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Decídase a convocar a referéndum o Asamblea Constituyente…

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Gente caminando en la calle

A estas alturas, y a medida que siguen apareciendo nuevos audios que revelan la descomposición moral de nuestro sistema de justici, que comprometen a distintos personajes de otros poderes del Estado, es inevitable la sensación de estar ante un remake de los 90.

Entonces, el siniestro Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori controlaban el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)) y el Congreso de la República, desde la salita del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), comprando jueces, fiscales y congresistas, al peso y en fajos de dólares; como lo testimonian vídeos que han vuelto a circular por las redes en estos días.

Hoy no vemos esas imágenes, pero escuchamos descarnados diálogos que mueven al asombro y sublevan la indignación, que cual fantasma del pasado, llevan a pensar a mucha gente que esto no tiene solución. Claro que sí la tiene. Es cuestión de mover las aguas desde el fondo para drenar la podredumbre. Los hombres de firme convicción nunca perdemos la fe.

En nuestra columna anterior (09/07/18) dijimos que, dada la magnitud de los hechos y personajes comprometidos, la pelota e iniciativa de reformas estaba en la cancha del presidente de la República, Martín Vizcarra. No se necesitaba estar iluminado, era cuestión de mirar a profundidad.

A los dos días, y luego de pedir tímidamente que el Congreso aplique el artículo 157 de la Constitución para remover a los miembros del CNM implicados en los diálogos mafiosos, el primer mandatario salió a comunicar la creación de una comisión que propondría una reforma integral del sistema de justicia, que sería anunciada en su discurso del próximo 28 de julio.

Gente caminando en la calle

Sin embargo, creemos que el mecanismo elegido no es el que los tiempos demandan, ya que tal propuesta dejaría la reforma en manos del Congreso, que, como sabemos, está controlado por la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular, cuyos voceros más connotados han atacado la difusión de los audios, en defensa indirecta de los implicados.

Una de las primeras reacciones de esa bancada ha sido querer sentar en el banquillo de la Comisión de Fiscalización a los periodistas, Gustavo Gorriti y Roxana Cueva; no solo por haber difundido los audios, sino, para evitar que sigan haciéndolo con otros tal vez más comprometedores. Así como en los 90 se convertía al denunciante en denunciado para acallarlo.

El grosero afán de descalificar a los periodistas ha sido mejor expresado en el peculiar estilo de Héctor becerril, que ha tildado a Gorriti como “el nuevo Montesinos de nuestro país”; evidenciando el interés que tienen en que no se descubra lo que se viene en las próximas semanas.

Como el presidente Vizcarra percibe que con una bancada así no podrá tener éxito ninguna propuesta de reforma, ha dado otro pasito adelante anunciando, a través del ahora exministro Salvador Heresi, que si el Congreso no tiene voluntad política podría convocar a un referéndum.

Esto expresa una tibia decisión que aún estaría cuajando en su pensamiento, pero que deberá asumirla rápidamente y con firmeza. La grave crisis que atraviesa el país lo exige. La nación en pleno debe ser movilizada en torno al debate de las grandes reformas del Estado, el sistema de justicia, los partidos políticos, los mecanismos de transparencia y participación ciudadana. La sociedad civil debe sumarse protagónicamente a la acción institucional de extirpar de raíz a los que negocian con las rebajas de pena o absolución a delincuentes.

Esto, en efecto, solo se hace mediante la convocatoria a referéndum, o a una Asamblea Constituyente para abrir nuevos espacios e incorporar a las fuerzas políticas sanas de la sociedad al debate político institucional. De lo contrario las propuestas del Ejecutivo ante el Congreso se perderán, a partir de agosto, en interminables debates bizantinos.

Por de pronto, los ideólogos mediáticos de Fuerza Popular ya han empezado a dar los primeros golpes para hacer abortar la iniciativa del mandatario, Martín Vizcarra, afirmando que éste “ha constituido una comisión plagada de caviares (…) compuesta por enemigos jurados de la bancada mayoritaria”, la cual “va camino al más rotundo fracaso, pues de esa bancada mayoritaria depende que cualquier propuesta de la susodicha comisión llegue a buen puerto” (Político.pe).

Está notificado, señor Presidente. El camino no será fácil. Tenga presente que los audios han ido descubriendo una telaraña gansteril cuyas redes han empezado a desmadejarse interceptando los teléfonos de la banda criminal de Gerson Gálvez (a) “Caracol”, trepando a la Corte Suprema, el Consejo Nacional de la Magistratura, algunos despachos congresales, y llegar hasta la misteriosa “Señora K…la Fuerza N° 1”.

Esa telaraña tiene ramificaciones en las más altas esferas del poder y ya vemos que en sus nudos se entrelazan el crimen organizado, la magistratura y la delincuencia política. A un mandatario sin partido, cuadros ni sólida bancada parlamentaria, y ante el peligro de que esa telaraña lo estrangule, solo le queda tomar de la fuente originaria de voluntad popular. Decídase a convocar ya a referéndum o Asamblea Constituyente, señor Presidente.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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