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Cuidado con las cabeceras de cuenca

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En un artículo reciente, publicado por el portal digital Lampadia (http://www.lampadia.com/analisis/mineria/ppk-y-fp-legislan-contra-la-minera/), defensora de las actividades extractivistas, sostiene que los “antimineros” han encontrado dos términos muy efectistas que son colchón acuífero y cabeceras de cuenca.

Dice que: “El primero hace consentir que los acuíferos son un ‘colchón’ plano donde está el agua que alimenta los manantiales, y el segundo sugiere que nacen las aguas de las partes altas de la cuenca … pero (que ambos términos) son términos falaces”.

Raúl Benavides –hermano de Roque Benavides, presidente de la CONFIEP, y cuya familia es propietaria de la minera Buenaventura– da argumentos técnicos atendibles de por qué serían falaces, pero lo que más le preocupa son dos cosas: Por un lado que el 90% de las minas y los minerales se encuentran por encima de los 3,000 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto en cabecera de cuenca. Y, por otro, se pregunta, ¿qué sería de nuestra sierra sin minería?

En resumen, sostiene el empresario minero en Lampadia, que la defensa de las cabeceras de cuenca “es una forma de oponerse a todo emprendimiento minero futuro (y) haría que los funcionarios de la ANA (Autoridad Nacional del Agua) sean constantemente hostilizados por elementos conservacionistas y antisistema para que declaren inviables proyectos (mineros, lo que) se puede usar para oponerse a represamientos, hidroeléctricas y hasta incluso carreteras por ser cabecera de cuenca”.

Por lo anterior, sostiene Raúl Benavides, es necesario derogar cuanto antes la Ley 30640 –presentada por el congresista Marco Arana del Frente Amplio, discutida y aprobada en la Comisión de Pueblos y el Pleno del Congreso de la República y promulgada en El Peruano el 19 de agosto–, que modifica la Ley 29338 de Recursos Hídricos y establece “Criterios Técnicos para la Identificación, Delimitación y Zonificación de las Cabeceras de cuenca de las Vertientes Hidrográficas del Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca”.

Acorde con esta ley modificatoria, apoyada por la izquierda, los fujimoristas y congresistas de PPK, la ANA, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede “declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua y otorga 90 días para adecuar la norma reglamentaria y 365 días para elaborar el marco metodológico para implementarla”.

Según Raúl Benavides y Lampadia, las consecuencias de aplicar esta ley serían que ningún proyecto de inversión podrá ser desarrollado hasta no saber si será declarado “cabecera de cuenca”, que todo proyecto de reservorio de agua, hidroeléctrica, mina u otro deberá esperar a que la ANA diga si es o no cabecera de cuenca antes de comprometer la inversión, que la ley de marras genera mayor “permisología” –término acuñado por la tecnocracia neoliberal–, atentando contra una de las Políticas de Estado proclamadas por PPK y el Congreso, que es la simplificación administrativa. Es más, sostiene Raúl Benavides, esta modificatoria de la Ley de Aguas será una fuente más de conflictos para los proyectos de inversión.

Sin embargo, los extractivistas mineros, que se expresaron largamente contra esta ley en la reciente Perumin 33 (Arequipa, 18 al 22 de setiembre), no saben o no quieren saber que en varios de países como Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia, muchos de Europa, los proyectos extractivos y en general los productivos, incluyendo megaproyectos de construcción para viviendas, carreteras y energía, tienen vallas ambientales e institucionales que NO permiten que se instalen en cabeceras de cuencas y acuíferos subterráneos.

Tampoco permiten que se impulsen a tajo abierto, que afecten áreas naturales protegidas o sitios incluidos bajo la Convención de Ramsar (sobre humedales con especies endémicas de flora y fauna), que destruyan sitios arqueológicos y santuarios religiosos de pueblos indígenas y no indígenas, que se realicen sin procesos previos de ordenamiento territorial, que se desarrollen sin consulta a los ciudadanos (vía referéndum) o pueblos indígenas (vía aplicación del Convenio 169 de la OIT), que violentan los usos y costumbres locales (culinaria, patrones comunitarios, prostitución, consumo de drogas), entre otros.

¿Existe extractivismo responsable en el Perú, es decir empresas con responsabilidad social y ambiental? Tengo serias dudas, ya que la mayoría de nuestras empresas mineras ni siquiera cumplen los principios que varias de ellas, agrupadas en el Consejo Mundial de Minería y Metales (ICMM, por su sigla en inglés) firmaron en mayo del 2003.Ver los 10 principios en: http://www.caem.com.ar/wp-content/uploads/ICMM_Principles_es.pdf.

Sostengo que no hay verde sin azul, no hay agricultura, ganadería, piscicultura, maricultura, árboles y biodiversidad sin agua y no hay agua con extractivismo irresponsable, depredador, sin procesos sociales, políticos y técnicos de ordenamiento territorial (OT), evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) y estudios de impacto ambiental (EIA). El agua blanca y dura de los glaciares se está derritiendo. En 44 años los glaciares peruanos retrocedieron en un 42%: en 1970 habían 2,041 Km2 de superficie glaciar; al 2014 solo quedaban 1,211 Km2. Se ha perdido el agua que consume Lima en 20 años y los glaciares ubicados debajo de 5,000 msnm podrían desaparecer en el 2021.

La tierra se está secando, el verde se está talando en la Amazonía como muestran los 8 a 10 millones de hectáreas ya arrasadas, la agricultura está colapsando, el mar lo estamos contaminando y agotando sus recursos. El hambre puede comenzar a matarnos en un país que busca ser una potencia gastronómica y pertenecer a la OCDE. El stress hídrico nos toca la puerta ya que el agua dulce disponible se encuentra principalmente en humedales, bofedales, lagunas y acuíferos subterráneos que están desapareciendo: la minería metálica y no metálica está bajo ellos en las cabeceras de cuenca..

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Política

Fiscal valiente no retrocede ante amedrentamiento de Chávarry

Publicado

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José Domingo Pérez Gómez

Ante la pregunta de la prensa sobre si se reafirma sobre su opinión de que la persona que está asumiendo el cargo de Fiscal de la Nación (Pedro Chávarry) no es el más idóneo, el fiscal valiente José Domingo Pérez fue enfático: “Bueno yo no puedo rectificar las ideas u opiniones que pueda tener”.

Pérez, quien es fiscal titular de lavado de activos, es sometido a un proceso disciplinario mediante la Oficina de Control Interno de la Fiscalía por las declaraciones que dio sobre el titular y el extitular del Ministerio Público, Pedro Chávarry y Pablo Sánchez, respectivamente.

Además, su institución le ha abierto otro proceso por haber realizado un supuesto cobro que no le correspondía. Referente a esto el fiscal aclaró: “Eso es un absurdo. Soy fiscal anticorrupción, jamás se ha dejado mi designación, jamás han cancelado mi designación como fiscal anticorrupción. A mí me han destacado a la Fiscalía de Lavado de Activos por necesidad de servicio, he continuado conociendo casos anticorrupción, sigo haciéndolo”.

Respecto a la denuncia de un personaje afiliado al partido Aprista (Martín Morocho) quien ha pedido un examen psiquiátrico, dijo que no se le ha notificado. “Toda persona está en su derecho de interponer cualquier tipo de acción y el órgano desconcentrado de Control Interno del Ministerio Público debe hacer la valoración correspondiente. En mi caso se ha abierto las investigaciones, dos de ellas, y tengo que absolver las mismas”, afirmó.

Resaltó que desconoce cómo se han dado a conocer las tres denuncias a la prensa y que eso sí debería llamar la atención. Cuestionó que el órgano desconcentrado de Control Interno haya permitido que se dé a conocer estas tres investigaciones a la prensa.

“Creo que parte del cambio y las reformas vienen por parte de la crítica que tenemos que hacer, instituciones y personas”, afirmó Pérez, respecto a las declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien ha pedido que el Ministerio Público haga una autocrítica, y no le dé la espalda a las exigencias de la población de desterrar la corrupción.

¿A QUIÉNES LES INCÓMODA?

El fiscal José Domingo Pérez está en la mira del fujiaprismo porque investiga a la señora K y a su partido por lavado de activos, también a AG por presuntos aportes de la constructora brasileña Odebrecht.

En diciembre del 2017 el fiscal valiente lideró un allanamiento a dos predios de Fuerza Popular, en los cuales diversos parlamentarios keikista pretendieron obstruir las diligencias e incluso amenazaron al fiscal.

MUY EXTRAÑO

En ese contexto, no es extraño que aparentemente de la nada, haya aparecido un personaje como Martín Morocho, de filiación aprista, quien ha pedido que le realicen un examen psiquiátrico, como de manera coincidente lo había adelantado el parlamentario aprista Jorge del Castillo en una entrevista días atrás.

“Existe la necesidad que jueces, fiscales y determinadas autoridades pasen por un examen psiquiátrico para los efectos de ver el alcance de su personalidad”, indicó Del Castillo en aquella oportunidad.

ESO ES UN ABSURDO

Sobre la investigación que afronta por un supuesto cobro indebido, Pérez Gómez señaló que este es “absurdo” porque sigue siendo fiscal anticorrupción. La denuncia sostiene que el fiscal perdió el derecho a cobrar este bono de S/3000 tras ser designado como fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Corporativa de Lavado de Activos.

“Eso es un absurdo. Soy fiscal anticorrupción, jamás se ha dejado mi designación, jamás han cancelado mi designación como fiscal anticorrupción. A mí me han destacado a la Fiscalía de Lavado de Activos por necesidad de servicio, he continuado conociendo casos anticorrupción, sigo haciéndolo, qué le puedo decir…”, aseveró.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Que superen las diferencias

Publicado

en

ARMANDO VILLANUEVA

“Espero que los conflictos internos en la Fiscalía sean superados para mostrar al país una institución sólida que representa el interés del Estado en cuanto a política anticorrupción, que creo es la institución bandera y primera responsable en esbozar seriamente una política anticorrupción”.

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Política

Se nota una protección

Publicado

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HUMBERTO MORALES

“El compromiso de nuestra bancada es entrar a los temas de fondo. Estamos muy preocupados porque los ataques al fiscal Pérez Gómez al final pondrían en riesgo una investigación que deberá brindar frutos. Parece que se quiere blindar a Keiko y Alan. Se nota que hay una protección”.

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