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Decretos con nombre propio

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Por eso la empresa Odebrecht se da el lujo de fijar arbitrariamente el monto de dicha reparación en solo sesenta millones de dólares.

En estas Fiestas Patrias en las que renovamos y fortalecemos el espíritu nacional que nos congrega como sociedad, desde el 28 de julio de 1821; no debemos perder de vista que surgimos como República independiente, con el pasivo de asumir una deuda ajena a nosotros.

Los historiadores y estudiosos del tema, saben que en el numeral octavo del Acta de la Capitulación de Ayacucho -con la cual fue sellada nuestra independencia, luego de la memorable batalla en ese lugar, el 9 de diciembre de 1824- se establecía que debíamos asumir la deuda contraída por el gobierno español en nuestro territorio hasta esa fecha; de acuerdo a lo aceptado por el General de División Antonio José de Sucre, Jefe del Ejército Libertador, al General rendido José de Canterac, Jefe del Ejército Realista por parte del rey de España.

Tal espíritu de asumir deudas del vencido que no nos corresponde, o mal pago de lo que nos deben, ha sido una constante a lo largo de nuestra historia republicana. Los mecanismos legales usados para ello han sido, sobre todo en los últimos 30 años, los denominados decretos de urgencia; con los cuales bajo el pretexto de salvar situaciones apremiantes, se dispone del dinero de todos los peruanos.

Aún se recuerda la astronómica suma de setecientos millones de dólares (¡así como lo leen!), que gastó el Estado en la década de los noventa –durante el gobierno de Alberto Fujimori- para efectuar el salvataje financiero del Banco Wise Sudameris y el Banco Latino.

Para esto se emitió decretos con nombre propio, como fueron los Decretos de Urgencia N° 034-1999 y N° 041-1999, con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Banca y Seguros, los ejecutivos de dichos bancos y, todos ellos, contando con el asesoramiento de la banca internacional, como lo fue el JP Morgan, es decir, una gran cruzada para salvar el dinero de los Wise y los Picasso.

Valiéndose del marbete de “urgencia”, los gobiernos de turno suelen disponer de recursos públicos para beneficio de la banca, la gran empresa, así como viabilizar obras carentes de transparencia y medidas de carácter ordinario. Allí están, también, los decretos de urgencia de Alan García para la remodelación del Estadio Nacional y la determinación de escalas salariales de los funcionarios del Estado.

En la actual coyuntura viene siendo objeto de debate político el Decreto de Urgencia N° 003-2017, que ha sido emitido para suspender la transferencia de activos, acciones, participaciones o derechos de empresas concesionarias o de sus socios que hayan sido condenadas o hayan admitido la comisión de los delitos de corrupción o lavado de activos.

En la práctica, sin embargo, se trata de otra norma con nombre propio: Odebrecht, es decir, contrariamente a lo que parece, se promueve con este decreto la protección del patrimonio de sus dueños, ya que no establece ninguna medida eficaz y coercitiva que impida la transferencia de esos bienes. Tampoco promueve la determinación objetiva de la reparación civil en favor del Estado, ya que se ha saltado la posibilidad de hacerlo pericialmente, como sucede en el fuero judicial.

Por ello la empresa se da el lujo de fijar arbitrariamente el monto de dicha reparación en solo sesenta millones de dólares. En una actitud arrogante de: lo tomas o lo dejas. Pretendiendo que el Estado se conforme con lo que ella buenamente quiera darle, es decir, la empresa que, según confesión de uno de sus ejecutivos, ha corrompido a más de milfuncionarios en el mundo, y en nuestro país, ha realizado numerosas mega obras plagadas de corrupción durante más de veinte años, pretende resarcir el daño patrimonial en una bagatela.

Recordemos la grandilocuencia con que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, insiste en las virtudes del decreto de garantizar la cadena de pagos, refiriéndose -obviamente- a los acreedores de la empresa, ya que dicha norma no menciona en ninguno de sus artículos el pago a los trabajadores, como ella lo ha venido sosteniendo demagógicamente. Lo que más sorprende es que, muchos y reconocidos periodistas, vienen repitiendo este argumento con aires de estar difundiendo la suprema verdad filosofal.

Por otro lado, si bien es cierto que dicho decreto contiene materia económica y financiera, no fundamenta en su exposición de motivos el carácter de urgencia ni de interés nacional como lo exige el artículo 118, inciso 19, de la Constitución Política del Estado para su validez constitucional.

Es verdad también que el decreto fue aprobado en la décimo novena sesión ordinaria de la Comisión de Constitución del Congreso, sin embargo, allí se produjo un extraño fenómeno: al momento del debate el presidente de esa Comisión –Miguel Torres- sostuvo que el mismo contenía vacíos que serían corregidos por varios proyectos de ley que ya estaban en camino; por otro lado, la entonces vice presidenta del Congreso –Rosa Bartra-, que formaban parte de esa Comisión, argumentó que el decreto promovía la impunidad. A pesar de ello, con los vacíos y aspectos de impunidad advertidos el decreto fue aprobado por unanimidad (Acta del 09/05/17, pg. 10, en web del Congreso). En este tema el Parlamento y el Poder Ejecutivo jugaron con urgencia y en pared.

Por si fuera poco, y pese a tratarse de una norma con nombre propio y que no cautelar debidamente los intereses del Estado; de acuerdo a la información aparecida en este diario (26/07/17), Odebrecht habría contratado un estudio jurídico norteamericano Quinn Emanuel que estaría preparando una demanda internacional por presuntos daños y perjuicios. Por lo que vemos se siente mal servida. Habiendo dañado el patrimonio y la moral pública de este país, pretendería ahora que le paguemos por sus tropelías.

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Política

Caso Becerril: prueba de fuego de Fuerza Popular contra la corrupción

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Héctor Becerril

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votará mañana el informe que recomienda destituir e inhabilitar por cinco años al congresista fujimorista Héctor Becerril, quien es actual presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, por haber presionado a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura para que votara por un determinado candidato a la presidencia de ese organismo.

El informe presentado el último viernes por el legislador ponente César Vásquez, de la Alianza Para el Progreso, concluyó que al realizar ese acto, Becerril cometió los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico e infringió varios artículos de la Constitución.

El “Caso Becerril”

A principios del año IDL- Reporteros reveló que el Consejero del CNM Guido Aguila se había reunido con el legislador Becerril, para tratar el tema de la elección del nuevo presidente de ese organismo encargado de nombrar, ratificar y sancionar a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como de nombrar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE. Ambos personajes lo negaron frontalmente y no pasó nada, por falta de pruebas.

Audio confirmatorio

Sin embargo, el 15 de julio último, como parte de la vorágine de la difusión de los “CNM Audios”, el mismo IDL – Reporteros divulgó grabaciones de conversaciones entre Aguila y el consejero Baltazar Morales, en las que ambos claramente confirman que aquella reunión sí se realizó, con lo cual Becerril resultó implicado en actos de tráfico de influencias con el propósito de manipular la elección.

Ratificación de Morales

Tres días después, ante el desmentido de Becerril, el consejero Morales, en una conferencia de prensa, confirmó que en febrero aceptó asistir a la casa de su colega Aguila para conversar con “una persona honorable”, sin que jamás imaginara que se trataría de Becerril, a quien así conoció en persona por primera vez.

Morales reafirmó que el legislador fujimorista intentó convencerle de que votara por Julio Gutiérrez Pebe para presidente del CNM, por el solo hecho de que era “el candidato del fujimorismo”. A esto respondió ratificando que no votaría por Gutiérrez, pues no era el adecuado para el cargo.

Ante esto, la legisladora Indira Huilca, de Nuevo Perú, y Wilbert Rozas, del Frente Amplio, denunciaron a Becerril por infringir los artículos de la Carta Magna, 43 y 45, sobre separación de poderes; el 39 y 44, contra la corrupción y el 150, sobre la independencia del CNM.

Trance difícil

Este es el peor trance que Becerril enfrenta en su vida política, convertido en el fujimorista de mayor rango, confianza y cercanía a su jefa Keiko Fujimori implicado en graves delitos de corrupción, justo cuando ella proclama que es toda una luchadora contra esa conducta delictiva.

Hay quienes esperan que los fujimoristas exculpen a Becerril haciendo uso de su mayoría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, puesto que no disponen de recurso alguno que destruya las evidencias de la presunta actuación delictiva de Becerril.

Usando su mayoría, la semana pasada lo excluyeron de la investigación al exconsejero del CNM, Guido Aguila, por el mismo caso, argumentando que tenía su propia interpelación.

Si su partido lo encubre, la ciudadanía, muy sensibilizada contra la corrupción, percibirá esa acción como una reincidencia del comportamiento del fujimorismo de siempre tapar las acciones delictivas de sus representantes o de tratarlos con guantes de seda.

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Política

Premier y Ministro de Justicia a Constitución

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Vicente Zeballos

El presidente del Consejo de Ministros César Villanueva confirmó su presencia hoy y la del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en la Comisión de Constitución presidida por la congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra, que servirá para explicar la posición que posee el Gobierno en relación al tema de la bicameralidad.

Villanueva manifestó que mantiene una actitud positiva en relación a la aprobación de las reformas planteadas por el Gobierno. Asimismo, dejó en claro que en el Ejecutivo se muestran abiertos a eventuales cambios o mejoras que se hagan para avanzar con dichas propuestas.

“Nosotros nunca hemos dicho: ‘Vayan al pie de la letra, no le quiten ninguna coma’. Lo que hemos dicho es: ‘Háganlo rápido y no desnaturalicen’”, destacó el presidente del Consejo de Ministros.

Asimismo, aseguró que espera con gran optimismo que se cumplan los plazos establecidos por el Congreso en lo que refiere a aprobar hasta el próximo 4 de octubre las cuatro reformas constitucionales propuestas por el presidente Martín Vizcarra.

“El plazo concreto ya lo pusieron los voceros de todas las bancadas para tener listo todos los dictámenes a más tardar el 4 de octubre, dicho por ellos y declarado por ellos. Entonces ya no era necesario estar insistiendo en poner una fecha, porque ya ellos habían autodecidido en cuanto a un cronograma”, agregó el Premier.

El debate de la Comisión de Constitución referido a la bicameralidad se detuvo en el tercer acápite del artículo 90, en el que el gobierno plantea que “el territorio de la República se divide en macrodistritos electorales para la elección de senadores y en microdistritos electorales para la elección de diputados. Así, la participación de César Villanueva y Vicente Zeballos ayudará a brindar mayores detalles en relación a este tema.

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Política

Entre el show de Reggiardo y una soporífera mesa redonda

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Debate elecciones municipales asiento vacío

El primer grupo de los candidatos que postulan a la alcaldía de Lima participó del debate electoral municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el fin de promover el voto informado y conocer sus propuestas para Lima. Pese a trasladarse hasta el Centro de Convenciones de Lima, sede del evento, Renzo Reggiardo, quien lidera las preferencias de la ciudadanía (apenas con 17%), decidió no participar.

Renzo Reggiardo

TALK SHOW

Faltando 10 minutos para que se inicie el debate municipal, programado para las 19:00 horas, el candidato de Perú Patria Segura (PPS), Reggiardo, salió de su vivienda y caminó hasta el Centro de Convenciones, en San Borja, pero solo para entregar una carta al JNE, en la que explica su decisión de no participar del evento.

El excongresista quien al iniciar su campaña se comprometió –a través de firmar el Pacto Ético Electoral del JNE- de participar del debate, se excusó pues dijo ser víctima de “ataques arteros” de sus rivales políticos.

“Me han dicho cobarde, estafador y hasta de pretender incendiar un vehículo. (…) no puedo sentarme en el mismo lugar, darle la mano y tomarme la foto porque es lo políticamente correcto. ¿Qué pasa con mi moral, con mi honor, con mi decencia? Eso no es democracia”, sostuvo Reggiardo al ser abordado por la prensa.

Según el candidato de PPS, sus oponentes han incumplido más de un artículo del Pacto Ético Electoral y acusó al JNE de no tomar oportunamente las medidas correctivas. Incluso calificó el debate de ayer como un “talk show”.

“Solamente por venir al debate, el (JNE) te limpia de todos los incumplimientos violados al pacto ético ¿es eso correcto de parte del ente electoral que ha estado involucrado en casos de corrupción? Lo que se está dando hoy (debate) es un talk show en el que las personas se agreden mutuamente. Yo no voy a hacer parte de ese show”.

Al respecto, Enrique Bernales, titular del Tribunal de Honor del Pacto Ético, respondió a Reggiardo y resaltó que no era una obligación firmar el Pacto Ético y que a través de este no se puede condicionar al JNE.

“El Pacto Ético no es una obligación firmarlo. Se lee. Se propone. Y se firma y adquiere un compromiso real con el elector de cumplirlo. (…) lo que no puede decirse (al JNE) es ‘o usted hace esto o tomo una actitud díscola’, los compromisos son para cumplirlos”, aseguró.

PROPUESTAS

El Debate Municipal 2018 se dividió en seis bloques de temas: visión de Lima al 2022, seguridad ciudadana, movilidad y transporte, pregunta ciudadana, población vulnerable y tema libre. Los participantes tuvieron 1 minuto para exponer sus propuestas sobre dichos puntos.

En el debate de ayer, y según sorteo elaborado por el JNE, participaron un primer grupo de postulantes: Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional), Jorge Villacorta (Peruanos Por el Kambio), Jaime Salinas (Alianza para el Progreso), Esther Capuñay (Unión por el Perú), Jorge Muñoz (Acción Popular), Daniel Urresti (Podemos Perú), Juan Zurek (Somos Perú), Luis Ocrospoma (Perú Nación), Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) y Pablo Silva(Frepap).

El candidato Salinas López Torres propuso crear un foro de empresas por Lima para apoyar la seguridad e implementar cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial. También adelantó que emitirá una ordenanza para que se respete a los peatones y promoverá multas de tránsito ejemplares.

En lo referido a transporte, Jorge Villacorta dijo que su gestión aliviará el caótico tránsito en la ciudad regulando las horas de circulación de camiones y vehículos pesados. Asimismo, aseguró que su gestión terminará las obras pendientes, como la extensión del Metropolitano desde la estación El Naranjal hasta el distrito de Carabayllo, la Vía Expresa hasta la Panamericana, y agilizar la línea 1 del Metro de Lima.

Por su parte, Muñoz dijo que aplicará su plan Lima 360 de seguridad que prioriza la coordinación con la Policía Nacional y empodera a la mujer en acciones de prevención. Exhortó al electorado no dejar en “manos de improvisados” el futuro próximo de la ciudad capital.

Mientras que Daniel Urresti propuso señalizar correctamente toda la ciudad, la instalación de cuatro mil semáforos, y solucionar 600 intersecciones que actualmente son un embudo. Además, de regular el tránsito de camiones y vehículos pesados para que solo puedan circular en horas de la noche.

Esther Capuñay dijo que instalará cámaras e iluminará las calles para enfrentar la inseguridad ciudadana. Asimismo, adelantó que de llegar a la alcaldía implementará escuelas metropolitanas de seguridad que capacitarán al Serenazgo.

El candidato por Perú Nación, Luis Ocrospoma, aseveró que impondrá un toque de queda para jóvenes menores de 16 años de edad que salgan a las calles sin permiso de sus padres. Dijo que su gestión estará enfocada en una Lima verde, donde las familias se sientan seguras.

El próximo domingo se continuará con el debate y el segundo grupo de candidatos. Ojalá haya un intercambio de propuestas y no shows personales ni una invitación al sueño.

ALGO MÁS

Pablo Silva, candidato del Frepap, propuso convertir a Lima en una ciudad moderna, sostenible e inclusiva. Por su parte, Zurek, subrayó que su propuesta para instalar una red de teleféricos reducirá en gran medida el tiempo que los limeños emplean para trasladarse de un lugar a otro de la capital. Mientras que Castañeda Pardo ofreció la instalación de semáforos inteligentes y el fortalecimiento del servicio del Metropolitano y los corredores viales.

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