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Derrotemos privatizaciones del agua potable y de Sedapal

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Agua Sedapal

AFIRMEMOS EL DERECHO CONSTITUCIONAL AL AGUA

El gobierno viola el derecho constitucional al agua, para privatizarla, así como a Sedapal y otras empresas públicas a cargo de su gestión, pese a ser recursos básico y constitucional de la nación. El 13 de julio del 2019 el gobierno dictó el Decreto Supremo 214-2019-EF por el cual modifica, bajo esta norma menor, el Mandato Constitucional y regula la gestión del agua, para dársela como mercancía al sector privado. Cambia la Constitución, viola las leyes orgánicas y destruye los procedimientos administrativos del Estado, para esta privatización de un recurso público nacional fundamental para la vida.

La Constitución Política del Perú reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional. El 21 de junio del 2017 se dio la Ley 30588 que reconoce el derecho del acceso al agua como derecho constitucional. Lo hace con el texto siguiente: Art 7°-a: “El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible”.

El mandato constitucional es expreso, claro y definitivo, respecto al agua como recurso natural y bien público de la Nación, con dominio inalienable e imprescriptible. Pero a través de un simple y lobista Decreto Supremo, del Ministerio de Economía y Finanzas, del 13 de julio del 2019, han vulnerado directamente el mandato constitucional y mercantilizado el acceso y el uso del agua. Privatizan su gestión y sistemas correspondientes. Un decreto supremo no puede modificar la Constitución como lo hace esta norma, pisoteando los derechos básicos de la patria y sus habitantes.

La fórmula de esta inconstitucional privatización aparece enredada en sus propias palabras, pero no puede esconder su afán privatista y mercantilista, y trata inútilmente de ocultar su carácter inconstitucional. Pisotea abierta y delincuencialmente el reconocimiento constitucional que señala al agua como un bien de dominio público inalienable e imprescriptible.

El tema que pretende regularse de esta forma ilícita es el de la gestión empresarial y los sistemas administrativos del agua, en especial el agua potable, y el propio bien, el agua para consumo humano. Pretende entregar a empresas privadas los sistemas empresariales administrativos de la gestión del agua, haciéndola de esta forma, un bien privado mercantilizado.

Más aún, pese a señalar que son empresas del sector público no financiero en el ámbito de Fonafe, las exceptúan de los sistemas administrativos fundamentales para la gestión de los bienes públicos. Las exceptúa de cinco sistemas claves de gestión, dejándolas al arbitrio del inversionista público, anulando los de tesorería, presupuesto, abastecimiento, programación y gestión de inversiones, gestión de recursos humanos.

Pero no solo eso, también y de manera muy importante, las exceptúa del sistema de endeudamiento público, con lo cual se entrega la soberanía de un recurso nacional estratégico a la especulación financiera global.

Con estas normativas inconstitucionales, lo que hacen es privatizar el agua y destinarla a su mercantilización bajo las leyes del mercado privado. La ganancia del empresario privado, será la que ordene el acceso, gestión, distribución y alcance del agua, así, mercantilizada, a favor de un puñado de beneficiados por tener recursos para ser concentrados por estas empresas.

No contento con el pisoteo constitucional, entrega la empresa Sedapal y otras empresas, a cargo del agua potable, a la voracidad del mercantilismo lobista parasitario. Es lo que pretenden hacer con Sedapal. Empresa con más de un millón 550,000 conexiones. Empresa rentable con utilidades con 355 millones de soles en el 2018. El agua así privatizada será más cara para la población peruana y dará inmensas utilidades para un puñado de empresarios mercantilistas.

Sedapal gestiona el agua potable, su privatización convierte al agua potable en una mercancía.

El D.S Nº 214-2019-EF se enmarca dentro de los objetivos privatistas aprobados en la Política Nacional de Competitividad y Productividad aprobado mediante Decreto Supremo Nº 345-2018-MEF y el D.S. Nº 237-2019-EF Plan Nacional de Competitividad y Productividad que tienen como objetivo en cuanto a la Infraestructura y servicios públicos su privatización, segmentación y precariedad a través de la generalización de la modalidad corrupta de APPs. Es una norma ilegal e inconstitucional que vulnera los derechos ciudadanos para beneficio de futuros propietarios privados del agua potable que dejará de ser bien público, para convertirse en una mercancía.

El D.S Nº 214-2019-EF es ilegal. En el año 1981 con el Decreto Legislativo 150 LEY DE LA EMPRESA SERVICIO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, se definió que era necesario contar con una Empresa de Propiedad del Estado, encargada de la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado a nivel nacional, ya sea directamente o a través de Empresas Filiales o del apoyo que brinde a organismos que actualmente cumplen estas funciones, a fin de que las inversiones que realice el Estado en la instalación, mejora, y ampliación de dichos servicios, correspondan en orden de prioridad a aquellas que beneficien a un menor costo al mayor número de la población y preferentemente a los de menores ingresos. Por esta ley esta empresa tiene autonomía financiera y administrativa, sus utilidades se reinvierten en ella y en su capital de trabajo.

El Artículo 10 de esta ley señala que las acciones representativas del capital social, serán intransferibles, inembargables y no podrán ser objeto de prenda ni usufructo. El Decreto Supremo N° 214-2019-EF que regula la participación accionaria del sector privado en las empresas del Sector Público No Financiero bajo ámbito del FONAFE constituye un elemento de privatización, de ajuste y venta de nuestros propios recursos en la errática política económica el modelo neoliberal en crisis. En este marco es un decreto ilegal.

D.S Nº 214-2019-EF es inconstitucional. Este D.S, permite la privatización de la empresa Sedapal, afectando de manera inconstitucional el derecho al agua de todos los peruanos que residen en Lima Metropolitana y el Callao, así como el acceso al agua potable en toda la república.

Este Decreto Supremo colisiona con el Artículo 7°-A de la Constitución Política, incorporado como Reforma Constitucional con la Ley Nº 30588, que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional, y señala: “El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible”.

La privatización de Sedapal anula el acceso progresivo y universal al agua potable. El interés privado en la propiedad de un recurso fundamental para la vida como es el agua potable, se contrapone con el fin social de una empresa pública como Sedapal, el interés privado busca las utilidades, buscas rentabilidades a toda costa, y lo logrará vendiendo el agua potable cual mercancía al mejor postor, al que más dinero tiene, en desmedro de las poblaciones de estratos socioeconómicos bajos, quienes verán limitado su acceso a este servicio vital.

El interés privado orientará el agua potable a los demandantes de las grandes inmobiliarias quienes se apropiaron del suelo y que ahora se apropiarán del agua potable.

El interés privado orientará las inversiones en los proyectos de agua y alcantarillado a los sectores más pudientes ya que en ellos logrará rentabilidades en la venta del agua, por tanto, los proyectos de inversión en los sectores pobres se verán anulados. El proyecto en zonas pobres no es rentable para un privado.

El interés privado no priorizará el agua para el consumo humano sobre otros usos.

El interés privado encuentra en las grandes empresas industriales sus principales demandantes. Ya ocurre con el caso de la “apropiación” del agua subterránea, agua de alta calidad que es usada como insumo para agua de mesa, agua gaseosa, cerveza y otros bienes con uso intensivo de agua, con tarifas exiguas, que muchas veces no pagan y judicializan, sin control ni fiscalización por los supervisores, lo que les permite grandes ganancias por el uso de esta agua.

El agua subterránea debiera ser la garantía para la vida y la salud humana en momentos de emergencia; sin embargo, se pretende destinar para aumentar la gran ganancia empresarial, al dotar el agua para grandes centros industriales y comerciales. Esta situación crecerá grandemente cuando el agua esté en manos privadas.

Con la privatización de Sedapal no se promoverá el manejo sostenible del agua, no se le reconoce como recurso natural esencial, ni se le considera como bien público y patrimonio de la Nación. Al privatizar el agua potable se ha dejado de considerarlo un bien público y patrimonio de la nación, ha pasado a ser propiedad del concesionario o del privado, quien lo usa como mercancía para obtener ganancias que no son públicas sino privadas.

Un bien público como el agua potable declarado por la Constitución Política del Perú no puede ser sometido a la exclusión. Es decir, existe la imposibilidad de excluir del consumo de agua potable a nadie, puesto que no es posible discriminar, mediante precio, a quién puede y quién no hacer uso de ello. Con la privatización del agua potable los usuarios pobres serán excluidos en mayor medida. Para el privado el pago de la tarifa es el fundamento de su ganancia. La privatización del agua potable anula la inalienabilidad e imprescriptibilidad como bien público.

Entregar el agua potable a manos privadas a través de la privatización de Sedapal y otras empresas públicas, significa anular la inalienabilidad que supone que el agua como bien público, no se puede embargar, hipotecar, usufructuar. La privatización permite el usufructo inconstitucional de este bien público.

La iniciativa legislativa propone la derogación del Decreto Supremo N° 214-2019-EF (13 de julio de 2019), que regula la participación accionaria el sector privado en las empresas del Sector Público No Financiero bajo ámbito del FONAFE.

Este Decreto Supremo N° 214-2019-EF fija el mínimo de 30% de participación privada en el accionariado de las empresas públicas para estar fuera de todo control público de los sistemas administrativos, estableciendo así la privatización, no solo de Sedapal, sino de todas las demás empresas públicas del Perú.

Y dada0 la intención expresa de esta norma que vulnera derechos ciudadanos, vulnera la ley y la Constitución Política propone que la Contraloría General de la República ejecute una acción de control gubernamental en el marco de la transparencia y destino de los recursos y bienes del Estado, a los responsables de la elaboración y promulgación de este Decreto Supremo N° 214-2019-EF que privatiza a la Empresa Sedapal.

La ciudadanía de Lima y Callao realizará una gigantesca movilización el jueves 26 de setiembre desde el Campo de Marte hacia el Ministerio de Vivienda; contra la privatización de Sedapal. El Sindicato de Trabajadores de Sedapal, SUTESAL, convoca a esta gran marcha ciudadana por el derecho constitucional al agua y la vida.

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Política

Quieren desaparecer al Equipo Especial Lava Jato

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Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez

El exfiscal Avelino Guillén lanzó la advertencia: “La mayoría de la Junta de Fiscales Supremos tendría el objetivo de retirar a corto plazo a los miembros del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez”.

Subrayó que “la sanción contra Pérez y los procedimientos disciplinarios seguidos contra Vela, están entre de las funciones de la junta para ver dichos temas, por lo que corresponde estar alertas”.

Vela dijo, en la víspera, que en la junta ya se ha solicitado su salida y existe un voto contrario hacia él por parte de tres de sus cinco integrantes: Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza.

Para Guillén la multa impuesta contra Pérez constituye una medida abusiva y arbitraria que no tiene sustento con lo señalado en la Ley de Carrera Fiscal y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

“Se le sanciona por declarar en una entrevista que si perdemos los juicios frente a la gran corrupción los perjudicados seremos los ciudadanos, y que si se afecta lo avanzado, la ciudadanía tiene que estar alerta, ¿pero qué contenido político hay ahí? Ninguno”, objetó Guillén.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

Luis Purizaga, abogado de IDL-Justicia Viva, afirmó que los jueces supremos Pedro Chávarry, Tomás Aladino Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza han cambiado de estrategia. “Se han dado cuenta que un mecanismo efectivo sería el proceso sancionador”, precisó.

“Dentro de este componente la última instancia sería la Junta de Fiscales Supremos Chávarry, Gálvez y Rodríguez. Después de la multa impuesta al fiscal Pérez, Vela ha revelado que tiene cinco procesos sancionadores y si apela el caso pasa a manos de los fiscales supremos mencionados”, resaltó.

“La Fiscal de la Nación -agregó- tiene competencias muy claras, que es formar o destituirde un equipo especial de investigación a fiscales. Por ello la estrategia de los fiscales supremos es no ir por ese lado, sino ir por el factor de las sanciones, donde la última palabra la tienen los fiscales supremos. Eso es legal, solo que se está utilizando para movimientos turbios”.

FALTA LA JNJ

“Desgraciadamente esto sucede por la inexistencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que podría juzgar y sancionar a estos fiscales. Porque hay informes de las fiscales del Callao, de que Chávarry, Gálvez y Rodríguez serían parte de los ‘Cuellos Blancos’. Sin embargo pasa el tiempo y estos señores siguen desempeñándose como fiscales supremos. Pasa el tiempo y se siguen quedando en sus cargos y mejorando sus estrategias para poder fortalecerse”, explicóPurizaga.

Finalmente, señaló que en la Comisión Especial que elige a los miembros de la JNJ, sigue Lecaros, presidente del Poder Judicial, que fue denunciado por un colaborador eficaz de formar parte del engranaje de los “Cuellos Blancos”, de una red de tráfico de favores, que coordinó con Walter Ríos el beneficio al narcotraficante Boris Foguel.

“Hubo un proceso para elegir a la JNJ que fue turbio. Ahora pasaría lo mismo debido a la presencia de Lecaros quien dijo que no se va a retirar pese a la grave denuncia en su contra”, señaló.

“Esto es peligroso porque no puede haber independencia de criterios y pueden ser elegidos personajes controvertidos. La pregunta es ¿cómo el señor Lecaros va a poder elegir a los miembros de la JNJ? Hay un conflicto de intereses gravísimo. Por ello el presidente Gutiérrez, el Defensor del Pueblo tienen que pronunciarse ya”, concluyó el abogado Luis Purizaga.

LA CORRUPCIÓN SE FORTALECE

Miguel Jugo, analista político, señaló su preocupación porque “en el Ministerio Público hay un conjunto de fiscales ligados a la corrupción y obviamente la presencia de los fiscales supremos Chávarry, Gálvez y Rodríguez hacen ver de que son personas que continúan con poder”, opinó.

“La opinión pública debe estar alerta y debe apoyar firmemente la lucha que se está librando contra la corrupción, que parece fortalecerse. Lamentablemente creo que la corrupción es endémica, sistemática y permanente. Y eso se ve en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en la misma Policía Nacional, por las noticias que nos llegan”, comentó.

Planteó que la solución venga desde arriba, “porque los peruanos y peruanas no podemos dormirnos en nuestros laureles, porque la corrupción campea y el enemigo es muy grande y poderoso”.

ALGO MÁS

“Cuando se forme la Junta Nacional de Justicia (JNJ), debe de hacer algo al respecto. En los postulantes hay personajes cuestionados y eso fue lo que motivó el fracaso de la primera elección. Ojalá que las actuales personas que postulan sean las mejores, pero hay que estar alertas porque la corrupción no duerme”, concluyó Jugo

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Ejecutivo apoya a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez

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Vicente Zeballos

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, sostuvo que el Gobierno apoya el trabajo de fiscales y jueces comprometidos en luchar contra la corrupción.

“Ratificamos nuestro apoyo al trabajo prolijo, comprometido, responsable de fiscales y de jueces quienes valientemente han enfatizado una labor de fiscalización, de auditar a quienes tenían una grave contradicción en un hecho de corrupción; como Gobierno tenemos que apoyar”, adujo.

De igual forma, señaló que espera que dichos magistrados tengan apoyo institucional porque no pueden caminar solos en la delicada y compleja labor que llevan a cabo.

En la víspera, el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, advirtió que existiría la intención de cesarlo a él y al fiscal José Domingo Pérez, a fin de que no continúen con la investigación sobre los sobornos de Odebrecht.

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Política

Evo Morales acepta asilo político en México

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Evo Morales Ayma

Evo Morales aceptó el asilo político ofrecido por México, tras el golpe de Estado en su país este domingo, afirmó hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país”, detalló el canciller mexicano.

Señaló que, en términos de la legislación vigente, “la Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación, en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político a Evo Morales, por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo”.

Explicó que en este sentido procede a informar al Senado de la República el desarrollo de estos hechos de relevancia para nuestra política exterior, solicitando su respaldo a esta decisión.

“Asimismo, procederemos de inmediato a informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, cosa que ya hicimos, para que bajo el derecho internacional, proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad del señor Morales no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad’, puntualizó.

Recordó que el primer ordenamiento en materia de asilo data de 1853, cuando México y Colombia suscribieron un tratado de no extradición por delitos políticos.

“Nuestra tradición ha sido siempre por la protección de los perseguidos políticos”, enfatizó.

La tradición a la que se refiere, también tiene como base el artículo 15 de la Constitución y puntualizó que México ha sido tierra de asilo a personajes como Giuseppe Garibaldi, José Martí, Luis Buñuel, León Felipe, Rigoberta Menchú y Víctor Raúl Haya de la Torre.

‘El otorgamiento de asilo es un derecho soberano del Estado mexicano que va acorde con sus principios normativos en política exterior para proteger los derechos humanos y respetar la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la no intervención’, expresó.

Indicó que esa decisión ya es del conocimiento de la Organización de Estados Americanos, y la hará saber a la Organización de las Naciones Unidas invocando, de acuerdo a los tratados y convenciones internacionales, la protección internacional a la vida, la libertad y la integridad de Evo Morales.

“Latinoamérica ha sido testigo en su historia de lamentables y violentos acontecimientos en los que el orden constitucional se rompe y autoridades democráticamente electas se ven obligadas a abandonar todo para proteger su vida”, comentó.

El jefe de la diplomacia mexicana detalló que el Derecho Internacional reconoce que un individuo puede solicitar a un Estado, del que no es nacional, como consecuencia de situaciones que surjan en aquel Estado de su nacionalidad, el reconocimiento como asilado.

‘México se ha caracterizado en su tradición en materia de protección en asilados a lo largo de su historia, se ha mostrado como un Estado incluyente y solidario cuyas puertas han estado abiertas para quienes han tenido la necesidad de abandonar sus países por persecución política y otras causas’, resaltó.

ALGO MÁS

Dos ordenamientos en el marco jurídico internacional sustentan el otorgamiento de asilo: La Convención sobre asilo de La Habana de 1928 y la Convención sobre asilo diplomático, firmada en Caracas en 1954, puntualizó.

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