Cuando la crisis nos alcance

Cuando la crisis nos alcance

Luego del cambio parcial del gabinete, el gobierno ¿ha logrado amainar los ataques de sus opositores y superar su evidente debilidad? Todo indica que sí. Se podría decir que la salida de Urresti y de otros tres ministros (Energía y Minas, Mujer y Justicia) ha contentado al sector que podemos llamar oposición dura.

Hace unos días, Héctor Becerril, congresista fujimorista, anunció que su bancada retiraba el pedido de censura a la primera ministra Ana Jara. El cambio de ministros también le ha quitado piso a todos los que se negaron a asistir al llamado Diálogo Nacional. Y, finalmente, ha logrado enfriar un clima político que anunciaba grandes confrontaciones cuando menos en el plano de la retórica y de las redes sociales.

Y aunque todo ello es cierto, sostengo que la crisis está aún ahí, “se mueve”, como insistía Galileo. Señalo cuatro elementos que podrían sustentar esta afirmación:

a) los niveles de autonomía política del poder mediático y, en particular, de lo que muchos han llamado el partido de los medios concentrados (PMC). Como señala Sinesio López (La República, 19/02/15), el PMC es un partido que no solo aspira a reemplazar a todos los partidos políticos sino también a ser “un Estado dentro del Estado” más aún cuando uno de sus objetivos centrales es el diseño de un escenario electoral propicio a sus intereses. Su idea es construir una democracia corporativa en la cual sean las grandes empresas y los grandes intereses los que finalmente gobiernen el país. Incluso, en detrimento de los partidos políticos y de la propia y frágil democracia que hoy tenemos;

b) los partidos que van al diálogo si bien pueden bajar sus ataques y gritas, lo que no pueden hacer, por más que dialoguen con el gobierno, es atemperar y reducir los conflictos sociales hoy existentes y que seguramente se incrementarán en el corto plazo;

c) la continuación de una política económica que es responsable del actual enfriamiento de la economía y fuente de los actuales conflictos sociales y protestas; y

d) el aumento de las presiones de apristas y fujimoristas que, por un lado, buscarán desestabilizar aún más al gobierno para negociar la impunidad de Alan García y de Alberto Fujimori y, por otro, jugarán a posicionarse mejor con miras al 2016.

Todo ello podría terminar por configurar un escenario muy distinto a una coyuntura pacífica y menos crispada. Por ejemplo, no sería extraño que las presiones empresariales, en lugar de disminuir, aumenten. Sobre todo luego de la crisis de Pichanaki, la que para algunos analistas y periodistas como Juan Carlos Tafur terminó en “una rendición del Estado peruano” (Exitosa: 15/02/15). Para los empresarios, comportamientos como el del exministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga, de “ordenar”, prácticamente, el retiro inmediato de la empresa Pluspetrol de Pichanaki como solución a la demanda de la población, son expresiones y situaciones que no deben volver a repetirse porque fácilmente se podría caer en lo que algunos llaman “populismo”.

Tampoco nadie garantiza que los medios y menos el PMC amainen sus destapes y ataques contra el gobierno, más aún luego de la crítica pública del propio presidente Ollanta Humala. No sería extraño que en estos días salga a la luz otro nuevo escándalo que involucre a la pareja presidencial y, en especial, a la propia primera dama Nadine Heredia. Menos aún que disminuyan los conflictos y los demandas sociales o que el APRA y el fujimorismo dejen de lado sus presiones chantajistas.

Ahora bien, si ello es así no tendríamos en el corto plazo una coyuntura nada fácil y mucho menos tranquila —las futuras elecciones generales son un elemento acelerador del tiempo político— porque no solo estaríamos frente a un gobierno prisionero de sus compromisos con los empresarios y la derecha, y acorralado por las presiones empresariales y populares, sino también porque tendríamos un escenario que podríamos llamar fragmentado. Es decir, un gran escenario político que contiene a su vez otros tantos, pero desconectados entre sí.

Dicho de otra manera, una crisis de gobernabilidad en medio de un proceso electoral definido por un mayor endurecimiento de la derecha y del PMC, por los altos niveles de incertidumbre política y por el aumento de la crisis de la representación política.

En este contexto, se puede afirmar que el mayor temor de la derecha política y empresarial es la aparición, en las próximas elecciones, de un outsider que canalice y exprese el actual descontento social, ese 30% de electorado que ha votado por cambios desde hace varias elecciones,que se encuentra de cara a un gobierno que ha incumplido sus promesas y que mantiene una política económica que, en lugar solucionar las demandas, las transfiere a un futuro dudoso o, simplemente, las agrava.

A ello contribuye un sector progresista que al no definir con claridad su participación en el próximo proceso electoral abona en el surgimiento del posible outsider que asuma sus banderasy busque representar las esperanzas de cambio que hoy existen en la sociedad —como sucedió con Ollanta Humala en 2006—, y que no le permite posicionarse como un actor importante.

No es extraño que, según las encuestas, los dos candidatos con mayor opción electoral e identificados como las cabezas visibles de la oposición sean, al mismo tiempo, junto con el expresidente Toledo, los que tengan mayor antivoto y menor aprobación. El vacío político no puede ser más evidente.

Por todo ello el sector progresista está obligado, en el corto plazo, a encontrar una respuesta viable y realista respecto a la manera de cómo encarar las próximas elecciones, planteándose como objetivo ser un actor electoral relevante y no meramente testimonial.

No hacerlo o proponer soluciones que alientan o promueven candidaturas de un solo color o restringidas es, simplemente, permitir que la hegemonía neoliberal se consolide y que los corruptos gobiernen (o sigan gobernando) este país.