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Cuando la impunidad viste uniforme

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Trabajar sin descanso, desvelarse cientos o miles de veces por nuestros hijos, procurar su bienestar en todo sentido, son una de las labores que adquirimos con gusto cuando nos convertimos en padres, y es que, sencillamente, un hijo (a) se convierte en nuestra razón e impulso para vivir.

Pero ¿qué ocurre cuando después de haber vivido tantos años junto a tu hijo alguien te lo arrebata para siempre? ¿Qué ocurre cuando esa persona que asesinó a tu hijo es un policía? ¿Cómo entender la realidad después de eso? Cómo aceptar que la ley de la vida se invierta en nuestra contra y que seamos los padres quienes enterremos a nuestros hijos. Sencillamente, no hay lógica alguna.

Esta terrible sensación la vivieron Rudecindo Ccora, Félix Taipe y Máximo Huallama, padres de tres jóvenes que murieron víctimas de la represión policial el 21 de junio del 2011 en Huancavelica, en medio de protestas estudiantiles por la creación de la Universidad de Tayacaja.

Aquel día fallecieron Oswaldo Américo Quispe Lázaro con 156 impactos de perdigones, Ángel Sedano Condori de un balazo en la cabeza, Ivanov Ccora Quispe, vigilante del gobierno regional de Huancavelica quien murió con un impacto de bala en el pecho cuando realizaba sus funciones y David Huallani, un niño de tan solo 14 años que salió a comprar al mercado y que nunca más regresó.

Los familiares de las víctimas desde un primer momento denunciaron irregularidades en la investigación al notar que había una suerte de parcialización o blindaje hacia los acusados, ocultamientos de elementos probatorios o lentitud en el proceso que generó más de una suspicacia, versión que fue respaldada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Solo tres policías fueron acusados por estas muertes y posteriormente absueltos gracias al fallo de un juez que aplicó a favor de los efectivos el principio de retroactividad benigna contemplada en la Ley 30151 aprobada el 13 de enero de este año por el gobierno de Ollanta Humala. Según esta norma los integrantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que causen muertes y lesiones cumpliendo su presunto deber y en uso de sus armas de reglamento o cualquier otro medio de defensa, estarían exentos de responsabilidad penal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció de inmediato recordándole al Perú que como país integrante de la Comisión Americana está obligado a investigar, garantizar y castigar a aquellos que vulneren derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución política, tales como la afectación del derecho a la vida que tiene toda persona por el simple hecho de existir.

Nadie niega que el efectivo policial requiere de respaldo legal para ejercer su función y enfrentar la criminalidad que nos está ganando la batalla y precisamente por ello es importante desarrollar leyes que protejan tanto a los ciudadanos como al policía pero siempre con reglas claras proporcionales que bajo ningún punto de vista generen duda alguna ni den paso a la arbitrariedad y al abuso.

Sin duda la Ley 30151 que modifica el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, puede incurrir en excesos que incluso pueden poner en tela de juicio la intencionalidad del efectivo policial, no obstante podría generar hasta impunidad. Hay que tener presente que toda ley debe ser concreta y nunca transgredir los derechos humanos.

Para la implementación de toda ley es necesario evaluar previamente el aspecto coyuntural de nuestra sociedad. Eso, sin tener en cuenta el descrédito de nuestra administración de justicia que en muchos casos resulta costosa, lenta y hasta corruptible, situación que nos lleva a la inseguridad jurídica.

La sentencia que libró de la cárcel a los tres policías que causaron el dolor a varias familias huancavelicanas se encuentra hoy con un recurso de nulidad interpuesto y pendiente de resolver por la Sala Superior de la Corte Superior de Justicia de dicha jurisdicción.

Es cierto que ni la cárcel podrá devolverle a estos padres a sus hijos pero no podemos permitir que bajo una cuestionada ley más vidas inocentes se extingan sin sanción alguna a los responsables.

Para Rudecindo Ccora, padre de Ivanof, y para Máximo Huallama, padre del niño de 14 años que también pereció aquel día, el tiempo parece haberse detenido y es entendible, la partida de un hijo bajo estas circunstancias debe ser sin duda una experiencia devastadora.

Cuando conversé recientemente con Rudecindo y Máximo, entiendí qué es aquello que ahora los mantiene vivos pese al gran dolor, simplemente el encontrar justicia y sanción para aquellos que causaron tanta tragedia, pese a que éstos vistan uniforme y pese a que tendremos que luchar contra un sistema que nos grita con esta ley que los verdugos de estos jóvenes son inocentes. ◘

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Política

Escándalo en la Comisión Especial que elegirá a integrantes de la JNJ

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Pedro Patrón Bedoya

“Desgraciadamente nosotros ya lo habíamos advertido. Dijimos que así como se está llevando el proceso antes de que se hicieran las bases, nosotros como IDL dimos unas recomendaciones a la Comisión Especial, con mucha anticipación, pero no las tomaron en cuenta”, dijo Luis Purizaga, coordinador del Área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Nos parece terrible que hayan pasado seis meses del proceso y que al final hayan quedado tres postulantes. Eso nos está mostrando una cosa: o que el proceso de selección está mal hecho o que la Comisión Especial no está a la altura del encargo que se les dio”, afirmó.

“Ante esta situación hay que repensar todas las bases del concurso. Por ejemplo, establecer un nuevo criterio de evaluación. Si el problema que estamos viendo ahora es la etapa de evaluación. Además hemos visto que se hacen las mismas preguntas para todos los postulantes. Esto no es correcto”, observó.

HOJAS DE VIDA NO SON ANALIZADAS

“Hay preguntas que son uniformes. Las preguntas deben ser en función a la realidad y a la trayectoria del postulante por separado. Si nosotros uniformizamos las preguntas para todos, sin tener en cuenta la particularidad de cada uno de los postulantes, perderemos el detalle. Esto es lo que ha pasado con el señor Patrón, por ejemplo”, explicó.

“Como no hay un orden se le preguntó al señor Cuba sobre sus otros trabajos, al señor Dumet con respecto a su labor en el Tribunal Constitucional y al señor Patrónno se le preguntó, por ejemplo, en su desempeño como viceministro en el primer gobierno de Alan García y como secretario económico en el Ministerio de Educación en el segundo gobierno de Alan García”, puntualizó.

“No hay un análisis de la hoja de vida de este señor, que tiene una relación estrecha con el Partido Aprista. Se le hizo una pregunta en ese sentido al señor Patrón, no se le hizo”, enfatizó Purizaga.

SE HA PERDIDO MUCHO TIEMPO

“Eso es lo que nos llama la atención. Esto indica que no se establece con claridad qué es lo que se va a preguntar, además los mismos miembros de la Comisión les pedían que sean puntuales. Mire, a nosotros eso nos preocupa, primero porque se ha perdido tiempo, casi seis meses; no tenemos a ningún miembro de la JNJ elegido”, especificó.

“La Comisión Especial no ha sabido recoger las recomendaciones que le dimos, y no somos la única institución que se las dio; sabemos que Transparencia también le alcanzo recomendaciones”, subrayó.

“Creo que se tiene que revaluar o cambiar la Ley Orgánica y en función de eso hacer un cambio de las bases. Y en el caso del señor Patrón creo que hay un claro conflicto de intereses, esto está clarísimo y no debe juramentar”, aclaró.

ALGO MÁS

Sobre el antecedente del señor Patrón. La Comisión Especial dijo que era un dato nuevo, entonces no se entiende si se trató de una omisión, de pasar una información incompleta y sobre su juicio hay que decir que el proceso sigue. Allí hay una falta muy grave y esto tiene que definirlo la Comisión Especial, porque se les pasó. Si no hubiera sido por las prensa tendríamos al señor Patrón juramentado”, concluyó Purizaga.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Caso se resolverá en el más breve plazo

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Walter Gutiérrez

La Comisión Especial encargada del concurso público para la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia resolverá el caso del abogado Pedro Patrón Bedoya en el más breve plazo posible, informó el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez.

Según dijo a la prensa en una declaración pública, la comisión recogerá información sobre el proceso penal que Patrón tendría pendiente en la Corte Suprema por el delito de falsedad ideológica en agravio del Jurado Naciona de Elecciones.

“Hemos recibido información relevante que necesitamos contrastar, es por eso que nos hemos visto en la obligación de suspender la proclamación de la designación del doctor Pedro Patrón Bedoya”, dijo Gutiérrez.

La información que recojan sobre este tema será trasladada a Patrón Bedoya para que formulé los descargos correspondientes, añadió.“Esta información la tenemos que contrastar y lo haremos en el más breve plazo”, manifestó.

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Política

Dice no cobró doble pensión del Estado

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Junta Nacional de Justicia (JNJ)

“Por supuesto que tengo que seguir”, manifestó Pedro Patrón Bedoya en declaraciones a la prensa brindadas tras suspenderse la ceremonia de juramentación como miembro de la JNJ luego de conocerse que tiene un proceso penal en la Corte Suprema por el delito de falsedad ideológica al haber presuntamente cobrado doble pensión del Estado.

Patrón negó haber cobrado doble al Estado y precisó que el año 2007 presentó una declaración jurada informando que no cobraba ninguna pensión a entidades públicas.

Indicó, además, que el proceso penal iniciado en su contra por este tema ya prescribió hace tres años, pero los procuradores del Estado han presentado algunos recursos legales para mantenerlo abierto.

“De cualquier manera veremos que se hagan las comprobaciones correspondientes y estoy absolutamente seguro de que este asunto se va a aclarar”, manifestó.

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