.

Refirió que mientras más tiempo se demora una reacción del Parlamento respecto al titular del Ministerio Público, uno puede sostener que efectivamente hay una relación entre el fujimorismo y el fiscal, por eso al Congreso le conviene.

“Lo que está quedando claro es que no basta el tema del referendo para terminar con la corrupción, eso tiene que enfrentarse de manera decidida por el Gobierno, esto tiene que terminarse y yo noto por parte del Ejecutivo una debilidad en este punto. Tiene que opinar políticamente, no basta con hablar del referendo”, enfatizó.

“Una posibilidad es que esto termine en una guerra abierta, unos por la vacancia y otros por el cierre del Congreso y en ese sentido, pedir que se investigue a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, porque si efectivamente logran vacar a Vizcarra y a Aráoz, el presidente de la República será el titular del Congreso, por eso creo que tiene que haber una solución rápida porque esta es ya una guerra de desgaste que afecta tanto a unos como a otros”, agregó.

USO INDEBIDO DEL PODER

Por su parte, Alberto Quintanilla, parlamentario de Nuevo Perú, señaló que este es un uso indebido del poder, porque es un desatino la decisión del fiscal Chávarry de reaccionar de inmediato después de haber hecho público su informe Juan Sheput.

“Se ve como venganza política que ilegitima la acción del Ministerio Público. Él ha debido actuar con mayor prudencia y buscar mayor distancia e imparcialidad, lo cual ratifica que debe irse”, añadió.

“Creo que hay una suerte de venganza por parte del fujimorismo en alianza y a través de Chávarry, lo cual debería dejarse de lado. Pero ellos no entienden que la democracia también significa ciertos límites en la contienda política, no es un sálvese quien pueda y el todo vale. Porque existen límites éticos y políticos”, agregó el legislador.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Aráoz y Bruce seguros de que es una represalia

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Mercedes Aráoz - Carlos Bruce

La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce coincidieron hoy en que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, usa su cargo para venganzas políticas, al criticar la investigación preliminar que les inició dicha autoridad.

Aráoz cuestionó que a horas de conocerse el informe del legislador oficialista Juan Sheput recomendando destituir e inhabilitar a Chávarry, este abriera “una investigación sin sustento” que tiene por evidencia un viaje de supervisión de obras hecho con varios congresistas.

“Es claro que la Fiscalía es usada como instrumento de venganza política”, escribió en Twitter.

Por su parte, Carlos Bruce consideró que “es una coincidencia bien rara” que Chávarry anunciara la investigación justo después del informe de Juan Sheput.

Dicha pesquisa, que tiene aún condición de preliminar, incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce, Marvín Palma, Maritza García y Lucio Ávila.

Además, les atribuye presunto cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

“Es un delito usar su cargo para vendettas políticas (…) Esto se llama usar el cargo para finalidades políticas y defenderse de acusaciones que está teniendo”, dijo Bruce indignado.

El parlamentario calificó de apresurada la investigación llevada a cabo por Chávarry.

“Se me incluye en la investigación por haber viajado a Tumbes con la primera ministra y congresistas. Todos sabemos que los ministros viajan todas las semanas y eso no tiene nada de malo, pero yo nunca viajé a Tumbes, el viaje que me atribuyen es falso”, aseveró.

“Esto demuestra lo apresurado con que han armado el documento como una reacción al informe de Juan Sheput”, añadió el congresista.

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Política

Fiscal Chávarry arremete contra informe que plantea destituirlo

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Pedro Gonzalo Chávarry

El fiscal Pedro Chávarry arremetió ayer contra el informe del congresista Juan Sheput que lo acusa de presuntas infracciones constitucionales y recomienda su destitución, la que se ha convertido en un clamor nacional, al que solo se opone el partido fujimorista Fuerza Popular (FP), cuyo respaldo hace que el personaje se aferre al cargo sin rubor alguno, pese a que el país entero demanda su retiro.

Chávarry intentó desacreditar el informe presentado por Sheput a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que fue considerado como lógico primer paso a la destitución del fiscal cuestionado por sus relaciones estrechas con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y a quien la bancada fujimorista y la propia Keiko Fujimori protegen.

“El informe de Sheput colisiona con la Constitución. Su motivación es subjetiva, por lo tanto, bajo el criterio de conciencia usado por el Tribunal Constitucional, deberá ser rechazado en el marco de un estado constitucional de derecho”, sostuvo Chávarry en un mensaje de Twitter.

Agregó que “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe rechazarlo pues, sin mayor argumento, pretende destituirme del cargo de Fiscal de la Nación, yendo contra la legalidad”.

“QUE DIGA LO QUE QUIERA”

En la misma red, Sheput descartó contestarle pero escribió un mensaje que tácitamente señala que no va a retroceder ante los ataques de Chávarry y solo señaló que este “puede decir todo lo que crea conveniente. Está en su derecho. Lo mismo hicieron todos los otros implicados tanto del CNM como del Poder Judicial”.

“Yo solo me pronunciaré en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, añadió, en referencia a la fundamentación del informe que debe hacer dentro de los plazos legales establecidos.

En su informe, Sheput plantea la destitución de Chávarry y su inhabilitación por diez años, lo que significa que, de aprobarse la acusación, no podrá ser fiscal ni ocupar ningún cargo público, por ser autor de graves infracciones a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución.

Según el procedimiento establecido, el informe del parlamentario oficialista tendrá que debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la próxima semana. Si en esta instancia fuera aprobado, se trasladará el informe a la Comisión Permanente para un nuevo debate.

TREMENDO EXPEDIENTE

Según un reciente informe del portal de investigación Wayka, Chávarry inició su carrera en el Ministerio Público como fiscal provincial en setiembre de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, a quien se le ha vinculado desde aquella época, aunque alega que la versión es falsa.

La fuente indica que 1994 ascendió a fiscal superior en mayo de 1994, bajo el mando de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien usaba el Ministerio Público como herramienta del régimen dictatiorial de Alberto Fujimori y recibía por ello diez mil dólares mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), instrumento de corrupción y represión manejado por Vladimiro Montesinos.

Nélida Colán terminó presa hasta 2008, condenada por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito, debido a que se negó a investigar a Montesinos por presuntos cobros de cupos al narcotráfico y por el ‘vladivideo’ en que aparecía sobornando al excongresista Alberto Kouri, cuya difusión precipitó el desmoronamiento de aquel régimen y la fuga y renuncia por fax de Fujimori desde Japón.

Chávarry llevaba unos meses como fiscal, cuando, en agosto de 1994, fue nombrado secretario general de la Fiscalía de la Nación, es decir estrecho colaborador bajo el mandato de Blanca Nélida Colán, operadora de Montesinos, y sus críticos señalan que hoy utiliza los métodos de su jefa y mentora, los que habría puesto al servicio del fujimorismo.

MENTIRAS

En julio 2002, tras la caída de ese gobierno Chávarry tuvo que dejar el Ministerio Público por no haber sido ratificado, lo que equivale a ser expectorado o declarado tácitamente indeseable

Chávarry se dedicó entonces a la actividad privada y en marzo de 2003 fue abogado del empresario peruano James Stone Cohen, traficante de armas que formaba parte de la mafia de Montesinos y al que defendió durante tres años, lo que ha negado, diciendo que fue solo consultor.

Haber mentido reiteradamente, por cierto, es otra de las causas por las que Chávarry, para la mayoría de los partidos y ciudadanos, debe renunciar, por no cumplir el requisito de imagen impecable que se exige para ser fiscal de la Nación.

En 2007, ¡oh casualidad!, con García nuevamente en el Gobierno, fue reincorporado como fiscal superior titular, beneficiado por un acuerdo de solución amistosa con el Estado, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

Al parecer, tras volver al Ministerio Público, Chávarry no abandonó sus acciones cuestionables, pues en abril de 2017, ya como fiscal supremo, emitió una resolución que dio impunidad a condenados por corrupción en la Caja de Pensiones Militar Policial, por un presunto desfalco durante la dictadura, recuerda Wayka.

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