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De la bonanza del guano al boom minero

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Minería

Corrupción y la maldición de los recursos naturales.

Al conmemorar un aniversario patrio más, el cáncer de la corrupción se hace nuevamente evidente con los audios difundidos que comprometen a los más altos magistrados del Poder Judicial, Fiscalía, políticos, empresarios. Prácticamente si se suma la megacorrupción todavía en investigación desde el 2014 sobre el caso Odebrecht y las empresas socias en diversas inversiones, que comprometen recursos públicos, más la corrupción sistémica expuesta en los vladivideos de la dictadura fujimorista, se podría decir que el cáncer de la corrupción ha hecho metástasis, es decir, se ha generalizado en un estado capturado por los grupos de interés como el peruano.

En verdad, no descubrimos la pólvora puesto que la historia del Perú nos demuestra el carácter endémico de la corrupción, sobre todo en la “República Criolla” donde se hizo uso y abuso de los recursos públicos, sobre todo del guano y salitre, para el enriquecimiento de unas cuantas familias. Como diría un diplomático extranjero en el siglo XIX, la Constitución y las leyes no cuentan “solo la voluntad de unas cuantas familias es la ley”.

En la historia reciente, la corrupción institucionalizada desde los años noventa del siglo pasado por la dictadura fujimorista, es una expresión de un Estado mafioso capturado por grupos de poder económico y lobistas, políticos inescrupulosos desde las reformas estructurales de los años 90 del siglo pasado.

Si bien se ha tenido un relativo éxito económico, sobre todo por una coyuntura externa extraordinaria, boom minero con altos precios de los productos mineros, y se ha respetado un modelo económico (Fujimori, Toledo, García, Humala, PPK, Vizcarra) que ha priorizado la inversión privada, el crecimiento económico, pero debilitando al Estado y su rol regulador, asumiendo que la justicia es una mercancía y no un bien público que debe garantizar la propiedad y el bienestar de todos los peruanos. ¡Sin instituciones sólidas, y credibilidad en la justicia no tenemos futuro como país!

Si se estima la fortaleza estatal por la presión tributaria, ingresos tributarios del gobierno central en relación a la producción de bienes y servicios (PBI), con una participación mínima de 13% prácticamente estamos condenados a vivir en el subdesarrollo, el atraso, con un Estado fallido incapaz de resolver los principales problemas y necesidades de las mayorías nacionales: educación, salud, seguridad, infraestructura de calidad, para todos los peruanos.

LA CORRUPCIÓN CARCOME

La corrupción al detraer, sustraer, enajenar, recursos públicos sea bajo las diversas modalidades penales, lo que hace es “robar el futuro”, las posibilidades de realización a los niños y jóvenes de nuestro país, en especial a los más pobres.

Con una presión tributaria del 13 por ciento del PBI, con elevados niveles de informalidad, evasión y elusión fiscal donde se aprovechan las ambiguedades legales y vacíos para pagar menos impuestos, Así, un alto funcionario de la Telefónica de España puede sostener que la transnacional no debe 4,000 millones de soles por impuestos dejados de pagar, pues están judicializados, dado que existe una controversia legal. Por ello, cabe preguntarse con la corrupción generalizada en el Poder Judicial, ¿existen garantías para alcanzar una justicia tributaria? ¿Acaso, tenemos jueces probos que no se derrumben ante un millón de soles, cuando quieren simplemente diez billetes verdes?

En el siglo XX la corrupción en la historia económica del Perú, ha sido una constante sobre todo en los negocios con el Estado, en el asalto del presupuesto público, en el proceso de privatizaciones, en la ejecución de grandes inversiones públicas, después de todo la brasileña Odebrecht opera en el país desde 1978, pues como ha sostenido el ex presidente Alan García, él ha tenido la suerte de haber conocido a las tres generaciones de la familia Odebrecht.

También las prácticas corruptas se exponen en gran parte de las decisiones de gasto de los gobiernos locales y regionales. Prueba de ello, es la cantidad de alcaldes y ex presidentes regionales presos o con demandas judiciales en proceso.

En un sentido amplio las prácticas corruptas no solamente están ligadas a los sobrecostos en las obras públicas, sea en las famosas asociaciones público/privadas con cuestionables adendas que incrementan exorbitantemente los presupuestos primigenios casos como carretera Interoceánica, el contrato de exportación de Camisea lote 56, el cuestionado tren eléctrico, gasoducto del sur, aeropuerto Chinchero, etc.; las mismas que en última instancia se llevan a tribunales arbitrales donde los intereses del Estado, que representa a la Nación siempre llevan las de perder. ¡Mafias en los tribunales arbitrales en contra del Estado!

Por tanto, la corrupción, sobre todo en los negocios con el Estado, es un cáncer que debe ser tratado con medidas radicales, excepcionales, profundas, que estén dirigidas a lo sustantivo, con mecanismos de justicia y equidad para identificar a los jueces podridos, y en general al conjunto de funcionarios públicos que usan el poder para favorecimiento privado. Por ejemplo, si un juez o fiscal con ingresos de 25 mil soles mensuales, tiene casa en los Estados Unidos, viaja constantemente, es propietario directa o indirectamente de casas en barrios residenciales, y usa auto del año, es casi evidente que detrás hay prácticas corruptas.

Minería - extracción del guano

GUANO: ENTRAÑA CORRUPTA

El Perú tiene tantas riquezas naturales que van desde los recursos mineros, pesqueros, gasíferos, agrarios, turísticos, arqueológicos. Somos un país bendecido por la naturaleza ricos en recursos naturales pero pobres en democracia, con un déficit en valores republicanos que nos condena al caudillismo en la política, y a la falta de democracia como opción de gobierno.

Así como ayer, entre 1840 a 1870, se dilapidaron los recursos del guano donde el Estado, a pesar de los altos intereses, comisiones de los consignatarios, o del propio Contrato Dreyfus, pudo ser al decir del historiador Heraclio Bonilla un enérgico agente en la capitalización del país. Así, señala: “Ello no obstante, el Estado peruano como propietario, a través de sus diferentes gobiernos, pudo retener entre el 65 y el 71 por ciento del total de las ventas finales del guano. Este capital, unos 525 millones de pesos, era una masa de dinero lo suficientemente significativa como para convertir al Estado, a través de inversiones productivas en el principal agente del fortalecimiento de la economía peruana. Pero este fortalecimiento no se produjo; al término del período del guano, más bien, la vulnerabilidad de la economía peruana era aún mucho mayor. ¿Por qué? (Fuente Heraclio Bonilla; Guano y crisis en el Perú del siglo XIX p.125)

En razón de la herencia colonial, la corrupción generalizada con los recursos del guano se ejecutaron en su mayor parte en gasto corriente e improductivo, pagos indebidos con una alta dosis de corrupción para el enriquecimiento de unas cuantas familias, los consignatarios. En el pago de deuda externa, sobrevalorando la deuda interna con una serie de mecanismos ingeniosos para sustraer los recursos del Estado.

Las inversiones públicas financiadas con endeudamiento externo no son novedad en la historia del Perú. Esta riqueza falaz llegó al paroxismo con las especulaciones financieras que trajo consigo el Contrato Dreyfus. Así, un gran historiador tempranamente desaparecido como Alfonso Quiroz, en referencia al tema señala que: “Este arreglo financiero (pagado al 6% anual) era defectuoso porque favorecía una riesgosa especulación, puesto que los contratistas pagados con bonos buscaban luego colocarlos en mercados extranjeros. Se desató, entonces, un frenesí en la contratación de obras públicas para la construcción de ferrocarriles, proyectos de irrigación, puentes, embarcaderos, muelles, edificios públicos y mejoras urbanas sin un cálculo sólido de su rentabilidad y factibilidad. La mayoría de estos proyectos no se terminaban o ni siquiera se comenzaban. Sin embargo, estas obras públicas se anunciaron a la ciudadanía como la varita mágica que llevaría a la riqueza y el desarrollo” (Quiroz; Historia de la Corrupción en el Perú pag. 215)

Tanto ayer como hoy la corrupción es un cáncer del Estado republicano que nos impide superar las características del “Estado empírico” de Jorge Basadre. Una economía y sociedad donde la corrupción puede representar el 5% del PBI tiene que asumir costos altísimos sin considerar la subvaloración de los recursos naturales que se entregan al gran capital y grupos de poder económico para su explotación.

NO ES PERO PARECE

Si bien no es propiamente corrupción, la desvalorización y subvaluación de los recursos naturales tienen las mismas consecuencias económicas que las prácticas corruptas. Sustraen, roban el futuro y la esperanza a los jóvenes, en especial a los más pobres.

Así, que los grupos de poder y empresas mineras paguen al Estado US 3 dólares por hectárea por concepto de vigencia, con una tierra mineralizada que contiene oro y cobre. Ello es también una sustracción al patrimonio nacional, a la riqueza natural que mañana más tarde se habrá de agotar.

En tal sentido, no deja ser un contrasentido que las empresas mineras transnacionales sí deduzcan en sus costos el llamado factor agotamiento (depletion), con lo cual incrementan sus costos, reducen la utilidad imponible y los recursos fiscales, es decir, abonan menores impuestos. Es más, los impuestos dejados de pagar aquí lo asumen en los países centrales.

También no deja ser una desvalorización de los recursos pesqueros que las grandes empresas paguen al Estado apenas US $ 3 dólares por tonelada de pescado extraída como derechos de pesca, cuando en Chile pagan más de US $ 30 dólares y en el Japón casi US $ 100 dólares.

Con el agravante que el consumo percápita de pescado en nuestro país no supera los 25 kilos anuales, uno de los más bajos en el mundo, y como cruel paradoja somos la primera potencia exportadora en harina de pescado, la misma que se utiliza para alimentar el ganado. Con ingresos de exportación pesquera que superan los US $ 2,000 millones de dólares como promedio anual, el canon pesquero que percibe la población no supera los US $ 30 millones de dólares. ¡De Ripley aunque usted no lo crea!

En resumen, el Perú Republicano del siglo XXI tiene el desafío de extirpar en democracia el cáncer de la corrupción si de verdad aspiramos a ser un país moderno con instituciones sólidas, confiables y legitimadas por la ciudadanía.

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Política

Como siempre, PPK no respetó la ley

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Pedro Pablo Kuczynski

Una vez titulamos en nuestro editorial, a propósito de Keiko Fujimori: Dura lex, sed lex, aforismo originado en el derecho romano que significa Dura es la ley, pero es la ley.

Y esto le cae como guante a Pedro Pablo Kuczynski y ha servido para hacerle un cargamontón al fiscal José Domingo Pérez y de paso golpear al presidente Vizcarra, a través de su aislamiento por parte de la señora Aráoz y “Techito”.

El convocar a su hermano, gerente general de Conirsa, al Congreso, y él revelar los secretos de César Villanueva, apuntan a bajarse al presidente Vizcarra, que no se sabe por qué no presenta ya la cuestión de confianza.

Y lo de PPK también es una forma de desacreditar al fiscal más exitoso en la lucha contra la corrupción, Domingo Pérez, para desactivar las investigaciones Lava Jato, caro anhelo de los corruptos en el país.

NO SE ESTABA MURIENDO

El doctor Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal(IDL), señaló que el fiscal Domingo Pérez tomó conocimiento de los documentos que tienen los efectivos de la PNP. Explicó que el fiscal Pérez no tiene por qué pedir permiso o autorización al juez para saber si PPK está cumpliendo con las restricciones que se le han impuesto.

Indiicó que lo hecho por Pérez está enmarcado en el Código Procesal Penal y a él le corresponde supervisar lo realizado. Más bien el policía ha debido colaborar y no obstruir, y entregarle toda la información al Ministerio Público. Lo cual es grave en el proceso.

Inicialmente, el fiscal Pérez solicitó 36 meses de prisión preventiva, pero luego retrocedió porque el abogado Nakazaki presentó un informe sobre la salud de PPK en el que se leía que prácticamente se estaba muriendo y por ello se le dio el arresto domiciliario.

Lo curioso es que parece que no fue así. Esto quiere decir que si eso es falso, dicha clínica puede haber incurrido en una mentira de suma gravedad. El fiscal debió pedir que dos médicos del Instituto de Medicina Legal corroboren el informe.

INFRACCIONES DE PPK

PPK estaba prohibido, según las reglas de conducta, de: “no tener contactos con testigos de las investigaciones del Ministerio Público, de realizar reuniones sociales en el domicilio donde se registra el arresto domiciliario y la realización de actividades políticas directas e indirectamente”, destacó Quispe.

Precisó que si el señor Nakazaki no estuvo de acuerdo con esas reglas de conducta, pudo apelar para modificarlas. Al no hacerlo consintió, convalidó esas reglas de conducta.

Ojo: la señora Aráoz visitó a PPK nueve veces durante varios meses. “Y a partir de eso se desprenden dos cosas: Uno, que estáviolando la prohibición de reunirse con testigos del Ministerio Público”. Y dos, ella es testigo en uno de los procesos que lleva José Domingo Pérez.

En todo caso, el abogado ha debido pedir autorización para que se efectúe estas visitas. La señora Aráoz sí sabía que era testigo, por lo cual sus visitas se han traducido en accionespolíticas.

La ley es igual para todos. Pese a ello, tiene consideraciones que los más de 40 mil presos con detención preventiva que existen en el país no tienen, por carencia de dinero. No podemos decir pobre señor PPK, tiene 81 años y no tiene a su familia, porque ha pasado el umbral de la legalidad y ha cometido un delito, concluyó Quispe.

PROCESO DE DEBILITAR A VIZCARRA

Por su parte, el analista político Vicente Otta manifestó que ve una contraofensiva del fujimorismo y el aprismo. Además el movimiento de Mercedes Aráoz, Carlos Bruce y la Choquehuanca, va más allá del Congreso.

Dijo que hay un proceso de debilitamiento de Vizcarra porque no está tomando las decisiones adecuadas que debía tomar. Ha debido disolver el Congreso con una cuestión de confianza y hacer la convocatoria a elecciones generales.

“No sé por qué se ha expuesto a los ataques en vez de buscar la salida más rápida. La comparecencia de su hermano al Congreso y los ataques a Villanueva por los indicios de corrupción, van dirigidos a él. Recordemos que Villanueva fue el principal operador político para la caída de PPK y la subida de Vizcarra”, expresó.

La historia de este país es como un Lampedusa: hay que cambiar algo para que nada cambie. Y PPK es la mayor demostración de ello. Hizo un pago indebido a la International PetroleumCompany (IPC) el año 69 y huye del Perú.

E hizo su carrera en EEUU a partir del espaldarazo que le da Rockefeller, que era el principal dueño de la IPC, y le abre las puertas de toda la banca norteamericana durante los diez años que estuvo en el Banco Mundial.

Rodríguez Pastor se vuelve en el más acaudalado del Perú y PPK en presidente. “Y la ironía de la historia de ese pago indebido a la IPC es que, 50 años después, Rodríguez Pastor se vuelve en el más acaudalado del Perú, mediante la estafa, el robo al erario público por el pago indebido a la IPC y el otro, PPK, es elegido presidente”, comentó.

ALGO MÁS

“Más allá de pobrecito a PPK no hay que olvidar que hizo toda su trayectoria de alto funcionario de las financias mundiales, eterno, reiterado Ministro de Economía y Finanzas, a base de lobbies con las empresas y los juegos de doble cara ante el Estado y la empresa privada, con una actitud ladina y tramposa, y ahora debe estar fingiendo un estado mucho más grave de lo que tiene”, concluyó Otta.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Especial

La Amazonía en llamas

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Incendio forestal

Según un reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COER) una fina capa de humo “con un olor no potente” apareció este lunes sobre el cielo de la provincia de Tambopata, en Madre de Dios. El humo, que no alcanza todavía niveles alarmantes en nuestro país, proviene del voraz incendio que está destruyendo hace más de dos semanas la Amazonía brasileña.

Aunque se desconocen cifras exactas sobre la superficie de selva quemada, el daño se estima en miles de hectáreas consumidas por el fuego, afectando principalmente a los estados brasileños de Rondonia, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, y al departamento boliviano de Santa Cruz.

Un detalle que sirve para comprender la magnitud de la catástrofe, es el ocurrido en la ciudad brasileña de Sao Paulo, ubicada a cientos de kilómetros del fuego y que se vio cubierta de un denso humo negro en la tarde del lunes.

Jair Bolsonaro

INCENDIOS SE HAN DUPLICADO

En el presente año la selva amazónica ha sufrido un aumento alarmante de incendios, al punto de que entre enero y hasta el 21 de agosto los focos se han incrementado en un 84% en comparación con el año pasado.

El ministro de Medio Ambiente brasileño, Ricardo Salles, justificó este aumento al “tiempo seco, el viento y el calor”. Sin embargo, para la comunidad científica y las organizaciones ambientalistas la causa radica en la intensa deforestación de los bosques amazónicos, puesto que en el 2019 la “temporada seca” ha sido menos severa que en años anteriores y sin embargo hay mayor número de incendios.

Para el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM), el fuego normalmente se usa para limpiar los terrenos después de la deforestación, abrir caminos y preparar las tierras para el cultivo. Es esta mala práctica la que, a menudo, genera de manera involuntaria el incendio, al no poder controlar la propagación indeseada del fuego.

EL ORIGEN DE LA TRAGEDIA

En medio de los cuestionamientos por su política de impulsar la actividad minera y agroindustrial en la Amazonía, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió contra las organizaciones no gubernamentales, acusándolas de haber generado la catástrofe ambiental. “Todo el mundo es sospechoso, pero la mayor sospecha proviene de las ONG”, dijo.

Las opiniones desde organizaciones ambientalistas hacen foco en la política del presidente brasileño. “Brasil hizo grandes esfuerzos en los últimos 50 años, pero hace tres o cuatro años se ha venido incrementando el foco de incendios. Existe una cruzada ideológica del actual presidente en particular”, afirmó el cofundador del Instituto Igaparé, Robert Muggah.

Por su parte, Fabiano López Da Silva, coordinador ejecutivo de la ONG Fundación Victoria Amazónica, opina que las declaraciones de Bolsonaro no tienen sentido, ya que las organizaciones no tienen las capacidades para provocar estos incendios.

En tanto, João Pompeu, biólogo e investigador del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), ensayó una explicación más profunda. “Todos los centros de estudio climático en el mundo, gubernamentales o no, convergen en una conclusión: las actividades humanas desde la revolución industrial fueron capaces de cambiar la composición atmosférica de la tierra y, por lo tanto, el clima”.

Así, la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) generados por la intensa actividad industrial han generado el incremento de la temperatura global y con ello distintos fenómenos climáticos extremos, como lluvias torrenciales, sequías prolongadas, temperaturas más bajas e incendios forestales.

Pompeu, además, apuntó a la política de Bolsonaro para la Amazonía. “Los incendios forestales para transformar sus áreas en plantaciones, ganado y pastos también contribuyen al aumento de este fenómeno. Por lo tanto, no podemos cometer el error de colocar el problema del calentamiento global solo en manos del hombre individual, sino pensarlo a través de la acción de grandes multinacionales, que se apropian de los bienes naturales para producir más y más dinero”.

“La mayoría de las emisiones de GEI del mundo provienen de la quema de combustibles fósiles, que es la base del sistema agrícola e industrial, que hoy se rige por unas pocas multinacionales, que a su vez están controladas por aún menos. grupos financieros”, agregó.

Apagón en ciudad

ACCIONES URGENTES

Mientras tanto, en Bolivia los incendios forestales han causado daños en más de medio millón de hectáreas en la región de Santa Cruz. El presidente Evo Morales informó que se contratará un avión cisterna Supertanker, con capacidad para transportar 150.000 litros, para mitigar los distintos focos. Para cumplir con esta tarea el gobierno boliviano invertirá US$ 800 mil en el alquiler del avión y US$ 16 mil por cada vuelo que este realice.

“Son alrededor de 40 kilómetros cuadrados donde el fuego está ardiendo de forma incontrolable, creemos que con el avión Supertanker podremos extinguir esos focos de calor”, afirmó el ministro de Defensa boliviano, Javier Zavaleta.

Finalmente, en nuestro país, el Movimiento Nuevo Perú exigió al Ejecutivo que se evite que los incendios se extiendan a nuestra selva, así como “rechazar la política de destrucción de la Amazonía del presidente Jair Bolsonaro y exigir una pronta intervención”. Su lideresa, Verónika Mendoza, exhortó a los países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica a sumar esfuerzos y “no quedarse de brazos cruzados ante la destrucción del pulmón del planeta”.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Los retos de la Autoridad Autónoma del Transporte

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en

Transporte informal por cerros y pistas

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) fue creada el 26 de diciembre del 2018 (Ley N° 30900). Su creación fue largamente esperada debido al desorden, e incluso corrupción, que generaba la superposición de dos municipalidades provinciales (Lima y Callao) en torno a una única ciudad conurbanizada desde la década de 1970. Su objetivo es lograr un sistema de transporte de calidad en la capital.

La ATU tiene diversas funciones como ser ente supervisor de los contratos de concesión de los diferentes servicios de transporte urbano (Metropolitano, corredores viales y líneas del Metro), garantizar un Sistema de Transporte Integrado en Lima y Callao, encargarse del Sistema de Recaudo Único, elaborar diversos planes (Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao, Plan Maestro de Transporte y el Plan Regulador de Rutas de los servicios de transporte, entre otros.

El presidente del Consejo Directivo de la ATU ha anunciado algunas modificaciones tales como que los documentos de licitación exijan que exista una flota estándar de vehículos de transporte de mediana o de gran capacidad, que las empresas estén bien constituidas “y no solo sean de papel”, que los trabajadores se encuentren en planilla para evitar el correteo por el pasajero.

Con relación a los autos colectivos informales, destacó que ya se están aplicando algunas medidas, como el control que establece la Municipalidad de Lima en zonas de la avenida Arequipa.

Lo retos que la ATU deberá enfrentar son de diversa índole y aquí subrayaremos algunos relacionados con niveles de rentabilidad y de mercado de los agentes.

En primer lugar, conviene indicar lo que no puede resolver la ATU. Un postulado básico de la planificación estratégica sostiene que un problema es aquello que una gestión puede resolver.

Aquello que no se puede resolver no constituye un problema en tanto objeto de atención pública. Este es el caso del propio crecimiento de la ciudad. Ante la clásica pregunta “¿Quién manda en la ciudad?”, pudieran existir complejas respuestas, pero resulta obvio que pocos responderán que quien manda en la ciudad son las autoridades, la regulación o el Estado.

En un país de libre mercado y en que la informalidad campea en diversas áreas de la vida económica y social, Lima crece como ciudad difusa, una mancha de aceite, ocupando periferias dominadas por los extremos crudos de la desigualdad social: condominios de lujo y asentamientos precarios en áreas de riesgo, habilitados estos últimos por mafias delictivas.

En contraste, Lima tiene pocas centralidades, siendo que la mayor parte de la masa laboral se desplaza diariamente al Centro histórico, Gamarra, San Isidro y Miraflores. Estas desigualdades y contradicciones se expresan también en la movilidad, correlato de una ciudad que no fue hecha para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos o habitantes. Lo cual no niega ni invalida los esfuerzos por una mejora de las condiciones de vida de la población y por un Derecho a la Ciudad.

El crecimiento segregado, fragmentado y desigual es generado por fuerzas económicas que el Estado (incluyendo a la ATU o las municipalidades) no pueden controlar y, ante las cuales, la ATU tendrá que adecuar su gestión en la medida de sus posibilidades.

Existen retos a la ATU que le plantea el transporte informal. Podría, tal vez, considerarse un milagro que en una ciudad difusa exista un mercado que, de una manera u otra, movilice a la población desde sus lugares de origen a sus destinos. El mercado de transporte público en su variante informal ha encontrado nichos de rentabilidad.

Bus del Metropolitano Corredor azul

Es una historia conocida y forma parte de la narrativa de la informalidad urbana: pequeños propietarios o empresarios de origen andino acometieron el reto de movilizar a la población hacia los extremos de una ciudad que se expande interminablemente. La historia podría ser actualizada con las aventuras de combis, mototaxis, motos y triciclos que llevan y traen a la población pobre desde las arterias metropolitanas hacia los cerros o arenales en que habitan, un recurso multi modal que incluye la caminata.

El punto es, desde la perspectiva de la gestión pública, que estos nichos de rentabilidad se ubican en la informalidad, y representa un enorme reto lograr que la empresa formal encuentre rentabilidad parar atender a la población pobre y a los lugares inhóspitos en que habita. La ATU tendrá que atender ese punto negro que es el traslado de los pobres hacia los sistemas integrados de transporte y arterias principales.

Las primeras declaraciones de los funcionarios de la ATU expresan la concepción de lo informal y lo formal como estancos separados y el inevitable tránsito de un punto a otro. Lamentablemente la realidad es diferente y, por lo común, lo formal y lo informal interactúan y se superponen. El mismo poblador que toma el Metropolitano, “bajó” a la estación en un mototaxi.

¿Podrá la ATU prescindir de la informalidad? Observemos el caso de los colectiveros “pirata” que cubren rutas en las avenidas Arequipa, Javier Prado, Wiesse, Túpac Amaru, entre otras. En este caso, la informalidad no sirve a la población pobre, sino a una clase media que encuentra allí la comodidad y rapidez que no encuentra en el transporte formal.

Es el caso de la señora que en la avenida Arequipa negocia con el colectivero un traslado de 10 cuadras a 1.50 soles, y el colectivero le dice que con esa tarifa debe tomar el “corredor azul”; y la señora le responde que ese “corredor” no pasa nunca y cuando lo hace “está lleno”; y el colectivero le retruca: “ese es el problema”. Un problema que las autoridades podrían comprender si se animaran a hacer “trabajo de campo” en las calles.

El transporte formal y el informal compiten, y es la demanda la que opta, como dicen los economistas neoclásicos. Si la demanda observa rapidez y comodidad en el colectivero informal, el servicio existirá, a pesar del control. Por lo demás, la respuesta del control por parte de las autoridades podría bien figurar en la novela Un Señor muy Respetable del escritor egipcio Naguib Mahfuz. Es la respuesta fácil.

La difícil es hacer que el corredor azul tenga más unidades y circule cada 8 minutos, pero ello podría implicar la afectación de los nichos de rentabilidad de los operadores y gatillar la larga historia conocida de acusaciones mutuas.

La visión dicotómica entre lo formal y lo informal puede ocultar ciertas deficiencias de la formalidad. Hoy se puede hablar del transporte formal porque se ha superado la larga década del fuerte libre mercado (1990), en que la liberalización de rutas y unidades llevó al transporte público a su máxima degradación, algo que la ciudadanía y los medios de comunicación caracterizaron con expresiones como “combi asesina” o “cultura combi”.

El reto de la ATU es que el metro (con subsidio público), los corredores y el Metropolitano no son cómodos (y en algunos casos tampoco rápidos) y, antes bien, son incómodos (largas colas de espera, unidades hacinadas), y esta situación parece responder a los nichos de rentabilidad de los operadores. El reto de la ATU es encontrar el punto medio entre la rentabilidad de la oferta y la comodidad de la demanda, bajo la limitante de un mandato constitucional de Estado facilitador y empresa privada ejecutora.

 

JULIO CALDERÓN COCKBURN
SOCIÓLOGO URBANO. PROFESOR DE LA UNMSM | IDEELE REVISTA Nº 286

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