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Del populismo irresponsable al neoliberalismo conservador: El caso García

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Petroperú

¿CUÁNDO SE JODIÓ PETROPERÚ?

Con la muerte del expresidente Alan García al margen de los errores y horrores de sus gobiernos, no podemos dejar de reconocer la capacidad política que llevó a su partido al gobierno del Estado peruano en dos oportunidades mediante el voto popular.

La historia deberá juzgar críticamente sus mandatos, que a nivel económico encarna el tránsito del populismo irresponsable del primer gobierno al neoliberalismo conservador del segundo, con una alta dosis de corrupción como una forma de ejercer el poder en un “Estado Patrimonial”, donde los gobiernos de turno asaltan el presupuesto público como una forma de hacer riqueza.

En el sector minero/ energético el desastre de su primer gobierno justificó las políticas privatizadoras del fujimorismo a partir de 1992, y hoy estamos pagando las consecuencias, con tarifas abusivas en los servicios públicos, tarifas eléctricas y precios por las nubes del gas licuado de petróleo (GLP).

No solamente se trata de Petroperú, sino del conjunto de empresas públicas, banca de fomento, donde de la protagónica intervención del Estado en la economía se pasó a las políticas de libre mercado, para favorecer al gran capital transnacional, grupos de poder nativo que aprovecharon la privatización de empresas estatales a “precios de remate”.

En especial, cabe recordar las consecuencias del “populismo económico” del primer gobierno, donde prácticamente se descapitalizó el conjunto de las empresas públicas, mediante la fijación de los principales precios, tarifas, tasas de interés a cero costo, dólar MUC, etc… con generosos subsidios que en última instancia, significaron, por un lado, transferencia de riqueza para las grandes empresas privadas, y por el otro, cuantiosas pérdidas en especial de las empresas estatales como Petroperú, Electroperú, Electrolima, Sedapal, Compañía Peruana de Teléfonos (CPT), Siderperú, Centromin, etc…

EL COSTO DEL SUBSIDIO

En tal sentido, con el llamado “modelo heterodoxo” que prácticamente congeló las tarifas públicas, los precios de la energía, el agua, la telefonía entre otras en un subsidio indiscriminado que fue estimado por la principal revista especializada de ese entonces “Actualidad Económica” (1989) en un valor de US$ 20,000 millones en su primer período de gobierno.

Este generoso subsidio permitió la valorización de empresas privadas a pesar de la hiperinflación que afectaba a las grandes mayorías. Ello favoreció la reproducción de las grandes empresas, a los llamados “12 Apóstoles”, y a las empresas que tenían capacidad de fijar precios en los bienes y servicios.

El fracaso de las políticas populistas, la hiperinflación galopante y la guerra interna contra la subversión armada que se generó en el período sirvió de “telón de fondo” al gobierno fujimorista, que al llegar al poder en 1990 encontró una economía quebrada, sin reservas internacionales, con una inflación desbocada, y el país sin confianza financiera a nivel internacional.

Así, con el descrédito generalizado, con resultados en rojo de las principales empresas públicas se pudo justificar una irracional privatización de los principales activos y la mayoría de las empresas públicas, más de 200 fueron privatizadas y /o liquidadas quedando en la actualidad no más de 35 en el ámbito del Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado) a las cuales habría que sumar a Petroperú S.A. que fue excluida mediante ley expresa por el Congreso de la República en el 2004, por una iniciativa legislativa presentada por el congresista aprista José Carrasco Távara que contó con el apoyo de todas las bancadas.

Siempre he considerado que las irresponsables políticas populistas de Alan García en su primer mandato justificaron el discurso privatizador del fujimorismo, para vender las empresas públicas de manera indiscriminada, a precios de remate, sin planeamiento estratégico, priorizando el objetivo de hacer caja, para superar el déficit fiscal.

CASO PETROPERÚ

El caso más emblemático lo representó la descapitalización sistemática de Petroperú, la cual fue sometida a una política de pillaje, caja chica, manejada políticamente sin criterio técnico, fuente de empleo y obligada a subsidiar como política de estado, en la venta de combustibles.

Estos subsidios que eran una expresión central del modelo heterodoxo, le generó gigantes pérdidas a la rentabilidad de Petroperú que en ese entonces operaba en el país de manera integrada en la costa, sierra y selva, en las fases de exploración, explotación, refinación, transporte, distribución mayorista y minorista, pues tenía 85 grifos propios, que fueron vendidos, dicho sea de paso, en 1992 “a precios de huevo roto”.

En la costa norte con lotes propios operaba el gran lote X y tenía en el Zócalo Continental en el lote Z-2B una empresa filial, Petromar, que sustituyó a la norteamericana Belco Petroleum en 1987. En la selva norte detentaba el lote 8/8X, y a nivel de refinación operaba principalmente las refinerías de Talara y La Pampilla, la misma que fue privatizada en el 1996 a precio vil.

Plataforma de refinería de petróleo

SUBSIDIOS EN LOS COMBUSTIBLES

Así, por decisión de la política de gobierno concretamente por decisión del Presidente de la República, la petrolera estatal fue obligada a vender en promedio un galón de combustibles a US$ 0.20 centavos cuando el costo real de producción era de US$ 0.52, por tanto en la venta diaria se perdían US$ 0.32 centavos por galón.

Un simple cálculo para el año 1989 nos puede exponer la magnitud del subsidio y la grave irresponsabilidad del gobernante aprista. Si la demanda interna y las ventas de Petroperú eran de 90,000 barriles diarios que multiplicados por 42 galones, pues un barril equivale a esa cantidad de galones. A su vez el resultado obtenido se multiplica por la pérdida diaria de US$ 0.32 centavos.

Ello nos determina que Petroperú tenía una pérdida diaria de US$ 1’209,600, léase un millón doscientos nueve mil dólares diarios, por ser obligada a vender a precios por debajo del costo de producción (90,000 barriles X 42 galones X US$ 0.32 centavos).

Por tanto esta pérdida diaria en un año se convertía en más de US$ 441.5 millones. ¡Ninguna empresa petrolera en el mundo puede sostenerse al vender a un precio por debajo del costo de producción sin generar pérdidas!

En cinco años de populismo irresponsable las pérdidas acumuladas y no reconocidas como inversiones sociales como se hizo en Colombia, pues estos subsidios indiscriminados constituían parte central del modelo heterodoxo, significaron una descapitalización superior a los US$ 2,207 millones que afectaron el patrimonio, las inversiones de reposición, exploración y mantenimiento en la petrolera estatal.

DÉFICIT DE LA BALANZA DE HIDROCARBUROS

La herencia del régimen alanista del primer gobierno tiene varios aspectos negativos al margen de la política de subsidios que afectaron seriamente el patrimonio de Pertoperú. A ello debiera sumarse del deterioro de la balanza comercial de hidrocarburos que se agrava a partir de 1988 con las crecientes compras en el exterior de petróleo crudo y del diésel que por razones tributarias resultaba más barato que las gasolinas.

El país se acostumbró a los célebres gasolinazos en los precios de los combustibles, pues casi el 30% de los ingresos tributarios del fisco dependían de los impuestos a los derivados del petróleo, tales como rodaje, selectivo al consumo de combustibles más el IGV que se sumaban al precio neto de refinería.

En especial cabe destacar que los combustibles eran tan baratos que un litro de gaseosa era más caro que un litro de gasolina, y se fomentaron las importaciones del diésel para el parque automotor, que pasó a ser cada vez más dependiente del diésel 2, el cual hasta se constituye en el principal combustible de la economía peruana, con la variante que ahora se importa el diésel limpio, con 50 partes por millón de azufre por razones ambientales.

Ante la descapitalización de Petroperú en el período 1986/1990 y la falta de inversiones en las actividades de exploración y explotación se inicia la pertinaz caída en la producción interna de hidrocarburos que llegó a un máximo de 198 mil barriles diarios en 1989 para disminuir cada año, para llegar a menos de 50 mil barriles en 2018.

Es más, en los primeros años de la década de los noventa mediante una irracional privatización de los lotes petroleros que detentaba Petroperú, tales como Z-2B (1993), lote 8 (junio 1996) y lote X (diciembre del 1996) y otros lotes del noroeste, los cuales fueron privatizados con el argumento de incrementar la producción y las reservas con resultados cuestionables, pues la producción sigue cayendo hasta ahora.

SE POSTERGA CAMISEA

Uno de los cuestionamientos centrales a la política alanista en el sector está relacionada con la postergación del proyecto Camisea, cuyas reservas de gas natural y condensados fueron descubiertas por la transnacional Shell en 1984, en lo que se conoce hoy como lote 88 con reservas probadas superiores a los 9 trillones de pies cúbicos. ¡Tuvieron que pasar 20 años para acceder a los beneficios de la cultura del gas natural de Camisea!

Ante la falta de acuerdo con el gobierno aprista, la Shell decidió retirarse del país, pues Bolivia ofrecía mejores perspectivas en los campos de Tarija y Santa Cruz, para llevar el gas natural al mercado del Brasil.

En realidad, las reservas de gas natural y los líquidos de gas natural llegaron recién a Lima en el 2004 gracias a una continuidad de una política que involucró a tres gobiernos, Fujimori, Panigua y Toledo, pues fue durante el gobierno de la transición democrática del doctor Valentín Panigua que se firmó el contrato de Camisea, cuyas bases y licitación se efectuaron en la agonía del fujimorismo.

DE LA BELCO, AIG – PETROTECH

Uno de los graves pasivos que dejó el primer gobierno de García Pérez fue el caso no resuelto de la estatización de los activos de la Belco Petroleum (1986), empresa norteamericana que operaba en el mar frente a las costas de Piura, en el Zócalo Continental.

Ante la falta de acuerdo en la valorización de los activos, reservas e instalaciones, el gobierno de Fujimori (1992) tuvo que reconocer una millonaria deuda con la aseguradora de la Belco, la transnacional AIG, un gigante mundial en los negocios de seguros, a la cual se le tuvo que abonar más de US$ 256 millones, por la estatización de la Belco, por activos largamente depreciados que no costaban ni US$ 90 millones.

Este negociado fue asumido como uno de los costos de la reinserción financiera del país, por medio del cual las reservas probadas, instalaciones marinas, ductos submarinos pasaron a poder del Estado, y transferidas en una primera instancia a Petroperú, para luego ser privatizadas por la Copri de ese entonces, el organismo oficial responsable de las privatizaciones.

Lo paradójico del caso es que los costos de la reinserción financiera y el pago a la aseguradora de la Belco-AIG, los tuvo que asumir finalmente Petroperú por más de US$ 256 millones, que dicho sea de paso todos los peruanos tuvimos que pagar entre el 1994 y 1998 a través del 7.5% mensual aplicado a las ventas internas de combustibles producidos por Petroperú.

Es decir, el Estado a través de Petroperú resultaba siendo el dueño de las reservas y las plataformas marinas más otros activos, los mismos que fueron privatizados a fines de 1993 mediante un contrato de servicios a la norteamericana Petrotech Peruana del gringo Kallop, generoso amigo de los presidentes del turno.

Lo curioso es que desatado el escándalo de los “petroaudios” en 2009 durante el segundo gobierno del presidente García, la empresa Petrotech en forma indebida transfiere el contrato de servicios al Consorcio Savia, percibiendo más de US$ 900 millones por un contrato donde el Estado peruano era el titular de las reservas probadas de crudo, y Petroperú la empresa propietaria de las plataformas, baterías, y embarcaciones. ¡Es decir, PetroTech vendió y valorizó lo que no era suyo, gracias a la inopia del gobierno de ese entonces!

EPÍLOGO

En verdad, muchas cuestiones se quedan en el tintero sobre las consecuencias de las decisiones de los gobernantes en el sector de hidrocarburos y la dramática situación de la petrolera estatal Petroperú que está endeudada hasta el cuello, con utilidades netas en 2018 que no superan los 392 millones de soles frente a pasivos totales y deudas por pagar superiores a los S/ 18,400 millones, en gran parte explicadas por el financiamiento para la modernización de la Refinería de Talara.

Sin integración vertical, sin acceso a la renta petrolera que permite tener lotes propios, sin participación en los negocios del gas natural ni contar con grifos propios, la petrolera estatal está condenada a sobrevivir de márgenes, sin futuro para su fortalecimiento gracias a las políticas que se aplicaron en el primer gobierno de García Pérez que fueron agravadas por las políticas privatizadoras de los gobiernos que le sucedieron.

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Política

Tribunal Constitucional tramita entre bambalinas libertad de Keiko Fujimori

Publicado

en

Ernesto Blume

Tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional, todos los expedientes, todos los actuados constitucionales, tienen que ser resueltos a la fecha de su ingreso.

César Landa, expresidente del TC, está diciendo que al parecer el actual TC habría saltado con garrocha otros casos y estaría resolviendo el hábeas corpus de Keiko Fujimori.

Es importante que, por transparencia, el TC diga cuándo ingresó, cómo se le asignó la fecha de ingreso y cómo tan prontamente ellos están señalando fecha para resolver. Eso se llama transparentar los actos del TC.

Porque si eso es así y se comprueba de que esa acción, vía agravio constitucional que presentó Sachie Fujimori, debe ser resuelta más adelante y primero que otros, el TC estaría cometiendo un delito de discriminación hacia otras personas que también esperan una respuesta pronta del TC.

IGUALDAD ANTE LA LEY

“El TC tiene que ser bastante claro, porque todo parece indicar que acá hay una suerte de favoritismo, lo que no debería ser porque todos los justiciables son iguales ante la ley”, dijo el jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal(IDL).

“El Dr. Landa, con mayor conocimiento de causa, porque ha sido presidente del TC, dice que parece sospechoso que el TC de Ernesto Blume Fortini haya hecho una interpretación constitucional auténtica, en que ellos van a resolver un pedido de acción de hábeas corpus cuando hay un proceso penal pendiente”, enfatizó.

“Lo normal es que en todos los casos, toda persona que quiere llegar al TC siga lo siguiente: primero, presenta una demanda ante el juez constitucional (primera instancia) y la Sala Constitucional del Poder Judicial (que sería la segunda instancia), y recién, cuando no encuentran amparo a su pedido se dirigen a una nueva demanda que se llama agravio constitucional para que el TC pueda resolver”, precisó.

SALTO CON GARROCHA

“Obligatoriamente y de acuerdo al Código Procesal Constitucional se inicia ante un juez constitucional del Poder Judicial. Lo que han hecho en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia es saltarse a la garrocha otros expedientes y ahora quieren ratificar lo mismo en una interpretación auténtica, porque no existe una norma procesal que así lo establezca”, resaltó.

“No puede haber un abogado que diga: me voy al Poder Judicial y paralelamente al TC, como en este caso de Keiko. Han debido esperar para recién iniciar una demanda de hábeas corpus en el TC”, subrayó.

“Lamentablemente todo esto se está viendo y el señor Blume estaría favoreciendo a personas vinculadas a un delito tan grave como el lavado de activos. Si todos somos iguales ante la ley no se entiende por qué quieren resolver de un plumazo sin esperar que se atienda la casación en el Poder Judicial”, denunció.

“Le aseguro que el TC va a querer resolver antes de que salga la casación y eso estaría mal porque inclusive hay una situación más o menos jurisdiccional que ha sido hace poco y donde se ha tocado el tema de los requisitos de la prisión preventiva”, puntualizó.

Keiko Fujimori detenida

TERCERA INSTANCIA

“Lamentablemente el TC se está convirtiendo en una tercera instancia y sorprende que los magistrados del Poder Judicial no salgan a defender sus fueros, porque prácticamente el TC les está dando una jalada de oreja a los fundamentos esgrimidos por los jueces, recalificando una resolución judicial y los jueces están con la cabeza gacha”, observó.

“Algo está pasando o también, como se sabe, el silencio es complicidad. El Poder Judicial no está reaccionando y este sería el segundo caso, después de Ollanta y Nadine, en donde el TC le enmiende la plana al Poder Judicial y finalmente se esté yendo contra sus propias resoluciones internas”, precisó.

“El TC dijo claramente que no entraría a recalificar las resoluciones judiciales, sino solamente a ver si ha habido una debida motivación como lo establece la Constitución Política del Estado”, remarcó.

ALGO MÁS

“Eso sí sería grave porque ya sería el segundo antecedente y por tanto no habría justicia ni en el Poder Judicial ni en el TC, que no tenga que ver con temas de personas vinculadas a la política, porque estoy seguro que en otros casos no están resolviendo de la misma forma”, concluyó JJQuispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Pobladores del Valle de Tambo dan ultimátum al Ejecutivo

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Pobladores del Valle de Tambo dan ultimátum al Ejecutivo

Todos los integrantes de la bancada del Frente Amplio estuvieron en la provincia de Islay, región Arequipa, para dialogar con los pobladores ubicados en la zona de influencia del proyecto minero Tía María.

El legislador Humberto Morales, en una entrevista telefónica concedida a Diario UNO, dio los alcances de la gestión que realizaron en el ojo de la tormenta del proyecto minero de la empresa Southern.

— ¿Cómo les fue en el encuentro con los pobladores?

— Lo que nosotros hemos hecho fue escuchar a la población, su problemática, su posición frente a la decisión que, de manera irresponsable, ha tomado el Gobierno, la cual ya la hemos trasmitido al Ejecutivo por todos los medios y que además nosotros creemos que el gobierno tiene que retroceder en esta licencia de construcción.

— ¿Cómo ve el asunto, los pobladores están decididos a todo?

—La población ha dado un mensaje claro al Gobierno de que no aceptarán esta licencia de construcción. Para sentarse a dialogar, el gremio de desarrollo agrario necesita que la licencia de construcción no permanezca vigente.

—¿Siguen exigiendo que vaya el presidente Vizcarra?

—Bueno, no lo han dicho, pero lo que sí han mencionado es que no van a dialogar mientras esté vigente la licencia de construcción.

—¿Cómo calificaría al paro, congresista?

—Ha sido un paro contundente, los ciudadanos han viajado masivamente, y los gremios también, hacia la provincia de Islay, al Valle de Tambo. Se han desplazado igualmente de otras ciudades de alrededor. No ha habido bloqueos, por lo menos eso hemos visto nosotros en toda la ruta que hemos recorrido. Ha sido un paro pacífico pero con un mensaje claro.

— ¿Qué pasará más adelante?

—En la medida que el Gobierno continúe en su posición, los pobladores radicalizarán su medida.

— ¿Entonces, por lo que se ve, no han incendiado la pradera?

—Nosotros no hemos ido a eso, nosotros hemos ido a cumplir nuestra función de congresistas de la República. Y, como dice la Constitución, hemos cumplido con nuestro deber de representación.

— ¿En Lima darán a conocer los detalles de su gestión?

—Por supuesto, eso manda la función de representación: traer a Lima lo que no quieren que se escuche. Pareciera que la Confederación de Instituciones Empresariales del Perú (Confiep) no quiere que se escuche esa voz. Y, cumpliendo nuestra función, iremos llevando lo que hemos recogido en el Valle de Tambo y el Gobierno tiene que retroceder en lo que ha hecho irresponsablemente.

— ¿Cómo va el tema de la interpelación al ministro de Energía yMinas?

—Nosotros hemos cumplido con dos requisitos que estipula el reglamento para presentar la moción de interpelación. El Pleno del Congreso tendrá que decidirlo. Entiendo que el día 22 el presidente Salaverry tiene que ponerlo en agenda.

ALGO MÁS

“El gobierno tiene que entender que no puede de ninguna manera imponer decisiones de un pequeño grupo, como la Confiep, a los ciudadanos del Perú”, concluyó el congresista Humberto morales del Frente Amplio.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Gobierno debe tener un liderazgo en tema Tía María

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Yamila Osorio

Yamila Osorio, exgobernadora regional de Arequipa, afirmó que el rechazo al proyecto Tía María se da en referencia a la empresa Southern Perú y los desaciertos que ha tenido. Además, destacó que es importante que el Estado demuestre un liderazgo.

“Se debió evitar llegar al punto límite. Se tuvo tiempo necesario hasta fines del año pasado para tener presencia del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente en la zona. En todos estos proyectos, quien socializa los estudios de impacto ambiental es la misma empresa y la gente no lo cree porque se supone que la empresa te da un mensaje ajustado a sus intereses”, resaltó.

Asimismo, refirió: “Este conflicto que data de hace más de 10 años, yo diría que se reduce a una cuestión de desconfianza con la empresa minera Southern Perú, principalmente teniendo en cuenta los antecedentes de operación de la fundición de Ilo (Moquegua) que generó un impacto negativo de contaminación en el valle de Tambo”.

Además, Osorio cuestionó que no hayan oficinas del Ministerio de Energía y Minas ni del Ministerio del Ambiente en la zona en la que se pretende implementar el proyecto cuprífero Tía María.

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