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Crítica agenda energética: la misma receta privatizadora

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Barco petrolero

Sí por problemas técnicos, la explotación del gas natural de Camisea tanto del lote 88 y 56 se paralizara durante más de una semana el próximo mes de julio, ello no debiera preocupar al consumidor regulado.

El tema de las tarifas eléctricas es un grave problema de cabeza para las familias peruanas por los precios relativamente elevados que tiene que pagar el usuario regulado a pesar que más del 80 % de la capacidad instalada de generación no está siendo utilizada, es decir, existe un exceso de generación eléctrica, que debe absorber sin problemas la próxima paralización de la explotación de gas de Camisea por razones de mantenimiento.

Sí por problemas técnicos, la explotación del gas natural de Camisea tanto del lote 88 y 56 se paralizará durante más de una semana en el próximo mes de julio, ello no debiera preocupar al consumidor regulado. Sin embargo, sí afectará a los clientes libres que compran directamente la energía a las empresas de generación como también aquellos grandes consumidores (mineras) que se abastecen en el mercado de corto plazo, denominado “spot”.

Este mercado “spot” es altamente especulativo donde algunas empresas de generación con el afán de ganar mercado y despachar primero han estado ofreciendo energía a bajos precios, casi “a costo cero”, donde el megavatio hora (MW/H) se compraba a menos de US$ 10 dólares, y en razón al costo marginal con la paralización en el abastecimiento de gas natural, tendrán que pagar más de US $ 180 dólares, pues se tendrá que recurrir a energéticos alternativos más caros. ¡Agárrate Catalina!

Por vez primera vez en estos catorce años de explotación Camisea por cambios técnicos en el sistema automático de control, se ha de paralizar la producción de gas natural y de líquidos de gas natural que están estrechamente ligados a la elaboración del gas licuado de petróleo (GLP) ¡Tendremos los balones suficientes para evitar la especulación!

Debiera ser evidente que el 50 % de la producción eléctrica del país se genera a partir del gas natural, y las empresas de generación térmica como Enel-Generación, planta Ventanilla, Kallpa, Engie, Termo Chilca entre otras, se verán afectadas por la paralización de la producción del gas de Camisea, y en verdad, el sistema tendrá que utilizar los generadores térmicos basados en los derivados del petróleo, como el diésel 2 y los petróleos residuales, que resultan más caros en relación al gas natural, y también más contaminantes.

Refinería de petróleo

MÁS PRIVATIZACIONES SIN NORTE

Si bien la responsabilidad política sobre la proyectada privatización de la mayoría accionaria de la empresa ENOSA Eléctrica del Noroeste S.A. encargada de la distribución eléctrica para los departamentos de Piura y Tumbes, es del equipo de PPK con su fracasado gabinete de lujo, pareciera que el presidente Vizcarra y su presidente del consejo de ministros el congresista Villanueva insisten en las privatizaciones a ultranza, sin un mayor criterio técnico, económico, financiero para favorecer oscuros intereses privados.

Con el rótulo de una modernización empresarial, supuestamente para hacer más eficiente a la empresa estatal, superando “las limitaciones de una empresa pública” se pretende transferir el 51 % del capital social y de otro lado contratar, “encargar la dirección de ENOSA a un Operador Estratégico con demostrada experiencia en la modernización y optimización de empresas regionales de distribución de electricidad”

Debemos entender que las propias limitaciones están referidas a los diversos obstáculos que le impone el propio estado, el Fonafe para reinvertir sus utilidades para mejorar su gestión y expandir la cobertura del servicio, pues con toda la información disponible se trata de una empresa rentable que genera ingresos por ventas de 600 millones de soles en promedio y utilidades netas que bordean los 70 millones, en los últimos años.

Sí, aunque usted no lo crea se pretende al igual que los años noventa del siglo pasado, en los tiempos del fujimorismo duro, privatizar una empresa eléctrica rentable y eficiente, a pesar de todos los problemas que le impone el propio estado a través del FONAFE, el Fondo Nacional de Financiamiento del Estado, donde la responsabilidad política recae en los ministros de economía y finanzas y en el ministro de energía y minas, por ser una empresa del sector.

Según Proinversión esta sería una iniciativa privada, donde se trata de transferir el 51 % del patrimonio a un inversionista privado bajo la modalidad de capitalización, es decir un aumento del capital social suscrito y pagado por un monto de 335 millones de soles, que se sumarían a los 495 millones de soles que representa el patrimonio neto al 2017, según los datos oficiales presentados por el organismo regulador del sector Osinergmin.

Enosa como toda empresa de servicios públicos donde no es posible reproducir la competencia, como es el caso de la distribución eléctrica constituye un “monopolio natural”, pues no se puede tener en un domicilio más de un tendido eléctrico hasta la acometida en una casa. Como empresa es responsable de abastecer a los clientes regulados de baja tensión y a los clientes libres que así lo consideren en competencia con los generadores eléctricos de la región piurana.

En teoría un monopolio natural de carácter público es más accesible de regular que uno de carácter privado, donde el objetivo fundamental del capital privado es maximizar la utilidad en el menor tiempo posible. Sirva la experiencia de la transnacional española Telefónica de España y la debilidad en la regulación de parte del estado a través del Osiptel, que difiere ad infinitum la millonaria deuda al fisco por más de 4,000 millones de soles.

LOTE 56 CON REGALÍAS MÍSERAS

Esta debiera ser una renegociación urgente y necesaria para el país, pues la exportación del gas natural licuefectado, es decir, el gas convertido a líquido en “Pampa Melchorita” y trasladado en buques cisternas constituye un pésimo negocio para el país y la caja fiscal. Ello en razón de los bajos precios del gas natural vigentes en el mercado de destino, México que se rige por el marcador “Henri Hub” que se ubica por debajo de los US $ 3.0 dólares por millón de BTU.

Se debe considerar que durante el 2017 un promedio de 415 millones de pies cúbicos diarios de gas natural provenientes del lote 56 se exportaron bajo responsabilidad del Consorcio Camisea, y un promedio del 70% de esa producción se va hacia México en razón de un cuestionado contrato firmado en la década pasada, donde el expresidente PPK tuvo un protagonismo central.

Por medio de este lesivo contrato y perversas exportaciones del gas natural el estado está dejando de percibir millones de soles que aliviarían la pobreza de la caja fiscal en lugar de golpear los bolsillos de los más pobres. Así, dividiendo el pago de las regalías del lote 88 frente a la producción del mismo lote en comparación de las regalías por el contrato de exportación del gas del lote 56 entre la producción del mismo lote, la diferencia durante el 2017 es importante.

Mientras las regalías percibidas por el lote 88 ha sido de US $ 0.70 centavos por un millón de pies cúbicos, las regalías del lote 56 percibida ha sido de US $ 0.48 centavos, lo que significa que las regalías del gas natural destinado para el mercado doméstico contribuyen más al fisco, paga más que el gas de exportación, sin mencionar que las regalías del lote 56 en años anteriores han sido francamente miserables.

Esta es parte de una agenda energética que un gobierno debilitado como el del presidente Vizcarra aliado de la Sra. Keiko Fujimori debiera procesar desde el punto de vista del interés público, que lamentablemente se traduce en los negocios privados en una visión de corto plazo, para llevar a cabo la misma receta económica que tiene más de 25 años favoreciendo a los grupos de poder y grandes transnacionales.

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Política

Elección al caballazo

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Walter Albán - Alberto Quintanilla

El congresista de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, denunció ayer que la presentación, evaluación y aprobación de los 11 candidatos al Tribunal Constitucional (TC) fue llevada a cabo por la comisión especial del Congreso en apenas media hora. La polémica sesión de la comisión especial, que habría resuelto en media hora lo que no propuso en nueve meses, generó el rechazo de las bancadas de Nuevo Perú, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Unidos por la República y Bancada Liberal, además de diversos analistas y actores políticos.

El exdefensor del Pueblo y exministro del Interior, Walter Albán, consideró que la abrupta aprobación de los candidatos para el Tribunal Constitucional en el Congreso, es una prueba de que la actitud de la mayoría fujimorista “ha llegado a extremos que nadie había imaginado posibles”.

“Esto es peor que la repartija, es una grosería que debe dar pie a que la ciudadanía le ponga un freno físico al Congreso”, afirmó. “En realidad estos procedimiento están simplemente consumando lo que venimos observando desde hace tiempo: una mayoría que se vale de otros asociados para hacer lo que le da la gana a fin de satisfacer sus intereses personales”, agregó.

Albán manifestó que el fujimorismo y sus aliados “han decidido tomar el control del TC, en un momento en que además han abierto una agenda muy clara dentro del mismo TC”. “La libertad de Alberto y Keiko Fujimori, la anunciada cuestión de competencias para frenar la cuestión de confianza, la libertad de Jaime Yoshiyama. Todo esto se verá en las próximas semanas en el TC y quieren asegurar que salga como ellos lo han definido”, indicó.

Y agregó que “seguro habrán temas más adelante con los cuales entre el Congreso y el TC, ya controlado, seguirán haciendo lo que les venga en gana”. En consecuencia, advirtió que “esta obsesión los ha llevado a perder toda vergüenza y hacer las cosas de una manera grosera, haciendo evidente que no se respeta nada. Está claro que para ellos no es una cuestión de vida o muerte, pero sí de libertad o cárcel”.

ELECCIÓN A DEDO

Respecto a la falta de rigurosidad en los procedimientos de elección de los miembros del TC, manifestó que el problema viene de mucho tiempo atrás. “Se ha convertido en una práctica que los partidos políticos se sientan con las atribuciones para repartirse los cargos y poner al candidato de su interés. Esto tenía un reglamento que pasaba por un concurso público transparente que permitiera que las organizaciones de la sociedad civil tengan tiempo de conocer a cada candidato y poder objetar. La Constitución buscaba un TC autónomo, con gente idónea, proba, con trayectoria impecable”.

“Sin embargo, para facilitarse las cosas lo regularon para poder designarlo por invitación. Esto era como una última salida en caso no funcionara el concurso, no como hacen ahora que se saltan el concurso para ir de frente a las invitaciones. Y esta vez ni siquiera es una repartija entre todas las organizaciones políticas, se lo han repartido todo entre 3 o 4 que se han asociado para ver cómo controlan el TC con gente que ya está digitada”, advirtió.

Acerca del perfil de los candidatos aprobados en la polémica sesión, refirió que “hay gente que ha firmado comunicados en contra de derechos humanos, en contra de la cuestión de confianza, otros que hacen una labor política que los identifica con esta mayoría del Congreso, otros son gente cercana a estos constitucionalistas que hacen coro al fujimorismo criticando la cuestión de confianza”. “Por eso quieren elegir antes de que la opinión pública pueda enterarse de quiénes son los candidatos”, alertó.

LA GENTE DEBE MANIFESTARSE

Albán consideró que es “inaudito” que se pretenda aprobar la designación de un nuevo TC en la actual coyuntura de crisis política. “Creo que, o bien se posterga, o bien proceden como lo están haciendo, pero en ese caso se van a encontrar con una reacción ciudadana que no se la esperaban. El fujimorismo cree que la ciudadanía no está interesada en estos asuntos pero está teniendo una mala lectura de la realidad”.

Finalmente, respecto al hábeas corpus presentado ante el TC solicitando la nulidad de la revocatoria del indulto de Alberto Fujimori, indicó que “nada de lo que pasa es casual, hay un grupo complotando todo el tiempo para ver cómo actuar y la apurada elección del TC viene acompañada de este menú naranja que ha entrado al TC en las últimas semanas”.

BUSCARÁN ANULAR PROCEDIMIENTO IRREGULAR

Por otro lado, el congresista Alberto Quintanilla solicitó al Oficial Mayor del Congreso que se le remita el acta de la sesión del día 18 de setiembre de la comisión especial del Parlamento, encargada de la recomposición del TC. Además, solicitó el acta de las sesiones de la referida comisión, y los curriculum vitae de todos los candidatos seleccionados.

“Agotaremos todos los mecanismos legales para anular procedimientos irregulares que se han usado para elegir de manera veloz a los candidatos al TC”, advirtió Quintanilla en su cuenta de Twitter.

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Política

Estudiantes de la UNMSM defienden una plataforma mínima de 6 puntos

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Marcha protesta de San Marcos UNMSM

La Junta Transitoria de la Federación Universitaria de San Marcos(FUSM) tiene una plataforma mínimade seis puntos,que ha planteado ante las autoridades de ese centro superior de estudios y que no ha sido mencionada por los medios de comunicación que solamente ha destacado el asunto más mediático, que es el referente al desacuerdo de los estudiantes con el by-pass.

Históricamente el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se ha destacado por su capacidad de lucha. Esto quedó patente el 8 de mayo de 1958, cuando los sanmarquinos rechazaron la presencia del presidente norteamericano Richard Nixon.

Hoy, la Decana de América vuelve a ser el centro de la noticia, porque sus estudiantes han presentado una plataforma mínima de seis puntos. Al respecto, conversamos con Gloria Alejandro, estudiante de la facultad de Educación e integrante de la Junta Transitoria de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM).

Ella sostiene que no van a retroceder en su lucha y que, incluso, van a evitar que movimientos extraños se infiltren para distorsionar su plataforma mínima, que todos, de manera consensuada, defienden democrática y pacíficamente, sin hacerle daño a nadie.

Además, rechaza las distorsiones de cierta prensa malévola que desinforma sobre las protestas estudiantiles de San Marcos, y pretende desvirtuar la lucha que efectúa para superar la crisis que remece a ese centro de estudios e ideas, decano del pensamiento en América Latina.

—¿Cuál es el principal reclamo de ustedes?

—El principal reclamo es que tenemos una plataforma mínima de seis puntos. El referente a la construcción del cerco perimétrico también se considera. El primer punto, es que se aplique el bachillerato automático para la base 2016 y la base 2017; exigimos que se reconozca la primera resolución del rectorado; la Sunedu intervino y el rectorado se rectificó.

El segundo punto es el archivamiento del reglamento que criminaliza a los estudiantes y estigmatiza a los dirigentes que no pueden protestar, porque a cualquier estudiante que está, por ejemplo, en esta lucha, le abren un proceso disciplinario; este es un agravante porque viola los derechos de los estudiantes. El tercer punto es el acoso sexual de la cual son víctimas muchas estudiantes, que se puede resolver mediante un reglamento contra el acoso dentro de las universidades. El cuarto punto es nuestro estatuto de San Marcos, hay un artículo que comprende un porcentaje sobre las vacantes, que se pretende cambiar para elevar el número de postulantes, que perjudicaría a los estudiantes del pueblo que no podrían acceder y solventar el costo.

El quinto punto es el tema de los estudios generales, según la Ley Universitaria. Y el sexto punto es que solamente se reciba al comité de los estudiantes universitarios que vela sobre la atención a los estudiantes sobre la movilidad, la clínica universitaria, etc.; pedimos que ese espacio sea democratizado, porque lamentablemente está conformado por personas autoritarias. Esto son los seis puntos de nuestra plataforma. Queremos dejar en claro que estamos dispuestos al diálogo con nuestras autoridades

—Se ve que han presentado una plataforma mínima.

—Efectivamente, tenemos una plataforma mínima. Lo del cerco perimétrico es más mediático y es el punto en que se ha enfocado la mayoría de la prensa.

—¿Hay un manejo malintencionado de la problemática de ustedes?

—Yo creo que la prensa se ha enfocado más en el by-pass porque no ha tenido información precisa de los problemas que hay en San Marcos. Por ello es que ha salido muchos medios de comunicación desvirtuando nuestros reclamos. Incluso nos han relacionado con ciertos grupos políticos, lo cual nosotros rechazamos y deslindamos totalmente, que estemos influidos por alguna agrupación política o que hagamos política. Es una lucha de los estudiantes, nada más.

—¿Quiénes conforman la Junta Transitoria?

—Hasta hace tres o cuatro semanas había una Junta Directiva que ha sido vacada por una asamblea masiva de estudiantes. Y se ha nombrado una Junta Transitoria, que está conformada por gremios de la universidad elegidos a través de elecciones. La Junta Transitoria de estudiantes la integramos cuatro: una compañera de Letras, otra de Derecho, un compañero y yo que soy de Educación.

—¿Cuántos estamentos hay en la universidad?

—Hay de los estudiantes, trabajadores y los docentes… Quiero aprovechar para remarcar que esta es una Junta Transitoria reconocida.

—¿Ya se han reunido con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación?

—Nos vamos a reunir con ellos para presentarles nuestra plataforma mínima, para poder dialogar. Ellos se están presentando como mediadores ante las autoridades sanmarquinas. Primero es el rector y esperamos entablar una mesa de diálogo. También esperamos reunirnos con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz,con quien debemos ver el asunto del perímetro, porque al parecer no va más el by-pass.

—Después de la Junta Transitoria viene la directiva formal de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM)…

—Efectivamente. Actualmente hay un Comité Electoral que debe llamar a elecciones para elegir a la nueva junta directiva del FUSM.

ALGO MÁS

“Siempre seguimos un proceso democrático. Nosotros estamos debidamente organizados. Solamente estamos esperando que nos llamen a elecciones, oportunamente”, concluyó Gloria Alejandro, integrante de la Junta Transitoria de la FUSM.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Tribunal Constitucional

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Detienen invasores de terrenos traficantes detenidos capturados por la policía

En semanas recientes, algunos medios de comunicación reportaron con alarma una supuesta creciente cifra de fallecimientos de recién nacidos prematuros, por la inexistencia de incubadoras en los hospitales públicos. Según el Ministerio de Salud, en lo que va del año han muerto 1817 recién nacidos, de los cuales 1291 fueron prematuros.

Si nos ponemos en contexto adecuado, lo cierto es que, en los últimos veinte años, el Perú ha tenido una reducción sostenida de la mortalidad infantil. Los fallecimientos en menores de un año pasaron de 33 por cada mil nacidos vivos a inicios del 2000 a 15 el año pasado, según la ENDES. En otras palabras, estamos en el promedio latinoamericano.

Por otro lado, la tasa de mortalidad neonatal (antes de los 28 días luego de nacer) pasó de 18 a 10 por cada mil nacidos entre los mismos años. Si bien hubo un descenso, aún estamos por encima del promedio regional, que es de 9.6 y, lo que es más, se ha mantenido constante durante los últimos cuatro años.

Entonces, hay un problema y busca explicarse soplando la pluma. Según la ministra de Salud, Zulema Tomás, desde este año la compra de incubadoras, respiradores y otros implementos para la atención de recién nacidos está a cargo de los gobiernos regionales.

Esto presenta demoras por la falta de gestores en el sector. En suma, el problema es de falta de recursos humanos para la buena gestión y, también, deficiente prevención (controles prenatales y lactancia materna) que puede corregirse con una mejor vigilancia de la autoridad pública.

Pero, lo que no nos dicen las autoridades y no preguntan los periodistas es el posible perfil de las madres que tienen estas pérdidas. De acuerdo con la OMS, la procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién nacidos. Cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo.

Al respecto, el INEI señala que cada día cuatro adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas en Perú, y este promedio sube a diez cuando las menores llegan a esta edad. La encuesta demográfica y de salud familiar realizada en 2017, revela que el 13.4% de adolescentes de 15 a 19 años, fueron madres o quedaron embarazadas por primera vez en aquel año, lo que significó un alza del 0.7% con respecto al 2016. Lo que es más, ese porcentaje se había mantenido en el mismo rango en los últimos cinco años.

HOMICIDIOS

Hay quienes todavía señalan que no somos un país violento y los casos registrados y convenientemente filtrados por las autoridades competentes, parecieran que solo son carne para los bolsillos de la prensa comercial. En el 2017, la tasa de homicidios de El Salvador era de 60 víctimas por cada 100 mil habitantes y de Venezuela 54 víctimas por cada 100 mil habitantes. La nuestra era para ese año, de 8 víctimas por cada 100 mil habitantes.

No parece mal, pero debíamos considerar que entre el 2011 y 2017 hubo un importante incremento, pasando de 5,4 muertes por 100 mil habitantes a 7,8. Además, si desagregamos territorialmente esta cifra, nos vamos a encontrar con resultados realmente preocupantes: Madre de Dios tuvo una tasa de 46.6 en el 2017, Tumbes de 28.8, Lima región de 14 y Callao de 13.1.

Si nos enfocamos en las provincias, veremos que Tambopata tiene 59 víctimas por cada 100 mil habitantes; siguiéndole la provincia de Barranca y Tumbes con 41 y 40 víctimas por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Las ciudades más violentas son Tumbes con 58 víctimas por cada 100 mil habitantes; Barranca con 46 víctimas por cada 100 mil habitantes, Huaral y Pisco, con 28 y 18 víctimas por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

TRÁFICO DE TERRENOS

En el Perú, esta es la segunda fuente de ganancias ilícitas, después del narcotráfico y a la par con la trata de personas y la minería ilegal. Además, según Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías sobre crimen organizado, es la modalidad con mayor crecimiento relativo en los últimos años, afirmando que una de estas redes puede mover hasta 20 millones de soles al año, básicamente, por las ventas sucesivas de un mismo terreno, conocido como ‘ruleteo’.

Asimismo, se ha podido evidenciar recientemente, que estos grupos han tejido densas redes de relaciones involucrando a algunas autoridades competentes en el tema. Agregado a esto, también puede decirse que el tráfico de tierras es el eje alrededor del cual giran otras actividades ilegales como la extorsión y el sicariato.

Si alguien puede tener dudas sobre la importancia de este delito, debería remitirse a la información proporcionada por Rubén Vargas, exviceministro de Orden Interno del Mininter: “El 90% de invasiones en Lima y la costa norte ha sido dirigido por organizaciones criminales”.

Si bien desde el 2016, la Policía y la Fiscalía han realizado 120 megaoperativos, de los cuales la mitad sirvieron para desbaratar estas redes e iniciar al menos 45 procesos judiciales, lo cierto es que hasta el momento no hay sentenciado alguno.

Mientras sucedía esto y muchas otras situaciones preocupantes, la política discurría –y seguirá discurriendo– por canales diametralmente opuestos. Nuestros políticos, como bien sabemos ahora, no hacen política no porque no quieren, sino porque no saben. No pueden solucionar siquiera sus cuitas y mal haríamos en creer que puedan tener una sola idea clara sobre qué hacer con los problemas de los peruanos.

 

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