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Culturas, pueblos y naciones indígenas

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Mi propósito en esta columna es ligar el tema de la consulta previa con el avance de la conciencia política de los pueblos indígenas amazónicos y la enorme importancia de la discusión internacional surgida del auto reconocimiento de la nación catalán y su explícito propósito de convertir su nación en un Estado independiente.

La cuestión de la consulta previa que interesa directamente a los pueblos indígenas. Por el Convenio 169 de la OIT y por la Declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas, de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas deben ser consultados antes que el Estado y las empresas privadas exploten la riqueza que hay en sus territorios. Se trata, hasta ahora, de una promesa incumplida.

Para las grandes empresas, lo ideal sería que no haya consulta previa alguna para disfrutar libremente del 80 % de la riqueza; pero se ven obligadas a aceptar a regañadientes la consulta planteando objeciones para determinar quiénes son o no indígenas.

El estereotipo de indígena que tienen los funcionarios del capital y muchos del propio Estado es muy simple: de rasgos biológicos “indios”, analfabeto, monolingüe, ajeno a todo rasgo de modernidad (“El indígena que usa celular ya no es indígena”).

Según este esquema los únicos indígenas a quienes sería posible consultar serían los no contactados, los que viven en varios lugares de la Amazonía en una especie de “aislamiento voluntario”, lejos y huyendo, siempre huyendo monte adentro, de los colonos que la sociedad llamada moderna les envía para despojarlos de lo poco que tienen.

Es muy importante que se discuta sobre el derecho a la consulta previa. Mientras las grandes empresas petroleras, mineras, gasíferas, auríferas y madereras disputan nuevas concesiones y explotan la riqueza peruana en su beneficio propio, las comunidades nativas -surgidas a partir de 1974, Velasco Alvarado- tratan de defenderse de la presión para que les entreguen títulos individuales de tierras que ellos y ellas podrían vender (prédica de Hernando Soto, Alan García y otros creyentes del cuento del Perro del hortelano), y luego puedan vender sus tierras a quienes quieran comprárselas.

En los últimos 40 años los pueblos indígenas amazónicos son nuevos actores en el escenario político peruano, se han organizado, han reivindicado sus territorios, sus identidades, sus culturas, su biodiversidad y sus saberes. La rebelión de Bagua en 2008-2009 fue su carta de presentación.

En la defensa de la consulta previa han seguido avanzando hasta que el 29 de noviembre de 2015, en la Comunidad de Soledad, rio Santiago, la Nación Wampis declara la conformación del primer gobierno autónomo indígena del Perú para defender la totalidad de su territorio ancestral que abarca 1.3 millones de hectáreas de bosques tropicales.

Como informó SERVINDI, el anuncio se hizo en la primera cumbre Wampis frente a casi 300 representantes de sus 85 comunidades. Andrés Noningo Sesen, uno de los Waimaku o visionarios Wampis explicó:

“Hemos tomado esta decisión en parte como una estrategia de defensa territorial; como respuesta a los esfuerzos de dividirnos por comunidades. Aun seremos ciudadanos Peruanos, pero esta unidad nos dará la fuerza política que necesitamos para explicar nuestra visión al mundo y a los estados y empresas que solamente ven el oro y el petróleo en nuestros ríos y bosques y mucho menos los seres espirituales como Nunkui, la madre de la tierra y Tsunki que cuidan nuestras tierras y aguas. También, nos permite promover la visión propia que tenemos por una vida que nosotros queremos, un futuro sano en armonía con la naturaleza.”

Separar a las familias de sus comunidades nativas y aislar a cada una de estas del resto de comunidades del mismo pueblo indígena es la propuesta del capitalismo y de la colonialidad del poder. Afirmar la unidad del pueblo indígena en cada una de las comunidades de todas las cuencas de su territorio es el propósito de los waimaku wampis. Para eso acaban de acordar una especie de carta magna de la nación wampis que propone la formación de un gobierno autónomo para el conjunto de la nación wampis. Esta es una novedad en la estructura política peruana de todos los tiempos. No se trata de un Estado nación dentro de otro sino del derecho de un pueblo-nación de tener un gobierno autónomo dentro del Estado plurinacional peruano de hoy.

El Estado nación fue inventado en tiempos de la revolución francesa, mientras los pueblos naciones son las culturas indígenas de todo el mundo desde hace miles de años. Los zapatistas en México han creado las juntas de buen gobierno, dentro del territorio del Estado mexicano, al margen de ese Estado. Los catalanes acaban de confirmar que Cataluña es una nación y proclaman su derecho de formar una nación con su propio Estado. Reconocen además que España es un Estado plurinacional, como el boliviano de hoy. Ya no es posible negar la “singularidad catalana” como creen los dirigentes del Partido socialista obrero español, PSOE. En las negociaciones de estos días para ver si es posible formar un nuevo gobierno en España está ya planteada la propuesta de crear un ministerio de asuntos plurinacionales.

Están terminando los tiempos de aquellas naciones inventadas como estados naciones negando los derechos de los pueblos naciones. Aparecen en el horizonte propuestas concretas de gobiernos autónomos de pueblos naciones que poco o nada tienen que ver con los estados naciones. La formación de un gobierno autónomo de la nación wampis como novedad anunciada en la comunidad wampis de Soledad en el río Santiago, es parte de un problema global sobre el que es pertinente volver en una y más columnas.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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