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Del populismo irresponsable al neoliberalismo conservador: El caso García

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Petroperú

¿CUÁNDO SE JODIÓ PETROPERÚ?

Con la muerte del expresidente Alan García al margen de los errores y horrores de sus gobiernos, no podemos dejar de reconocer la capacidad política que llevó a su partido al gobierno del Estado peruano en dos oportunidades mediante el voto popular.

La historia deberá juzgar críticamente sus mandatos, que a nivel económico encarna el tránsito del populismo irresponsable del primer gobierno al neoliberalismo conservador del segundo, con una alta dosis de corrupción como una forma de ejercer el poder en un “Estado Patrimonial”, donde los gobiernos de turno asaltan el presupuesto público como una forma de hacer riqueza.

En el sector minero/ energético el desastre de su primer gobierno justificó las políticas privatizadoras del fujimorismo a partir de 1992, y hoy estamos pagando las consecuencias, con tarifas abusivas en los servicios públicos, tarifas eléctricas y precios por las nubes del gas licuado de petróleo (GLP).

No solamente se trata de Petroperú, sino del conjunto de empresas públicas, banca de fomento, donde de la protagónica intervención del Estado en la economía se pasó a las políticas de libre mercado, para favorecer al gran capital transnacional, grupos de poder nativo que aprovecharon la privatización de empresas estatales a “precios de remate”.

En especial, cabe recordar las consecuencias del “populismo económico” del primer gobierno, donde prácticamente se descapitalizó el conjunto de las empresas públicas, mediante la fijación de los principales precios, tarifas, tasas de interés a cero costo, dólar MUC, etc… con generosos subsidios que en última instancia, significaron, por un lado, transferencia de riqueza para las grandes empresas privadas, y por el otro, cuantiosas pérdidas en especial de las empresas estatales como Petroperú, Electroperú, Electrolima, Sedapal, Compañía Peruana de Teléfonos (CPT), Siderperú, Centromin, etc…

EL COSTO DEL SUBSIDIO

En tal sentido, con el llamado “modelo heterodoxo” que prácticamente congeló las tarifas públicas, los precios de la energía, el agua, la telefonía entre otras en un subsidio indiscriminado que fue estimado por la principal revista especializada de ese entonces “Actualidad Económica” (1989) en un valor de US$ 20,000 millones en su primer período de gobierno.

Este generoso subsidio permitió la valorización de empresas privadas a pesar de la hiperinflación que afectaba a las grandes mayorías. Ello favoreció la reproducción de las grandes empresas, a los llamados “12 Apóstoles”, y a las empresas que tenían capacidad de fijar precios en los bienes y servicios.

El fracaso de las políticas populistas, la hiperinflación galopante y la guerra interna contra la subversión armada que se generó en el período sirvió de “telón de fondo” al gobierno fujimorista, que al llegar al poder en 1990 encontró una economía quebrada, sin reservas internacionales, con una inflación desbocada, y el país sin confianza financiera a nivel internacional.

Así, con el descrédito generalizado, con resultados en rojo de las principales empresas públicas se pudo justificar una irracional privatización de los principales activos y la mayoría de las empresas públicas, más de 200 fueron privatizadas y /o liquidadas quedando en la actualidad no más de 35 en el ámbito del Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado) a las cuales habría que sumar a Petroperú S.A. que fue excluida mediante ley expresa por el Congreso de la República en el 2004, por una iniciativa legislativa presentada por el congresista aprista José Carrasco Távara que contó con el apoyo de todas las bancadas.

Siempre he considerado que las irresponsables políticas populistas de Alan García en su primer mandato justificaron el discurso privatizador del fujimorismo, para vender las empresas públicas de manera indiscriminada, a precios de remate, sin planeamiento estratégico, priorizando el objetivo de hacer caja, para superar el déficit fiscal.

CASO PETROPERÚ

El caso más emblemático lo representó la descapitalización sistemática de Petroperú, la cual fue sometida a una política de pillaje, caja chica, manejada políticamente sin criterio técnico, fuente de empleo y obligada a subsidiar como política de estado, en la venta de combustibles.

Estos subsidios que eran una expresión central del modelo heterodoxo, le generó gigantes pérdidas a la rentabilidad de Petroperú que en ese entonces operaba en el país de manera integrada en la costa, sierra y selva, en las fases de exploración, explotación, refinación, transporte, distribución mayorista y minorista, pues tenía 85 grifos propios, que fueron vendidos, dicho sea de paso, en 1992 “a precios de huevo roto”.

En la costa norte con lotes propios operaba el gran lote X y tenía en el Zócalo Continental en el lote Z-2B una empresa filial, Petromar, que sustituyó a la norteamericana Belco Petroleum en 1987. En la selva norte detentaba el lote 8/8X, y a nivel de refinación operaba principalmente las refinerías de Talara y La Pampilla, la misma que fue privatizada en el 1996 a precio vil.

Plataforma de refinería de petróleo

SUBSIDIOS EN LOS COMBUSTIBLES

Así, por decisión de la política de gobierno concretamente por decisión del Presidente de la República, la petrolera estatal fue obligada a vender en promedio un galón de combustibles a US$ 0.20 centavos cuando el costo real de producción era de US$ 0.52, por tanto en la venta diaria se perdían US$ 0.32 centavos por galón.

Un simple cálculo para el año 1989 nos puede exponer la magnitud del subsidio y la grave irresponsabilidad del gobernante aprista. Si la demanda interna y las ventas de Petroperú eran de 90,000 barriles diarios que multiplicados por 42 galones, pues un barril equivale a esa cantidad de galones. A su vez el resultado obtenido se multiplica por la pérdida diaria de US$ 0.32 centavos.

Ello nos determina que Petroperú tenía una pérdida diaria de US$ 1’209,600, léase un millón doscientos nueve mil dólares diarios, por ser obligada a vender a precios por debajo del costo de producción (90,000 barriles X 42 galones X US$ 0.32 centavos).

Por tanto esta pérdida diaria en un año se convertía en más de US$ 441.5 millones. ¡Ninguna empresa petrolera en el mundo puede sostenerse al vender a un precio por debajo del costo de producción sin generar pérdidas!

En cinco años de populismo irresponsable las pérdidas acumuladas y no reconocidas como inversiones sociales como se hizo en Colombia, pues estos subsidios indiscriminados constituían parte central del modelo heterodoxo, significaron una descapitalización superior a los US$ 2,207 millones que afectaron el patrimonio, las inversiones de reposición, exploración y mantenimiento en la petrolera estatal.

DÉFICIT DE LA BALANZA DE HIDROCARBUROS

La herencia del régimen alanista del primer gobierno tiene varios aspectos negativos al margen de la política de subsidios que afectaron seriamente el patrimonio de Pertoperú. A ello debiera sumarse del deterioro de la balanza comercial de hidrocarburos que se agrava a partir de 1988 con las crecientes compras en el exterior de petróleo crudo y del diésel que por razones tributarias resultaba más barato que las gasolinas.

El país se acostumbró a los célebres gasolinazos en los precios de los combustibles, pues casi el 30% de los ingresos tributarios del fisco dependían de los impuestos a los derivados del petróleo, tales como rodaje, selectivo al consumo de combustibles más el IGV que se sumaban al precio neto de refinería.

En especial cabe destacar que los combustibles eran tan baratos que un litro de gaseosa era más caro que un litro de gasolina, y se fomentaron las importaciones del diésel para el parque automotor, que pasó a ser cada vez más dependiente del diésel 2, el cual hasta se constituye en el principal combustible de la economía peruana, con la variante que ahora se importa el diésel limpio, con 50 partes por millón de azufre por razones ambientales.

Ante la descapitalización de Petroperú en el período 1986/1990 y la falta de inversiones en las actividades de exploración y explotación se inicia la pertinaz caída en la producción interna de hidrocarburos que llegó a un máximo de 198 mil barriles diarios en 1989 para disminuir cada año, para llegar a menos de 50 mil barriles en 2018.

Es más, en los primeros años de la década de los noventa mediante una irracional privatización de los lotes petroleros que detentaba Petroperú, tales como Z-2B (1993), lote 8 (junio 1996) y lote X (diciembre del 1996) y otros lotes del noroeste, los cuales fueron privatizados con el argumento de incrementar la producción y las reservas con resultados cuestionables, pues la producción sigue cayendo hasta ahora.

SE POSTERGA CAMISEA

Uno de los cuestionamientos centrales a la política alanista en el sector está relacionada con la postergación del proyecto Camisea, cuyas reservas de gas natural y condensados fueron descubiertas por la transnacional Shell en 1984, en lo que se conoce hoy como lote 88 con reservas probadas superiores a los 9 trillones de pies cúbicos. ¡Tuvieron que pasar 20 años para acceder a los beneficios de la cultura del gas natural de Camisea!

Ante la falta de acuerdo con el gobierno aprista, la Shell decidió retirarse del país, pues Bolivia ofrecía mejores perspectivas en los campos de Tarija y Santa Cruz, para llevar el gas natural al mercado del Brasil.

En realidad, las reservas de gas natural y los líquidos de gas natural llegaron recién a Lima en el 2004 gracias a una continuidad de una política que involucró a tres gobiernos, Fujimori, Panigua y Toledo, pues fue durante el gobierno de la transición democrática del doctor Valentín Panigua que se firmó el contrato de Camisea, cuyas bases y licitación se efectuaron en la agonía del fujimorismo.

DE LA BELCO, AIG – PETROTECH

Uno de los graves pasivos que dejó el primer gobierno de García Pérez fue el caso no resuelto de la estatización de los activos de la Belco Petroleum (1986), empresa norteamericana que operaba en el mar frente a las costas de Piura, en el Zócalo Continental.

Ante la falta de acuerdo en la valorización de los activos, reservas e instalaciones, el gobierno de Fujimori (1992) tuvo que reconocer una millonaria deuda con la aseguradora de la Belco, la transnacional AIG, un gigante mundial en los negocios de seguros, a la cual se le tuvo que abonar más de US$ 256 millones, por la estatización de la Belco, por activos largamente depreciados que no costaban ni US$ 90 millones.

Este negociado fue asumido como uno de los costos de la reinserción financiera del país, por medio del cual las reservas probadas, instalaciones marinas, ductos submarinos pasaron a poder del Estado, y transferidas en una primera instancia a Petroperú, para luego ser privatizadas por la Copri de ese entonces, el organismo oficial responsable de las privatizaciones.

Lo paradójico del caso es que los costos de la reinserción financiera y el pago a la aseguradora de la Belco-AIG, los tuvo que asumir finalmente Petroperú por más de US$ 256 millones, que dicho sea de paso todos los peruanos tuvimos que pagar entre el 1994 y 1998 a través del 7.5% mensual aplicado a las ventas internas de combustibles producidos por Petroperú.

Es decir, el Estado a través de Petroperú resultaba siendo el dueño de las reservas y las plataformas marinas más otros activos, los mismos que fueron privatizados a fines de 1993 mediante un contrato de servicios a la norteamericana Petrotech Peruana del gringo Kallop, generoso amigo de los presidentes del turno.

Lo curioso es que desatado el escándalo de los “petroaudios” en 2009 durante el segundo gobierno del presidente García, la empresa Petrotech en forma indebida transfiere el contrato de servicios al Consorcio Savia, percibiendo más de US$ 900 millones por un contrato donde el Estado peruano era el titular de las reservas probadas de crudo, y Petroperú la empresa propietaria de las plataformas, baterías, y embarcaciones. ¡Es decir, PetroTech vendió y valorizó lo que no era suyo, gracias a la inopia del gobierno de ese entonces!

EPÍLOGO

En verdad, muchas cuestiones se quedan en el tintero sobre las consecuencias de las decisiones de los gobernantes en el sector de hidrocarburos y la dramática situación de la petrolera estatal Petroperú que está endeudada hasta el cuello, con utilidades netas en 2018 que no superan los 392 millones de soles frente a pasivos totales y deudas por pagar superiores a los S/ 18,400 millones, en gran parte explicadas por el financiamiento para la modernización de la Refinería de Talara.

Sin integración vertical, sin acceso a la renta petrolera que permite tener lotes propios, sin participación en los negocios del gas natural ni contar con grifos propios, la petrolera estatal está condenada a sobrevivir de márgenes, sin futuro para su fortalecimiento gracias a las políticas que se aplicaron en el primer gobierno de García Pérez que fueron agravadas por las políticas privatizadoras de los gobiernos que le sucedieron.

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Política

El TC se queda sin argumentos

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Ernesto Blume Fortini

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Luis Purizaga, afirmó que lo más importante de la decisión del Ministerio Público de rechazar el pedido de Pier Figari de acogerse a la nueva Ley de Financiamiento Ilícito de Organizaciones Políticas y así evadir la acusación por lavado de activos, “es que deja un buen mensaje para cuando el Tribunal Constitucional revise el hábeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori”.

“Esta interpretación normativa del Ministerio Público, sumada a la opinión de la Corte Suprema en el recurso de casación (que no se pronunció en contra de la figura de prisión preventiva), le pone la tarea más difícil al TC en caso pretenda resolver el hábeas corpus con un pronunciamiento que deje de lado todo este análisis jurídico previo”, indicó.

Además, destacó la coyuntura del pronunciamiento del Ministerio Público, considerando que en pocos días el TC tendrá que evaluar el hábeas corpus de Keiko Fujimori. “Va a ser muy difícil que decidan algo muy apartado de lo dicho por la Corte Suprema o por el Ministerio Público tras el pedido de Figari”, agregó.

Purizaga señaló que el rechazo al pedido de Figari “definitivamente refuerza la posición del Equipo Especial Lava Jato”. “Los fiscales han trabajado en base al presunto delito de lavado de activos, en caso se hubiese aceptado cambiar el tipo penal a un nuevo delito, toda la investigación tendría que haberse ajustado y también tendrían que cambiar la estrategia. Lo que ha pasado, entonces, es muy beneficioso para el trabajo que realiza la Fiscalía”, apuntó.

UN TC POLITIZADO

Purizaga advirtió que el Congreso “está corriendo para elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional”. “Esta premura por elegir a los miembros del TC no es gratis. Pareciera que pase lo que pase, antes que acabe setiembre, lo que quieren hacer es dejar un TC ante la eventualidad de una cuestión de confianza y una disolución del Congreso”, añadió.

Respecto a la elección de un nuevo TC, manifestó que “no hay un procedimiento claramente establecido sobre cómo debe ser un proceso de selección de los integrantes, pues prácticamente se deja al libre albedrío de los congresistas para que de acuerdo a sus criterios se elijan a los miembros”. En ese sentido, agregó que si no hay criterios claros y si se tiene en cuenta la actual coyuntura, se corre el peligro de tener un “TC politizado”.

NORMAS Y LEYES A MEDIDA

El abogado recordó que el pedido de Pier Figari se realizó como consecuencia de la modificación a un proyecto de reforma política planteado por el Ejecutivo y modificado por el Congreso. “No es gratuito ni es casual que se haya cambiado la propuesta de reforma para que termine en una ley que rebaja sanciones, en un salvavidas que le arrojan a quienes están investigados”, afirmó.

Por otro lado, Purizaga se refirió a la forma en que se ha estado moviendo el escenario político. “Llama mucho la atención que el Congreso haya pisado el acelerador con la elección del nuevo TC. Ellos saben que máximo a fin de mes la propuesta del Ejecutivo debe estar resuelta, a favor o no. Además, vemos que el sistema de justicia y los actores políticos están tan relacionados que resulta complicado darse cuenta cómo ciertos procesos de reforma del Estado van dilatándose hasta ver cómo se resuelve el tema del adelanto de elecciones”.

“Pero a puertas de un desenlace, todo se vuelve a reactivar: sale lo del TC, anuncian el nuevo reglamento para el concurso público de la Junta Nacional de Justicia, entre otras cosas. Entonces, me da la impresión de que han mantenido todo en stand by para ver cómo se iba resolviendo el conflicto con el Ejecutivo”.

En ese sentido, cuestionó el trabajo del Legislativo ya que “los proyectos que se están tocando ahora se hacen con la premura del tiempo, y con un Congreso cuestionado que busca sacar normas a la medida de sus intereses”. “Recordemos que los proyectos de la reforma política tenían errores gravísimos, como omitir el voto del extranjero. Para hacer normas así, preferiría que no se hagan, porque no me genera confianza y creo que la mayoría de ciudadanos piensa lo mismo”.

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Política

Inseguridad en la Amazonía: una continuidad devastadora

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Incendio en el Amazonas

Los incendios que siguen ocurriendo en el centro de la cuenca Amazónica y que no han podido ser contenidos en su verdadera magnitud, han llevado a poner atención en sus causas e impactos más visibles.

Entre las primeras hay que denunciar la existencia de una línea de continuidad entre políticas nacionales e internacionales que coinciden en agravar los riesgos que se ciernen sobre la estabilidad y sostenibilidad de la Amazonía en el futuro inmediato.

En ese sentido, la mirada que tiene el presidente Bolsonaro sobre la Amazonía de su país, coincide con los intereses de la agroindustria soyera, donde los grandes ganaderos lo único que desean es la expansión agrícola a costa del bosque primario.

Guardando la distancia, lo mismo sucede en el Perú con los intereses de madereros, migrantes, mineros ilegales y traficantes de tierras, que son defendidos en el Congreso por parlamentarios amazónicos como Tubino, Del Águila, Uchiñahua, Reátegui, Beteta y otros cuya visión extractivista es cortoplacista, y se disfraza de “desarrollo” y “lucha contra la pobreza”.

En el plano domestico peruano, observamos que desde el Ministerio de Economía y Finanzas y el propio Palacio de Gobierno coinciden en considerar esta región como un espacio vacío para la explotación de recursos energéticos sobre los que se basa la economía mundial (petróleo, gas y madera) y no se aprovecha debidamente su capacidad –y valor- de absorción de carbono para enfrentar el cambio climático, o su capacidad de almacenar la mayor reserva de agua dulce en el planeta, además de albergar una enorme biodiversidad.

Así tenemos el debate y aprobación de la Ley Purús (30574) para promover la construcción de carreteras, el irregular proyecto de la Hidrovía Amazónica, así como los próximos proyectos promovidos desde el Ejecutivo que buscan incentivos para la actividad forestal.

Además, somos testigos de una recurrente cantidad de agresiones contra la integridad territorial de los Pueblos Indígenas de la Amazonía por parte de traficantes de tierras, una desordenada migración desde los Andes, y los programas estatales de desarrollo alternativo y titulación a ex cocaleros que impulsa DEVIDA en Huánuco, Ucayali y Junín.

En el otro plano, la no convocatoria de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), representó un fiel reflejo de la poca importancia que se le da a esta instancia. La Cancillería peruana, a pesar del pedido hecho desde el Congreso por la bancada de Nuevo Perú, prefirió no involucrar a otro país amazónico, Venezuela.

El Pacto de Leticia no deja en claro la soberanía de los países amazónicos.

El Pacto de Leticia no deja en claro la soberanía de los países amazónicos.

Y Bolsonaro, so pretexto de la defensa de la soberanía estatal, prefirió mantener su pleito de mensajes y tweets con el presidente Macron de Francia y le cerró la puerta a la cooperación internacional.

El subsiguiente Pacto de Leticia y la adopción de medidas paliativas y formales, no constituyen una adecuada respuesta cooperativa que respete la soberanía de los países amazónicos, sobre todo luego que la OEA aprobase la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que otorga licencia de corso a EE.UU y sus aliados satélites en la región para provocar un incidente y posterior agresión militar contra Venezuela, como antes ocurrió en Vietnam (1965) y en Irak (1991 y 2003).

Brasil y Colombia, ahora aliados estratégicos de Trump, ambos vecinos de Venezuela, pueden ocupar el mismo rol que en su momento Filipinas o Kuwait para conducir la agresión militar.

La conexión Guaidó y paramilitares de Los Rastrojos, revelan que la oposición venezolana es solo un  sicario de la Casa Blanca.

La conexión Guaidó y paramilitares de Los Rastrojos, revelan que la oposición venezolana es solo un sicario de la Casa Blanca.

En tal sentido, no es casualidad 1) el incremento de sanciones unilaterales de EEUU a Venezuela, las mismas que incrementan la gravedad de la crisis humanitaria y el éxodo de sus ciudadanos a países vecinos; 2) el reinicio de acciones armadas de parte de una disidencia de las FARC que pone en grave riesgo la continuidad de los acuerdos de paz y el funcionamiento de todos los mecanismos de acompañamiento de la ONU, agravando la tensión ya existente en las fronteras de Colombia; 3) la realización de ejercicios militares por parte de Venezuela, lo que ha atizado la situación de seguridad regional; 4) las recientes fotos aparecidas de Juan Guaido con dudosos personajes de grupos paramilitares de “Los Rastrojos” (febrero 2019).

No vaya a ser que la continuación de esta peligrosa escalada geopolítica que usa como pretexto la democracia y la Amazonía, nos lleve a otro tipo de incendios ocasionados, ya no por la mano devastadora del empresario ganadero, sino como consecuencia de una intervención militar contra un país sudamericano.

 

RICARDO SOBERÓN
ABOGADO PERUANO, EX PRESIDENTE EJECUTIVO DE DEVIDA, DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DROGAS Y DERECHOS HUMANOS, CIDDH | NOTICIAS SER

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Política

Quieren desprestigiar a la izquierda

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Quieren desprestigiar a la izquierda - Agro Si Minas No

Lo grave de todo esto es que a la detención de los gobernadores regionales, Vladimir Cerrón, de Junín, y Walter Aduviri, de Puno, se suma la acusación de violentistas a los congresistas María Elena Foronda, Humberto Cevallos, Humberto Morales y Rogelio Tucto del Frente Amplio.

¿Qué delito cometieron? Interceder a favor del diálogo entre los trabajadores de la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú y el Ministerio de Trabajo, para que este ente estatal medie ante la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en la solución a su pliego de reclamos.

Aquel día de la revuelta, la policía no tuvo reparos en agredir a los congresistas mencionados líneas arriba y de reprimir violentamente a los trabajadores, que se movilizaron pacíficamente en medio de una lluvia de bombardas lacrimógenas, de palos y otros vejámenes.

La reacción de los congresistas fue tajante y anunciaron que pedirían interpelar a Carlos Morán, ministro del Interior, por la agresión que sufrieron los padres de la patria, y exigirán la remoción del general que dirigió el operativo. Lejos de contar con el apoyo del Legislativo, sufren ostracismo, vituperios y calificativos injustos.

HEMOS ACTUADO DENTRO DE LA LEY

La congresista María Elena Foronda, del Frente Amplio, respondió a los ataques diciendo que “lamentablemente hay algunos medios de comunicación que difunden noticias malintencionadas”.

“El señor Pedro Olaechea, intentó hoy día (ayer) en la Junta de Portavoces, acusarnos como incitadores de la violencia, cuando lo único que hemos hecho es salir a respaldar a los trabajadores mineros la semana pasada”, explicó.

“El señor Olaechea demuestra que desconoce el tema. Como lo dijo mi vocero (Hernando Cevallos), siempre hemos actuado dentro de la ley, en ningún momento hemos demostrado violencia y menos prepotencia. Por ello todo, lo que dicen en contra nuestra es absolutamente falso”, subrayó.

LA VIOLENCIA NO TUVO RAZÓN DE SER

“Cuando nosotros hemos salido después de haber dialogado con la ministra de Trabajo, en presencia de ella, de la Fiscal de la Nación, el viceministro de Trabajo y el procurador de Trabajo, hubo una contraorden y se dieron las agresiones a los trabajadores y congresistas que estábamos presentes”, remarcó.

“No respetaron nuestra condición de parlamentarios, nos han tirado al suelo, nos han arrastrado. La verdad es que el uso de la violencia no tuvo razón de ser en esos momentos. No nos respetaron y nos dieron con todo y se llevaron detenidos a los señores dirigentes, contraviniendo una orden”, expresó.

“Yo creo que nos están sometiendo a un proceso de desgaste, nos quieren hacer aparecer como que somos una organización violenta, lo cual es absolutamente falso”, remarcó.

“Nuestro objetivo es promover el diálogo, usamos el cauce pacífico; creo que lo que quieren es desprestigiar cualquier acción de la izquierda”, concluyó la congresista Foronda.

FUE ALGO PATÉTICO

“Fue realmente algo patético”, sostuvo Hernando Cevallos, del Frente Amplio, quien refirió que Pedro Olaechea convocó a los voceros para llegar a un acuerdo en torno al caso de los legisladores de esa bancada.

“Llegamos y dijo el presidente Pedro Olaechea ‘Por favor, vamos a ver unos videos’. Enseñó los videos -sesgados- de lo que sucedió, hubo un intercambio de opiniones y los portavoces consideraron que ese no era un espacio para conversar este tipo de cosas”, indicó.

“Que si alguno pensaba que había algún problema, que lo denuncie de manera formal en la Comisión de Ética, pero que allí no es el espacio para pasar videos donde aparecen supuestamente imágenes que puedan comprometer a algún congresista en temas del conflicto minero”, indicó.

PRETENDEN AISLAR AL FRENTE AMPLIO

Para Cevallos, el presidente del Congreso tenía el objetivo de “generar algún tipo de acuerdo para aislar al Frente Amplio. De una manera vergonzosa y sin aviso previo, y sin coordinar con nadie, pasa videos editados, sesgados. La verdad que es una vergüenza”, ponderó Cevallos, quien reafirmó que “la Junta de Portavoces no es para eso”.

“Al final, en lo que terminó la reunión es en una exhortación a que, cuando suba gente a las galerías, se tenga cuidado de que cuiden las formas”, contó el parlamentario”, precisó.

ALGO MÁS

“Pudo, por ejemplo, preguntar al Ministerio Público, que estuvo presente en ese momento, averiguar la hora en que llegaron los congresistas, pedir la opinión del viceministro de Trabajo. Nada de eso se hizo. Simplemente pasó unos videos que alguien le alcanzó. Creo que es el mismo video que pasó Panorama el domingo, según me dijeron”, señaló el legislador.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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