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De cómo el Estado juega con la salud de las personas

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En mayo 2012, tras meses de intentos fallidos de diálogo con la empresa minera Xstrata y con el Estado, la población de Espinar (Cusco) optó por realizar una huelga indefinida. Al octavo día, indiferencia y torpeza del gobierno de por medio, el conflicto estalló violentamente, con un triste saldo de dos valiosas vidas humanas perdidas. En los días previos y para incidir en la necesidad de atender prontamente las demandas de Espinar, yo explicaba públicamente el informe “Riesgos a la salud por exposición a metales pesados en la provincia de Espinar, Cusco” realizado en 2010 y que el Ministerio de Salud (Minsa) me había remitido oficialmente. En este se señala la presencia de metales pesados en agua de consumo humano y en las personas. Pero en lugar de preocuparse por el contenido del informe y por lo que podía implicar para la salud de los espinarenses, los voceros del gobierno, desde el ministro de Salud hasta el propio Presidente de la República, pasando por el ministro del Ambiente, insistieron en desconocer el informe, alegando que era falso, que correspondía a otra zona, que estaba siendo malinterpretado por azuzadores, etc. De hecho esa fue una de las razones que me llevó a renunciar al Partido Nacionalista días después, ¿cómo permanecer en una organización cuyos líderes estaban más preocupados por no pelearse con el gremio empresarial minero -“porque Xstrata es un modelo de responsabilidad social y no nos podemos meter con ellos”- que por la salud y la vida de los espinarenses?

Tras las muertes, el inicio de los procesos judiciales contra el alcalde y varios líderes sociales, se instaló una Mesa de diálogo y se realizó un monitoreo ambiental y una evaluación de metales pesados en comunidades del entorno del proyecto minero Tintaya. Se confirmó que había un problema de contaminación -52% de los puntos monitoreados presentaron algún parámetro por encima de los estándares establecidos- y que el 100% de las 180 personas evaluadas por el Minsa presentaba metales pesados. ¡Al fin la verdad se abría paso, al fin la salud de los espinarenses iba a ser atendida! No, solo fue una ilusión. No ocurrió nada de eso. Meses después de realizado el estudio, los comuneros de Huisa y Alto Huancané empezaron a recibir cada uno un papel sin membrete ni firma -signo de que nadie quiere asumir responsabilidades- en el que se incluía una lista de los metales pesados que se había encontrado en sus cuerpos y recomendaba que cada quien “consulte con su médico” (sic) para conocer las implicancias en su salud.

Luego, tras la denuncia de uno de los médicos que en su momento fue parte del equipo del Minsa que realizó dicho estudio, se supo que no solo se les había evaluado los 6 metales pesados anunciados sino 11 más sin su consentimiento. Sí, al parecer para el Minsa los pobladores -incluidos los niños- de Espinar fueron “conejillos de indias”.

Resulta más indignante aún que, hasta el día de hoy, 3 años después de que estallara el conflicto, la población de Espinar no haya recibido información clara sobre las implicancias de esa presencia de metales, tampoco ha recibido algún tipo de atención en salud, ni se ha determinado la fuente de la contaminación, condición esencial para evitar que más personas sean afectadas.

Es decir, desde el 2010 el Estado peruano tiene conocimiento de que cientos de personas en Espinar están expuestas cotidianamente a metales pesados y que podrían tener graves impactos en su salud, pero no ha hecho absolutamente nada frente a ello. ¿Pura desidia, discriminación o temor de afectar sus relaciones con el gremio empresarial minero? Sea cual fuere la razón esta situación solo puede ser calificada de una manera: inhumana.

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De hecho el caso Espinar fue una de las razones que me llevó a renunciar al Partido Nacionalista, ¿cómo permanecer en una organización cuyos líderes estaban más preocupados por no pelearse con el gremio empresarial minero -“porque Xstrata es un modelo de responsabilidad social y no nos podemos meter con ellos”- que por la salud y la vida de los espinarenses?

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Editorial

Un decreto antilaboral

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El Gobierno publicó el pasado domingo el Decreto Legislativo Nº 1442 que crea la Planilla Única de Pago del Sector Público. La norma ha sido cuestionada porque en la práctica anula las negociaciones colectivas en el ámbito estatal y aunque el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, niega que el Gobierno haya eliminado la figura de la negociación colectiva para los trabajadores estatales, el abogado laboralista Javier Neves Mujica, sostuvo que el DL 1442 representa un acto de inconstitucionalidad.

Ocurre, sin embargo, que el cuestionado decreto legislativo implementa la Planilla Única de Pago del Sector Público, un registro con los ingresos de cada uno de los trabajadores públicos, que se encuentra bajo el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), específicamente de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Además, establece que las entidades del Estado deben cumplir con entregar a sus trabajadores 12 remuneraciones al año, una bonificación por escolaridad, una gratificación por Fiestas Patrias y otra por Navidad (algo que ya se sabe de sobra).

Pero la norma, también, precisa que los montos de gratificaciones y bonificaciones son fijados únicamente por la Ley de Presupuesto del Sector Público. Asimismo, señala que todos –salarios incluidos– deben ser reglamentados mediante decreto supremo del MEF. El artículo 16 obliga a todas las entidades públicas a cumplir con los lineamientos de la Planilla Pública, caso contrario se comunicará a la Contraloría General de la República, detallando el impacto fiscal.

En opinión de expertos, nos encontraríamos ante una flagrante violación de la Constitución y los derechos laborales por parte del Poder Ejecutivo, ante lo cual el Congreso deberá retomar el proyecto consensuado que tiene sobre la materia. En caso contrario, qué razón de ser tendrían los sindicatos. Es necesario, pues, que se corrija cualquier atisbo de colisión con los derechos laborales, consagrados por la Constitución, toda vez que es el Estado el encargado de velar por su cumplimiento.

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Portada 22 setiembre 2018

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Portada 22 setiembre 2018

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Política

Jugarreta de FP: niega compromiso de aprobar reformas y el referendo

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

El Gobierno reaccionó ayer con cautela ante la difusa confianza concedida por el Congreso a dos de sus políticas generales de Estado, sin ninguna mención sobre las tres reformas políticas pendientes, la fecha límite para su aprobación ni sobre el referéndum proyectado para el 9 de diciembre.

La acción del Legislativo fue advertida por sectores políticos ajenos a Fuerza Popular como un escamoteo al propósito reformador del Gobierno, o como una maniobra del tipo “caramelo”, destinada a solo contentar al Gobierno, pero sobre todo a bloquear la posibilidad del cierre del Congreso y a aminorar la presión del Ejecutivo sobre el referéndum.

BATALLA POR EL REFERÉNDUM

De este modo, se prevé que aún si el legislativo cumpliese con aprobar los tres proyectos de ley pendientes de la reforma Vizcarra, la confrontación Ejecutivo – Legislativo, derivaría hacia una enconada batalla política por la realización de la consulta ciudadana.

Juan Sheput dijo ayer que en la moción de confianza no figura para nada el referéndum porque Fuerza Popular no lo quiere, lo detesta y hará todo para impedirlo, pues está convencida de que significará una derrota para sus intereses políticos.

Sobre el referéndum, desde Ica, la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higushi, declaró que es una cuestión que depende de la voluntad política del Congreso, sin presión de ningún lado, y se declaró satisfecha de que en la plenaria sobre la cuestión de confianza los legisladores de su partido hayan emitido votos de conciencia, algo inusual en esa organización en la que ella decide el más mínimo detalle, sin que los demás puedan disentir.

Casi en consonancia con Fujimori, en Lima, la presidenta de la Comisión de Constitución del Legislativo, Rosa Bartra, dijo que el único organismo que puede convocar el referéndum es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se negó a seguir hablando del tema pues, aseguró, no es de interés del Congreso.

CLAROSCUROS DE LA CONFIANZA

En el oficio Nº 070- 2018- 2019, mediante el cual el presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la primera vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunican al presidente Martín Vizcarra el acuerdo del Legislativo sobre la cuestión de confianza, se lee:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del Presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

Este otorgamiento de confianza sobre dos materias genéricas que, además, ya recibieron el visto bueno del Legislativo en mayo último luego de la presentación del plan de trabajo del gabinete Villanueva, no refleja tampoco el acuerdo de los portavoces, previo a la votación del miércoles 19, de conceder la confianza a la solicitud del Gobierno, contenido en el oficio Nº 257- 2018-PR, el cual menciona expresamente un pedido de aprobación urgente de los cuatro proyectos de ley de la reforma política.

PAÑOS FRÍOS

La primera reacción ante la prensa que advirtió esta notoria discrepancia central entre el principal motivo de la cuestión de confianza pedida por el Gobierno y la respuesta genérica de la presidencia del Congreso, fue del premier César Villanueva, en tono de paños fríos.

Dijo que no tiene “ni una pizca de duda” del compromiso asumido por los legisladores que votaron a favor de la confianza, de que aprobarán las cuatro reformas en los plazos establecidos y agregó que si no lo hacen sería “una miopía política gigantesca (…) o hacer algún tipo de triquiñuela”. Se refería al supuesto plazo del 4 de octubre próximo mencionado verbalmente por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, ante la prensa, pero que no consta en ningún documento oficial del Estado Peruano.

No obstante, un confiado premier declaró: “Fue gran parte del partido Fuerza Popular la que votó favorablemente […] Los demócratas tenemos que empezar a creer que hay reserva moral como para tomar decisiones y no hacer las jugadas clásicas debajo de la mesa. Creo que van a aprobar las cuatro reformas y que van a ir a un referéndum”.

EL PRESIDENTE TAMPOCO DUDA

Después del mediodía, desde La Joya, en Arequipa, el presidente Martín Vizcarra felicitó al Congreso “por la confianza para las cuatro reformas”, sin mencionar que ni siquiera están mencionadas en la escueta y opaca decisión del Congreso, pero también mostrando una seguridad que puede ser otra forma de advertencia.

Dijo estar seguro de que la consulta se realizará el 9 de diciembre sobre los cambios judiciales y políticos propuestos, pues no tiene dudas de que los congresistas aprobarán los proyectos pendientes antes del 4 de octubre, fecha límite que la Junta de Portavoces del Parlamento se impuso. Y, seguidamente dejó en claro que no pensará en “sí y no” sobre la posibilidad de que el Congreso prolongue el debate de las reformas.

SHEPUT SIN ANESTESIA

En el contexto de estas expresiones de buena voluntad del Presidente y del Premier, Sheput fue el único representante del partido de gobierno y de la bancada oficialista que aceptó, casi con amargura, la inexistencia de un compromiso claro de aprobar las reformas ni del plazo para aprobarlas, ni garantía alguna de que habrá un referéndum.

Y fue más allá. Criticó a todos los miembros de la Junta de Portavoces y, por consiguiente, al representante de su partido que asistió a la reunión en la que se preparó la imprecisa moción que finalmente se votó.

Casi con pena dijo: “Quienes se ponen a confiar, que no se metan en política. En la política, uno genera las condiciones para que suceda algo […] En política no hay que ser ingenuo. Hablo en general, de mi bancada, de la política y de todos los voceros. En términos políticos, uno tiene que concretar lo que se plantea y, en ese sentido, es responsabilidad de la bancada, de los voceros de las bancadas, de nosotros”.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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