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Desafíos y traiciones en pugna

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Hidrocarburos petróleo

GASODUCTO SUR ANDINO Y PETROQUÍMICA NACIONAL

Quieren anular el gasoducto del sur, la petroquímica y bloquear el desarrollo descentralizado e industrial del sur peruano, afirma el autor, congresista de la República.

Las presiones al Gobierno por los miembros del Consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP), integrado por Enagás, con 25% de participación; Odebrecht con el 55% de las acciones; y Graña y Montero, con un 20%, se dan cada vez más fuerte. Ellos van a tomar las decisiones del GSP cuando se instale la Junta de Acreedores, que han pedido a Indecopi.

En 2017 el Consorcio fue declarado en insolvencia, adeuda a Enagás por facturas impagas la suma de US$417,185. Hoy existe un largo arbitraje internacional interpuesto por Enagás contra el Estado peruano para que le pague US$ 511 millones, proceso que puede durar 5 años. Y pretenden seguir con los negociazos imponiéndose no solo al Gobierno de Vizcarra sino al Perú entero.

DENUNCIA

Lo que quieren es anular el gasoducto del sur, la petroquímica y bloquear el desarrollo descentralizado e industrial del sur peruano.

El Gobierno, a través del Ministro de Energía y Minas, desde el 2017 viene preparando las condiciones para modificar los estudios existentes para diseño y trazo actual del Gasoducto Sur Peruano desde Cusco hasta la costa sur, pasando por todos los departamentos, con el “pretexto” de hacerlo “técnica y económicamente viable”. Para ello contrató a la consultora Mott Mac Donald que trabaja un nuevo proyecto denominado “Sistema Integrado de Transporte de Gas del Perú”.

Pese a confirmarse la existencia del gas, plantea dejar de lado la Petroquímica y anular la ruta integral del gasoducto por los departamentos del sur peruano, para destinarlo a exportación y generar electricidad.

El Proyecto, entrampado por la megacorrupción de Odebrechet y sus socios, hoy está paralizado y con los tubos comprados. Se pretende dejar de lado los trazos regionales de los ramales de gasoducto a los departamentos, para suplirlos con minúsculo abastecimiento por rutas de gas en camiones.

La alternativa que plantean consiste en destinar el gas a la exportacion, incluyendo a Chile-Argentina, y quemarlo para generar electricidad principalmente para la minería.

A FAVOR DE LA MINERÍA Y DE CHILE

Quieren dejar con minúsculo abastecimiento en camiones al surperuano, para promover que se exporte energía eléctrica y gas a Chile. Respecto a la ruta del gasoducto, plantean que este debe ser por la costa, prolongando el actual ducto de Contugas (a cargo del Grupo Energía de Bogotá) para llegar hasta Mollendo e Ilo. Pretenden que los existentes tubos del gasoducto sur, puedan ser comprados para esta ampliación.

Con esa propuesta, se quemaría el gas para generar electricidad, la que se pretende destinar en abastecer con energía barata a la minería del sur del Perú y del norte de Chile. Pretenden bloquear nuestra industria, al regalar la riqueza nacional del gas, básica para el desarrollo integral del Perú, a fin que Repsol, Enagas y otras empresas capturen la millonaria renta de exportación de las Industrias Petroquímicas, que se derivan del uso del etano que contiene nuestro gas.

El Ministro de Energía y Minas (exgerente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía) es el gran promotor de este ducto costero. Ha señalado que ya Pro inversión evalúa esta posibilidad. Este ducto tendría una longitud de 834 km y su costo ascendería a US$ 850 millones. Las grandes mineras como Southern Copper urgen de gas para sus proyectos, así como para las mineras de los proyectos Tía María, Los Chancas y otros.

Es decir, desde la cabeza del sector se quiere dejar de lado y anular el gasoducto surperuano, vulnerando la ley vigente y la expectativa de millones de peruanos del sur, como los cusqueños, zona productora del gas, Puno y otros departamentos del sur peruano, y que hasta ahora no pueden beneficiarse de este recurso. Pero es más grande la amenaza al Perú.

Pretende arrebatar al Perú la renta estratégica de la exportación del gas valorizada en más de 30 mil millones de dólares, así como bloquear el desarrollo productivo e industrial de la petroquímica y sus derivados, que pueden impulsar en todo el Perú el agro, las industrias, los servicios básicos de las viviendas, y atender necesidades básicas de la patria.

RUTA, UNA GRAN ESTAFA

Respecto al gas, se plantea ahoraesta otra posibilidad esgrimida por algunos privados y que el actual Ministerio de Energía y Minas viene evaluando y promoviendo y busca imponer. Se trata del proyecto de Perú LNG, operador de la planta de licuefacción de Pampa Melchorita, que espera la decisión del Gobierno del presidente Vizcarra para el desarrollo de la ruta marítima para la exportación del gas de Camisea. La Consultora Mott Mac Donald viene analizando esta propuesta. Los resultados de esta evaluación se entregarán a inicios del año 2019.

El Ministerio de Energía y Minas la ha señalado como la primera opción, debido a su “menor costo y flexibilidad” para conducir en forma expedita el gas de Camisea hasta el nodo energético del Sur así como facilitar la exportación a Chile para la petroquímica.

Tiene interés directo y especial la empresa ENAGAS, la que además de ser parte del Consorcio Camisea, tiene contrato para abastecer de gas licuefactado a Chile y por esa ruta a la Argentina, comprando el gas a precio vil en Perú y vendiéndolo a precio muchísimo mayor (a valor de Asia) a Chile y Argentina, estimándose en más de 15 mil millones de dólares la ganancia previsible para ella y sus socios, mientras descapitaliza y quiebra al PERÚ.

Proyecto Ruta Marina del Gas Natural

ACUERDO NACIONAL

El Congreso debe aprobar acuerdo nacional multipartidario para el proyecto integrado del gasoducto como sistema de transporte y de impulso a la petroquimica del sur peruano y el gobierno impulsar su realización.

Pese a la posible traición en marcha, los pueblos del Perú, incluyendo el sur peruano, han redoblado la lucha, que ha llegado hasta propuestas de ley en el Congreso. El 9 de mayo del 2018, la Comisión de Energía y Minas del Congresoaprobó el dictamen por UNANIMIDAD del Proyecto de Ley 946/2016-CR de mi autoría, que recoge además los proyectos de los congresistas Nelly Cuadros del Cusco, Lucio Ávila de Puno, Modesto Figueroa de Madre de Dios y Alejandra Aramayo de Arequipa. Este Dictamen hasta este momento no se pone a debate en el Pleno.

El dictamen propone declarar de necesidad publica y preferente interés nacional la construcción y puesta en operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos derivados del gas natural, desde los yacimientos ubicados en el sur del país, con el objetivo del desarrollo de un Complejo Industrial Petroquímico, basado principalmente en el etano, construido en el eje nodal de la ruta mundial de la ruta de la seda que une América Latina con el Asia y el Mundo.

Articula las diversas regiones del sur peruano, con la finalidad de promover el desarrollo integral, beneficiar a la población de dicha zona con el acceso a este recurso y acrecentar la seguridad energética mediante la masificación del gas.

Vela por la equidad en el contrato de gasoducto sur peruano, en resguardo de los intereses del Estado peruano y su población, así como garantiza que se mantengan las cláusulas de anticorrupción firmadas, julio de 2104, en el contrato de concesión sobre mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del gasoducto sur peruano.

Además ratifica la necesidad de la construcción de los ramales del gasoducto sur peruano, hacia las regiones de Puno, Madre de Dios y Arequipa, y la puesta en operación, el transporte y distribución del gas natural para el acceso y aprovechamiento de los pobladores de dichas regiones.

EL GOBIERNO DEBE RECHAZAR LA TRAICIÓN

El Gobierno de Vizcarra está en una encrucijada, sujeto a presiones de los grupos de poder económico antinacional. Apuntan a postergar la atención a la necesidad de gas natural de millones de familias de la sierra y selva.

Quieren anular la Petroquímica y con ello la posibilidad de diversificación productiva nacional, con productos y servicios derivados para mejorar la vida, la agricultura y la industria, así como la vida misma de las personas, de todo el Perú, especialmente de los departamentos del Cusco, Apurímac, Huancavelica, Puno, Moquegua, Arequipa, Tacna, Madre de Dios.

Pretenden priorizar los negocios del lobby gasífero, que pretenden capturar el gas para exportarlo, incluyendo a Chile-Argentina, quemarlo para energía eléctrica para mineras del sur del Perú y del norte de Chile. El presidente Vizcarra debe reconocer y poner en marchalos anhelos soberanos del pueblo para poner el gas natural al servicio del Perú, para el desarrollo agrario, industrial y de servicios del bienestar de millones de peruanos.

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Política

Lo dejaron solo

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Omar Quesada

Luego de que algunos representantes apristas acusaran a autoridades como los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, o al mismo presidente de la república, Martín Vizcarra, de ser los causantes del suicidio del expresidente Alan García Pérez, las declaraciones de otro dirigente aprista tiran por los suelos la pretendida estrategia de obtener un rédito político de la muerte del exmandatario. Por el contrario, dejan al descubierto una posible falta de prevención que podría haber contribuido al trágico desenlace.

AG LO ANUNCIÓ

Omar Quesada, quien diera la noticia de la muerte de Alan García, declaró ayer a Radio Programas del Perú que el expresidente había advertido a su entorno más cercano que no lo iban a ver esposado ni humillado.

“Él (García) siempre nos dijo a mí no me van a ver, al presidente del Apra, al presidente Alan García o al compañero de ustedes, esposado, humillado, como el día de ayer lo querían hacer. No nos ha sorprendido un acto de esa naturaleza, aunque es increíble hasta el último momento”, reveló.

“Para nosotros ha sido un shock emocional, a pesar de que sabíamos de que esa era una medida que él podía tomar”, agregó.

Las afirmaciones de Quesada no representan una visión aislada. El congresista Víctor García Belaunde de Acción Popular afirmó en una entrevista televisiva que según le comentaron algunos partidarios apristas, Alan García se presentó en la embajada de Uruguay con un arma bajo el brazo, creyendo que podía ser detenido. “Él conservó el arma no para usarla contra otro, sino para él, porque no estaba dispuesto a permitir que lo humillen, según decía”, recordó García Belaunde.

Tuit de Carlos Mesía

Otro testimonio que consigna la delicada información de la que estaba al tanto el entorno de García, es el del expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, quien escribió en Twitter: “El presidente no iba a permitir que sin pruebas, fuese expuesto a la humillación pública de verse enmarrocado. Por eso dije hace un tiempo: ‘al presidente García nadie lo enmarroca’. No es cobardía, es honor. Lo sabía de fuentes cercanas que eso sucedería llegado el caso”.

Todas estas afirmaciones confirman que la posibilidad del suicidio no era ignorada por el entorno del expresidente, por lo que cabe preguntarse si acaso no lleva su círculo más íntimo la responsabilidad moral de no haber asistido al expresidente con ayuda médica profesional, y previniendo el acceso que este tenía al arma de fuego con la que terminó quitándose la vida.

Como una premonición o como una evidencia de que la idea de la muerte no le era ajena, García dijo en el primer mitin tras su regreso al país en el 2001: “no sé a dónde me conduzca la vida, no sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy entregando todo lo que soy, otra vez, al servicio de la patria”.

EN EL DOLOR, TE ACUSO

El primer líder aprista en apuntar contra quienes consideró “los perseguidores de García” fue Mauricio Mulder. En los exteriores del Hospital Casimiro Ulloa, lejos de mostrar empatía con la familia o con el amigo que acababa de perder, dio un discurso con un claro cálculo político: “El presidente García tomó una decisión de dignidad y de honor. Un acto de honor frente a una persecución fascista”.

Mulder acusó “la concreción de todo un mecanismo de persecución de búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros”, en clara referencia al fiscal José Domingo Pérez.

Luis Gonzales Posada, ex ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en el primer gobierno de García, culpó a Pedro Cateriano y Gustavo Gorriti como responsables de la muerte del expresidente. “La bala la han disparado ellos”, acusó. Además, se dirigió al fiscal Pérez calificando su trabajo de “crueldad”.

Lo dicho por Jorge Del Castillo dio un sentido político al suicidio del líder aprista: “Es una decisión muy dura pero tiene una inspiración de defensa de su honor … ha entregado su vida pero ha hecho un acto político decisivo”.

LAS INVESTIGACIONES NO DEBEN PARAR

Los dichos anteriores fueron rechazados por el ex primer ministro y actual presidente de la región Lambayeque, Yehude Simon, quien consideró que no se puede señalar a la Prensa o a los fiscales de la responsabilidad de una decisión tomada por el propio García. “Hay una investigación, el país requiere saber la verdad, el expresidente creo que debió enfrentar esta investigación con la serenidad respectiva”.

Por otro lado, el dirigente aprista Carlos Roca indicó que la “decisión personal de Alan García de inmolarse es una decisión que hay que respetar y no hay que utilizar la trágica muerte para suscitar odios contra personalidades del país”.

Roca hizo una invocación para que en vez de estar buscando responsables de la muerte de García en los adversarios políticos, los partidarios apristas piensen en lo que se debe hacer para que nunca más haya funcionarios que caigan en la coima y la corrupción. “Eso no se puede negar”, sentenció.

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Política

Allanamiento no podía detenerse pese al suicidio de AG

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Juan José Quispe

El abogado Amoretti dijo que el allanamiento a la casa de Alan García debió suspenderse de inmediato tras la muerte de Alan García. De igual modo sostuvo la jurisconsulta Romy Chang, al referirse al mismo tema. El testimonio de Humberto Abanto, se suma a esas informaciones.

Sin embargo, esto no sucedió. ¿Por qué? Una orden del juez Carhuancho gravitaba en la ejecución de dicha medida, que debía ejecutarse pese a la tragedia ocurrida por el suicidio de Alan García.

“La diligencia debió concluir, no tenía por qué suspenderse. Uno porque era una orden dispuesta por un juez, requerida por el fiscal, había una disposición que intervenía personas e intervenía el domicilio, y por tanto se tenía que concluir”, dijo el jurista JJQuispe.

“El hecho de que una persona muera no significa que se suspenda inmediatamente todo. Eso es un absurdo. Yo entiendo la posición del Dr. Amoretti y otros que siempre defienden a personas vinculadas a actos de corrupción y de violación de derechos humanos”, precisó.

HABÍA MUCHOS ABOGADOS

“Una vez que se concluye se levanta un acta y se tiene que poner lo que pasó, no solo del imputado Alan García, porque estamos hablando de una presunta organización criminal”, precisó.

“Imaginemos que hipotéticamente había un tipo de documentación que lo vinculaba con los otros investigados. Lo que pasa es que a nivel de la investigación muere todo lo que se investigaba a Alan García por su muerte, pero los demás siguen investigados”, remarcó.

“Lo que sí llama la atención es la presencia de muchos abogados allí. El fiscal debió ponerse mucho más fuerte. El único que podía participar era su abogado Erasmo Reyna y nadie más”, recalcó.

El abogado Humberto Abanto dijo que estaba en la casa de Alan García porque era su amigo. Dijo que su decisión fue personalísima y de protección a su figura política, frente a la barbarie judicial.

LOS VIDEOS LO REVELARÁN TODO

“Lo importante es que tanto la Policía como la Fiscalía van publicar los videos que suelen tomar. Ese es un protocolo y van revelar todo lo que se incautó, todo lo que sucedió”, sostuvo.

“Tras la muerte de Alan García el testimonio que le pudieran haber tomado preliminarmente, cuando haya juicio oral, servirá poco. Respecto a los demás investigados, sigue el proceso”, precisó.

“Yo creo que poco van a ayudar las declaraciones de Alan García en el sentido de que siempre ha negado que haya recibido dinero de Odebrecht. Lo que sí le digo es que todos los demás investigados, para evadir sus responsabilidades, le echarán la culpa a la persona que ha fallecido”, explicó.

“Eso sucede en muchos casos. Cuando una persona fallece, los demás investigados le echan la responsabilidad Yo le pongo un ejemplo: en el caso del señor Nicolás de Bari Hermoza Ríos, no es un procesado ausente, no está muerto, pero tiene un alzheimer bastante avanzado, ¿y qué han hecho los demás coinculpados? Le echan la culpa”, remarcó.

“Esta es una práctica muy usual de los coinvestigados para evadir la justicia, para echarle la culpa a un procesado ausente, que no tiene capacidad de discernir o que está fallecido, Mucho ojo con eso”, subrayó.

DANZA DE MILLONES

“Definitivamente, las declaraciones de Barata harán que los coinculpados de García Pérez sean llevados a juicio y sean declarados culpables. El mejor ejemplo es su secretario general, el señor Nava y su hijo. Ellos no tenían ningún poder de decisión, ni estaban en un comité de licitaciones, ni eran ministros… Y la pregunta es, ¿cómo este tipo de personas recibieron tanto dinero en millones de dólares? Esto es lo que está cuadrando el fiscal Domingo Pérez, porque ese dinero no era para Nava y su hijo y tampoco para Atala y su hijo”, declaró.

“Se presume que ese dinero era para ser repartido entre todos, incluyendo Alan García. Yo creo que muchos de los investigados con Alan García, se van someter a la colaboración eficaz ante las pruebas que se están encontrando. Mucho ojo con eso”, remarcó.

ALGO MÁS

“La prisión preventiva a PPK va a servir de termómetro. Si los jueces dictan o no dictan un mandato de prisión preventiva si hay peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. Si eso sucede, adiós al arresto domiciliario para los mayores de 65 años”, concluyó Quispe.

 

FELIX GRIJALBA SATO

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Política

Fiscal José Pérez insiste con prisión preventiva a Kuczynski

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Pedro Pablo Kuczynski y César Nakazaki

El fiscal José Domingo Pérez mantuvo el pedido de prisión preventiva de 36 meses en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y no variará esta solicitud por el arresto domiciliario.

Según indicó durante la diligencia que desarrolla el Poder Judicial, el fiscal Pérez se ratificó en su exigencia inicial y que no ha retrocedido porque hay cargos que pesan en contra del ex presidente.

Pérez sustentó esta solicitud en el certificado médico legal entregado por el Instituto Médico Legal (IML) del Ministerio Público, durante la diligencia que se realizó en la sede de la Corte Superior de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.

Dicho documento señala que la salud del exmandatario se encuentra “clínicamente inestable” y con hipertensión arterial no controlada, pero ello “no significaba una enfermedad grave e incapacidad física permanente” para cumplir con el pedido.

EL PEDIDO NO VARÍA

“La Fiscalía no variará el pedido de prisión preventiva por el de arresto domiciliario y se mantendrá el pedido por 36 meses de prisión preventiva para el investigado (Kuczynski) y los otros dos implicados”, remarcó Pérez.

La solicitud de prisión preventiva alcanza a su secretaria personal Gloria Kisic y a su chofer, José Luis Bernaola, por una investigación referida a la trama de sobornos que involucra a la empresa brasileña Odebrecht.

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, señaló que el fiscal Pérez solicitó en la víspera un informe médico legal para determinar el estado de salud del exmandatario, ante la eventualidad de cambiar la detención preventiva por arresto domiciliario.

“No hay peligro procesal ni entorpecimiento de la actividad probatoria por parte de mi defendido, así como de su defensa legal”, señaló durante la diligencia de evaluación de la prisión preventiva por 36 meses solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.

ALGO MÁS

“Solicitamos que se rechace el pedido de prisión preventiva en contra de mi defendido o, en todo caso, si hay alguna medida, que se le imponga arresto domiciliario”, reiteró Nakazaki.

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