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Derrotemos privatizaciones del agua potable y de Sedapal

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Agua Sedapal

AFIRMEMOS EL DERECHO CONSTITUCIONAL AL AGUA

El gobierno viola el derecho constitucional al agua, para privatizarla, así como a Sedapal y otras empresas públicas a cargo de su gestión, pese a ser recursos básico y constitucional de la nación. El 13 de julio del 2019 el gobierno dictó el Decreto Supremo 214-2019-EF por el cual modifica, bajo esta norma menor, el Mandato Constitucional y regula la gestión del agua, para dársela como mercancía al sector privado. Cambia la Constitución, viola las leyes orgánicas y destruye los procedimientos administrativos del Estado, para esta privatización de un recurso público nacional fundamental para la vida.

La Constitución Política del Perú reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional. El 21 de junio del 2017 se dio la Ley 30588 que reconoce el derecho del acceso al agua como derecho constitucional. Lo hace con el texto siguiente: Art 7°-a: “El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible”.

El mandato constitucional es expreso, claro y definitivo, respecto al agua como recurso natural y bien público de la Nación, con dominio inalienable e imprescriptible. Pero a través de un simple y lobista Decreto Supremo, del Ministerio de Economía y Finanzas, del 13 de julio del 2019, han vulnerado directamente el mandato constitucional y mercantilizado el acceso y el uso del agua. Privatizan su gestión y sistemas correspondientes. Un decreto supremo no puede modificar la Constitución como lo hace esta norma, pisoteando los derechos básicos de la patria y sus habitantes.

La fórmula de esta inconstitucional privatización aparece enredada en sus propias palabras, pero no puede esconder su afán privatista y mercantilista, y trata inútilmente de ocultar su carácter inconstitucional. Pisotea abierta y delincuencialmente el reconocimiento constitucional que señala al agua como un bien de dominio público inalienable e imprescriptible.

El tema que pretende regularse de esta forma ilícita es el de la gestión empresarial y los sistemas administrativos del agua, en especial el agua potable, y el propio bien, el agua para consumo humano. Pretende entregar a empresas privadas los sistemas empresariales administrativos de la gestión del agua, haciéndola de esta forma, un bien privado mercantilizado.

Más aún, pese a señalar que son empresas del sector público no financiero en el ámbito de Fonafe, las exceptúan de los sistemas administrativos fundamentales para la gestión de los bienes públicos. Las exceptúa de cinco sistemas claves de gestión, dejándolas al arbitrio del inversionista público, anulando los de tesorería, presupuesto, abastecimiento, programación y gestión de inversiones, gestión de recursos humanos.

Pero no solo eso, también y de manera muy importante, las exceptúa del sistema de endeudamiento público, con lo cual se entrega la soberanía de un recurso nacional estratégico a la especulación financiera global.

Con estas normativas inconstitucionales, lo que hacen es privatizar el agua y destinarla a su mercantilización bajo las leyes del mercado privado. La ganancia del empresario privado, será la que ordene el acceso, gestión, distribución y alcance del agua, así, mercantilizada, a favor de un puñado de beneficiados por tener recursos para ser concentrados por estas empresas.

No contento con el pisoteo constitucional, entrega la empresa Sedapal y otras empresas, a cargo del agua potable, a la voracidad del mercantilismo lobista parasitario. Es lo que pretenden hacer con Sedapal. Empresa con más de un millón 550,000 conexiones. Empresa rentable con utilidades con 355 millones de soles en el 2018. El agua así privatizada será más cara para la población peruana y dará inmensas utilidades para un puñado de empresarios mercantilistas.

Sedapal gestiona el agua potable, su privatización convierte al agua potable en una mercancía.

El D.S Nº 214-2019-EF se enmarca dentro de los objetivos privatistas aprobados en la Política Nacional de Competitividad y Productividad aprobado mediante Decreto Supremo Nº 345-2018-MEF y el D.S. Nº 237-2019-EF Plan Nacional de Competitividad y Productividad que tienen como objetivo en cuanto a la Infraestructura y servicios públicos su privatización, segmentación y precariedad a través de la generalización de la modalidad corrupta de APPs. Es una norma ilegal e inconstitucional que vulnera los derechos ciudadanos para beneficio de futuros propietarios privados del agua potable que dejará de ser bien público, para convertirse en una mercancía.

El D.S Nº 214-2019-EF es ilegal. En el año 1981 con el Decreto Legislativo 150 LEY DE LA EMPRESA SERVICIO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, se definió que era necesario contar con una Empresa de Propiedad del Estado, encargada de la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado a nivel nacional, ya sea directamente o a través de Empresas Filiales o del apoyo que brinde a organismos que actualmente cumplen estas funciones, a fin de que las inversiones que realice el Estado en la instalación, mejora, y ampliación de dichos servicios, correspondan en orden de prioridad a aquellas que beneficien a un menor costo al mayor número de la población y preferentemente a los de menores ingresos. Por esta ley esta empresa tiene autonomía financiera y administrativa, sus utilidades se reinvierten en ella y en su capital de trabajo.

El Artículo 10 de esta ley señala que las acciones representativas del capital social, serán intransferibles, inembargables y no podrán ser objeto de prenda ni usufructo. El Decreto Supremo N° 214-2019-EF que regula la participación accionaria del sector privado en las empresas del Sector Público No Financiero bajo ámbito del FONAFE constituye un elemento de privatización, de ajuste y venta de nuestros propios recursos en la errática política económica el modelo neoliberal en crisis. En este marco es un decreto ilegal.

D.S Nº 214-2019-EF es inconstitucional. Este D.S, permite la privatización de la empresa Sedapal, afectando de manera inconstitucional el derecho al agua de todos los peruanos que residen en Lima Metropolitana y el Callao, así como el acceso al agua potable en toda la república.

Este Decreto Supremo colisiona con el Artículo 7°-A de la Constitución Política, incorporado como Reforma Constitucional con la Ley Nº 30588, que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional, y señala: “El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible”.

La privatización de Sedapal anula el acceso progresivo y universal al agua potable. El interés privado en la propiedad de un recurso fundamental para la vida como es el agua potable, se contrapone con el fin social de una empresa pública como Sedapal, el interés privado busca las utilidades, buscas rentabilidades a toda costa, y lo logrará vendiendo el agua potable cual mercancía al mejor postor, al que más dinero tiene, en desmedro de las poblaciones de estratos socioeconómicos bajos, quienes verán limitado su acceso a este servicio vital.

El interés privado orientará el agua potable a los demandantes de las grandes inmobiliarias quienes se apropiaron del suelo y que ahora se apropiarán del agua potable.

El interés privado orientará las inversiones en los proyectos de agua y alcantarillado a los sectores más pudientes ya que en ellos logrará rentabilidades en la venta del agua, por tanto, los proyectos de inversión en los sectores pobres se verán anulados. El proyecto en zonas pobres no es rentable para un privado.

El interés privado no priorizará el agua para el consumo humano sobre otros usos.

El interés privado encuentra en las grandes empresas industriales sus principales demandantes. Ya ocurre con el caso de la “apropiación” del agua subterránea, agua de alta calidad que es usada como insumo para agua de mesa, agua gaseosa, cerveza y otros bienes con uso intensivo de agua, con tarifas exiguas, que muchas veces no pagan y judicializan, sin control ni fiscalización por los supervisores, lo que les permite grandes ganancias por el uso de esta agua.

El agua subterránea debiera ser la garantía para la vida y la salud humana en momentos de emergencia; sin embargo, se pretende destinar para aumentar la gran ganancia empresarial, al dotar el agua para grandes centros industriales y comerciales. Esta situación crecerá grandemente cuando el agua esté en manos privadas.

Con la privatización de Sedapal no se promoverá el manejo sostenible del agua, no se le reconoce como recurso natural esencial, ni se le considera como bien público y patrimonio de la Nación. Al privatizar el agua potable se ha dejado de considerarlo un bien público y patrimonio de la nación, ha pasado a ser propiedad del concesionario o del privado, quien lo usa como mercancía para obtener ganancias que no son públicas sino privadas.

Un bien público como el agua potable declarado por la Constitución Política del Perú no puede ser sometido a la exclusión. Es decir, existe la imposibilidad de excluir del consumo de agua potable a nadie, puesto que no es posible discriminar, mediante precio, a quién puede y quién no hacer uso de ello. Con la privatización del agua potable los usuarios pobres serán excluidos en mayor medida. Para el privado el pago de la tarifa es el fundamento de su ganancia. La privatización del agua potable anula la inalienabilidad e imprescriptibilidad como bien público.

Entregar el agua potable a manos privadas a través de la privatización de Sedapal y otras empresas públicas, significa anular la inalienabilidad que supone que el agua como bien público, no se puede embargar, hipotecar, usufructuar. La privatización permite el usufructo inconstitucional de este bien público.

La iniciativa legislativa propone la derogación del Decreto Supremo N° 214-2019-EF (13 de julio de 2019), que regula la participación accionaria el sector privado en las empresas del Sector Público No Financiero bajo ámbito del FONAFE.

Este Decreto Supremo N° 214-2019-EF fija el mínimo de 30% de participación privada en el accionariado de las empresas públicas para estar fuera de todo control público de los sistemas administrativos, estableciendo así la privatización, no solo de Sedapal, sino de todas las demás empresas públicas del Perú.

Y dada0 la intención expresa de esta norma que vulnera derechos ciudadanos, vulnera la ley y la Constitución Política propone que la Contraloría General de la República ejecute una acción de control gubernamental en el marco de la transparencia y destino de los recursos y bienes del Estado, a los responsables de la elaboración y promulgación de este Decreto Supremo N° 214-2019-EF que privatiza a la Empresa Sedapal.

La ciudadanía de Lima y Callao realizará una gigantesca movilización el jueves 26 de setiembre desde el Campo de Marte hacia el Ministerio de Vivienda; contra la privatización de Sedapal. El Sindicato de Trabajadores de Sedapal, SUTESAL, convoca a esta gran marcha ciudadana por el derecho constitucional al agua y la vida.

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Política

Es una mordaza a la información

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José Domingo Pérez Gómez

El jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), consideró que el proceso disciplinario iniciado por el Ministerio Público contra el fiscal José Domingo Pérez tiene como finalidad impedir que la población tome conocimiento del avance de las investigaciones contra Fuerza Popular. “Quieren una Fiscalía que no ponga en conocimiento de la población no solo cómo va la investigación, sino qué opinión tiene sobre actos cometidos por una de las partes, en este caso la organización partidaria Fuerza Popular”, señaló.

ES UNA PARTE DEL PROCESO

Quispe recordó que el fiscal Pérez “no es un juez, sino una parte del proceso, y a diferencia del juez puede declarar acerca del caso. Pero acá vemos que se le quiere tapar la boca abriéndole una investigación preliminar de oficio, sin denuncia de parte”.

“Es claro que se quiere marcar una jurisprudencia dentro del Ministerio Público en la cual los fiscales se limiten solo a dar cuenta de los actos realizados pero sin el derecho de opinión que tiene todo ciudadano en un Estado democrático.El señor Pérez no se está haciendo una promoción política para postular a un cargo público”, agregó.

Quispe cuestionó que el Ministerio Público esté buscando parecerse a “una organización castrense”, donde los fiscales no tengan derecho a opinar respecto a sus investigaciones a personajes políticos. “La investigación a Keiko Fujimori es a una figura política y sus declaraciones tienen que ir en ese sentido. El fiscal Pérez está investigando a una presunta organización criminal enquistada en Fuerza Popular, y es lógico que sus comentarios tengan algún contenido político”, manifestó.

El jurista advirtió que las consecuencias de este procedimiento disciplinario contra el fiscal Pérez pueden ser “gravísimas”. “Se le va a poner una mordaza a los fiscales, y vamos a tener fiscales que van a informar solo cosas puntuales. Si eso quiere el Ministerio Público, le basta con su cuenta de Twitter para esa labor”, afirmó.

SE VULNERARÍA DERECHO A LA INFORMACIÓN

De llegarse a producir una sanción contra el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Quispe consideró que se estaría vulnerando el derecho a la información de la opinión pública. “Ante una eventual sanción, es lógico que luego los fiscales en entrevistas van a evitar todo tipo de comentario que pueda ser motivo de acusación. El ciudadano va a ver menoscabado su derecho a la información, y la ciudadanía va a perder porque no va a conocer a plenitud todo lo que se está investigando en un proceso penal”, agregó.

INTENTARÁN SACARLO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El abogado de IDL apuntó que estas acciones pueden ser parte de una estrategia más amplia. “Esto que sucede con la Fiscalía, es un contraataque a consecuencia del revés de Keiko Fujimori en el Poder Judicial, es una contraofensiva por no haber tenido éxito con el recurso de casación. Hay que estar alerta porque no solo viene una mordaza, sino que la ofensiva del fujimorismo es lapidar a los fiscales del caso Lava Jato. Ya lo adelantó el señor Rodríguez Monteza, buscarán sacar a Pérez del Ministerio Público. No olvidemos que el fiscal formalizó hace una semana la investigación preparatoria contra Fuerza Popular como organización criminal”.

URGENTE CIERRE DEL CONGRESO

Ante el escenario de blindaje a la corrupción y obstrucción a las reformas, por parte del Congreso, Quispe fue claro en advertir que al presidente Martín Vizcarra solo le queda el cierre constitucional del Legislativo. “Al Presidente lo van a vacar con el antecedente de PPK, y quien entraría a gobernar sería Mercedes Aráoz, a quien los fujimoristas y sus aliados ven con buenos ojos. Entonces, tener a Aráoz en la presidencia, a Olaechea en la presidencia del Congreso, a Keiko Fujimori en libertad y a los Cuellos Blancos empoderados en el Poder Judicial y en la Fiscalía, sería un holocausto para el país”, apuntó.

“El Presidente debe plantear la cuestión de confianza y cerrar el Congreso constitucionalmente. Si no lo hace, le van a ganar por puesta de mano. El fujimorismo ataca rápido”, advirtió.

CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez acusó una campaña de hostigamiento desde el interior de la Fiscalía. “A través de estas investigaciones que se inician en mi contra, a partir de reportajes o entrevistas en los diversos medios de prensa, sin que exista una denuncia de por medio, se está buscando, en primer lugar, callarme y que no denuncie los actos de intromisión de los intereses corruptos en la Fiscalía ni los actos de obstaculización en las investigaciones para que estas fracasen”, señalo.

Para el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, el proceso iniciado en su contra evidencia que la lucha contra la corrupción e impunidad es “una ardua labor” que deben cumplir los fiscales. “Incluso en la propia Fiscalía, porque debemos enfrentarnos no solo a las organizaciones investigadas sino a sus extensiones que se han enquistado en la institución”, finalizó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

El peligroso antecedente que marca la sentencia a Aduviri

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Walter Aduviri Calisaya

Y mientras la gobernabilidad del país se cae a pedazos, con el peligro de llegar a la segunda vacancia presidencial del periodo, orquestada nada menos que desde la CONFIEP, el miércoles se difundió la noticia de la condena a 6 años de prisión del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya,.

Al margen de que se trate de un personaje siempre polémico, la noticia de esta sentencia ha causado gran preocupación porque puede significar un ataque directo a la democracia instrumentalizando para ello al sistema penal.

Comuneros protestan marchan

¿Qué dio origen a este proceso judicial?

La protesta social realizada en mayo del 2011 por las comunidades aymaras del sur, más conocida como “El Aymarazo”, se produjo tras la promulgación del DS 083 que emitió el entonces presidente Alan García Pérez, autorizando operaciones mineras a la empresa canadiense Bear Creek MiningCorporation- proyecto Santa Ana- dentro del territorio de dichas comunidades, en el distrito de Huacullani; a menos de 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, vulnerando lo prescrito por el artículo 71 de la Constitución que prohíbe que dentro de este límite, los extranjeros puedan adquirir o poseer por título alguno, minas, tierras, etc.

El 26 de mayo del 2011, luego de varios días de movilizaciones en Puno, se produjo una gran convulsión y disturbios, que provocaron el incendio de los locales de la Contraloría General de la República, la Gobernación y Aduanas. Fue este hecho el que motivó el proceso judicial contra Aduviri.

¿Cuál fue la participación de Walter Aduviri en los hechos?

En el juicio no se ha probado que el hoy gobernador haya participado directamente de estos actos vandálicos, de hecho no se ha podido determinar quiénes perpetraron estos incendios, sin embargo como Aduviri era el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, el Estado quiere imputarle responsabilidad sobre el mismo.

¿Qué responsabilidad se le asigna a Aduviri?

En la sentencia que se ha dictado el miércoles en Puno, se le considera como “coautor no ejecutivo” del hecho, ¿ qué significa esto? Que pese a que él no ejecutó directamente el delito, sí participó en la planificación del hecho criminal -una suerte de autor intelectual-; en este caso la teoría es que él y los otros miembros del movimiento social idearon un plan para causar los desmanes públicos.

Marcha protesta contra minería minas

¿Por qué es peligroso que se aplique la figura de “coautoría no ejecutiva”?

Porque la figura de “coautor no ejecutivo” legalmente implica que se ha comprobado la existencia de un grupo que se organiza para cometer actos ilícitos; supone que este grupo elabora un plan criminal confeccionado por la pluralidad de sujetos (delincuentes), aunque uno no esté presente durante la ejecución del hecho (como supuestamente sucede en este caso); implica también que este grupo está enterado de los pasos a seguir para concretar el delito; todos los sujetos (delincuentes) forman parte de una estructura horizontal, lo cual quiere decir que no hay jerarquías, y por eso todos son autores.

En ese sentido, si se aplica esta figura a Aduviri o a cualquier dirigente, se está equiparando a las organizaciones sociales con grupos organizados de criminales; se desconocería la legitimidad de la protesta social pues tácitamente se estaría considerando que la misma es un delito y su convocatoria u organización no es más que parte de un plan criminal; se estaría afirmando que los dirigentes sociales son delincuentes que junto al movimiento social tienen por fin cometer ilícitos.

Consecuencia de la aplicación de estas figuras

Responsabilizar a un dirigente social bajo esta condición genera un pésimo precedente para el tratamiento de los conflictos ya que apuntan a reprimir y perseguir a quien disiente. Pero además es un peligroso precedente jurídico que representa un claro retroceso en la garantía de los derechos civiles, tratando de vincular responsabilidades penales solo por ser parte de una organización social.

Dejando en claro que no se pretende impunidad para acciones delictivas que se cometen en el marco de una protesta social, es importante decir que es inaceptable usar las normas de imputación de organizaciones criminales para el juzgamiento de los hechos descritos. Allí solo cabe discriminar, investigar e individualizar a quien cometió los ilícitos, dejando a salvo el movimiento social.

Sin duda, tratar de resolver procesos sociales como las protestas, que son problemas político-sociales, usando la represión y el sistema normativo penal, resulta inconveniente para el orden político y democrático de un país. Y un retroceso enorme en materia de justicia.

 

MIRTHA VASQUEZ
ABOGADA DE APRODEH Y GRUFIDES | NOTICIAS SER

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Política

“Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad”

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra aseveró que los peruanos exigen un nuevo destino político y decidir su futuro en las urnas como corresponde en una democracia.

“(es un) Derecho que nadie puede impedir”, anotó el Jefe del Estado durante su discurso en la ceremonia por el Día de la Creación del Ejército del Perú Republicano.

“Con miras al Bicentenario de nuestra Independencia, el Perú entero demanda abrir una nueva etapa, los peruanos exigen un nuevo destino, de progreso, desarrollo y bienestar para todos; los ciudadanos quieren decidir su futuro y tienen el derecho de hacerlo en las urnas como corresponde en una democracia, nadie puede impedir este derecho constitucional”, expresó.

El Mandatario afirmó que los miembros del Ejército saben que la defensa de la patria significa hoy luchar contra los enemigos que pretenden socavar las bases del Estado.

NI UN PASO ATRÁS

“Ni un paso atrás frente a aquellos grupos que buscan afectar la unidad y la fortaleza del pueblo peruano. Ni un paso atrás en la lucha frontal contra la pobreza, desigualdad, corrupción y la impunidad que tanto daño le han causado a nuestro país”, dijo.

Remarcó que hoy más que nunca, los peruanos quieren liberarse de estos flagelos para siempre.

El presidente Vizcarra ratificó que su Gobierno es respetuoso de la separación e independencia de poderes, del Estado de derecho y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

FORTALECER EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

“Trabajamos para fortalecer el sistema democrático y mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos”, añadió.

Apuntó que en circunstancias en las que el Poder Ejecutivo impulsa diversas reformas para fortalecer a las instituciones y ponerlas al servicio de todos los peruanos y no de pequeños grupos privilegiados, “podemos ver en el Ejercito un referente de unidad”, apuntó.

El Dignatario subrayó que el Ejército es una institución sólida, profesional, respetuosa del orden legal y constitucional dedicado no solo a vigilar y defender el territorio nacional sino también a contribuir activamente en el desarrollo económico y social del país.

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