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Decretos con nombre propio

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Por eso la empresa Odebrecht se da el lujo de fijar arbitrariamente el monto de dicha reparación en solo sesenta millones de dólares.

En estas Fiestas Patrias en las que renovamos y fortalecemos el espíritu nacional que nos congrega como sociedad, desde el 28 de julio de 1821; no debemos perder de vista que surgimos como República independiente, con el pasivo de asumir una deuda ajena a nosotros.

Los historiadores y estudiosos del tema, saben que en el numeral octavo del Acta de la Capitulación de Ayacucho -con la cual fue sellada nuestra independencia, luego de la memorable batalla en ese lugar, el 9 de diciembre de 1824- se establecía que debíamos asumir la deuda contraída por el gobierno español en nuestro territorio hasta esa fecha; de acuerdo a lo aceptado por el General de División Antonio José de Sucre, Jefe del Ejército Libertador, al General rendido José de Canterac, Jefe del Ejército Realista por parte del rey de España.

Tal espíritu de asumir deudas del vencido que no nos corresponde, o mal pago de lo que nos deben, ha sido una constante a lo largo de nuestra historia republicana. Los mecanismos legales usados para ello han sido, sobre todo en los últimos 30 años, los denominados decretos de urgencia; con los cuales bajo el pretexto de salvar situaciones apremiantes, se dispone del dinero de todos los peruanos.

Aún se recuerda la astronómica suma de setecientos millones de dólares (¡así como lo leen!), que gastó el Estado en la década de los noventa –durante el gobierno de Alberto Fujimori- para efectuar el salvataje financiero del Banco Wise Sudameris y el Banco Latino.

Para esto se emitió decretos con nombre propio, como fueron los Decretos de Urgencia N° 034-1999 y N° 041-1999, con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Banca y Seguros, los ejecutivos de dichos bancos y, todos ellos, contando con el asesoramiento de la banca internacional, como lo fue el JP Morgan, es decir, una gran cruzada para salvar el dinero de los Wise y los Picasso.

Valiéndose del marbete de “urgencia”, los gobiernos de turno suelen disponer de recursos públicos para beneficio de la banca, la gran empresa, así como viabilizar obras carentes de transparencia y medidas de carácter ordinario. Allí están, también, los decretos de urgencia de Alan García para la remodelación del Estadio Nacional y la determinación de escalas salariales de los funcionarios del Estado.

En la actual coyuntura viene siendo objeto de debate político el Decreto de Urgencia N° 003-2017, que ha sido emitido para suspender la transferencia de activos, acciones, participaciones o derechos de empresas concesionarias o de sus socios que hayan sido condenadas o hayan admitido la comisión de los delitos de corrupción o lavado de activos.

En la práctica, sin embargo, se trata de otra norma con nombre propio: Odebrecht, es decir, contrariamente a lo que parece, se promueve con este decreto la protección del patrimonio de sus dueños, ya que no establece ninguna medida eficaz y coercitiva que impida la transferencia de esos bienes. Tampoco promueve la determinación objetiva de la reparación civil en favor del Estado, ya que se ha saltado la posibilidad de hacerlo pericialmente, como sucede en el fuero judicial.

Por ello la empresa se da el lujo de fijar arbitrariamente el monto de dicha reparación en solo sesenta millones de dólares. En una actitud arrogante de: lo tomas o lo dejas. Pretendiendo que el Estado se conforme con lo que ella buenamente quiera darle, es decir, la empresa que, según confesión de uno de sus ejecutivos, ha corrompido a más de milfuncionarios en el mundo, y en nuestro país, ha realizado numerosas mega obras plagadas de corrupción durante más de veinte años, pretende resarcir el daño patrimonial en una bagatela.

Recordemos la grandilocuencia con que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, insiste en las virtudes del decreto de garantizar la cadena de pagos, refiriéndose -obviamente- a los acreedores de la empresa, ya que dicha norma no menciona en ninguno de sus artículos el pago a los trabajadores, como ella lo ha venido sosteniendo demagógicamente. Lo que más sorprende es que, muchos y reconocidos periodistas, vienen repitiendo este argumento con aires de estar difundiendo la suprema verdad filosofal.

Por otro lado, si bien es cierto que dicho decreto contiene materia económica y financiera, no fundamenta en su exposición de motivos el carácter de urgencia ni de interés nacional como lo exige el artículo 118, inciso 19, de la Constitución Política del Estado para su validez constitucional.

Es verdad también que el decreto fue aprobado en la décimo novena sesión ordinaria de la Comisión de Constitución del Congreso, sin embargo, allí se produjo un extraño fenómeno: al momento del debate el presidente de esa Comisión –Miguel Torres- sostuvo que el mismo contenía vacíos que serían corregidos por varios proyectos de ley que ya estaban en camino; por otro lado, la entonces vice presidenta del Congreso –Rosa Bartra-, que formaban parte de esa Comisión, argumentó que el decreto promovía la impunidad. A pesar de ello, con los vacíos y aspectos de impunidad advertidos el decreto fue aprobado por unanimidad (Acta del 09/05/17, pg. 10, en web del Congreso). En este tema el Parlamento y el Poder Ejecutivo jugaron con urgencia y en pared.

Por si fuera poco, y pese a tratarse de una norma con nombre propio y que no cautelar debidamente los intereses del Estado; de acuerdo a la información aparecida en este diario (26/07/17), Odebrecht habría contratado un estudio jurídico norteamericano Quinn Emanuel que estaría preparando una demanda internacional por presuntos daños y perjuicios. Por lo que vemos se siente mal servida. Habiendo dañado el patrimonio y la moral pública de este país, pretendería ahora que le paguemos por sus tropelías.

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Política

Viaje de fiscales acabará con mediatización de muerte de García y salud de PPK

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Hernando Cevallos

El interrogatorio que se inicia mañana martes al exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, se dará en un complejo escenario. El equipo de fiscales peruanos y procuradores ad hoc viajó a Brasil en las últimas horas, mientras consultados por Diario UNO coinciden en que las próximas revelaciones acabarán con el manejo político de la muerte de Alan García.

ADIÓS A LAS ILUSIONES

El congresista del Frente Amplio Hernando Cevallos aseguró que las declaraciones que recojan los fiscales del equipo Lava Jato acabarán con las ilusiones de sectores de la derecha y con la mediatización de las investigaciones, a partir del suicidio de Alan García y el estado de salud del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Las declaraciones que recojan los fiscales que viajan a Brasil pueden acabar con las ilusiones que se han ido generando a partir de la ofensiva de la derecha, al querer mediatizar las investigaciones a partir del suicidio de García y el estado de salud de PPK”, dijo a Diario UNO tras asegurar que todo ello pretende ser vincularlo a una supuesta insistencia desmedida de los fiscales.

Asimismo, indicó: “Sí será importante que Jorge Barata nos dé mayor información que nos permita seguir separando la paja del trigo pero todo ello deberá ser corroborado por el Ministerio Público”.

Walter Albán

RESPALDO CIUDADANO

Sobre esto mismo, el exdefensor del pueblo Walter Albán dijo que el equipo de fiscales del caso Lava Jato debe contar con el respaldo ciudadano y que no se puede tolerar que el aprovechamiento político de la muerte de García frene las investigaciones.

“Lo que ha sucedido tras la muerte de García es un intento de aprovechar políticamente la situación para tratar de frenar los avances en las investigaciones que se han venido desarrollando. Esto no puede ser tolerado y los fiscales del equipo Lava Jato deben contar con el respaldo ciudadano”, aseguró a Diario UNO.

COMPLEJO ESCENARIO

En medio de un complejo escenario tras el suicidio del expresidente Alan García y la orden de detención preventiva del también expresidente Pedro Pablo Kuczynski, los fiscales del Equipo Especial Lava Jato y los procuradores ad hoc viajaron en las últimas horas a la ciudad de Curitiba (Brasil) para coordinar los últimos detalles de los interrogatorios a Jorge Barata.

El exrepresentante de Odebrecht en el Perú tendrá que responder entre el 23 y 26 de abril por diversas investigaciones de la Fiscalía como la carretera Interoceánica, el Metro de Lima, la campaña por la no revocatoria de Susana Villarán y el Club de la Construcción.

DECLARACIONES DE OAS

Simultáneamente a la toma de testimonio de Jorge Barata, los fiscales interrogarán en reserva a exdirectivos de la constructora OAS por los casos de Susana Villarán, Luis Castañeda, Ollanta Humala y el Club de la Construcción.

SIN RESTRICCIÓN SOBRE LAS PREGUNTAS

El fiscal Rafael Vela fue claro en sostener que no habrá ninguna restricción sobre las preguntas y aunque la muerte de García extingue la acción penal en su contra “se extingue la acción penal para él, no para los que fueron sus coinvestigados” ya que los hechos tienen que ser investigados independientemente de la condición que existe ahora por la muerte del expresidente.

Al respecto, Walter Albán asegura: “Barata no puede mentir porque perdería sus beneficios obtenidos en Brasil y los que obtendría con el Ministerio Público peruano. Más allá de lo que anímicamente puede estar influyendo en la persona de Barata, la verdad de los hechos es que tiene que cumplir con los compromisos asumidos”.

Mientras tanto, Cevallos asegura que independientemente a lo que diga Barata se debe buscar la verdad sin presión como la que estarían generado algunos sectores que no quieren la verdad.

SIN IMPUNIDAD

Tras la muerte de García surgen diversas interrogantes sobre la continuidad del proceso en contra suya y contra otros implicados por el presunto pago de coimas de Odebrecht. Al respecto, Hernando Ceballos asegura: “García no puede seguir siendo juzgado o inculpado pero su entorno y los beneficios que con dinero ilícito se hubiera dado, sí es posible ser embargado a solicitud del Ministerio Público si se demuestra que el dinero procedía de una fuente ilegal. Eso lo permite la ley”.

También aseguró que se quiere condicionar la lucha contra la corrupción en función a la edad de Kuczynski o el suicidio de García.“Lo que hable Barata puede contribuir pero esto debe ser corroborado con lo que tiene el Ministerio Público”.

Sobre esto mismo, Walter Albán sostuvo: “Una cosa es que García no pueda ser procesado y otra es que los aspectos que se puedan vincular a él queden excluidos de la investigación; esto es materialmente imposible”.

Asimismo, indicó que puede ser objeto de embargo los depósitos o transferencias bancarias hechas a personas vinculadas a García.

“Hay depósitos o transferencias bancarias hechas a personas vinculadas a García y esto puede ser objeto de embargo. Lo que tiene que ver con disposiciones patrimoniales habrá que ver si se hace por la vía civil”.

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Política

Serán embargados todos los bienes de AG que son producto del delito

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Guillermo Olivera Díaz

La gente se pregunta ¿y qué pasará ahora? Los apristas quieren que se acaben las investigaciones y esto no es así. Si bien AG ya no es investigado, la gente de su confianza sí continuará siendo investigada. Y si se comprueba que AG con dinero mal habido compró inmuebles y otros bienes, estos serán incautados.

Se le aplicará lo que es la extinción de dominio y las indagaciones continuarán a fondo, incluso su familia será expulgada para saber si alguno de ellos es testaferro y esto está amparado por ley. No hay vuelta que darle. El suicidio de AG solamente impide que se le investigue. Nada más. Aunque le duela a la cúpula.

EL BIEN PRODUCTO DE UN DELITO NO ES UN BIEN COMÚN

“La muerte exime una acción penal. El expediente contra Alan García se archiva. Pero no libra la acción penal de sus coimputados, no extingue la acción penal que se les está efectuando”, dijo el jurista Guillermo Olivera Díaz.

Es este sentido se refirió a su exsecretario general Luis Nava, a su hijo, a Atala y su hijo. Todos ellos son coimputados de Alan García en el delito que se llama organización criminal.

“El proceso penal sigue abierto aunque haya fallecido Alan García y con respecto a los bienes del muerto Alan García, todos los que fueron adquiridos con dinero mal habido, no son bienes hereditarios”, precisó.

“Es decir, no pasan a la esposa, no pasan a los hijos; a la esposa pasan los bienes comunes, el bien producto de un delito no es un bien común. Para ello se aplica la ley de extinción de dominio y se le confisca todo el patrimonio que haya de hacerse”, concluyó Guillermo Olivera Díaz.

Alberto Quintanilla

NECESITAMOS SABER LA VERDAD

“El país necesita conocer la verdad. La verdad tiene que ir más allá de la muerte de Alan. Nosotros respetamos el dolor, pero creo que el país necesita conocer la verdad y, a partir de ella, superar los errores”, dijo el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú.

“Si se comprueba que Alan García compró bienes con dinero mal habido, deberá caer todo el peso de la ley como corresponde. Ciertamente eso de decir que no debe seguir investigando es el peor error y en política es lo más inconveniente y eso concluirá con la liquidación del Apra”, declaró.

“Creo que el ataque a los fiscales es otro atropello. Hay que respetar la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial. Es parte del equilibrio de poderes, y hay que defender que así sea”, explicó.

ALGO MÁS

Finalmente, el congresista Quintanilla dijo que el dinero ilícito de AG y de todos los corruptos debe ser embargado, mientras avanzan las investigaciones, de todas las cuentas en donde se encuentran depositadas, porque la ley lo respalda.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Hijo de Nava quiso llevarse la plata

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Rafael Vela Barba

Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, señaló que José Nava Mendiola, hijo del exsecretario personal de Alan García durante su segundo gobierno, Luis Nava, intentó transferir los fondos de sus cuentas en Perú a una en Estados Unidos.

Según contó Rafael Vela, el último miércoles, una semana después de que José Nava Mendiola se enrumbara con destino a Estados Unidos, quiso transferir más de 300 mil soles.

“Que viajara a EE.UU. el mismo día que la Fiscalía solicitó su impedimento de salida revela claramente su voluntad de sustraerse de la acción de la justicia. Además, ha pretendido movilizar todas sus cuentas financieras en el banco BBVA a una cuenta en EE.UU”, reveló.

Por esta razón, indicó, solicitaron el congelamiento de las cuentas de Luis Nava y su hijo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que aceptó el pedido.

“Si quiere transferir todo su patrimonio económico a un banco fuera del país, es porque no pretende regresar. También al señor Nava Mendiola se le han congelado cuentas por más de S/300 mil y alrededor de 200 mil dólares”, precisó.

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