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¿Cuándo se jodió Petroperú?

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Sin el Lote 192, sin terminales, sin grifos.

En cambio, en otros países hay empresas nacionales fuertes.

Parafraseando al personaje Zavalita de la novela “Conversación en la Catedral” sirva esta entrada para interrogarse sobre el pasado, presente y pasado de Petroperú, cuando nuestros vecinos de Chile, Ecuador y Colombia mantienen y promueven la presencia estatal en el sector de hidrocarburos, y más del 75 por ciento de la producción mundial y reservas de petróleo y gas está bajo responsabilidad de los estados nacionales.

¿Por qué la derecha liberal de nuestro país en una especie de esquizofrenia cuestiona la presencia de la petrolera estatal a pesar de su rol estratégico y rentabilidad?

Si existiera una clase dirigente en el Perú con una visión nacional de desarrollo, como la que existe en Chile y Colombia, cuyos capitales públicos y privados tienen una presencia importante en el sector energético de nuestro país participando en la distribución de gas natural, gas licuado de petróleo (GLP), transmisión eléctrica, explotación de crudo, transporte marítimo etc. debiera ser la mayor interesada en tener una empresa petrolera estatal moderna, eficiente, rentable, que asegure el abastecimiento energético por medio de los combustibles limpios; de allí la importancia de la modernización de la refinería de Talara de Petroperú.

En el mismo sentido esa clase dirigente no permitiría que la petrolera estatal fuese un botín de los gobiernos de turno, fuente de corruptelas y negocios privados, agencia de empleo con cada gobierno, con directorios inexpertos e ignorantes de la dinámica del sector de hidrocarburos. Igualmente no permitiría la administración e intromisión política en el manejo empresarial, con ministros de Estado y altos funcionarios al servicio del interés privado.

Evolución de la participación de petróleo en las ventas  de combustibles al mercado interno

LA DESCAPITALIZACIÓN SISTEMÁTICA
Debiera ser evidente que la inquina de la derecha liberal hacia Petroperú tiene su origen en la partida de nacimiento de la petrolera estatal, cuyo origen está ligado a los vientos nacionalistas del gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado con la expropiación de los activos a la International Petroleum Company, la cuestionada IPC que con la fusión con la Empresa Petrolera Fiscal, dieron nacimiento a Petroperú, cumpliendo la vieja aspiración del “petróleo para los peruanos”, superando la infamia del Laudo de la Brea y Pariñas, y de más de cincuenta años de oprobio.

Por ello, la época de oro de la petrolera estatal está ligada a los años setenta del siglo pasado, donde técnicos e ingenieros peruanos descubren el oro negro en la selva nororiental, Lote 8 de Trompeteros, que con el petróleo del

Lote A y B bajo responsabilidad de la OXI, que luego se fusionan para dar origen al Lote 1-AB, alimentan el Oleoducto Norperuano, uno de los activos fundamentales de Petroperú, que hoy la presente administración pretende privatizar bajo la modalidad de concesión y/o asociación con privados.

Este contrato del Lote 1-AB que fue re negociado en 1986 por el primer gobierno de García Pérez debió terminar en agosto del 2007 y devuelto al Estado para luego ser transferido a Petroperú, pero las fuerzas oscuras de la antipatria en el 2001 durante el gobierno de transición enajenaron las reservas probadas, probables y posibles más las instalaciones de dicho lote para favorecer los intereses de la transnacional argentina Pluspetrol, que se hizo grande con los activos privatizados de Petroperú, con los cuales financió su presencia del 27.2 por ciento en el Consorcio Camisea.

Es decir, Pluspetrol, empresa que explota a sus trabajadores peruanos enajenándoles la participación de utilidades a los mismos, de ser una cenicienta en materia de hidrocarburos a nivel internacional se hizo grande gracias a la privatización de Petroperú.

Lo mismo se reproduce con el Grupo Graña y Montero que explota los lotes que fueron de Petroperú I, III, IV, V, como también administra sus terminales abonando ridículas tarifas a costa de la petrolera estatal. ¡Y después le dicen ineficiente a la petrolera estatal!

Sin embargo la descapitalización sistemática ocurrió en el período 1986/1990 cuando Petroperú fue sometida a una política de subsidios en una versión populista del modelo heterodoxo que le generó gigantes pérdidas a costa de la rentabilidad de Petroperú.

Así, por decisión de la política de gobierno de ese entonces, la petrolera estatal fue obligada a vender en promedio un galón de combustibles a US $ 0.20 centavos de dólar cuando el costo de producción era de US $ 0.52 centavos, por tanto en la venta diaria perdía US $ 0.32 centavos por galón.

Un simple cálculo para el año 1989 nos puede exponer la magnitud del subsidio y la grave irresponsabilidad del gobernante aprista. Si la demanda interna y las ventas de Petroperú eran de 90,000 barriles diarios, multiplicados por 42 galones, pues un barril equivale a esa cantidad de galones, y el resultado obtenido se multiplica por la pérdida diaria de US $ 0.32 centavos, ello nos determina que Petroperú tenía una pérdida diaria de US $ 1’209,600 dólares por ser obligada a vender un galón de combustibles por debajo del costo de producción (90,000 barriles X 42 galones X US $ 0.32 centavos). Por tanto esta pérdida diaria en un año se convertía en más de US $ 441.5 millones de dólares.

En cinco años de populismo irresponsable las pérdidas acumuladas y no reconocidas como inversiones sociales como se hizo en Colombia, pues estos subsidios indiscriminados constituían parte central del modelo heterodoxo, significaron una descapitalización superior a los US $ 2,207 millones que afectaron el patrimonio, las inversiones de reposición y mantenimiento en la petrolera estatal.

Aun así bajo estas condiciones Petroperú gracias al esfuerzo y capacidad de sus trabajadores no dejo de suministrar los combustibles a nivel país cubriendo la demanda interna, como lo hace actualmente satisfaciendo el mercado interno en competencia con empresas privadas.

Sin embargo, la estocada final vino después de 1990 con el gobierno de Alberto Fujimori ungido por el voto popular de las izquierdas y el APRA que encontró en las pérdidas generalizadas de las empresas públicas, la excusa y justificación ideal para una radical privatización de la Actividad Empresarial del Estado, cuando prometió fortalecer la presencia estatal.

Así, Petroperú privatizada a medias desde los años noventa del siglo pasado, fue obligada a transferir sus principales activos como la refinería La Pampilla, filiales rentables como Solgás, la naviera Transoceánica etc. Sin lotes petroleros que fueron transferidos al sector privado para su explotación, pues supuestamente las empresas privadas debían incrementar la producción de crudo y asumir riesgos e invertir cuestión que no se verifica en la realidad si se contabiliza el número de pozos exploratorios desde 1998 a la fecha.

Un promedio de cinco pozos en las dos primeras décadas del siglo XXI, cuando Petroperú en la década de los setenta perforaba más de 70 pozos exploratorios anuales. Es más, si no invirtieron cuando el precio del crudo estaba a 100 dólares el barril ¿por qué habrían de hacerlo con precios menores a los 50 dólares?

Petro perú: Resumen de Estados Financieros

RENTABILIDAD A PESAR DEL DESCUARTIZAMIENTO
En el cuadro “Petroperú: Resumen de los Estados Financieros” 2010 al primer semestre del 2017, se exponen los ingresos, utilidades brutas, operativas y netas de la petrolera estatal, destacando que sus resultados económicos positivos serían absolutamente superiores si fuera una empresa integrada con lotes de producción propios y estaciones de grifos para la distribución minorista.

Ello lo confirma la consultora privada de reconocido prestigio internacional como Wood Mackenzie contratada en el gobierno anterior, donde técnicamente recomendaba la integración vertical, es decir la producción propia de petróleo y gas bajo responsabilidad de Petroperú.

También debiera ser evidente que con la modernización de la refinería de Talara los ingresos de Petroperú y utilidades operativas serán superiores, pues los márgenes de refinación serán mayores a los que actualmente obtiene, pues la refinería del norte estará en capacidad de tratar 95 mil barriles diarios, y procesar el crudo pesado de la selva nororiental de los lotes 8, 192, 67 entre otros.

Con la refinería de Talara se aumentará en más de 40 mil barriles diarios la capacidad de producción de condensados medios, refinando diésel 2 con 50 partes por millón de azufre que actualmente se tienen que importar para abastecer el mercado local.

En conclusión, el problema central de Petroperú no es técnico ni económico que tienen su explicación e importancia. Es sobre todo político e ideológico, pues el modelo aplicado desde 1990 a la fecha recomienda su privatización, a pesar de su importancia estratégica cubriendo más del 50 por ciento del mercado de las ventas internas, con su rentabilidad demostrada y los pésimos negocios que tiene que suscribir con privados.

En conclusión, a diferencia de Chile y Colombia lo grave del drama de Petroperú es la falta de visión de Estado de nuestros gobernantes, de la ausencia de objetivos estratégicos en materia de energía como país donde los recursos naturales y energéticos estén al servicio de las grandes mayorías y permitan un abastecimiento seguro, oportuno, a precios razonables con respeto de las normas ambientales en todas las fases de las operaciones, producción, refinación, transporte y distribución.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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