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De qué color será octubre

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De qué color será octubre

Las próximas elecciones en Brasil (5 de octubre), Bolivia (12 de octubre) y Uruguay (26 de octubre) con seguridad definirán el rumbo próximo de América Latina.

A fines de la década de los setenta, con las elecciones en Ecuador y República Dominicana de 1978, comenzó lo que muchos han llamado la Tercera Ola Democrática en América Latina. En los años siguientes se sumaron a esta llamada Ola, Perú, Brasil y otros países.

Podemos decir que en la mayoría de países de la región lo que existe hoy es una democracia electoral relativamente consolidada. Un buen ejemplo son las 78 elecciones presidenciales realizadas desde esa fecha hasta ahora en América del Sur.

Para las fuerzas de izquierda y progresistas el ingreso a esta ola democrática comenzó en 1970 con el triunfo de Salvador Allende en Chile. Por primera vez un socialista accedía a la presidencia mediante la vía electoral, algo muy distinto, por cierto, a la lucha armada que era lo dominante en la izquierda. Como sabemos, Allende fue derrocado tres años después inaugurando (el golpe en Brasil en 1964 fue el inicio de esta cadena) una de las más siniestras noches para la región.

Hoy lo que marca la política ya no son las posibilidades de iniciar una nueva etapa de insurrecciones o golpes militares cruentos, más allá que esto último sea una tentación, como lo demuestran los casos hondureño, peruano y paraguayo, sino más bien los procesos electorales.

No hay que olvidar que la etapa de cambio e inclusión que vive la región comenzó, más allá de la opinión que se tenga, con el triunfo electoral en 1998 de Hugo Chávez en Venezuela. De esa fecha hasta ahora en América Latina lo dominante ha sido gobiernos electos de clara orientación progresistas o de izquierda.

Dicho de otra manera, son las elecciones y sus resultados los procesos que marcan el rumbo u orientación política en la región. Por ello no es extraño que en la mayoría de países el conflicto social y político se haya incrementando como sucedió hace pocos meses en Venezuela.

Por eso las próximas elecciones en Brasil (5 de octubre), Bolivia (12 de octubre) y Uruguay (26 de octubre) con seguridad definirán el rumbo próximo de América Latina. De esos tres procesos electorales el más importante es el de Brasil, donde, luego de tres periodos presidenciales dominados por el Partido de los Trabajadores (PT), la posibilidad de que termine el ciclo petista no es lejana.

También algo parecido se puede decir sobre Uruguay donde el Frente Amplio, pese a que las diversas encuestas lo dan como ganador en primera vuelta, al igual que Dilma Rouseff en Brasil, los pronósticos en segunda vuelta son inciertos para Tabaré Vásquez, expresidente y candidato por el FA.

Lo más seguro, hasta ahora, es el triunfo de Evo Morales en Bolivia. La mayoría de las encuestas muestran que el candidato del Movimientos al Socialismo (MAS) ganaría con más del 50 %.

Sin embargo, donde se juega en cierta manera el futuro progresista de la región es en Brasil. Se podría decir que por el momento no hay nada seguro y que las elecciones se tendrán que definir entre Dilma Rousseff, candidata del PT y Marina Silva del PSB.

Marina Silva, llamada la “caperucita roja —o mejor dicho, verde— de la derecha”, fue trotskista en su juventud y sindicalista con Chico Méndez. Militó treinta años en el PT, de los que dieciséis fue senadora por ese partido y cinco Ministra de Medio Ambiente con Lula, cargo del que salió en 2008.

En 2010 funda el Partido Verde y como candidata a las presidenciales obtiene 20 millones votos. En el 2013 lanza un nuevo partido con el nombre de Red de Sustentabilidade (Rede). Y, en el 2014, aparece como candidata a la vicepresidencia con Eduardo Campos en la candidatura del Partido Socialista Brasileño (PSB) para, finalmente, sustituirlo, después de su trágico accidente, como candidata a la presidencia.

Aunque Marina Silva se define como ecologista, como afirma un cable de Prensa Latina, ha incorporado en sus planes electorales al segmento del agronegocio y a los productores de alcohol para combustible, que apoyan a su actual compañero de fórmula, Beto Albuquerque.

Asimismo, su amiga y multimillonaria Maria Alice Setubal, hija del fundador del Banco Itaú, entidad que realizó una elevada donación para su primera postulación presidencial en 2010, es coordinara de su campaña. Por otro lado, varios economistas próximos a Fernando Henrique Cardoso son parte de su entorno más cercano.

Por eso no es extraño, como señala Emir Sader, que destaquen tres puntos en el programa de Silva abiertamente de derecha: la independencia del Banco Central, la disminución del perfil del pré sal (se refiere a la explotación de petróleo en el mar por PetroBras), y sus críticas a Mercosur y su propuesta de sustituirlo, en la práctica, por acuerdos bilaterales (léase TLC con EEUU y la Unión Europea) y mediante un acercamiento con la Alianza del Pacífico. Los tres puntos no podrían ser más significativos, porque chocan directamente con las orientaciones de los gobiernos de Lula y de Dilma.

Para Sader, (Página 12: 04/09/14) los tres puntos, en su conjunto, apuntan hacia un proyecto de orientación netamente neoliberal y representan “un regalo para la derecha brasileña y para Estados Unidos, que estaban cerca de ver a sus candidatos y sus tesis derrotadas una vez más. El monopolio privado de los medios de comunicación –el verdadero partido de la derecha– sin duda obtendría una gran victoria, en caso de que su nueva candidata lograra derrotar al gobierno del PT –objetivo único, por medio de cualquier vía, de la derecha brasileña y de Washington–. Eso es lo que está en juego ahora en Brasil”.

Y se podría añadir, no solo en Brasil sino también en la región. Más aún si le añadimos la ofensiva contra Argentina por los “fondos buitre” y un visible desgaste y cansancio del gobierno venezolano.

Henry Kissinger dijo hace muchos años que donde se inclinaba Brasil se inclinaba la región. Eso lo sabe muy bien la derecha brasileña e internacional, el gobierno de EEUU y Marina Silva, esta suerte de Ollanta Humala brasileña.

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Política

Tribunal Constitucional y Corte Suprema petardean la lucha contra la corrupción

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Juan José Quispe

El jurista Juan José Quispe, del Instituto de Defensa (IDL), remarcó que existe toda una campaña de demolición de diferentes sectores políticos, que pasa por el presidente del Tribunal Constitucional y luego por el Defensor del Pueblo, y otros altos funcionarios como ministros, congresistas, que se quieren traer abajo el proceso anticorrupción.

“Los fiscales tienen las pruebas judiciales respecto de los casos que están en su poder. Ahora le han tirado la pelota al Congreso para que modifique la ley del Código Procesal Penal referida al Artículo 278 que habla sobre las prisiones preventivas, el arresto domiciliario y demás figuras que tienen que ver con los casos de la corrupción de funcionarios”, precisó.

HAY 30,200 CASOS DE PRISIÓN PREVENTIVA

“Yo alerto a la ciudadanía, alerto al Perú, que prontamente van a ver cambios, no solamente en el ámbito del Congreso modificando normas, y que ya hay primeros indicativos la Corte Suprema de Justicia de la ejecutoria de casación (la 1445/2018) dada el 11 de abril emitida por la Sala Penal Permanente presidida por San Martín sobre el peligro de fuga”, explicó.

“Ahora, el presidente del Tribunal Constitucional que está opinando como si fuera un ciudadano de a pie a pesar de que su posición luego va a ser contrastada con alguna resolución que llegue a su despacho vía hábeas corpus de acción de amparo, como el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia”, remarcó.

“Todos están contra la prisión preventiva porque teóricamente es la última ratio, pero que solamente se está persiguiendo a diez casos de personas. Pero nosotros nos ponemos a señalar que el universo de casos con prisión preventiva, de presos sin sentencia, son 30,200 y nadie se ha preocupado por ellos”, declaró.

ENTROMETIENDO EN LA FISCALÍA

“Lo que quieren es que la prisión preventiva, que analizan teóricamente y no la práctica, sea una suerte de última ratio, cuando ni siquiera han leído el expediente judicial, y vean los casos de Keiko Fujimori, PPK, Alan García que ya está muerto, Ollanta Humala, del señor Nava, de Cornejo, de la señora Susana Villarán, verán que son casos muy excepcionales y donde aparece ya no solamente la Fiscalía sino el Poder Judicial, han encontrado elementos razonables de graves inculpados que los vincula con los delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios”, subrayó.

“Pero sobre todo han encontrado -agregó- que esas personas tienen esa condición de poder fugarse del país o de perturbar las investigaciones. Todos dicen ‘pobrecito el señor PPK’, una persona de 81 años, a quien debe dársele arresto domiciliario, porque la norma así lo establece y su abogado así lo dice”.

“Yo le digo que la norma establece el arresto domiciliario en el Código Procesal Penal, establece que cuando a una persona se le debe imponer la prisión preventiva, pero que podría imponérsele el arresto domiciliario, le puede imponer siempre y cuando cumpla cuatro requisitos, uno detrás de otro: que tenga más de 65 años, el segundo es que tenga una enfermedad terminal, el tercero que tenga una incapacidad física y el cuarto que sea una persona embarazada”, declaró.

EL CASO DE PPK

“PPK encaja en el primer supuesto, pero la norma dice ‘siempre que’, un requisito sine qua non, un requisito que nunca falta que es que no perturbe las investigaciones. El juez no fue Carchuancho, a quien le decían el juez carcelero, fue otro juez. Pero la propia Corte Suprema y el Tribunal Constitucional están petardeando al sistema anticorrupción”, señaló.

“Todos los investigados van a gozar de libertad, pero no se dan cuenta de algo: El arresto domiciliario es un saludo a la bandera, porque los juzgados irán a sus juicios orales, pero a la hora de la sentencia desaparecerán o fugarán del país”, sentenció.

“A mí me causa gracia cuando PPK dice: ‘Yo no tengo plata, me han congelado mis cuentas, no tengo cómo pagar a mis abogados’, debemos creer que el señor Nakazaki no le cobra un solo centavo por defender a PPK, hay que ser ilusos para creer eso. Los corruptos guardan su dinero a cuenta de otros”, agregó.

ALGO MÁS

“Además, no sería raro que esta semana se presente la casación a favor de Keiko Fujimori y que la próxima semana salga libre, gracias a la norma de la Corte Suprema”, concluyó el jurista Quispe de IDL.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Junta Nacional de Justicia debe continuar lucha contra la corrupción

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Junta Nacional de Justicia

La aprobación de las bases para la elección de los próximos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha generado expectativa entre la opinión pública y los consultados por Diario UNO, quienes esperan que la nueva institución contribuya a la lucha contra la corrupción que actualmente se viene librando.

ROMPER CON LA CORRUPCIÓN

El congresista de Nuevo Perú Alberto Quintanilla dijo estar a la expectativa de que la JNJ rompa con la corrupción que se estuvo dando en el CNM.

“Como todos los peruanos, estamos a la expectativade que la Junta Nacional de Justicia respete los principios liberales, tenga legitimidad y rompa con la corrupción que se estuvo dando al interior del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura”, dijo al Diario UNO.

Asimismo, pidió a la nueva institución que guarde autonomía y no concentrar poder como lo hizo el CNM.

“La nueva junta debe tener autonomía si va a ser quien fiscalice a los otro poderes del Estado. Además, no debe cometer el mismo error de concentrar poder como lo hizo el desaparecido consejo”, advirtió.

COLMAR EXPECTATIVAS

El abogado penalista Luis Tudela Varela pidió no antelar juicio antes de conocer el accionar de los integrantes de la junta pero espera que la nueva institución cumpla su cometido y colme las expectativas populares.

“Siempre las innovaciones nos causan expectativas; no podemos antelar juicio mientras no veamos el actuar de la personas. Deseamos que los miembros de la Junta Nacional de Justicia realmente cumplan su cometido y sobre todo colmen las expectativas populares”, dijo a Diario UNO.

SIN VERICUETOS

Por su parte, el exprocurador Pedro Gamarra dijo esperar que la nueva institución luche contra la corrupción frontalmente y sin vericuetos que hagan volver a lo que se daba con el CNM.

“Espero que la Junta Nacional de Justicia pueda coadyuvar con la lucha contra la corrupción. Todos esperamos que la lucha se dé frontalmente y sin ningún vericueto que nos haga volver a lo mismo que se daba en el Consejo Nacional de la Magistratura”, afirmó a Diario UNO.

BASES PARA CONCURSO

La Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia aprobó ayer las bases para la elección de los próximos integrantes de la JNJ, organismo que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.

PLAZOS

Las bases fueron publicadas hoy en el diario oficial El Peruano y a partir de mañana miércoles se podrán realizar las postulaciones. La tabla de resultados de los siete titulares de la JNJ, así como los suplentes aparecerá el 18 de julio y juramentación de los integrantes se efectuará el 19 de julio.

CUATRO PRUEBAS

Los candidatos para integrar la JNJ deberán pasar cuatro pruebas:

Evaluación patrimonial: Se revisará la declaración jurada de bienes y renta del postulante, para conocer la existencia o no de un desbalance patrimonial.

Prueba socioeconómica: Será en base a la evaluación de conflictos de interés, para conocer si existe esta situación en los postulantes.

Evaluación psicológica: Se conocerá si el postulante es apto para desempeñar el cargo, considerando el estrés y responsabilidad que implica ser miembro de la JNJ.

Prueba psicométrica: Se evaluará los niveles mínimos de razonamiento verbal y lógico necesarios para el desempeño de los procesos de selección y ratificación.

Las tres primeras evaluaciones estarán a cargo de la Contraloría de la República y la cuarta bajo la secretaría técnica, a cargo de la Defensoría del Pueblo. Para la fase de entrevistas, los miembros de la Comisión Especial tendrán cuatro informes de cada postulante a la Junta Nacional de Justicia.

CLAMOR POPULAR

El referéndum del pasado 9 de diciembre arrojó que casi el 80% de votantes estuvo de acuerdo con la nueva conformación de la JNJ, sintiendo la necesidad de cambiar la imagen que dejó el desactivado CNM, a fin de tener un organismo que haga más eficiente un sistema de administración de justicia que entró en crisis tras la actuación del desaparecido CNM, que designó a magistrados no idóneos y la falta de sanción para quienes no tenían una actuación adecuada, a pesar de las recomendaciones de los organismos de control del Poder Judicial y el Ministerio Público.

IMPUNIDAD EN EL CNM

La impunidad se hacía notoria cuando solo el 50.1% de las proposiciones de sanción de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) fueron admitidas por el CNM. Las razones por las que no se destituyó a los magistrados implicados en los audios ventilados por IDL- Reporteros solo son de conocimiento de los exconsejeros.

Sobre esto, Tudela Varela señaló: “Todo el mundo sabía que dentro de la administración de justicia había personas que lamentablemente estaban en el lugar equivocado; para muchos su lugar era la cárcel, para otros era la destitución y para otros era no pisar más el Poder Judicial”

SOLO ABOGADOS

Uno de los cambios en la JNJ respecto al CNM es que todos sus integrantes serán abogados y este organismo tendrá la facultad de imponer sanciones menores a los magistrados.

Al respeto, Tudela Varela sostiene: “Me parece excelente; lamentablemente hay mucha discrepancia con la actuación de los abogados pero quien mejor que ellos para responsabilizarse de la justicia”

Por su parte, Pedro Gamarra reconoció que se priorice a los abogados pero que ello no garantiza un buen desempeño en l administración de justicia ya que la mayoría de los magistrados involucrados en actos de corrupción ejercen la Abogacía.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Se suspendió interrogatorio a expresidente de OAS

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Rafael Vela Barca y José Domingo Pérez Gómez

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, confirmó que el interrogatorio a Leo Pinheiro, expresidente de la empresa OAS, se suspendió por la inasistencia de su abogado peruano Fernando Silva, quien tuvo un retraso en su vuelo.

“Ha habido un contratiempo con la defensa de la persona que hemos venido a interrogar. La defensa ha tenido un retraso en su vuelo y por esa razón se ha determinado por parte de la justicia brasilera que la diligencia se lleve a cabo mañana”, señaló

La sesión se realizará este martes 23 en simultáneo con el interrogatorio a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, quien le consultará sobre los aportes de campaña al Partido Aprista y el caso del Tren Eléctrico.

El fiscal Vela señaló que el retraso de la diligencia que se debió realizar esta mañana no afectará las labores de la Fiscalía.

“Está planificado que las diligencias se puedan llevar a cabo porque, además, nosotros somos un equipo de fiscales y en esa medida hay fiscales que asistirán”, precisó al ser consultado sobre las diligencias que se realizarán en los próximos días en la ciudad Curitiba, Brasil.

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