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De la bonanza del guano al boom minero

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Minería

Corrupción y la maldición de los recursos naturales.

Al conmemorar un aniversario patrio más, el cáncer de la corrupción se hace nuevamente evidente con los audios difundidos que comprometen a los más altos magistrados del Poder Judicial, Fiscalía, políticos, empresarios. Prácticamente si se suma la megacorrupción todavía en investigación desde el 2014 sobre el caso Odebrecht y las empresas socias en diversas inversiones, que comprometen recursos públicos, más la corrupción sistémica expuesta en los vladivideos de la dictadura fujimorista, se podría decir que el cáncer de la corrupción ha hecho metástasis, es decir, se ha generalizado en un estado capturado por los grupos de interés como el peruano.

En verdad, no descubrimos la pólvora puesto que la historia del Perú nos demuestra el carácter endémico de la corrupción, sobre todo en la “República Criolla” donde se hizo uso y abuso de los recursos públicos, sobre todo del guano y salitre, para el enriquecimiento de unas cuantas familias. Como diría un diplomático extranjero en el siglo XIX, la Constitución y las leyes no cuentan “solo la voluntad de unas cuantas familias es la ley”.

En la historia reciente, la corrupción institucionalizada desde los años noventa del siglo pasado por la dictadura fujimorista, es una expresión de un Estado mafioso capturado por grupos de poder económico y lobistas, políticos inescrupulosos desde las reformas estructurales de los años 90 del siglo pasado.

Si bien se ha tenido un relativo éxito económico, sobre todo por una coyuntura externa extraordinaria, boom minero con altos precios de los productos mineros, y se ha respetado un modelo económico (Fujimori, Toledo, García, Humala, PPK, Vizcarra) que ha priorizado la inversión privada, el crecimiento económico, pero debilitando al Estado y su rol regulador, asumiendo que la justicia es una mercancía y no un bien público que debe garantizar la propiedad y el bienestar de todos los peruanos. ¡Sin instituciones sólidas, y credibilidad en la justicia no tenemos futuro como país!

Si se estima la fortaleza estatal por la presión tributaria, ingresos tributarios del gobierno central en relación a la producción de bienes y servicios (PBI), con una participación mínima de 13% prácticamente estamos condenados a vivir en el subdesarrollo, el atraso, con un Estado fallido incapaz de resolver los principales problemas y necesidades de las mayorías nacionales: educación, salud, seguridad, infraestructura de calidad, para todos los peruanos.

LA CORRUPCIÓN CARCOME

La corrupción al detraer, sustraer, enajenar, recursos públicos sea bajo las diversas modalidades penales, lo que hace es “robar el futuro”, las posibilidades de realización a los niños y jóvenes de nuestro país, en especial a los más pobres.

Con una presión tributaria del 13 por ciento del PBI, con elevados niveles de informalidad, evasión y elusión fiscal donde se aprovechan las ambiguedades legales y vacíos para pagar menos impuestos, Así, un alto funcionario de la Telefónica de España puede sostener que la transnacional no debe 4,000 millones de soles por impuestos dejados de pagar, pues están judicializados, dado que existe una controversia legal. Por ello, cabe preguntarse con la corrupción generalizada en el Poder Judicial, ¿existen garantías para alcanzar una justicia tributaria? ¿Acaso, tenemos jueces probos que no se derrumben ante un millón de soles, cuando quieren simplemente diez billetes verdes?

En el siglo XX la corrupción en la historia económica del Perú, ha sido una constante sobre todo en los negocios con el Estado, en el asalto del presupuesto público, en el proceso de privatizaciones, en la ejecución de grandes inversiones públicas, después de todo la brasileña Odebrecht opera en el país desde 1978, pues como ha sostenido el ex presidente Alan García, él ha tenido la suerte de haber conocido a las tres generaciones de la familia Odebrecht.

También las prácticas corruptas se exponen en gran parte de las decisiones de gasto de los gobiernos locales y regionales. Prueba de ello, es la cantidad de alcaldes y ex presidentes regionales presos o con demandas judiciales en proceso.

En un sentido amplio las prácticas corruptas no solamente están ligadas a los sobrecostos en las obras públicas, sea en las famosas asociaciones público/privadas con cuestionables adendas que incrementan exorbitantemente los presupuestos primigenios casos como carretera Interoceánica, el contrato de exportación de Camisea lote 56, el cuestionado tren eléctrico, gasoducto del sur, aeropuerto Chinchero, etc.; las mismas que en última instancia se llevan a tribunales arbitrales donde los intereses del Estado, que representa a la Nación siempre llevan las de perder. ¡Mafias en los tribunales arbitrales en contra del Estado!

Por tanto, la corrupción, sobre todo en los negocios con el Estado, es un cáncer que debe ser tratado con medidas radicales, excepcionales, profundas, que estén dirigidas a lo sustantivo, con mecanismos de justicia y equidad para identificar a los jueces podridos, y en general al conjunto de funcionarios públicos que usan el poder para favorecimiento privado. Por ejemplo, si un juez o fiscal con ingresos de 25 mil soles mensuales, tiene casa en los Estados Unidos, viaja constantemente, es propietario directa o indirectamente de casas en barrios residenciales, y usa auto del año, es casi evidente que detrás hay prácticas corruptas.

Minería - extracción del guano

GUANO: ENTRAÑA CORRUPTA

El Perú tiene tantas riquezas naturales que van desde los recursos mineros, pesqueros, gasíferos, agrarios, turísticos, arqueológicos. Somos un país bendecido por la naturaleza ricos en recursos naturales pero pobres en democracia, con un déficit en valores republicanos que nos condena al caudillismo en la política, y a la falta de democracia como opción de gobierno.

Así como ayer, entre 1840 a 1870, se dilapidaron los recursos del guano donde el Estado, a pesar de los altos intereses, comisiones de los consignatarios, o del propio Contrato Dreyfus, pudo ser al decir del historiador Heraclio Bonilla un enérgico agente en la capitalización del país. Así, señala: “Ello no obstante, el Estado peruano como propietario, a través de sus diferentes gobiernos, pudo retener entre el 65 y el 71 por ciento del total de las ventas finales del guano. Este capital, unos 525 millones de pesos, era una masa de dinero lo suficientemente significativa como para convertir al Estado, a través de inversiones productivas en el principal agente del fortalecimiento de la economía peruana. Pero este fortalecimiento no se produjo; al término del período del guano, más bien, la vulnerabilidad de la economía peruana era aún mucho mayor. ¿Por qué? (Fuente Heraclio Bonilla; Guano y crisis en el Perú del siglo XIX p.125)

En razón de la herencia colonial, la corrupción generalizada con los recursos del guano se ejecutaron en su mayor parte en gasto corriente e improductivo, pagos indebidos con una alta dosis de corrupción para el enriquecimiento de unas cuantas familias, los consignatarios. En el pago de deuda externa, sobrevalorando la deuda interna con una serie de mecanismos ingeniosos para sustraer los recursos del Estado.

Las inversiones públicas financiadas con endeudamiento externo no son novedad en la historia del Perú. Esta riqueza falaz llegó al paroxismo con las especulaciones financieras que trajo consigo el Contrato Dreyfus. Así, un gran historiador tempranamente desaparecido como Alfonso Quiroz, en referencia al tema señala que: “Este arreglo financiero (pagado al 6% anual) era defectuoso porque favorecía una riesgosa especulación, puesto que los contratistas pagados con bonos buscaban luego colocarlos en mercados extranjeros. Se desató, entonces, un frenesí en la contratación de obras públicas para la construcción de ferrocarriles, proyectos de irrigación, puentes, embarcaderos, muelles, edificios públicos y mejoras urbanas sin un cálculo sólido de su rentabilidad y factibilidad. La mayoría de estos proyectos no se terminaban o ni siquiera se comenzaban. Sin embargo, estas obras públicas se anunciaron a la ciudadanía como la varita mágica que llevaría a la riqueza y el desarrollo” (Quiroz; Historia de la Corrupción en el Perú pag. 215)

Tanto ayer como hoy la corrupción es un cáncer del Estado republicano que nos impide superar las características del “Estado empírico” de Jorge Basadre. Una economía y sociedad donde la corrupción puede representar el 5% del PBI tiene que asumir costos altísimos sin considerar la subvaloración de los recursos naturales que se entregan al gran capital y grupos de poder económico para su explotación.

NO ES PERO PARECE

Si bien no es propiamente corrupción, la desvalorización y subvaluación de los recursos naturales tienen las mismas consecuencias económicas que las prácticas corruptas. Sustraen, roban el futuro y la esperanza a los jóvenes, en especial a los más pobres.

Así, que los grupos de poder y empresas mineras paguen al Estado US 3 dólares por hectárea por concepto de vigencia, con una tierra mineralizada que contiene oro y cobre. Ello es también una sustracción al patrimonio nacional, a la riqueza natural que mañana más tarde se habrá de agotar.

En tal sentido, no deja ser un contrasentido que las empresas mineras transnacionales sí deduzcan en sus costos el llamado factor agotamiento (depletion), con lo cual incrementan sus costos, reducen la utilidad imponible y los recursos fiscales, es decir, abonan menores impuestos. Es más, los impuestos dejados de pagar aquí lo asumen en los países centrales.

También no deja ser una desvalorización de los recursos pesqueros que las grandes empresas paguen al Estado apenas US $ 3 dólares por tonelada de pescado extraída como derechos de pesca, cuando en Chile pagan más de US $ 30 dólares y en el Japón casi US $ 100 dólares.

Con el agravante que el consumo percápita de pescado en nuestro país no supera los 25 kilos anuales, uno de los más bajos en el mundo, y como cruel paradoja somos la primera potencia exportadora en harina de pescado, la misma que se utiliza para alimentar el ganado. Con ingresos de exportación pesquera que superan los US $ 2,000 millones de dólares como promedio anual, el canon pesquero que percibe la población no supera los US $ 30 millones de dólares. ¡De Ripley aunque usted no lo crea!

En resumen, el Perú Republicano del siglo XXI tiene el desafío de extirpar en democracia el cáncer de la corrupción si de verdad aspiramos a ser un país moderno con instituciones sólidas, confiables y legitimadas por la ciudadanía.

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Política

Keiko y su fiscal atentan contra la democracia con su afán de venganza

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Pedro Gonzalo Chávarry y Keiko Fujimori

La apertura de una investigación preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, el congresista Carlos Bruce y otros legisladores y funcionarios, por la presunta compra de votos con prebendas para evitar la vacancia de Kuczynski, dio la razón a los analistas y medios de prensa que anunciaban una operación venganza ordenada por la “Señora K”.

El tema fue analizado por parlamentarios de diversas tendencias y analistas entrevistados por Diario UNO, como Carlos Monge, quien dijo que Chávarry funciona como una suerte de peón del fujimorismo, en este juego de poderes con el Ejecutivo, porque sirve a los objetivos de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, al apuntar contra el presidente Martín Vizcarra como meta de su afán de venganza.

Recordó que Chávarry ya abrió investigación al exministro Alfredo Thorne por el caso de Chinchero, que es un pretexto porque su objetivo real es Vizcarra, por su papel en el tema cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Y ahora se pone la puntería no en Bruce y otros, sino en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, entonces queda claro que en el movimiento de piezas de la Fiscalía de la Nación, en este caso Chávarry, está apuntando a Vizcarra”, manifestó.

Martín Vizcarra Cornejo con la gente

CHANTAJE

Indicó que es una suerte de chantaje o de venganza por la manera cómo el presidente Vizcarra ha arrinconado al fujimorismo y lo ha derrotado políticamente, en esta puja en torno a las reformas porque lo ha obligado a hacer lo que no querían y se ha partido la bancada por primera vez desde la salida de la facción de Kenji que votó de manera diferenciada.

“Entonces es una venganza por esa derrota política y es también un chantaje diciéndole ‘la próxima que me pongas contra las cuerdas te puedo vacar’. Ahí las palabras del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, vuelven a cobrar toda su significación cuando él mencionó que constitucionalmente esa era también una posibilidad”, dijo.

“Además hay que recordar que Rosa Bartra, en declaraciones en referencia a la Comisión Lava Jato apuntó a PPK, pero mencionó que Vizcarra también podría estar considerado”, advirtió.

MAFIOSOS

“Fuerza Popular está sumamente penetrado por mafias de todo tipo y por dineros ilegales, porque ese es el fondo de la cuestión, lo que está en juego. Porque la alianza del Apra con el fujimorismo es el acuerdo de dos grupos mafiosos, que a su vez están montados sobre intereses mafiosos en la sociedad y viven en permanente colusión con grupos mafiosos al interior del Estado”, añadió.

Asimismo, destacó que esta situación de un Estado y un sistema político profundamente corrompidos, es lo que desacredita totalmente a la democracia a los ojos de la gente, entonces quien contribuye y defiende ese estado de las cosas se convierte en un enemigo claro de la democracia.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

VENGANZA DE KEIKO

Maritza García, parlamentaria No Agrupada, declaró que le parece mucha coincidencia, una reacción, un contraataque del fiscal Chávarry contra el informe del parlamentario Sheput, al que pretende desmerecer y debilitar con esta acusación sin sentido.

En el caso de ella y de sus colegas que renunciaron a Fuerza Popular los están procesando, abriendo investigación por no haber votado de manera uniforme con Fuerza Popular y por haber viajado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo cual no es delito, y lo han hecho también los congresistas keikistas.

“Es insólito, este es un acto de venganza de Keiko Fujimori con la finalidad de intimidar a la ciudadanía porque finalmente esto va a terminar con presos políticos, ella lo que está buscando es intimidar a la ciudadanía”, afirmó.

Maritza García resaltó que lo que se viene acá es una crisis política terrible y dijo que va a tener que empezar a buscar las garantías que el caso corresponde para no dejarse avasallar en sus derechos fundamentales.

SIGUEN VIZCARRA Y ARÁOZ

La parlamentaria indicó que lo que a los peruanos nos debe quedar claro es que hay una serie de actos sistemáticos que ya están planificados y se van desarrollando de manera secuencial hasta llegar al objetivo final.

“Claramente lo advertí hace mucho tiempo cuando estaba dentro de la bancada, que ya se escuchaban voces que no se iba a dejar trabajar al en ese entonces presidente Kuczynski, que tenían que bajárselo; que el objetivo final del fujimorismo es preparar el escenario político para las elecciones del 2021, copar las instituciones del Estado y ganar a la fuerza”, aseveró.

Además, dijo que estos son actos planificados, primero vacar a PPK, después Vizcarra y luego a Mercedes Aráoz, porque ya lo estamos viendo con este acto de Chávarry, para dejarle la posta a Keiko Fujimori, pero antes a quien sea el presidente de turno en el Legislativo, en el momento que se desate la crisis política.

AUTORA INTELECTUAL

“Ahora queda accionar legalmente, porque aquí hay una autora intelectual que es la ‘Señora K’, porque ella es la que está utilizando las instituciones del Estado y está cobrando venganza mediante instituciones como el Ministerio Público, lo cual es grave porque un fiscal de la Nación no se puede utilizar para una venganza política”, denunció García.

“A Pedro Chávarry se le está investigando como cualquier otro funcionario que en el ejercicio de sus funciones cometa alguna infracción constitucional en la comisión de un delito”, dijo.

La congresista apuntó que si Chávarry se hubiese apartado del cargo de manera prudencial para ser investigado no se hubiera llegado a este informe de Juan Sheput. “Pero él ha provocado esta situación porque se ve protegido por Keiko Fujimori y por la bancada de Fuerza Popular”, agregó.

HAY UNA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político afirmó que la medida tomada por Chávarry es una respuesta política al informe de Sheput, porque el problema es que mientras no renuncie o no separen al fiscal de la Nación, esta guerra va a seguir, por eso el Congreso debería actuar de manera rápida y separar a Chávarry.

Refirió que mientras más tiempo se demora una reacción del Parlamento respecto al titular del Ministerio Público, uno puede sostener que efectivamente hay una relación entre el fujimorismo y el fiscal, por eso al Congreso le conviene.

“Lo que está quedando claro es que no basta el tema del referendo para terminar con la corrupción, eso tiene que enfrentarse de manera decidida por el Gobierno, esto tiene que terminarse y yo noto por parte del Ejecutivo una debilidad en este punto. Tiene que opinar políticamente, no basta con hablar del referendo”, enfatizó.

“Una posibilidad es que esto termine en una guerra abierta, unos por la vacancia y otros por el cierre del Congreso y en ese sentido, pedir que se investigue a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, porque si efectivamente logran vacar a Vizcarra y a Aráoz, el presidente de la República será el titular del Congreso, por eso creo que tiene que haber una solución rápida porque esta es ya una guerra de desgaste que afecta tanto a unos como a otros”, agregó.

USO INDEBIDO DEL PODER

Por su parte, Alberto Quintanilla, parlamentario de Nuevo Perú, señaló que este es un uso indebido del poder, porque es un desatino la decisión del fiscal Chávarry de reaccionar de inmediato después de haber hecho público su informe Juan Sheput.

“Se ve como venganza política que ilegitima la acción del Ministerio Público. Él ha debido actuar con mayor prudencia y buscar mayor distancia e imparcialidad, lo cual ratifica que debe irse”, añadió.

“Creo que hay una suerte de venganza por parte del fujimorismo en alianza y a través de Chávarry, lo cual debería dejarse de lado. Pero ellos no entienden que la democracia también significa ciertos límites en la contienda política, no es un sálvese quien pueda y el todo vale. Porque existen límites éticos y políticos”, agregó el legislador.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Aráoz y Bruce seguros de que es una represalia

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Mercedes Aráoz - Carlos Bruce

La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce coincidieron hoy en que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, usa su cargo para venganzas políticas, al criticar la investigación preliminar que les inició dicha autoridad.

Aráoz cuestionó que a horas de conocerse el informe del legislador oficialista Juan Sheput recomendando destituir e inhabilitar a Chávarry, este abriera “una investigación sin sustento” que tiene por evidencia un viaje de supervisión de obras hecho con varios congresistas.

“Es claro que la Fiscalía es usada como instrumento de venganza política”, escribió en Twitter.

Por su parte, Carlos Bruce consideró que “es una coincidencia bien rara” que Chávarry anunciara la investigación justo después del informe de Juan Sheput.

Dicha pesquisa, que tiene aún condición de preliminar, incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce, Marvín Palma, Maritza García y Lucio Ávila.

Además, les atribuye presunto cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

“Es un delito usar su cargo para vendettas políticas (…) Esto se llama usar el cargo para finalidades políticas y defenderse de acusaciones que está teniendo”, dijo Bruce indignado.

El parlamentario calificó de apresurada la investigación llevada a cabo por Chávarry.

“Se me incluye en la investigación por haber viajado a Tumbes con la primera ministra y congresistas. Todos sabemos que los ministros viajan todas las semanas y eso no tiene nada de malo, pero yo nunca viajé a Tumbes, el viaje que me atribuyen es falso”, aseveró.

“Esto demuestra lo apresurado con que han armado el documento como una reacción al informe de Juan Sheput”, añadió el congresista.

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Política

Fiscal Chávarry arremete contra informe que plantea destituirlo

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Pedro Gonzalo Chávarry

El fiscal Pedro Chávarry arremetió ayer contra el informe del congresista Juan Sheput que lo acusa de presuntas infracciones constitucionales y recomienda su destitución, la que se ha convertido en un clamor nacional, al que solo se opone el partido fujimorista Fuerza Popular (FP), cuyo respaldo hace que el personaje se aferre al cargo sin rubor alguno, pese a que el país entero demanda su retiro.

Chávarry intentó desacreditar el informe presentado por Sheput a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que fue considerado como lógico primer paso a la destitución del fiscal cuestionado por sus relaciones estrechas con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y a quien la bancada fujimorista y la propia Keiko Fujimori protegen.

“El informe de Sheput colisiona con la Constitución. Su motivación es subjetiva, por lo tanto, bajo el criterio de conciencia usado por el Tribunal Constitucional, deberá ser rechazado en el marco de un estado constitucional de derecho”, sostuvo Chávarry en un mensaje de Twitter.

Agregó que “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe rechazarlo pues, sin mayor argumento, pretende destituirme del cargo de Fiscal de la Nación, yendo contra la legalidad”.

“QUE DIGA LO QUE QUIERA”

En la misma red, Sheput descartó contestarle pero escribió un mensaje que tácitamente señala que no va a retroceder ante los ataques de Chávarry y solo señaló que este “puede decir todo lo que crea conveniente. Está en su derecho. Lo mismo hicieron todos los otros implicados tanto del CNM como del Poder Judicial”.

“Yo solo me pronunciaré en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, añadió, en referencia a la fundamentación del informe que debe hacer dentro de los plazos legales establecidos.

En su informe, Sheput plantea la destitución de Chávarry y su inhabilitación por diez años, lo que significa que, de aprobarse la acusación, no podrá ser fiscal ni ocupar ningún cargo público, por ser autor de graves infracciones a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución.

Según el procedimiento establecido, el informe del parlamentario oficialista tendrá que debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la próxima semana. Si en esta instancia fuera aprobado, se trasladará el informe a la Comisión Permanente para un nuevo debate.

TREMENDO EXPEDIENTE

Según un reciente informe del portal de investigación Wayka, Chávarry inició su carrera en el Ministerio Público como fiscal provincial en setiembre de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, a quien se le ha vinculado desde aquella época, aunque alega que la versión es falsa.

La fuente indica que 1994 ascendió a fiscal superior en mayo de 1994, bajo el mando de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien usaba el Ministerio Público como herramienta del régimen dictatiorial de Alberto Fujimori y recibía por ello diez mil dólares mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), instrumento de corrupción y represión manejado por Vladimiro Montesinos.

Nélida Colán terminó presa hasta 2008, condenada por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito, debido a que se negó a investigar a Montesinos por presuntos cobros de cupos al narcotráfico y por el ‘vladivideo’ en que aparecía sobornando al excongresista Alberto Kouri, cuya difusión precipitó el desmoronamiento de aquel régimen y la fuga y renuncia por fax de Fujimori desde Japón.

Chávarry llevaba unos meses como fiscal, cuando, en agosto de 1994, fue nombrado secretario general de la Fiscalía de la Nación, es decir estrecho colaborador bajo el mandato de Blanca Nélida Colán, operadora de Montesinos, y sus críticos señalan que hoy utiliza los métodos de su jefa y mentora, los que habría puesto al servicio del fujimorismo.

MENTIRAS

En julio 2002, tras la caída de ese gobierno Chávarry tuvo que dejar el Ministerio Público por no haber sido ratificado, lo que equivale a ser expectorado o declarado tácitamente indeseable

Chávarry se dedicó entonces a la actividad privada y en marzo de 2003 fue abogado del empresario peruano James Stone Cohen, traficante de armas que formaba parte de la mafia de Montesinos y al que defendió durante tres años, lo que ha negado, diciendo que fue solo consultor.

Haber mentido reiteradamente, por cierto, es otra de las causas por las que Chávarry, para la mayoría de los partidos y ciudadanos, debe renunciar, por no cumplir el requisito de imagen impecable que se exige para ser fiscal de la Nación.

En 2007, ¡oh casualidad!, con García nuevamente en el Gobierno, fue reincorporado como fiscal superior titular, beneficiado por un acuerdo de solución amistosa con el Estado, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

Al parecer, tras volver al Ministerio Público, Chávarry no abandonó sus acciones cuestionables, pues en abril de 2017, ya como fiscal supremo, emitió una resolución que dio impunidad a condenados por corrupción en la Caja de Pensiones Militar Policial, por un presunto desfalco durante la dictadura, recuerda Wayka.

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