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Decretos con nombre propio

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Por eso la empresa Odebrecht se da el lujo de fijar arbitrariamente el monto de dicha reparación en solo sesenta millones de dólares.

En estas Fiestas Patrias en las que renovamos y fortalecemos el espíritu nacional que nos congrega como sociedad, desde el 28 de julio de 1821; no debemos perder de vista que surgimos como República independiente, con el pasivo de asumir una deuda ajena a nosotros.

Los historiadores y estudiosos del tema, saben que en el numeral octavo del Acta de la Capitulación de Ayacucho -con la cual fue sellada nuestra independencia, luego de la memorable batalla en ese lugar, el 9 de diciembre de 1824- se establecía que debíamos asumir la deuda contraída por el gobierno español en nuestro territorio hasta esa fecha; de acuerdo a lo aceptado por el General de División Antonio José de Sucre, Jefe del Ejército Libertador, al General rendido José de Canterac, Jefe del Ejército Realista por parte del rey de España.

Tal espíritu de asumir deudas del vencido que no nos corresponde, o mal pago de lo que nos deben, ha sido una constante a lo largo de nuestra historia republicana. Los mecanismos legales usados para ello han sido, sobre todo en los últimos 30 años, los denominados decretos de urgencia; con los cuales bajo el pretexto de salvar situaciones apremiantes, se dispone del dinero de todos los peruanos.

Aún se recuerda la astronómica suma de setecientos millones de dólares (¡así como lo leen!), que gastó el Estado en la década de los noventa –durante el gobierno de Alberto Fujimori- para efectuar el salvataje financiero del Banco Wise Sudameris y el Banco Latino.

Para esto se emitió decretos con nombre propio, como fueron los Decretos de Urgencia N° 034-1999 y N° 041-1999, con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Banca y Seguros, los ejecutivos de dichos bancos y, todos ellos, contando con el asesoramiento de la banca internacional, como lo fue el JP Morgan, es decir, una gran cruzada para salvar el dinero de los Wise y los Picasso.

Valiéndose del marbete de “urgencia”, los gobiernos de turno suelen disponer de recursos públicos para beneficio de la banca, la gran empresa, así como viabilizar obras carentes de transparencia y medidas de carácter ordinario. Allí están, también, los decretos de urgencia de Alan García para la remodelación del Estadio Nacional y la determinación de escalas salariales de los funcionarios del Estado.

En la actual coyuntura viene siendo objeto de debate político el Decreto de Urgencia N° 003-2017, que ha sido emitido para suspender la transferencia de activos, acciones, participaciones o derechos de empresas concesionarias o de sus socios que hayan sido condenadas o hayan admitido la comisión de los delitos de corrupción o lavado de activos.

En la práctica, sin embargo, se trata de otra norma con nombre propio: Odebrecht, es decir, contrariamente a lo que parece, se promueve con este decreto la protección del patrimonio de sus dueños, ya que no establece ninguna medida eficaz y coercitiva que impida la transferencia de esos bienes. Tampoco promueve la determinación objetiva de la reparación civil en favor del Estado, ya que se ha saltado la posibilidad de hacerlo pericialmente, como sucede en el fuero judicial.

Por ello la empresa se da el lujo de fijar arbitrariamente el monto de dicha reparación en solo sesenta millones de dólares. En una actitud arrogante de: lo tomas o lo dejas. Pretendiendo que el Estado se conforme con lo que ella buenamente quiera darle, es decir, la empresa que, según confesión de uno de sus ejecutivos, ha corrompido a más de milfuncionarios en el mundo, y en nuestro país, ha realizado numerosas mega obras plagadas de corrupción durante más de veinte años, pretende resarcir el daño patrimonial en una bagatela.

Recordemos la grandilocuencia con que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, insiste en las virtudes del decreto de garantizar la cadena de pagos, refiriéndose -obviamente- a los acreedores de la empresa, ya que dicha norma no menciona en ninguno de sus artículos el pago a los trabajadores, como ella lo ha venido sosteniendo demagógicamente. Lo que más sorprende es que, muchos y reconocidos periodistas, vienen repitiendo este argumento con aires de estar difundiendo la suprema verdad filosofal.

Por otro lado, si bien es cierto que dicho decreto contiene materia económica y financiera, no fundamenta en su exposición de motivos el carácter de urgencia ni de interés nacional como lo exige el artículo 118, inciso 19, de la Constitución Política del Estado para su validez constitucional.

Es verdad también que el decreto fue aprobado en la décimo novena sesión ordinaria de la Comisión de Constitución del Congreso, sin embargo, allí se produjo un extraño fenómeno: al momento del debate el presidente de esa Comisión –Miguel Torres- sostuvo que el mismo contenía vacíos que serían corregidos por varios proyectos de ley que ya estaban en camino; por otro lado, la entonces vice presidenta del Congreso –Rosa Bartra-, que formaban parte de esa Comisión, argumentó que el decreto promovía la impunidad. A pesar de ello, con los vacíos y aspectos de impunidad advertidos el decreto fue aprobado por unanimidad (Acta del 09/05/17, pg. 10, en web del Congreso). En este tema el Parlamento y el Poder Ejecutivo jugaron con urgencia y en pared.

Por si fuera poco, y pese a tratarse de una norma con nombre propio y que no cautelar debidamente los intereses del Estado; de acuerdo a la información aparecida en este diario (26/07/17), Odebrecht habría contratado un estudio jurídico norteamericano Quinn Emanuel que estaría preparando una demanda internacional por presuntos daños y perjuicios. Por lo que vemos se siente mal servida. Habiendo dañado el patrimonio y la moral pública de este país, pretendería ahora que le paguemos por sus tropelías.

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Política

AG se las verá hoy con fiscal Pérez

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Alan García Pérez - José Domingo Pérez Gómez

El expresidente Alan García, quien hoy se verá frente a frente con José Pérez, el implacable fiscal que envió a la cárcel a Keiko Fujimori, quien lo quiere interrogar sobre el Metro de Lima, obra para la cual Odebrecht ha confesado que pagó sobornos por 24 millones de dólares, de los que el líder aprista y sus seguidores juran que él no sabe nada.

La información trascendida del Ministerio Público indica que el eficiente fiscal ha preparado minuciosamente la estrategia de su interrogatorio y ha recibido nuevas informaciones de Brasil sobre el caso.

Los méritos de Pérez llevaron al congresista Yonhy Lescano a manifestar que por primera vez García será interrogado por un fiscal valiente y comprometido con la lucha anticorrupción, que no caerá en las maniobras de AG.

¿QUIÉN COBRÓ LOS 14 MILLONES?

Uno de los misterios que tendrá que desentrañar Pérez es el de 14 millones de dólares de las coimas cuyo destino se desconoce, pues solo se ha encontrado aproximadamente diez millones en cuentas de Andorra, a nombre de funcionarios de segunda y tercera línea, como el exviceministro Jorge Cuba y los exfuncionarios Edwin Luyo, Mariella Huerta y Santiago Chau, la exvoleibolista Jessica Tejada, su sobrino Víctor Muñoz y a su asesor Miguel Navarro.

Navarro, desde la cárcel, ha declarado que Cuba coordinaba directamente el tema del Metro con García y habría sido designado por Roxanne Cheesman, pareja del exgobernante aprista.

Entre los ingredientes de la expectativa destaca la versión de que Cuba se habría ofrecido como colaborador eficaz, lo que solo podría conseguir si delata a un involucrado de rango mayor al suyo y solo hay dos, el exministro Enrique Cornejo y García.

MÁS INDICIOS

Otro indicio adverso a García es el gran interés en sacar adelante la obra e impulsar para ellos normas de excepción que favorecieron a Odebrecht, dictadas tras reuniones con ejecutivos de Odebrecht, aunque García sostiene que solo buscaba terminar la obra en su último gobierno y si otros se aprovecharon, que paguen con la cárcel.

Pérez consideraría estos elementos y otros que habría obtenido para armar un caso que complicaría a García. Ya antes el aprista ha intentado sacarlo del caso sin éxito. Además, Barata ha dicho que Odebrecht entregó 200 mil dólares a la campaña de García el 2006, cuando ganó la elección.

En la etapa previa al interrogatorio, García ha intentado desacreditar al fiscal Pérez, recogiendo la afirmación del fiscal Pedro Chávarry, de que Pérez coordina con el gobierno, y sostiene que el gobierno interviene en el sistema de justicia, lo que para muchos crea condiciones para cuestionar al fiscal si las cosas le salen mal en el interrogatorio.

OTRA CUENTA

Pero García tiene otros temas pendientes con la justicia, como la denuncia contra él y su esposa Pilar Nores por presunto enriquecimiento ilícito, que fue archivada por el Ministerio Público debido a una acción de amparo que presentó la defensa de AG lo que bloqueó una investigación de la Fiscalía, según el expremier.

La denuncia fue presentada el 22 de diciembre del 2015 por la militante aprista Ángela Arminda Valdez Rivera, quien, señaló que la Fiscalía debería investigar las supuestas millonarias fortunas inmobiliarias que García y Nores poseen en diversos países.

Para Cateriano, la Fiscalía de la Nación encarpetó la indagación a García Pérez porque este presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial contra el proceso que tenía dentro de la Megacomisión del Congreso que investigó el presunto mal manejo financiero durante su segunda gestión presidencial.

Entonces, el recurso fue aceptado por la Corte y provocó que el MP no pueda avanzar. “En conclusión: no hubo investigación fiscal y tampoco judicial. La acción de amparo que presentó Alan García impidió la indagación. AG es el único funcionario público con esta clase de privilegios. La técnica de siempre: no aclara, tergiversa, obstruye y logra archivamientos”, manifestó Cateriano.

NO SE HIZO MUCHO

Respecto a este caso, Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló que el fiscal supremo Pablo Sánchez hizo oficios a entidades bancarias, determinó que no hubo enriquecimiento ilícito con el cotejo de sus declaraciones juradas y archivó el caso.

Indicó sobre Pilar Nores que aunque no fue funcionaria pública, la denuncia tenía que haber recaído en una fiscalía común, para que investigue el delito que le corresponde. Producto de la acción de amparo el caso fue archivado en agosto del 2018.

FACTOR NORES

Para Valdez, “García y Nores se mantienen unidos por la fortuna que tienen que compartir, hay algo que no les permite a ambos romper el vínculo del matrimonio, aunque García tiene otra pareja y un hijo”.

Aseguró que Nores es involucrada en la denuncia porque faltando unos meses para que culmine el segundo periodo presidencial de García ellos hacen un régimen de separación de bienes, si ellos están casados por qué optan por esta figura legal. Y así los bienes pasan a ser protegidos por el nombre de Pilar Nores.

Indicó que las pruebas son de los documentos que ha obtenido de los registros públicos, y que las puede obtener cualquier ciudadano.

¿Por qué hay un silencio total? ¿Por qué nunca se le llamó a Pilar Nores a declarar?”, cuestionó Valdez.

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Política

AG no le teme a nadie

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Javier Velásquez Quesquén

Javier Velásquez Quesquén, legislador del Apra, afirmó que no existe ninguna razón para que AG no acuda a la diligencia y sienta algún tipo de temor ante el eventual interrogatorio.

“Lo de mañana (hoy) va a ser una diligencia. El presidente ha respondido estas últimas semanas, 42 o 46 veces ha ido al Ministerio Público y no hay razón para no hacerlo mañana (hoy). ¿Por qué habría de tener miedo?”, aseveró.

“García va a continuar mañana (hoy) con su declaración como también hay otras dos o tres investigaciones en las que nosotros, y digo nosotros porque también hay otra investigación en la que los que fuimos parlamentarios en el 2006, hemos sido llamados por este fiscal para dar nuestro testimonio. ¿Por qué vamos a tener temor, si no tenemos nada que ocultar?”, resaltó.

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Política

Ni candidatura ni cierre del Congreso, asegura Vizcarra

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra reafirmó que no será candidato en las elecciones generales de 2021 y que no ve necesario, en el corto ni el mediano plazo, usar la herramienta constitucional de cerrar el Congreso de la República

“No, no voy a ser candidato en el año 2021. Lo descarto absolutamente”, aseveró el mandatario en una entrevista con Semana Económica, en la que su administración trabajará “con mucha responsabilidad, con mucha transparencia hasta el 28 de julio del 2021”.

CIERRE DEL CONGRESO

“Y ahí entregaremos la posta a quien elija el pueblo peruano para que nos suceda. Nosotros trabajamos enfocados en hacer una buena gestión de gobierno. En ningún momento pensamos en posibilidades de elección, lo que generaría una distorsión en decisiones importantes que tomamos día a día”, remarcó.

Sobre la recurrente demanda de amplios sectores sociales y políticos de cerrar el Parlamento, manifestó que la cuestión de confianza es una herramienta constitucional que el Ejecutivo puede usar para mantener el equilibrio de poderes.

“¿Y cuándo se usa? Cuando sea necesario. Yo no veo ahorita ninguna posibilidad, en el corto ni mediano plazo, de necesitar esa herramienta. En consecuencia, la herramienta está ahí para que se use en caso sea necesario, pero yo, actualmente, en función de los acontecimientos, no veo ninguna necesidad de usarla”, aseveró.

DIÁLOGO CON TODOS

Al reiterar la decisión de conversar con los diversos partidos, anunció que en los próximos días establecerá un diálogo con el Congreso de la República, a través de su presidente, Daniel Salaverry, quien a su vez señalo que se ha iniciado una nueva relación con el gobierno.

“El propio presidente del Congreso, Daniel Salaverry, nos ha pedido reuniones para comenzar a establecer una agenda común y lo vamos a hacer, pero a nivel de instituciones. Y luego lo haremos a nivel de las fuerzas políticas. Estamos dialogando, pero en esta coyuntura estamos priorizando el diálogo con las autoridades que recientemente todos los peruanos han elegido como sus alcaldes y gobernadores”, explicó.

Sobre el diálogo con el Legislativo, precisó que el objetivo es establecer lineamientos claros sobre qué cosas no debe legislar ese poder del Estado al recordar que muchas normas que ha dictado comprometen el presupuesto pese a que el Legislativo carece de iniciativa de gasto.

FUERZA POPULAR Y REFERÉNDUM

De otro lado, sobre la crisis de Fuerza Popular, el mandatario dijo que quizás sea conveniente por el momento que “estemos dialogando con los alcaldes, porque es la prioridad ahora”, a la espera que el partido fujimorista “se estabilice un poco y podamos tener interlocutores válidos para saber con quién conversamos”.

Vizcarra recordó que al asumir la Presidencia el 23 de marzo último, planteó la iniciativa de establecer un pacto social que definió como “un esfuerzo de diálogo nacional para encontrar un rumbo común hacia el desarrollo”, aunque no logró acogida.

ALGO MÁS

Ratificó la opinión de que no debe aprobarse en el referéndum del 9 de diciembre la reforma sobre bicameralidad porque la propuesta original del Ejecutivo sobre el tema fue “desnaturalizada” por el Congreso.

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