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De qué color será octubre

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De qué color será octubre

Las próximas elecciones en Brasil (5 de octubre), Bolivia (12 de octubre) y Uruguay (26 de octubre) con seguridad definirán el rumbo próximo de América Latina.

A fines de la década de los setenta, con las elecciones en Ecuador y República Dominicana de 1978, comenzó lo que muchos han llamado la Tercera Ola Democrática en América Latina. En los años siguientes se sumaron a esta llamada Ola, Perú, Brasil y otros países.

Podemos decir que en la mayoría de países de la región lo que existe hoy es una democracia electoral relativamente consolidada. Un buen ejemplo son las 78 elecciones presidenciales realizadas desde esa fecha hasta ahora en América del Sur.

Para las fuerzas de izquierda y progresistas el ingreso a esta ola democrática comenzó en 1970 con el triunfo de Salvador Allende en Chile. Por primera vez un socialista accedía a la presidencia mediante la vía electoral, algo muy distinto, por cierto, a la lucha armada que era lo dominante en la izquierda. Como sabemos, Allende fue derrocado tres años después inaugurando (el golpe en Brasil en 1964 fue el inicio de esta cadena) una de las más siniestras noches para la región.

Hoy lo que marca la política ya no son las posibilidades de iniciar una nueva etapa de insurrecciones o golpes militares cruentos, más allá que esto último sea una tentación, como lo demuestran los casos hondureño, peruano y paraguayo, sino más bien los procesos electorales.

No hay que olvidar que la etapa de cambio e inclusión que vive la región comenzó, más allá de la opinión que se tenga, con el triunfo electoral en 1998 de Hugo Chávez en Venezuela. De esa fecha hasta ahora en América Latina lo dominante ha sido gobiernos electos de clara orientación progresistas o de izquierda.

Dicho de otra manera, son las elecciones y sus resultados los procesos que marcan el rumbo u orientación política en la región. Por ello no es extraño que en la mayoría de países el conflicto social y político se haya incrementando como sucedió hace pocos meses en Venezuela.

Por eso las próximas elecciones en Brasil (5 de octubre), Bolivia (12 de octubre) y Uruguay (26 de octubre) con seguridad definirán el rumbo próximo de América Latina. De esos tres procesos electorales el más importante es el de Brasil, donde, luego de tres periodos presidenciales dominados por el Partido de los Trabajadores (PT), la posibilidad de que termine el ciclo petista no es lejana.

También algo parecido se puede decir sobre Uruguay donde el Frente Amplio, pese a que las diversas encuestas lo dan como ganador en primera vuelta, al igual que Dilma Rouseff en Brasil, los pronósticos en segunda vuelta son inciertos para Tabaré Vásquez, expresidente y candidato por el FA.

Lo más seguro, hasta ahora, es el triunfo de Evo Morales en Bolivia. La mayoría de las encuestas muestran que el candidato del Movimientos al Socialismo (MAS) ganaría con más del 50 %.

Sin embargo, donde se juega en cierta manera el futuro progresista de la región es en Brasil. Se podría decir que por el momento no hay nada seguro y que las elecciones se tendrán que definir entre Dilma Rousseff, candidata del PT y Marina Silva del PSB.

Marina Silva, llamada la “caperucita roja —o mejor dicho, verde— de la derecha”, fue trotskista en su juventud y sindicalista con Chico Méndez. Militó treinta años en el PT, de los que dieciséis fue senadora por ese partido y cinco Ministra de Medio Ambiente con Lula, cargo del que salió en 2008.

En 2010 funda el Partido Verde y como candidata a las presidenciales obtiene 20 millones votos. En el 2013 lanza un nuevo partido con el nombre de Red de Sustentabilidade (Rede). Y, en el 2014, aparece como candidata a la vicepresidencia con Eduardo Campos en la candidatura del Partido Socialista Brasileño (PSB) para, finalmente, sustituirlo, después de su trágico accidente, como candidata a la presidencia.

Aunque Marina Silva se define como ecologista, como afirma un cable de Prensa Latina, ha incorporado en sus planes electorales al segmento del agronegocio y a los productores de alcohol para combustible, que apoyan a su actual compañero de fórmula, Beto Albuquerque.

Asimismo, su amiga y multimillonaria Maria Alice Setubal, hija del fundador del Banco Itaú, entidad que realizó una elevada donación para su primera postulación presidencial en 2010, es coordinara de su campaña. Por otro lado, varios economistas próximos a Fernando Henrique Cardoso son parte de su entorno más cercano.

Por eso no es extraño, como señala Emir Sader, que destaquen tres puntos en el programa de Silva abiertamente de derecha: la independencia del Banco Central, la disminución del perfil del pré sal (se refiere a la explotación de petróleo en el mar por PetroBras), y sus críticas a Mercosur y su propuesta de sustituirlo, en la práctica, por acuerdos bilaterales (léase TLC con EEUU y la Unión Europea) y mediante un acercamiento con la Alianza del Pacífico. Los tres puntos no podrían ser más significativos, porque chocan directamente con las orientaciones de los gobiernos de Lula y de Dilma.

Para Sader, (Página 12: 04/09/14) los tres puntos, en su conjunto, apuntan hacia un proyecto de orientación netamente neoliberal y representan “un regalo para la derecha brasileña y para Estados Unidos, que estaban cerca de ver a sus candidatos y sus tesis derrotadas una vez más. El monopolio privado de los medios de comunicación –el verdadero partido de la derecha– sin duda obtendría una gran victoria, en caso de que su nueva candidata lograra derrotar al gobierno del PT –objetivo único, por medio de cualquier vía, de la derecha brasileña y de Washington–. Eso es lo que está en juego ahora en Brasil”.

Y se podría añadir, no solo en Brasil sino también en la región. Más aún si le añadimos la ofensiva contra Argentina por los “fondos buitre” y un visible desgaste y cansancio del gobierno venezolano.

Henry Kissinger dijo hace muchos años que donde se inclinaba Brasil se inclinaba la región. Eso lo sabe muy bien la derecha brasileña e internacional, el gobierno de EEUU y Marina Silva, esta suerte de Ollanta Humala brasileña.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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