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Cuando la crisis nos alcance

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Luego del cambio parcial del gabinete, el gobierno ¿ha logrado amainar los ataques de sus opositores y superar su evidente debilidad? Todo indica que sí. Se podría decir que la salida de Urresti y de otros tres ministros (Energía y Minas, Mujer y Justicia) ha contentado al sector que podemos llamar oposición dura.

Hace unos días, Héctor Becerril, congresista fujimorista, anunció que su bancada retiraba el pedido de censura a la primera ministra Ana Jara. El cambio de ministros también le ha quitado piso a todos los que se negaron a asistir al llamado Diálogo Nacional. Y, finalmente, ha logrado enfriar un clima político que anunciaba grandes confrontaciones cuando menos en el plano de la retórica y de las redes sociales.

Y aunque todo ello es cierto, sostengo que la crisis está aún ahí, “se mueve”, como insistía Galileo. Señalo cuatro elementos que podrían sustentar esta afirmación:

a) los niveles de autonomía política del poder mediático y, en particular, de lo que muchos han llamado el partido de los medios concentrados (PMC). Como señala Sinesio López (La República, 19/02/15), el PMC es un partido que no solo aspira a reemplazar a todos los partidos políticos sino también a ser “un Estado dentro del Estado” más aún cuando uno de sus objetivos centrales es el diseño de un escenario electoral propicio a sus intereses. Su idea es construir una democracia corporativa en la cual sean las grandes empresas y los grandes intereses los que finalmente gobiernen el país. Incluso, en detrimento de los partidos políticos y de la propia y frágil democracia que hoy tenemos;

b) los partidos que van al diálogo si bien pueden bajar sus ataques y gritas, lo que no pueden hacer, por más que dialoguen con el gobierno, es atemperar y reducir los conflictos sociales hoy existentes y que seguramente se incrementarán en el corto plazo;

c) la continuación de una política económica que es responsable del actual enfriamiento de la economía y fuente de los actuales conflictos sociales y protestas; y

d) el aumento de las presiones de apristas y fujimoristas que, por un lado, buscarán desestabilizar aún más al gobierno para negociar la impunidad de Alan García y de Alberto Fujimori y, por otro, jugarán a posicionarse mejor con miras al 2016.

Todo ello podría terminar por configurar un escenario muy distinto a una coyuntura pacífica y menos crispada. Por ejemplo, no sería extraño que las presiones empresariales, en lugar de disminuir, aumenten. Sobre todo luego de la crisis de Pichanaki, la que para algunos analistas y periodistas como Juan Carlos Tafur terminó en “una rendición del Estado peruano” (Exitosa: 15/02/15). Para los empresarios, comportamientos como el del exministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga, de “ordenar”, prácticamente, el retiro inmediato de la empresa Pluspetrol de Pichanaki como solución a la demanda de la población, son expresiones y situaciones que no deben volver a repetirse porque fácilmente se podría caer en lo que algunos llaman “populismo”.

Tampoco nadie garantiza que los medios y menos el PMC amainen sus destapes y ataques contra el gobierno, más aún luego de la crítica pública del propio presidente Ollanta Humala. No sería extraño que en estos días salga a la luz otro nuevo escándalo que involucre a la pareja presidencial y, en especial, a la propia primera dama Nadine Heredia. Menos aún que disminuyan los conflictos y los demandas sociales o que el APRA y el fujimorismo dejen de lado sus presiones chantajistas.

Ahora bien, si ello es así no tendríamos en el corto plazo una coyuntura nada fácil y mucho menos tranquila —las futuras elecciones generales son un elemento acelerador del tiempo político— porque no solo estaríamos frente a un gobierno prisionero de sus compromisos con los empresarios y la derecha, y acorralado por las presiones empresariales y populares, sino también porque tendríamos un escenario que podríamos llamar fragmentado. Es decir, un gran escenario político que contiene a su vez otros tantos, pero desconectados entre sí.

Dicho de otra manera, una crisis de gobernabilidad en medio de un proceso electoral definido por un mayor endurecimiento de la derecha y del PMC, por los altos niveles de incertidumbre política y por el aumento de la crisis de la representación política.

En este contexto, se puede afirmar que el mayor temor de la derecha política y empresarial es la aparición, en las próximas elecciones, de un outsider que canalice y exprese el actual descontento social, ese 30% de electorado que ha votado por cambios desde hace varias elecciones,que se encuentra de cara a un gobierno que ha incumplido sus promesas y que mantiene una política económica que, en lugar solucionar las demandas, las transfiere a un futuro dudoso o, simplemente, las agrava.

A ello contribuye un sector progresista que al no definir con claridad su participación en el próximo proceso electoral abona en el surgimiento del posible outsider que asuma sus banderasy busque representar las esperanzas de cambio que hoy existen en la sociedad —como sucedió con Ollanta Humala en 2006—, y que no le permite posicionarse como un actor importante.

No es extraño que, según las encuestas, los dos candidatos con mayor opción electoral e identificados como las cabezas visibles de la oposición sean, al mismo tiempo, junto con el expresidente Toledo, los que tengan mayor antivoto y menor aprobación. El vacío político no puede ser más evidente.

Por todo ello el sector progresista está obligado, en el corto plazo, a encontrar una respuesta viable y realista respecto a la manera de cómo encarar las próximas elecciones, planteándose como objetivo ser un actor electoral relevante y no meramente testimonial.

No hacerlo o proponer soluciones que alientan o promueven candidaturas de un solo color o restringidas es, simplemente, permitir que la hegemonía neoliberal se consolide y que los corruptos gobiernen (o sigan gobernando) este país.

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Política

Fujiaprismo pretende forzar renuncia del presidente Vizcarra

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Yeni Vilcatoma

La congresista pro fujimorista Yeni Vilcatoma, anunció ayer que denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra por presuntamente haber representado a la empresa CyM Vizcarra cuando era ministro y vicepresidente. Esto fue considerado sin fundamento por el abogado constitucionalista Luciano López y dos parlamentarios. Incluso se sostiene que Vilcatoma puede ser pasible de una denuncia por tal despropósito.

“Desde mi despacho estamos elaborando una denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución”, refirió Vilcatoma.

Incluso, Vilcatoma dijo que el Presidente le ha mentido al país y que eso no se puede aceptar viniendo de la más alta magistratura de la República, que confía en él de manera sincera.

FUERZA POPULAR NIEGA CONOCERLA

Además, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que “no puedo adelantar opinión con respecto a este tema, esa es una denuncia que nosotros estamos tomando conocimiento recién, no hemos tenido ningún tipo de acceso a ella, la congresista Vilcatoma ha pedido licencia a la bancada. Entonces, desconocemos totalmente, no tengo idea de lo que está hablando”.

Agregó que “nosotros no conocemos la denuncia, no la hemos tenido en la mano, no la hemos leído. Lógicamente tendríamos que verla para poder decir responsablemente algo, sería una irresponsabilidad dar una opinión sobre si respaldamos o no la denuncia, porque Yeni Vilcatoma ha solicitado licencia a FP”.

FUERZA POPULAR Y EL APRA PRESIONAN

Cateriano señaló que la Constitución del Perú establece claramente que no se le puede denunciar a un Presidente de la República durante su gestión. En ese sentido, consideró que Fuerza Popular, apoyado por el Apra, busca presionar a Martín Vizcarra que está llevando adelante una lucha frontal contra la corrupción.

“La Constitución es clara: no se le puede acusar en su período al Presidente de la República. No es un problema de lectura, ni de comprensión. El fujiaprismo pretende forzar su renuncia”, escribió en su cuenta de Twitter.

A esto se sumó Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, quien dijo que al Presidente no se le puede denunciar en su período, sino después de haber acabado el mismo.

Otro abogado constitucionalista, Luciano López, dijo que “de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, la excepción de inmunidad presidencial se da por: traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

AFIRMA VOCERO PPK, JORGE MELÉNDEZ:

Denuncia trata de desviar atención de los peruanos

“Lo que sí se puede hacer es investigarlo y ayer el presidente Vizcarra ha dicho que está abierto a todas las investigaciones, en concordancia con la lucha contra la corrupción que ha emprendido su gobierno”, dijo Jorge Meléndez.

“Desde el Congreso, el fujimorismo y el Apra actúan de forma desesperada para proteger a sus líderes tratando de levantar acusaciones sin ningún fundamento. Quieren convertir, hacer un circo de las investigaciones, pero la población no les da el respaldo”, puntualizó.

Fuerza Popular actúa de forma coordinada al considerar que la investigación a Conirsa en la comisión de Fiscalización y la denuncia de Vilcatoma forman parte de una misma estrategia que tiene como objetivo mellar la imagen del mandatario, subrayó Meléndez.

“El Apra y el fujimorismo tienen un doble discurso, pues el 2008 votaron en el Congreso un informe que califica con buena conducta a Odebrecht, pero ahora quieren investigar contratos de la empresa familiar del presidente Vizcarra con la constructora brasileña de hace 12 años”, señaló.

“Quieren investigar un contrato legal y regular que se dio cuando el mandatario no era funcionario público”, concluyó el vocero de PPK, el parlamentario Jorge Meléndez.

Y PUEDE SER ACUSADA, DICE CARLOS BRUCE

Vilcatoma infringe la Constitución

“La que está infringiendo la Constitución y puede ser acusada por ello es la congresista Vilcatoma”, indicó Carlos Bruce. Añadió que la Carta Magna “prohíbe acusar al Presidente de la República salvo causales muy específicos”.

El congresista de PpK insinuó que se estaría buscando que distintos investigados de Fuerza 2011 por presunto lavado de activos salgan librados de la acusación que pesa sobre ellos.

Bruce fue claro en manifestar que Vilcatoma pretende armar un embrollo en el Congreso, prestándose al juego sucio de los aprofujimoristas, que quieren tumbarse al presidente Vizcarra.

Gilbert Violeta ha dicho desde la bancada oficialista que se trata de una decisión y de un error político la indagación sobre la relación entre ambas partes. Martín Vizcarra, por su parte, ha sostenido que investiguen lo necesario sobre el caso.

ALGO MÁS

Yeni Vilcatoma no solo denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra, sino que le pidió al propio mandatario que reflexione en torno a su renuncia, para no pasar la vergüenza de una revocatoria.

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Política

Pretenden impunidad

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal del equipo especial de Lava Jato, Domingo Pérez, dijo que esa es una práctica indebida, que busca la impunidad de los involucrados y que está preocupado porque se ha fotografiado un documento que está circulando en las redes sociales.

La filtración del acuerdo preparatorio de colaboración eficaz, que el Ministerio Público habría celebrado con la empresa brasileña Odebrecht y la Procuraduría, preocupa al fiscal Domingo Pérez, que pide la evaluación de los empleados, pero especialmente la remoción de los miembros de seguridad.

“Estoy preocupado porque se estaría haciendo actos o prácticas indebidas de haber obtenido copias o fotografías de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía y se estaría dando un uso indebido a través de las redes sociales”, subrayó Pérez.

“La preocupación es legítima, atendiendo a lo sucedido voy a solicitar que se redoble la seguridad en las instalaciones del despacho fiscal y se haga una reevaluación del personal asignado, sobre todo el personal de seguridad”, precisó el fiscal.

El fiscal Domingo Pérez viajará a Brasil en marzo con Rafael Vela, para reunirse con Barata quien hablará claro sobre todo lo que hizo Odebrecht en el Perú y a las personas o empresas que involucró ilegalmente, con grandes sumas de dinero repartidas a diestra y siniestra.

EL ACUERDO DE COLABORACIÓN

“Estamos con el firme propósito de que la corrupción tiene que acabar y la única manera de que pueda acabar es con la colaboración de la persona jurídica (empresa) y las personas naturales”, precisó.

“Tener en consideración que anteriormente se había señalado que había informantes de la Fiscalía que estaban brindando información a personas investigadas”, señaló Pérez.

Luego lamentó que esto pueda generar confusión en la ciudadanía y recalcó que de haber informantes en la Fiscalía, significaría que “hay un peligro de obstaculización en las investigaciones” orientada a la impunidad de los que están envueltos en el escándalo Odebrecht.

Destacó que en el Ministerio Público y la Procuraduría “hay voluntad para que este acuerdo se suscriba, se firme y homologue ante un juez”, porque “la corrupción tiene que acabar y la única forma es con la colaboración eficaz”.

ALGO MÁS

Tras la filtración del preacuerdo en las redes sociales, dos usuarios de Twitter aprovecharon en recordar cuando el expresidente Alan García, investigado por el caso Odebrecht, sostuvo hace dos meses que tiene “informantes” en la Fiscalía. Por esto, en dichas redes le atribuyeron al ex jefe de Estado querer tumbarse el acuerdo de colaboración con esta filtración realizada por un “informante”.

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Política

Corte Suprema pidió al INPE establecer el penal

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Alberto Fujimori en silla de ruedas

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema envió esta mañana al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) un oficio para que determine cuál de los establecimientos penitenciarios que cumplen con las condiciones requeridas podrá ser internado Alberto Fujimori.

En el oficio, la Corte Suprema (CS) puso a disposición del INPE el certificado médico legal Nº003447 -V remitido por el Instituto de Medicina Legal.

Según la evaluación médica, Alberto Fujimori se encuentra en “condiciones estables” y “podría recibir tratamiento en forma ambulatoria”.

Asimismo, la CS envió el informe cardiológico expedido por el doctor Jorge Bravo Manucci, para que, con ello, el INPE tenga las herramientas necesarias y emita un pronunciamiento sobre el penal donde irá Fujimori.

El plazo otorgado para dicha decisión será en el término del segundo día, es decir, las 48 horas, de acuerdo al documento.

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