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Cuando la crisis nos alcance

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Luego del cambio parcial del gabinete, el gobierno ¿ha logrado amainar los ataques de sus opositores y superar su evidente debilidad? Todo indica que sí. Se podría decir que la salida de Urresti y de otros tres ministros (Energía y Minas, Mujer y Justicia) ha contentado al sector que podemos llamar oposición dura.

Hace unos días, Héctor Becerril, congresista fujimorista, anunció que su bancada retiraba el pedido de censura a la primera ministra Ana Jara. El cambio de ministros también le ha quitado piso a todos los que se negaron a asistir al llamado Diálogo Nacional. Y, finalmente, ha logrado enfriar un clima político que anunciaba grandes confrontaciones cuando menos en el plano de la retórica y de las redes sociales.

Y aunque todo ello es cierto, sostengo que la crisis está aún ahí, “se mueve”, como insistía Galileo. Señalo cuatro elementos que podrían sustentar esta afirmación:

a) los niveles de autonomía política del poder mediático y, en particular, de lo que muchos han llamado el partido de los medios concentrados (PMC). Como señala Sinesio López (La República, 19/02/15), el PMC es un partido que no solo aspira a reemplazar a todos los partidos políticos sino también a ser “un Estado dentro del Estado” más aún cuando uno de sus objetivos centrales es el diseño de un escenario electoral propicio a sus intereses. Su idea es construir una democracia corporativa en la cual sean las grandes empresas y los grandes intereses los que finalmente gobiernen el país. Incluso, en detrimento de los partidos políticos y de la propia y frágil democracia que hoy tenemos;

b) los partidos que van al diálogo si bien pueden bajar sus ataques y gritas, lo que no pueden hacer, por más que dialoguen con el gobierno, es atemperar y reducir los conflictos sociales hoy existentes y que seguramente se incrementarán en el corto plazo;

c) la continuación de una política económica que es responsable del actual enfriamiento de la economía y fuente de los actuales conflictos sociales y protestas; y

d) el aumento de las presiones de apristas y fujimoristas que, por un lado, buscarán desestabilizar aún más al gobierno para negociar la impunidad de Alan García y de Alberto Fujimori y, por otro, jugarán a posicionarse mejor con miras al 2016.

Todo ello podría terminar por configurar un escenario muy distinto a una coyuntura pacífica y menos crispada. Por ejemplo, no sería extraño que las presiones empresariales, en lugar de disminuir, aumenten. Sobre todo luego de la crisis de Pichanaki, la que para algunos analistas y periodistas como Juan Carlos Tafur terminó en “una rendición del Estado peruano” (Exitosa: 15/02/15). Para los empresarios, comportamientos como el del exministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga, de “ordenar”, prácticamente, el retiro inmediato de la empresa Pluspetrol de Pichanaki como solución a la demanda de la población, son expresiones y situaciones que no deben volver a repetirse porque fácilmente se podría caer en lo que algunos llaman “populismo”.

Tampoco nadie garantiza que los medios y menos el PMC amainen sus destapes y ataques contra el gobierno, más aún luego de la crítica pública del propio presidente Ollanta Humala. No sería extraño que en estos días salga a la luz otro nuevo escándalo que involucre a la pareja presidencial y, en especial, a la propia primera dama Nadine Heredia. Menos aún que disminuyan los conflictos y los demandas sociales o que el APRA y el fujimorismo dejen de lado sus presiones chantajistas.

Ahora bien, si ello es así no tendríamos en el corto plazo una coyuntura nada fácil y mucho menos tranquila —las futuras elecciones generales son un elemento acelerador del tiempo político— porque no solo estaríamos frente a un gobierno prisionero de sus compromisos con los empresarios y la derecha, y acorralado por las presiones empresariales y populares, sino también porque tendríamos un escenario que podríamos llamar fragmentado. Es decir, un gran escenario político que contiene a su vez otros tantos, pero desconectados entre sí.

Dicho de otra manera, una crisis de gobernabilidad en medio de un proceso electoral definido por un mayor endurecimiento de la derecha y del PMC, por los altos niveles de incertidumbre política y por el aumento de la crisis de la representación política.

En este contexto, se puede afirmar que el mayor temor de la derecha política y empresarial es la aparición, en las próximas elecciones, de un outsider que canalice y exprese el actual descontento social, ese 30% de electorado que ha votado por cambios desde hace varias elecciones,que se encuentra de cara a un gobierno que ha incumplido sus promesas y que mantiene una política económica que, en lugar solucionar las demandas, las transfiere a un futuro dudoso o, simplemente, las agrava.

A ello contribuye un sector progresista que al no definir con claridad su participación en el próximo proceso electoral abona en el surgimiento del posible outsider que asuma sus banderasy busque representar las esperanzas de cambio que hoy existen en la sociedad —como sucedió con Ollanta Humala en 2006—, y que no le permite posicionarse como un actor importante.

No es extraño que, según las encuestas, los dos candidatos con mayor opción electoral e identificados como las cabezas visibles de la oposición sean, al mismo tiempo, junto con el expresidente Toledo, los que tengan mayor antivoto y menor aprobación. El vacío político no puede ser más evidente.

Por todo ello el sector progresista está obligado, en el corto plazo, a encontrar una respuesta viable y realista respecto a la manera de cómo encarar las próximas elecciones, planteándose como objetivo ser un actor electoral relevante y no meramente testimonial.

No hacerlo o proponer soluciones que alientan o promueven candidaturas de un solo color o restringidas es, simplemente, permitir que la hegemonía neoliberal se consolide y que los corruptos gobiernen (o sigan gobernando) este país.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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