Trabajar sin descanso, desvelarse cientos o miles de veces por nuestros hijos, procurar su bienestar en todo sentido, son una de las labores que adquirimos con gusto cuando nos convertimos en padres, y es que, sencillamente, un hijo (a) se convierte en nuestra razón e impulso para vivir.

Pero ¿qué ocurre cuando después de haber vivido tantos años junto a tu hijo alguien te lo arrebata para siempre? ¿Qué ocurre cuando esa persona que asesinó a tu hijo es un policía? ¿Cómo entender la realidad después de eso? Cómo aceptar que la ley de la vida se invierta en nuestra contra y que seamos los padres quienes enterremos a nuestros hijos. Sencillamente, no hay lógica alguna.

Esta terrible sensación la vivieron Rudecindo Ccora, Félix Taipe y Máximo Huallama, padres de tres jóvenes que murieron víctimas de la represión policial el 21 de junio del 2011 en Huancavelica, en medio de protestas estudiantiles por la creación de la Universidad de Tayacaja.

Aquel día fallecieron Oswaldo Américo Quispe Lázaro con 156 impactos de perdigones, Ángel Sedano Condori de un balazo en la cabeza, Ivanov Ccora Quispe, vigilante del gobierno regional de Huancavelica quien murió con un impacto de bala en el pecho cuando realizaba sus funciones y David Huallani, un niño de tan solo 14 años que salió a comprar al mercado y que nunca más regresó.

Los familiares de las víctimas desde un primer momento denunciaron irregularidades en la investigación al notar que había una suerte de parcialización o blindaje hacia los acusados, ocultamientos de elementos probatorios o lentitud en el proceso que generó más de una suspicacia, versión que fue respaldada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Solo tres policías fueron acusados por estas muertes y posteriormente absueltos gracias al fallo de un juez que aplicó a favor de los efectivos el principio de retroactividad benigna contemplada en la Ley 30151 aprobada el 13 de enero de este año por el gobierno de Ollanta Humala. Según esta norma los integrantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que causen muertes y lesiones cumpliendo su presunto deber y en uso de sus armas de reglamento o cualquier otro medio de defensa, estarían exentos de responsabilidad penal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció de inmediato recordándole al Perú que como país integrante de la Comisión Americana está obligado a investigar, garantizar y castigar a aquellos que vulneren derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución política, tales como la afectación del derecho a la vida que tiene toda persona por el simple hecho de existir.

Nadie niega que el efectivo policial requiere de respaldo legal para ejercer su función y enfrentar la criminalidad que nos está ganando la batalla y precisamente por ello es importante desarrollar leyes que protejan tanto a los ciudadanos como al policía pero siempre con reglas claras proporcionales que bajo ningún punto de vista generen duda alguna ni den paso a la arbitrariedad y al abuso.

Sin duda la Ley 30151 que modifica el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, puede incurrir en excesos que incluso pueden poner en tela de juicio la intencionalidad del efectivo policial, no obstante podría generar hasta impunidad. Hay que tener presente que toda ley debe ser concreta y nunca transgredir los derechos humanos.

Para la implementación de toda ley es necesario evaluar previamente el aspecto coyuntural de nuestra sociedad. Eso, sin tener en cuenta el descrédito de nuestra administración de justicia que en muchos casos resulta costosa, lenta y hasta corruptible, situación que nos lleva a la inseguridad jurídica.

La sentencia que libró de la cárcel a los tres policías que causaron el dolor a varias familias huancavelicanas se encuentra hoy con un recurso de nulidad interpuesto y pendiente de resolver por la Sala Superior de la Corte Superior de Justicia de dicha jurisdicción.

Es cierto que ni la cárcel podrá devolverle a estos padres a sus hijos pero no podemos permitir que bajo una cuestionada ley más vidas inocentes se extingan sin sanción alguna a los responsables.

Para Rudecindo Ccora, padre de Ivanof, y para Máximo Huallama, padre del niño de 14 años que también pereció aquel día, el tiempo parece haberse detenido y es entendible, la partida de un hijo bajo estas circunstancias debe ser sin duda una experiencia devastadora.

Cuando conversé recientemente con Rudecindo y Máximo, entiendí qué es aquello que ahora los mantiene vivos pese al gran dolor, simplemente el encontrar justicia y sanción para aquellos que causaron tanta tragedia, pese a que éstos vistan uniforme y pese a que tendremos que luchar contra un sistema que nos grita con esta ley que los verdugos de estos jóvenes son inocentes. ◘