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De Lava Jato a LavaPetrolero

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Hidrocarburos refinería de petróleo

El proyecto de ley del saqueo de petróleo/gas, es producto de una corruptela lobista más grande que la del Lava Jato, afirma el autor sobre el proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos.

En el Congreso, la nueva IPC (Frontera/Energy) y sus socios políticos, asustados al no poder responder a las fundadas denuncias contra su proyecto lobista de Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), buscan precipitar su inmediata aprobación en el Congreso de la República.

Tratan que se apruebe en la inmediata sesión del Pleno, pese a las objeciones sustantivas que se expresan mayoritariamente en el país y a que los propios ministerios de Energía y Minas y del Ambiente, incluso la empresa Petroperú, han también formulado.

Apuntan, a privatizar y desnacionalizar el sector y sus recursos petroleros (los lotes, el oleoducto, la refinería y la propia Petroperú) así como los del gas de Camisea (mercado interno y exportación), actuando como pitiyanquis conquistadores.

Pretenden saquear nuestras reservas. Las reservas probadas se estiman en US$ 10,289 millones en los lotes de Savia, Graña y Montero, Monterrico, Sapet, CNPC, Pluspetrol, Maple, Aguaytía. (Considerando un precio de US$ 52 barril, por un total de 2.8 billones de dólares).

Edificio de PetroPerú

ENTREGUISMO

Se ponen estas reservas a libre disponibilidad de las contratistas por los próximos 80 años, sin posibilidad de reclamo, y sujeta la soberanía al CIADI y otros organismos internacionales. Sobre esta riqueza está en curso el LavaPetrolero, el que incluye también el mantener las condiciones fraudulentas del gas de Camisea, en exportación, distribución, procesamiento y abastecimiento nacional.

Dicen que la LOH no servirá para entregar el lote 192 a Frontera Energy. Falso: sí quieren entregar este clave lote 192 a Frontera Energy. La III disposición complementaria del dictamen solo hace referencia a la ley 30130, cuando Perupetro sabe que existe la ley 30357 que entrega el lote a Petroperú, lote con reservas probadas valorizadas en 13,000 millones de dólares.

Con maniobras ilegales no le han dado a Petroperú, pero sí se lo han cedido a Energy/Frontera, evadiendo su calificación. A Petroperú intencionalmente la han bloqueado. Se resisten a entregar el lote a Petroperú, pese al mandato de la ley, y pese a que es clave para la Refinería de Talara, la que se ha modernizado justamente para trabajar con este crudo pesado, y con el petróleo que Ecuador piensa sacar por Perú.

Dicen que sí se permite la participación de Petroperú en los contratos. Falso. Pese a que Petroperú pidió a la Comisión de Energía del Congreso, que se cumplan con la ley, no se tomó en cuenta. De esta forma, no solo saquean al Perú, sino que el Estado no tiene la posibilidad de capitalizarse. Y se privatiza la propia soberanía energética nacional.

LOBISTA, CORRUPTA, ILEGAL…

Dicen que esta ley no es un saqueo a favor del lobby petrolero de la nueva IPC. Falso. Es una ley lobista corrupta, ilegal e inconstitucional, a favor de un grupo de empresas, las que durante 30 años de sus contratos no invirtieron nada en exploración. Se enriquecieron con las reservas probadas que Petroperú había conseguido con inversión propia.

Pese a tener un tiempo precios altos del petróleo, no invirtieron. Obtuvieron pingües ganancias, pero no invirtieron. Ahora, con el lobismo LavaPetrolero, quieren extender por 20 años sus contratos para terminar de sacar el petróleo probado, pero con grandes beneficios para ellos, quitándoselos a la nación. Los contratos por vencer pagan entre 16 y 50% de regalías, con esta ley pagarán el 5%. Los nuevos contratos tendrán un plazo de 80 años con regalías de 5%.

Este lobby de empresas, ahora con esta nueva ley quiere modificar sus contratos para favorecerse, desfalcando a Petroperú, que debería convocar a nuevos socios para un contrato de servicios. Esta acción lobista significará la pérdida por parte del Estado peruano de 15,000 millones de dólares.

Dicen que esta LOH no establece plazos hasta la extinción del petróleo en los pozos. Falso. Los nuevos contratos serán de hasta 80 años, rebajando las regalías a casi nada. Les regalan el Petróleo y sus utilidades.

Dicen que Perupetro no será un superministerio. Falso. Perupetro aprueba los contratos solo con acuerdo de un directorio de una entidad diseñada como órgano inconstitucional que se apropia de la soberanía del recurso, y de funciones básicas de otros ministerios, como pasa con los del Ambiente y Cultura.

Y pisotea los derechos de los pueblos indígenas, y de las poblaciones de las zonas. La disposición transitoria tercera (pág. 214 del dictamen) establece que solo con acuerdo del directorio de Perupetro se suscribirán los contratos modificatorios de los actuales contratos vigentes.

MENTIRAS

Dice que no se dejarán de lado las normas ambientales. Falso, incluyen las técnicas del Francking, de Fracturación Hidráulica para sacar gas y petróleo, prohibido en muchos países del mundo por sus perniciosos efectos destructivos y altamente contaminantes. El mismo Ministerio del Ambiente plantea observaciones sustanciales. La remediación ambiental ahora la va a pagar el Estado a través del Fonam y a través del fondo de remediación que se forman ¡¡con fondos públicos!!

Dice que no hay modificación del canon ni las regalías. Falso, al reducir las regalías, van a reducir el canon afectando a todas las municipalidades, gobiernos regionales y universidades, y con ello bloquearán el desarrollo de las regiones, haciéndolas más dependientes de las empresas de hidrocarburos.

Dice que los contratistas no se convierten en propietarios del lote y que no construirán infraestructuras sin permisos. Falso, el Minam ha observado este artículo que permite hagan construcción sin autorización estatal, solo con la del todopoderoso Perupetro inconstitucional.

Además, en los contratos dan el recurso gas o petróleo a libre disponibilidad del contratista. Dice que no otorgan más exoneraciones tributarias. Falso: se les otorgan diversas facilidades, incluyendo nuevas exoneraciones a los impuestos a la importación, a solo pedido de las contratistas.

Dicen que no vulneran la consulta previa. Falso, la propia ministra de Cultura está observando este dictamen que vulnera la consulta previa. Dice que no afectará la actividad pesquera. Falso, quieren reiniciar legalizando la entrega de los 5 pozos de Tullow en el mar del Norte, afectando a la pesca y maricultura de la costa de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash.

Además, están aprobando un reglamento que burla la participación y consulta ciudadana en la actividad de hidrocarburos afectando los derechos de los pueblos de la costa, sierra y selva.

ESPERPENTO

Dice que no crean un esperpento jurídico anticonstitucional, al que ahora llamarán Agencia de Promoción de Hidrocarburos.

Falso, crean una empresa, inconstitucional, como superministerio que captura la soberanía de nuestros recursos de gas y petróleo para ceder la soberanía al capital extranjero, en la cual, además, sus funcionarios están eximidos de las leyes laborales peruanas, para tener ingresos de pitiyanquis.

Crea una burocracia dorada con reglas de lobistas de empresas multinacionales, ilegales y fuera del marco de la legislación peruana.

ALGO MÁS

Pretenden legalizar que “Las remuneraciones y beneficios correspondientes a los puestos cuyas funciones están relacionadas directamente con el objeto social de Perupetro S.A., serán similares a los de la industria petrolera internacional. En tal sentido, no serán de aplicación las normas que limiten el monto de las remuneraciones de los funcionarios o trabajadores del sector público”.

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Política

Es una mordaza a la información

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José Domingo Pérez Gómez

El jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), consideró que el proceso disciplinario iniciado por el Ministerio Público contra el fiscal José Domingo Pérez tiene como finalidad impedir que la población tome conocimiento del avance de las investigaciones contra Fuerza Popular. “Quieren una Fiscalía que no ponga en conocimiento de la población no solo cómo va la investigación, sino qué opinión tiene sobre actos cometidos por una de las partes, en este caso la organización partidaria Fuerza Popular”, señaló.

ES UNA PARTE DEL PROCESO

Quispe recordó que el fiscal Pérez “no es un juez, sino una parte del proceso, y a diferencia del juez puede declarar acerca del caso. Pero acá vemos que se le quiere tapar la boca abriéndole una investigación preliminar de oficio, sin denuncia de parte”.

“Es claro que se quiere marcar una jurisprudencia dentro del Ministerio Público en la cual los fiscales se limiten solo a dar cuenta de los actos realizados pero sin el derecho de opinión que tiene todo ciudadano en un Estado democrático.El señor Pérez no se está haciendo una promoción política para postular a un cargo público”, agregó.

Quispe cuestionó que el Ministerio Público esté buscando parecerse a “una organización castrense”, donde los fiscales no tengan derecho a opinar respecto a sus investigaciones a personajes políticos. “La investigación a Keiko Fujimori es a una figura política y sus declaraciones tienen que ir en ese sentido. El fiscal Pérez está investigando a una presunta organización criminal enquistada en Fuerza Popular, y es lógico que sus comentarios tengan algún contenido político”, manifestó.

El jurista advirtió que las consecuencias de este procedimiento disciplinario contra el fiscal Pérez pueden ser “gravísimas”. “Se le va a poner una mordaza a los fiscales, y vamos a tener fiscales que van a informar solo cosas puntuales. Si eso quiere el Ministerio Público, le basta con su cuenta de Twitter para esa labor”, afirmó.

SE VULNERARÍA DERECHO A LA INFORMACIÓN

De llegarse a producir una sanción contra el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Quispe consideró que se estaría vulnerando el derecho a la información de la opinión pública. “Ante una eventual sanción, es lógico que luego los fiscales en entrevistas van a evitar todo tipo de comentario que pueda ser motivo de acusación. El ciudadano va a ver menoscabado su derecho a la información, y la ciudadanía va a perder porque no va a conocer a plenitud todo lo que se está investigando en un proceso penal”, agregó.

INTENTARÁN SACARLO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El abogado de IDL apuntó que estas acciones pueden ser parte de una estrategia más amplia. “Esto que sucede con la Fiscalía, es un contraataque a consecuencia del revés de Keiko Fujimori en el Poder Judicial, es una contraofensiva por no haber tenido éxito con el recurso de casación. Hay que estar alerta porque no solo viene una mordaza, sino que la ofensiva del fujimorismo es lapidar a los fiscales del caso Lava Jato. Ya lo adelantó el señor Rodríguez Monteza, buscarán sacar a Pérez del Ministerio Público. No olvidemos que el fiscal formalizó hace una semana la investigación preparatoria contra Fuerza Popular como organización criminal”.

URGENTE CIERRE DEL CONGRESO

Ante el escenario de blindaje a la corrupción y obstrucción a las reformas, por parte del Congreso, Quispe fue claro en advertir que al presidente Martín Vizcarra solo le queda el cierre constitucional del Legislativo. “Al Presidente lo van a vacar con el antecedente de PPK, y quien entraría a gobernar sería Mercedes Aráoz, a quien los fujimoristas y sus aliados ven con buenos ojos. Entonces, tener a Aráoz en la presidencia, a Olaechea en la presidencia del Congreso, a Keiko Fujimori en libertad y a los Cuellos Blancos empoderados en el Poder Judicial y en la Fiscalía, sería un holocausto para el país”, apuntó.

“El Presidente debe plantear la cuestión de confianza y cerrar el Congreso constitucionalmente. Si no lo hace, le van a ganar por puesta de mano. El fujimorismo ataca rápido”, advirtió.

CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez acusó una campaña de hostigamiento desde el interior de la Fiscalía. “A través de estas investigaciones que se inician en mi contra, a partir de reportajes o entrevistas en los diversos medios de prensa, sin que exista una denuncia de por medio, se está buscando, en primer lugar, callarme y que no denuncie los actos de intromisión de los intereses corruptos en la Fiscalía ni los actos de obstaculización en las investigaciones para que estas fracasen”, señalo.

Para el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, el proceso iniciado en su contra evidencia que la lucha contra la corrupción e impunidad es “una ardua labor” que deben cumplir los fiscales. “Incluso en la propia Fiscalía, porque debemos enfrentarnos no solo a las organizaciones investigadas sino a sus extensiones que se han enquistado en la institución”, finalizó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

El peligroso antecedente que marca la sentencia a Aduviri

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Walter Aduviri Calisaya

Y mientras la gobernabilidad del país se cae a pedazos, con el peligro de llegar a la segunda vacancia presidencial del periodo, orquestada nada menos que desde la CONFIEP, el miércoles se difundió la noticia de la condena a 6 años de prisión del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya,.

Al margen de que se trate de un personaje siempre polémico, la noticia de esta sentencia ha causado gran preocupación porque puede significar un ataque directo a la democracia instrumentalizando para ello al sistema penal.

Comuneros protestan marchan

¿Qué dio origen a este proceso judicial?

La protesta social realizada en mayo del 2011 por las comunidades aymaras del sur, más conocida como “El Aymarazo”, se produjo tras la promulgación del DS 083 que emitió el entonces presidente Alan García Pérez, autorizando operaciones mineras a la empresa canadiense Bear Creek MiningCorporation- proyecto Santa Ana- dentro del territorio de dichas comunidades, en el distrito de Huacullani; a menos de 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, vulnerando lo prescrito por el artículo 71 de la Constitución que prohíbe que dentro de este límite, los extranjeros puedan adquirir o poseer por título alguno, minas, tierras, etc.

El 26 de mayo del 2011, luego de varios días de movilizaciones en Puno, se produjo una gran convulsión y disturbios, que provocaron el incendio de los locales de la Contraloría General de la República, la Gobernación y Aduanas. Fue este hecho el que motivó el proceso judicial contra Aduviri.

¿Cuál fue la participación de Walter Aduviri en los hechos?

En el juicio no se ha probado que el hoy gobernador haya participado directamente de estos actos vandálicos, de hecho no se ha podido determinar quiénes perpetraron estos incendios, sin embargo como Aduviri era el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, el Estado quiere imputarle responsabilidad sobre el mismo.

¿Qué responsabilidad se le asigna a Aduviri?

En la sentencia que se ha dictado el miércoles en Puno, se le considera como “coautor no ejecutivo” del hecho, ¿ qué significa esto? Que pese a que él no ejecutó directamente el delito, sí participó en la planificación del hecho criminal -una suerte de autor intelectual-; en este caso la teoría es que él y los otros miembros del movimiento social idearon un plan para causar los desmanes públicos.

Marcha protesta contra minería minas

¿Por qué es peligroso que se aplique la figura de “coautoría no ejecutiva”?

Porque la figura de “coautor no ejecutivo” legalmente implica que se ha comprobado la existencia de un grupo que se organiza para cometer actos ilícitos; supone que este grupo elabora un plan criminal confeccionado por la pluralidad de sujetos (delincuentes), aunque uno no esté presente durante la ejecución del hecho (como supuestamente sucede en este caso); implica también que este grupo está enterado de los pasos a seguir para concretar el delito; todos los sujetos (delincuentes) forman parte de una estructura horizontal, lo cual quiere decir que no hay jerarquías, y por eso todos son autores.

En ese sentido, si se aplica esta figura a Aduviri o a cualquier dirigente, se está equiparando a las organizaciones sociales con grupos organizados de criminales; se desconocería la legitimidad de la protesta social pues tácitamente se estaría considerando que la misma es un delito y su convocatoria u organización no es más que parte de un plan criminal; se estaría afirmando que los dirigentes sociales son delincuentes que junto al movimiento social tienen por fin cometer ilícitos.

Consecuencia de la aplicación de estas figuras

Responsabilizar a un dirigente social bajo esta condición genera un pésimo precedente para el tratamiento de los conflictos ya que apuntan a reprimir y perseguir a quien disiente. Pero además es un peligroso precedente jurídico que representa un claro retroceso en la garantía de los derechos civiles, tratando de vincular responsabilidades penales solo por ser parte de una organización social.

Dejando en claro que no se pretende impunidad para acciones delictivas que se cometen en el marco de una protesta social, es importante decir que es inaceptable usar las normas de imputación de organizaciones criminales para el juzgamiento de los hechos descritos. Allí solo cabe discriminar, investigar e individualizar a quien cometió los ilícitos, dejando a salvo el movimiento social.

Sin duda, tratar de resolver procesos sociales como las protestas, que son problemas político-sociales, usando la represión y el sistema normativo penal, resulta inconveniente para el orden político y democrático de un país. Y un retroceso enorme en materia de justicia.

 

MIRTHA VASQUEZ
ABOGADA DE APRODEH Y GRUFIDES | NOTICIAS SER

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Política

“Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad”

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra aseveró que los peruanos exigen un nuevo destino político y decidir su futuro en las urnas como corresponde en una democracia.

“(es un) Derecho que nadie puede impedir”, anotó el Jefe del Estado durante su discurso en la ceremonia por el Día de la Creación del Ejército del Perú Republicano.

“Con miras al Bicentenario de nuestra Independencia, el Perú entero demanda abrir una nueva etapa, los peruanos exigen un nuevo destino, de progreso, desarrollo y bienestar para todos; los ciudadanos quieren decidir su futuro y tienen el derecho de hacerlo en las urnas como corresponde en una democracia, nadie puede impedir este derecho constitucional”, expresó.

El Mandatario afirmó que los miembros del Ejército saben que la defensa de la patria significa hoy luchar contra los enemigos que pretenden socavar las bases del Estado.

NI UN PASO ATRÁS

“Ni un paso atrás frente a aquellos grupos que buscan afectar la unidad y la fortaleza del pueblo peruano. Ni un paso atrás en la lucha frontal contra la pobreza, desigualdad, corrupción y la impunidad que tanto daño le han causado a nuestro país”, dijo.

Remarcó que hoy más que nunca, los peruanos quieren liberarse de estos flagelos para siempre.

El presidente Vizcarra ratificó que su Gobierno es respetuoso de la separación e independencia de poderes, del Estado de derecho y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

FORTALECER EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

“Trabajamos para fortalecer el sistema democrático y mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos”, añadió.

Apuntó que en circunstancias en las que el Poder Ejecutivo impulsa diversas reformas para fortalecer a las instituciones y ponerlas al servicio de todos los peruanos y no de pequeños grupos privilegiados, “podemos ver en el Ejercito un referente de unidad”, apuntó.

El Dignatario subrayó que el Ejército es una institución sólida, profesional, respetuosa del orden legal y constitucional dedicado no solo a vigilar y defender el territorio nacional sino también a contribuir activamente en el desarrollo económico y social del país.

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