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Del lujo a la agonía camina el gabinete

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El presidente PPK y su gabinete conforman un gobierno en agonía desde el 24 de diciembre pasado, agonía lenta pero segura por más que se quiera voltear la página, dejar atrás un vergonzoso indulto al expresidente Alberto Fujimori que ha dividido al país, afectando la gobernabilidad que tanto se demanda.

Las protestas políticas aumentarán en especial en el sur, y se juntarán con las elecciones regionales y municipales, en un ciclo crítico de pronóstico reservado en función de los nuevos destapes del escándalo “Lava Jato”, con la aparición de más abonos indebidos de nuestro mister Kuczynski, cuando era presidente del consejo de ministros en el gobierno de Alejandro Toledo, otro presidente acusado de corrupción.

Es tal la falta de peso político y legitimidad de este gabinete que la nueva ministra del sector de Energía y Minas, a mi criterio el más importante del país después de Economía y Finanzas, es la doctora Ángela Grossheim Barrientos, una respetable abogada de la PUC pero desconocida en el ramo, supongo que amiga de la inefable Cayetana Aljovín que en un enroque palaciego ocupa la cartera de Relaciones Exteriores. ¿Qué pueden opinar los diplomáticos de Torre Tagle ante semejante brulote?

LA NUEVA TITULAR DEL MEM
Desde septiembre del 2017 ocupaba el cargo de viceministra de Energía, lo cual demostraría que no había muchas opciones por elegir en el mandato agónico de PPK, pues debemos asumir que este gobierno está en “cuidados intensivos” y que PPK no termina su mandato en el 2021. En fin pocos quieren quemarse en un régimen sin credibilidad, al menos que se tengan otras intenciones, después de todo como señala el gran humorista Carlín “chamba es chamba”.

Con la experiencia que alimenta mi conocimiento del sector, debo manifestar mi extrañeza por una elección ministerial que yo calificaría de anodina que según el diccionario de la Real Academia Española define como “insignificante, ineficaz, insubstancial”, pues a la cabeza del ministerio de la importancia de Energía y Minas, debiera estar un promotor de la inversión con responsabilidad social y ambiental, con capacidad dialogante, concertante, con conocimiento de la problemática minera y energética.

En todo caso lo mínimo que se puede decir es que los problemas del sector de Energía y Minas no son legales sino políticos para hacer realidad los proyectos mineros que están en lista de espera. ¿Qué hacer para enfrentar y resolver positivamente los conflictos socio ambientales mineros? ¿Cómo hacer realidad por lo menos US $ 12 mil millones de inversiones en Quellaveco, Michiquillay, La Granja, Galeno, Tía María, aprovechando la recuperación temporal del precio del cobre? ¿La nueva ministra resolverá las graves distorsiones en el sector eléctrico, cuando una de las empresas donde antes ella trabajaba (Kallpa), de capitales israelitas se beneficia con las declaraciones irreales en el precio del gas natural de Camisea?

En tal sentido, se debe extrañar al margen de las discrepancias políticas que pudieran existir, la personalidad de un Jaime Quijandría, Fernando Sánchez Albavera, Juan Valdivia, Pedro Sánchez, del mismo PPK cuando fue ministro de Energía y Minas en el segundo gobierno del arquitecto Belaunde Terry con generosas exoneraciones tributarias a la OXY en el antiguo lote 1-AB en la selva nororiental.

Es más, las escuetas noticias periodísticas reconocen su experiencia sobre todo en el sector privado, como sub gerenta legal de la empresa Kallpa una de las eléctricas del “cogollo empresarial” conjuntamente con Enel de Italia y Engie que antes se denominaba Enersur del grupo Suez Energy, las cuales se benefician con el gas barato de Camisea, declarando costos irreales como costo variable en la compra del gas natural, lo cual les permite despachar prioritariamente en un mercado que tiene el 50 % de la capacidad de potencia de generación en reserva, es decir en exceso ante un menor crecimiento y la postergación de los megaproyectos mineros.

En su hoja de vida aparece que se desempeñó como secretaria general en el Ministerio de Economía y Finanzas recién con este gobierno desde agosto del 2016, cuando el ministro de la mencionada cartera era Alfredo Thorne, uno de los responsables del menor crecimiento económico en el 2017, por el sobre ajustón fiscal que se aplicó explicando el mediocre 2.7 % de crecimiento del PBI.

En verdad, al margen de los buenos deseos que pudiéramos expresar, estamos ante una responsabilidad sobre todo política en el sector de Energía y Minas de parte de la nueva ministra que esperamos pueda resolver y enfrentar positivamente los retos y desafíos.

SECTOR PETROLERO: UN ENFERMO CRÓNICO
Si bien es verdad, la crisis petrolera no ha sido responsabilidad de este gobierno, pues viene de atrás ante la incapacidad del gobierno de ‘cosito’ Humala, agravada por el ciclo bajo de los precios del crudo que en algún momento estuvieron por los 30 dólares el barril, y en el presente no superan los 60 dólares, lo cual hace inviable algunos contratos en especial los que están próximos a terminar, pues no recuperarían sus inversiones si en el 2020 o 2024 finalizan sus contratos.

Actualmente la situación es crítica si se adopta como criterio la producción de petróleo diario, menos de 45 mil barriles por día calendario cuando pudiéramos estar extrayendo más de 100 mil barriles según las exposiciones de los ex presidentes de PerúPetro ante el Congreso de la República, en razón del potencial hidrocarburífero de la región. Si a ello se agrega la producción potencial de horizontes profundos y de reservas marginales en las operaciones del noroeste y zócalo continental en Piura y Tumbes, mejoraría nuestra balanza comercial de hidrocarburos.

No solamente se ha derrumbado la producción de crudo, también la inversión exploratoria que se mide por el número de pozos exploratorios, que constituye una actividad de riesgo. Si el promedio era en la primera década de este siglo 6 pozos exploratorios en el 2017 si llegamos a perforar uno es bastante, cuando Colombia con las mismas características geológicas más narcotráfico, y violencia incluida perfora no menos de 70 pozos anuales.

CANON PETROLERO POR EL SUELO
Al derrumbarse la producción, las inversiones, más el precio internacional del crudo, también se tira al piso el canon y sobrecanon petrolero, que constituyen ingresos regionales para Piura, Tumbes, Loreto y Ucayali. Se debe tener presente que el canon y el sobrecanon están determinados por el 15% (canon) y 3.75 % (sobrecanon) de la cadena de valor que percibe el Estado, sea por concepto de regalías, impuesto a la renta, aranceles y otros.

En especial la situación es extremadamente crítica en la selva, sobre todo en la selva nororiental donde se ha tenido que optar por el cierre temporal en varios lotes productores, al margen que 22 contratos de exploración están con obligaciones suspendidas por fuerza mayor. La situación se agrava por las características de producción en crudos pesados que se tienen que exportar a precios castigados.

En verdad, la situación es tan calamitosa para las regiones petroleras que en el 2016 percibieron 412 millones de soles por concepto de canon y sobrecanon y en el 2017 mejoró algo el enfermo con una transferencia de 490 millones según el portal del ministerio de economía y finanzas.

Sin embargo, en mejores años solamente Piura percibía 500 millones por concepto de canon y sobrecanon, de los cuales Talara percibía 70 millones, y Loreto alrededor de 300 millones. En el 2017 todos los departamentos petroleros han percibido no más de 490 millones y la situación tenderá a ser más grave afectando las decisiones de inversión regional y de los gobiernos locales.

¿QUÉ HACER?
Por tanto, urge es verdad una nueva ley de hidrocarburos que sea realmente promotora de la inversión de riesgo, lo cual supone que como ley orgánica debiera ser aprobada por el Congreso de la República, donde una oposición política ajustará cuentas al viejo lobista que tenemos de presidente de la república.

Mientras tanto es posible promover la inversión de riesgo renegociando los contratos de hidrocarburos reconociendo que las tasas de regalías de 20 % y más del 30 % no resultan atractivas ni competitivas para fomentar la inversión de riesgo, con precios de 60 dólares el barril. Mientras Colombia tiene una tasa de regalías diferenciada de 8 al 12 %

En verdad se trata de aplicar medidas de promoción de la inversión audaces, y valientes pues es preferible tener una regalía de 5 % de una producción de 100 mil barriles diarios que una tasa de regalía de 30 % con una producción de 45 mil barriles diarios con tendencia a la baja.

Por ello se trata de aplicar medidas de promoción de la inversión de riesgo con tasas de regalías competitivas que atraigan a empresas petroleras de peso internacional, y al mismo tiempo asegurar un promedio de ingresos regionales vía canon y sobrecanon petrolero.

Para ello bastaría asegurar una renta ficta para las regiones petroleras en el sentido de garantizar un monto mínimo por concepto de canon y sobrecanon, como se hizo en 1993 cuando el gobierno de ese entonces se comprometió a transferir un monto mínimo por canon petrolero. Esta figura fue utilizada en la crisis de 1998/99 cuando los precios del petróleo internacional se derrumbaron por debajo de los12 dólares el barril.

Por tanto, habiendo recursos fiscales el gobierno de PPK se pudiera garantizar un mínimo de 500 millones de soles anuales a las regiones petroleras por concepto de canon y sobrecanon, financiando una serie de inversiones regionales. Con ello, se podría negociar compromisos de inversión renegociando las tasas de regalías.

Esta fue en esencia la naturaleza de la “ley de promoción de la inversión en la explotación de recursos y reservas marginales de hidrocarburos a nivel nacional” (Nov. 2003, ley 28109), donde se autorizaba a PerúPetro a renegociar las tasas de regalías con compromisos de inversión en firme mediante un programa mínimo de trabajo.

Lamentablemente la ley de reservas marginales tuvo una interpretación perversa en la aplicación del reglamento pues apenas tuvo una vigencia de 60 días útiles. A pesar que como ley aprobada por el Congreso de la República por una absoluta mayoría de todas las bancadas, e incluso el extinto Javier Diez Canseco fue autor de unos artículos que enriquecieron el proyecto.

Recuerdo que Javier Diez Canseco manifestaba que debiera agregarse al proyecto de ley promovido por el congresista Carrasco Távara (Apra) dos artículos referidos a las penalidades por incumplimiento de los compromiso de inversiones, y la necesaria participación de las empresas regionales en la logística de las empresas petroleras.

Sin embargo, la presente crisis del sector petrolera es tan grave que la ley de promoción en reservas marginales y el DS 017-2003 que promueve y autoriza firmar contratos con tasas de regalías del 5 % serían insuficientes, pues se han devuelto una serie de contratos con dichas tasas.

Esta es la gravedad de un enfermo crónico que languidece en los últimos años, y si se trata de tomar el toro por las astas habría que declarar en emergencia el sector y renegociar en serio los contratos de petróleo asociados al gas natural. Por tanto, cabe interrogarse si un gobierno en agonía sin credibilidad política con una legítima oposición parlamentaria pueda hacerlo.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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