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Del populismo irresponsable al neoliberalismo conservador: El caso García

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Petroperú

¿CUÁNDO SE JODIÓ PETROPERÚ?

Con la muerte del expresidente Alan García al margen de los errores y horrores de sus gobiernos, no podemos dejar de reconocer la capacidad política que llevó a su partido al gobierno del Estado peruano en dos oportunidades mediante el voto popular.

La historia deberá juzgar críticamente sus mandatos, que a nivel económico encarna el tránsito del populismo irresponsable del primer gobierno al neoliberalismo conservador del segundo, con una alta dosis de corrupción como una forma de ejercer el poder en un “Estado Patrimonial”, donde los gobiernos de turno asaltan el presupuesto público como una forma de hacer riqueza.

En el sector minero/ energético el desastre de su primer gobierno justificó las políticas privatizadoras del fujimorismo a partir de 1992, y hoy estamos pagando las consecuencias, con tarifas abusivas en los servicios públicos, tarifas eléctricas y precios por las nubes del gas licuado de petróleo (GLP).

No solamente se trata de Petroperú, sino del conjunto de empresas públicas, banca de fomento, donde de la protagónica intervención del Estado en la economía se pasó a las políticas de libre mercado, para favorecer al gran capital transnacional, grupos de poder nativo que aprovecharon la privatización de empresas estatales a “precios de remate”.

En especial, cabe recordar las consecuencias del “populismo económico” del primer gobierno, donde prácticamente se descapitalizó el conjunto de las empresas públicas, mediante la fijación de los principales precios, tarifas, tasas de interés a cero costo, dólar MUC, etc… con generosos subsidios que en última instancia, significaron, por un lado, transferencia de riqueza para las grandes empresas privadas, y por el otro, cuantiosas pérdidas en especial de las empresas estatales como Petroperú, Electroperú, Electrolima, Sedapal, Compañía Peruana de Teléfonos (CPT), Siderperú, Centromin, etc…

EL COSTO DEL SUBSIDIO

En tal sentido, con el llamado “modelo heterodoxo” que prácticamente congeló las tarifas públicas, los precios de la energía, el agua, la telefonía entre otras en un subsidio indiscriminado que fue estimado por la principal revista especializada de ese entonces “Actualidad Económica” (1989) en un valor de US$ 20,000 millones en su primer período de gobierno.

Este generoso subsidio permitió la valorización de empresas privadas a pesar de la hiperinflación que afectaba a las grandes mayorías. Ello favoreció la reproducción de las grandes empresas, a los llamados “12 Apóstoles”, y a las empresas que tenían capacidad de fijar precios en los bienes y servicios.

El fracaso de las políticas populistas, la hiperinflación galopante y la guerra interna contra la subversión armada que se generó en el período sirvió de “telón de fondo” al gobierno fujimorista, que al llegar al poder en 1990 encontró una economía quebrada, sin reservas internacionales, con una inflación desbocada, y el país sin confianza financiera a nivel internacional.

Así, con el descrédito generalizado, con resultados en rojo de las principales empresas públicas se pudo justificar una irracional privatización de los principales activos y la mayoría de las empresas públicas, más de 200 fueron privatizadas y /o liquidadas quedando en la actualidad no más de 35 en el ámbito del Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado) a las cuales habría que sumar a Petroperú S.A. que fue excluida mediante ley expresa por el Congreso de la República en el 2004, por una iniciativa legislativa presentada por el congresista aprista José Carrasco Távara que contó con el apoyo de todas las bancadas.

Siempre he considerado que las irresponsables políticas populistas de Alan García en su primer mandato justificaron el discurso privatizador del fujimorismo, para vender las empresas públicas de manera indiscriminada, a precios de remate, sin planeamiento estratégico, priorizando el objetivo de hacer caja, para superar el déficit fiscal.

CASO PETROPERÚ

El caso más emblemático lo representó la descapitalización sistemática de Petroperú, la cual fue sometida a una política de pillaje, caja chica, manejada políticamente sin criterio técnico, fuente de empleo y obligada a subsidiar como política de estado, en la venta de combustibles.

Estos subsidios que eran una expresión central del modelo heterodoxo, le generó gigantes pérdidas a la rentabilidad de Petroperú que en ese entonces operaba en el país de manera integrada en la costa, sierra y selva, en las fases de exploración, explotación, refinación, transporte, distribución mayorista y minorista, pues tenía 85 grifos propios, que fueron vendidos, dicho sea de paso, en 1992 “a precios de huevo roto”.

En la costa norte con lotes propios operaba el gran lote X y tenía en el Zócalo Continental en el lote Z-2B una empresa filial, Petromar, que sustituyó a la norteamericana Belco Petroleum en 1987. En la selva norte detentaba el lote 8/8X, y a nivel de refinación operaba principalmente las refinerías de Talara y La Pampilla, la misma que fue privatizada en el 1996 a precio vil.

Plataforma de refinería de petróleo

SUBSIDIOS EN LOS COMBUSTIBLES

Así, por decisión de la política de gobierno concretamente por decisión del Presidente de la República, la petrolera estatal fue obligada a vender en promedio un galón de combustibles a US$ 0.20 centavos cuando el costo real de producción era de US$ 0.52, por tanto en la venta diaria se perdían US$ 0.32 centavos por galón.

Un simple cálculo para el año 1989 nos puede exponer la magnitud del subsidio y la grave irresponsabilidad del gobernante aprista. Si la demanda interna y las ventas de Petroperú eran de 90,000 barriles diarios que multiplicados por 42 galones, pues un barril equivale a esa cantidad de galones. A su vez el resultado obtenido se multiplica por la pérdida diaria de US$ 0.32 centavos.

Ello nos determina que Petroperú tenía una pérdida diaria de US$ 1’209,600, léase un millón doscientos nueve mil dólares diarios, por ser obligada a vender a precios por debajo del costo de producción (90,000 barriles X 42 galones X US$ 0.32 centavos).

Por tanto esta pérdida diaria en un año se convertía en más de US$ 441.5 millones. ¡Ninguna empresa petrolera en el mundo puede sostenerse al vender a un precio por debajo del costo de producción sin generar pérdidas!

En cinco años de populismo irresponsable las pérdidas acumuladas y no reconocidas como inversiones sociales como se hizo en Colombia, pues estos subsidios indiscriminados constituían parte central del modelo heterodoxo, significaron una descapitalización superior a los US$ 2,207 millones que afectaron el patrimonio, las inversiones de reposición, exploración y mantenimiento en la petrolera estatal.

DÉFICIT DE LA BALANZA DE HIDROCARBUROS

La herencia del régimen alanista del primer gobierno tiene varios aspectos negativos al margen de la política de subsidios que afectaron seriamente el patrimonio de Pertoperú. A ello debiera sumarse del deterioro de la balanza comercial de hidrocarburos que se agrava a partir de 1988 con las crecientes compras en el exterior de petróleo crudo y del diésel que por razones tributarias resultaba más barato que las gasolinas.

El país se acostumbró a los célebres gasolinazos en los precios de los combustibles, pues casi el 30% de los ingresos tributarios del fisco dependían de los impuestos a los derivados del petróleo, tales como rodaje, selectivo al consumo de combustibles más el IGV que se sumaban al precio neto de refinería.

En especial cabe destacar que los combustibles eran tan baratos que un litro de gaseosa era más caro que un litro de gasolina, y se fomentaron las importaciones del diésel para el parque automotor, que pasó a ser cada vez más dependiente del diésel 2, el cual hasta se constituye en el principal combustible de la economía peruana, con la variante que ahora se importa el diésel limpio, con 50 partes por millón de azufre por razones ambientales.

Ante la descapitalización de Petroperú en el período 1986/1990 y la falta de inversiones en las actividades de exploración y explotación se inicia la pertinaz caída en la producción interna de hidrocarburos que llegó a un máximo de 198 mil barriles diarios en 1989 para disminuir cada año, para llegar a menos de 50 mil barriles en 2018.

Es más, en los primeros años de la década de los noventa mediante una irracional privatización de los lotes petroleros que detentaba Petroperú, tales como Z-2B (1993), lote 8 (junio 1996) y lote X (diciembre del 1996) y otros lotes del noroeste, los cuales fueron privatizados con el argumento de incrementar la producción y las reservas con resultados cuestionables, pues la producción sigue cayendo hasta ahora.

SE POSTERGA CAMISEA

Uno de los cuestionamientos centrales a la política alanista en el sector está relacionada con la postergación del proyecto Camisea, cuyas reservas de gas natural y condensados fueron descubiertas por la transnacional Shell en 1984, en lo que se conoce hoy como lote 88 con reservas probadas superiores a los 9 trillones de pies cúbicos. ¡Tuvieron que pasar 20 años para acceder a los beneficios de la cultura del gas natural de Camisea!

Ante la falta de acuerdo con el gobierno aprista, la Shell decidió retirarse del país, pues Bolivia ofrecía mejores perspectivas en los campos de Tarija y Santa Cruz, para llevar el gas natural al mercado del Brasil.

En realidad, las reservas de gas natural y los líquidos de gas natural llegaron recién a Lima en el 2004 gracias a una continuidad de una política que involucró a tres gobiernos, Fujimori, Panigua y Toledo, pues fue durante el gobierno de la transición democrática del doctor Valentín Panigua que se firmó el contrato de Camisea, cuyas bases y licitación se efectuaron en la agonía del fujimorismo.

DE LA BELCO, AIG – PETROTECH

Uno de los graves pasivos que dejó el primer gobierno de García Pérez fue el caso no resuelto de la estatización de los activos de la Belco Petroleum (1986), empresa norteamericana que operaba en el mar frente a las costas de Piura, en el Zócalo Continental.

Ante la falta de acuerdo en la valorización de los activos, reservas e instalaciones, el gobierno de Fujimori (1992) tuvo que reconocer una millonaria deuda con la aseguradora de la Belco, la transnacional AIG, un gigante mundial en los negocios de seguros, a la cual se le tuvo que abonar más de US$ 256 millones, por la estatización de la Belco, por activos largamente depreciados que no costaban ni US$ 90 millones.

Este negociado fue asumido como uno de los costos de la reinserción financiera del país, por medio del cual las reservas probadas, instalaciones marinas, ductos submarinos pasaron a poder del Estado, y transferidas en una primera instancia a Petroperú, para luego ser privatizadas por la Copri de ese entonces, el organismo oficial responsable de las privatizaciones.

Lo paradójico del caso es que los costos de la reinserción financiera y el pago a la aseguradora de la Belco-AIG, los tuvo que asumir finalmente Petroperú por más de US$ 256 millones, que dicho sea de paso todos los peruanos tuvimos que pagar entre el 1994 y 1998 a través del 7.5% mensual aplicado a las ventas internas de combustibles producidos por Petroperú.

Es decir, el Estado a través de Petroperú resultaba siendo el dueño de las reservas y las plataformas marinas más otros activos, los mismos que fueron privatizados a fines de 1993 mediante un contrato de servicios a la norteamericana Petrotech Peruana del gringo Kallop, generoso amigo de los presidentes del turno.

Lo curioso es que desatado el escándalo de los “petroaudios” en 2009 durante el segundo gobierno del presidente García, la empresa Petrotech en forma indebida transfiere el contrato de servicios al Consorcio Savia, percibiendo más de US$ 900 millones por un contrato donde el Estado peruano era el titular de las reservas probadas de crudo, y Petroperú la empresa propietaria de las plataformas, baterías, y embarcaciones. ¡Es decir, PetroTech vendió y valorizó lo que no era suyo, gracias a la inopia del gobierno de ese entonces!

EPÍLOGO

En verdad, muchas cuestiones se quedan en el tintero sobre las consecuencias de las decisiones de los gobernantes en el sector de hidrocarburos y la dramática situación de la petrolera estatal Petroperú que está endeudada hasta el cuello, con utilidades netas en 2018 que no superan los 392 millones de soles frente a pasivos totales y deudas por pagar superiores a los S/ 18,400 millones, en gran parte explicadas por el financiamiento para la modernización de la Refinería de Talara.

Sin integración vertical, sin acceso a la renta petrolera que permite tener lotes propios, sin participación en los negocios del gas natural ni contar con grifos propios, la petrolera estatal está condenada a sobrevivir de márgenes, sin futuro para su fortalecimiento gracias a las políticas que se aplicaron en el primer gobierno de García Pérez que fueron agravadas por las políticas privatizadoras de los gobiernos que le sucedieron.

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Política

6 millones de soles para limpiar a AG y Keiko

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Comisión Lava Jato del Congreso - Rosa María Bartra Barriga

Bastaron tres días de debate y dos de sustentación para que el Pleno del Congreso aprobara el pasado 9 de noviembre, el informe final de la Comisión Lava Jato que dirigía la fujimorista Rosa Bartra. Ayer revelaron que los peruanos no pagaron 4 millones de soles, sino más de 6 millones de soles para mantener un grupo de trabajo que no incluyó en actos de corrupción al expresidente Alan García ni a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Consultados por Diario UNO coincidieron en que el fujimorismo apeló desde un inicio al blindaje.

INFORME ABSURDO

El congresista del Frente Amplio, Hernando Cevallos afirmó que el encubrimiento inútil y grotesco a Alan García y Keiko Fujimori les costó a los peruanos seis millones de soles.

“Seis millones de soles costó el encubrimiento a García y Keiko. Eso nos costó a los peruanos que un grupo de congresistas intentaran blindar a García y Keiko de manera inútil y grotesca, ya que los acontecimientos terminaron por demostrar que era un absurdo el informe de la comisión”, explicó.

SIN ALTURA HISTÓRICA

Por otro lado, su colega de bancada, Humberto Morales, sostuvo que el informe de la Comisión Lava Jato no estuvo a la altura histórica que ameritaba el país.

“La Comisión Lava Jato, finalmente presentó un informe que no estuvo a la altura histórica que ameritaba el país”, adujo.

NO ERAN 4 SINO 6 MILLONES

Según un informe del Congreso, la Comisión Lava Jato, dirigida por la fujimorista Rosa Bartra, gastó 6 millones 448 mil 157.06 soles, y no los 4 millones 096 mil 450 soles que informaron hace varios meses.

El monto real salió de una revisión mes por mes y finalmente, el grupo de trabajo presidido por Bartra e integrado por Karina Beteta (Fuerza Popular), Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio), Mauricio Mulder (APRA) y Víctor Andrés García Belaúnde (Acción Popular) incluyeron como denunciados a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski pero no a Alan García ni a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Tras sostener que el informe “ni siquiera dio respuesta al acometido histórico que en ese momento recibíamos como responsabilidad por parte del Congreso”, Morales aseguró que en los últimos seis meses de funcionamiento de la comisión se notó claramente que los documentos que tenían no contenía información que comprometía a García y Keiko Fujimori.

NADA CON AG

En abril de este año, la Comisión Lava Jato fue centro de la crítica, luego que Miguel Atala, exdirectivo de Petroperú, confesara que fue testaferro del exmandatario Alan García. El grupo de trabajo no incluyó en su informe al exlíder aprista, quien se suicidó para evadir una orden de detención preliminar en su contra.

Al respecto, Hernando Cevallos aseguró: “Las declaraciones de Atala fue el golpe final a un informe que tenía todo el descrédito. Se puso en ridículo a la Comisión Lava Jato”.

¡QUÉ BRAVO!

El documento demuestra que entre mayo y diciembre de 2017, la Comisión Lava Jato tuvo en planilla a 45 colaboradores, pagando 2 millones 453 mil 215 soles. Solo en esos meses el asesor Henry Vidal Palomino, quien también es militante de Fuerza Popular, fue el mejor pagado con 134 mil 792.92 soles.

En el 2018, el grupo de trabajo contó con 46 colaboradores, a quienes pagó en general 3 millones 840 mil 048.92 soles, siendo el abogado Roque Bravo Basaldúa el mejor pagado, con 267 mil 624.95 soles. En total, hasta diciembre la Comisión Lava Jato le costó al Perú 6 millones 293 mil 264,13 soles. Sin embargo, para este 2019 se arrastró una deuda de 154 mil 892.93 soles por conceptos de pagos por liquidación de beneficios sociales de seis colaboradores.

Tras sostener que la Comisión Lava Jato fue diseñada para blindar al expresidente García y a Keiko Fujimori, Cevallos afirmó que “intencionalmente avanzaron con investigar hechos que ya se conocían y que la Fiscalía estaba en plenas investigaciones”.

Asimismo, advirtió: “Mientras tanto operaban dentro del sistema de justicia con Pedro Chávarry y César Hinostroza”.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Fiscal Ávalos pone en su sitio a fujimorista Segura

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Zoraida Ávalos

Ante las afirmaciones del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, César Segura, quien dijo que la denuncia contra el extitular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, será analizada por orden de llegada y no podrá volver a verse hasta el siguiente periodo anual de sesiones (en agosto), la Fiscal de la Nación aclaró al legislador fujimorista que no está supeditada a los calendarios del Congreso. Consultados por Diario UNO coinciden en que la Fiscal de la Nación hizo bien en confrontar al congresista.

SALUDA EMPLAZAMIENTO

El congresista de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, saludó la posición tomada por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al emplazar al congresista fujimorista, César Segura, quien pretende demorar el tratamiento de la denuncia a Pedro Chávarry.

“Me parece una buena posición de la Fiscal de la Nación al defender un tema que está dentro de sus fueros y emplazar al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por pretender demorar el tratamiento de la denuncia”, señaló a Diario UNO.

Sobre esto, afirmó: “Me parece una buena posición de la Fiscal de la Nación al defender un tema que está dentro de sus fueros y emplazar al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por pretender demorar el tratamiento de la denuncia”.

Tras insistir que la posición de César Segura “es la posición de Fuerza Popular”, que es, a su entender, la protección a la corrupción y el rechazo a resolver los problemas de corrupción en el país, Quintanilla dijo parecerle inadmisible las declaraciones del congresista fujimorista, ya que la presentación de nuevas pruebas deben ser prioritarias.

RESPONSABLE DE DENUNCIA

La congresista de Alianza para el Progreso, Gloria Montenegro, aseguró que la fiscal Zoraida Ávalos es responsable de la denuncia al exfiscal Pedro Chávarry y que la presentación de esta denuncia va acorde con las evidencias que su institución encuentra.

“La Fiscal de la Nación tiene toda la responsabilidad sobre el caso de la denuncia a Chávarry y me parece que la presentación de esta denuncia va acorde con las evidencias que ella encuentra en su institución”, sostuvo a Diario UNO.

Asimismo, indicó: “Siendo la cabeza del Ministerio Público, la fiscal Ávalos tiene toda la autoridad para confrontar al congresista Segura”.

Finalmente, la congresista dijo que en base a lo que se tiene de pruebas, en el Congreso se debe dar una debida respuesta “a un caso tan importante y que lamentablemente viene siendo postergado”.

SIN CALENDARIO

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, señaló no estar supeditada a los calendarios del Congreso, debido a que la denuncia constitucional que presentó contra el exfiscal Pedro Chávarry se analizará por orden de llegada, es decir, se vería en la siguiente legislatura.

“En primer lugar, yo represento a un organismo constitucionalmente autónomo. Yo soy autónoma, yo hago una investigación y terminando esa investigación tengo dos caminos: o archivo o formulo la denuncia; y no estoy supeditada a los calendarios del Congreso. En segundo lugar, no son los mismos hechos, el tema que se archivó fue un hecho, nosotros estamos presentando otros hechos más”, afirmó.

La fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Pedro Chávarry, por la irrupción a la oficina que fue lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de la investigación que se seguía contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Luego de cuatro meses de investigación estamos presentando una denuncia ante el Congreso por delito de encubrimiento personal agravado en grado de tentativa, por encubrimiento real; y el último delito es el de atentado a la conservación y de identidad de objeto. Hemos presentado una denuncia que tiene más de 2 mil folios”, explicó.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

PNP agrede a manifestantes de Construcción Civil en Arequipa

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PNP agrede a manifestantes de Construcción Civil en Arequipa con perdigones

Otra vez los manifestantes de Construcción Civil en Arequipa fueron agredidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras protestaban exigiendo la reposición de trabajadores. El incidente se produjo en la mañana de ayer y dejó un saldo de aproximadamente 21 heridos, algunos de gravedad.

Los hechos de violencia iniciaron luego de que los manifestantes intentaran bloquear la avenida Kennedy, frente a la sede del Gobierno Regional de Arequipa. En esas circunstancias, la policía reprimió lanzando bombas lacrimógenas y disparando perdigones que impactaron en los obreros.

Juan Alberto Calle López, exsecretario de Defensa de Construcción Civil – Arequipa, indicó que el sindicato de obreros exige la reposición de los trabajadores despedidos de las obras del colegio Maritza Campos y Cuatro Carriles, entre otras. “Pero hay una intransigencia de parte del gobierno regional en no solucionar. El señor Fernando Arenas no ata ni desata en el Gobierno, hemos pedido el retiro de este señor como funcionario”, señaló.

Calle López también se quejó por el ataque desmedido de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la PNP. “Hemos sido atacados por la Policía sin motivo, la protesta es un derecho constitucional y nos han reprimido. Tenemos 30 heridos, nos han disparado al cuerpo y a la cabeza, un compañero está a punto de perder el ojo, hay dos enyesados y heridos porque nos han disparado con perdigones y bombas lacrimógenas”.

Además indicó que no es el primer episodio de violencia que sufren, pues llevan más de 10 días de protestas. “Ya desde el viernes pasado hemos sido atacados, yo mismo he sido agredido”.

De otro lado, apuntó que parte de los reclamos están orientados a que los puestos laborales sean para arequipeños. “Estos señores Málaga no respetan los derechos laborales, traen gente de Lima y dejan a la gente de Arequipa afuera”.

Sobre la empresa constructora Málaga, Calle López cuestionó que tuviera hasta ocho obras otorgadas por el Gobierno Regional de Arequipa. “Tienen las obras del colegio Maritza Campos, el penal de Socabaya y Cuatro Carriles, parece el nuevo Odebrecht”, dijo, a la vez que solicitó la participación de la Contraloría a fin de investigar las supuestas preferencias del gobierno local con la referida empresa constructora.

Finalmente, Calle López indicó que formalizarán las denuncias por las agresiones recibidas por parte de la Policía, y que el día lunes los manifestantes se volverán a concentrar frente a la sede del Gobierno Regional de Arequipa para exigir la destitución del funcionario Arenas, y se dirigió al presidente del gobierno regional, Elmer Llica. “Si Llica quiere guerra, guerra va a tener, es un traicionero que antes pidió nuestro apoyo y luego nos da la espalda”.

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