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Crítica agenda energética: la misma receta privatizadora

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Barco petrolero

Sí por problemas técnicos, la explotación del gas natural de Camisea tanto del lote 88 y 56 se paralizara durante más de una semana el próximo mes de julio, ello no debiera preocupar al consumidor regulado.

El tema de las tarifas eléctricas es un grave problema de cabeza para las familias peruanas por los precios relativamente elevados que tiene que pagar el usuario regulado a pesar que más del 80 % de la capacidad instalada de generación no está siendo utilizada, es decir, existe un exceso de generación eléctrica, que debe absorber sin problemas la próxima paralización de la explotación de gas de Camisea por razones de mantenimiento.

Sí por problemas técnicos, la explotación del gas natural de Camisea tanto del lote 88 y 56 se paralizará durante más de una semana en el próximo mes de julio, ello no debiera preocupar al consumidor regulado. Sin embargo, sí afectará a los clientes libres que compran directamente la energía a las empresas de generación como también aquellos grandes consumidores (mineras) que se abastecen en el mercado de corto plazo, denominado “spot”.

Este mercado “spot” es altamente especulativo donde algunas empresas de generación con el afán de ganar mercado y despachar primero han estado ofreciendo energía a bajos precios, casi “a costo cero”, donde el megavatio hora (MW/H) se compraba a menos de US$ 10 dólares, y en razón al costo marginal con la paralización en el abastecimiento de gas natural, tendrán que pagar más de US $ 180 dólares, pues se tendrá que recurrir a energéticos alternativos más caros. ¡Agárrate Catalina!

Por vez primera vez en estos catorce años de explotación Camisea por cambios técnicos en el sistema automático de control, se ha de paralizar la producción de gas natural y de líquidos de gas natural que están estrechamente ligados a la elaboración del gas licuado de petróleo (GLP) ¡Tendremos los balones suficientes para evitar la especulación!

Debiera ser evidente que el 50 % de la producción eléctrica del país se genera a partir del gas natural, y las empresas de generación térmica como Enel-Generación, planta Ventanilla, Kallpa, Engie, Termo Chilca entre otras, se verán afectadas por la paralización de la producción del gas de Camisea, y en verdad, el sistema tendrá que utilizar los generadores térmicos basados en los derivados del petróleo, como el diésel 2 y los petróleos residuales, que resultan más caros en relación al gas natural, y también más contaminantes.

Refinería de petróleo

MÁS PRIVATIZACIONES SIN NORTE

Si bien la responsabilidad política sobre la proyectada privatización de la mayoría accionaria de la empresa ENOSA Eléctrica del Noroeste S.A. encargada de la distribución eléctrica para los departamentos de Piura y Tumbes, es del equipo de PPK con su fracasado gabinete de lujo, pareciera que el presidente Vizcarra y su presidente del consejo de ministros el congresista Villanueva insisten en las privatizaciones a ultranza, sin un mayor criterio técnico, económico, financiero para favorecer oscuros intereses privados.

Con el rótulo de una modernización empresarial, supuestamente para hacer más eficiente a la empresa estatal, superando “las limitaciones de una empresa pública” se pretende transferir el 51 % del capital social y de otro lado contratar, “encargar la dirección de ENOSA a un Operador Estratégico con demostrada experiencia en la modernización y optimización de empresas regionales de distribución de electricidad”

Debemos entender que las propias limitaciones están referidas a los diversos obstáculos que le impone el propio estado, el Fonafe para reinvertir sus utilidades para mejorar su gestión y expandir la cobertura del servicio, pues con toda la información disponible se trata de una empresa rentable que genera ingresos por ventas de 600 millones de soles en promedio y utilidades netas que bordean los 70 millones, en los últimos años.

Sí, aunque usted no lo crea se pretende al igual que los años noventa del siglo pasado, en los tiempos del fujimorismo duro, privatizar una empresa eléctrica rentable y eficiente, a pesar de todos los problemas que le impone el propio estado a través del FONAFE, el Fondo Nacional de Financiamiento del Estado, donde la responsabilidad política recae en los ministros de economía y finanzas y en el ministro de energía y minas, por ser una empresa del sector.

Según Proinversión esta sería una iniciativa privada, donde se trata de transferir el 51 % del patrimonio a un inversionista privado bajo la modalidad de capitalización, es decir un aumento del capital social suscrito y pagado por un monto de 335 millones de soles, que se sumarían a los 495 millones de soles que representa el patrimonio neto al 2017, según los datos oficiales presentados por el organismo regulador del sector Osinergmin.

Enosa como toda empresa de servicios públicos donde no es posible reproducir la competencia, como es el caso de la distribución eléctrica constituye un “monopolio natural”, pues no se puede tener en un domicilio más de un tendido eléctrico hasta la acometida en una casa. Como empresa es responsable de abastecer a los clientes regulados de baja tensión y a los clientes libres que así lo consideren en competencia con los generadores eléctricos de la región piurana.

En teoría un monopolio natural de carácter público es más accesible de regular que uno de carácter privado, donde el objetivo fundamental del capital privado es maximizar la utilidad en el menor tiempo posible. Sirva la experiencia de la transnacional española Telefónica de España y la debilidad en la regulación de parte del estado a través del Osiptel, que difiere ad infinitum la millonaria deuda al fisco por más de 4,000 millones de soles.

LOTE 56 CON REGALÍAS MÍSERAS

Esta debiera ser una renegociación urgente y necesaria para el país, pues la exportación del gas natural licuefectado, es decir, el gas convertido a líquido en “Pampa Melchorita” y trasladado en buques cisternas constituye un pésimo negocio para el país y la caja fiscal. Ello en razón de los bajos precios del gas natural vigentes en el mercado de destino, México que se rige por el marcador “Henri Hub” que se ubica por debajo de los US $ 3.0 dólares por millón de BTU.

Se debe considerar que durante el 2017 un promedio de 415 millones de pies cúbicos diarios de gas natural provenientes del lote 56 se exportaron bajo responsabilidad del Consorcio Camisea, y un promedio del 70% de esa producción se va hacia México en razón de un cuestionado contrato firmado en la década pasada, donde el expresidente PPK tuvo un protagonismo central.

Por medio de este lesivo contrato y perversas exportaciones del gas natural el estado está dejando de percibir millones de soles que aliviarían la pobreza de la caja fiscal en lugar de golpear los bolsillos de los más pobres. Así, dividiendo el pago de las regalías del lote 88 frente a la producción del mismo lote en comparación de las regalías por el contrato de exportación del gas del lote 56 entre la producción del mismo lote, la diferencia durante el 2017 es importante.

Mientras las regalías percibidas por el lote 88 ha sido de US $ 0.70 centavos por un millón de pies cúbicos, las regalías del lote 56 percibida ha sido de US $ 0.48 centavos, lo que significa que las regalías del gas natural destinado para el mercado doméstico contribuyen más al fisco, paga más que el gas de exportación, sin mencionar que las regalías del lote 56 en años anteriores han sido francamente miserables.

Esta es parte de una agenda energética que un gobierno debilitado como el del presidente Vizcarra aliado de la Sra. Keiko Fujimori debiera procesar desde el punto de vista del interés público, que lamentablemente se traduce en los negocios privados en una visión de corto plazo, para llevar a cabo la misma receta económica que tiene más de 25 años favoreciendo a los grupos de poder y grandes transnacionales.

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Política

Fiscal Pérez está bajo amenaza de Chávarry y de Fuerza Popular

Publicado

en

José Domingo Pérez Gómez

Según fuentes del equipo especial Lava Jato, lo sustancial de la demanda del IDL ante la CIDH, de protección al fiscal José Pérez, es la injerencia interna, desde el propio Ministerio Público con grado de obstaculización del trabajo jurisdiccional, mediante “investigaciones disciplinarias, penales, sin fundamentación real”, así como contra de su libertad de expresión.

Como consecuencia de sus investigaciones, en particular por el “Caso Keiko Fujimori”, Pérez está siendo sometido a los siguientes procesos disciplinarios y administrativos dentro de su institución:

Por opinar que Pedro Chávarry Vallejos no es la persona más idónea para ocupar el cargo de Fiscal de la Nación, a los pocos días de que Chávarry fue elegido con su propio voto, tras un empate de dos contra dos en la Junta de Fiscales Supremos.

Por criterios académicos que expresó en un seminario sobre corrupción, realizado en Chihuaha, México, acerca de que los militantes de Sendero Luminoso hicieron “guerrilla” en el país durante el conflicto armado internos 1980- 2000.

Por la supuesta filtración a la prensa de preguntas y respuestas del interrogatorio al que sometió al mismísimo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sobre su relación con las bancada congresales de Fuerza Popular, del Apra, con Keiko Fujimori Higushi y con la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, cuyo cabecilla era nada menos que su amigo el exvocal supremo César Hinostroza, hoy preso en una cárcel de Madrid, mientras se tramita su extradición.

INJERENCIA EXTERNA

La injerencia procede del Congreso. La Comisión de Defensa lo citó a interrogatorio sobre su criterio de los senderistas guerrilleros y no terroristas, pero no asistió debido a que se hallaba inmerso en la maratónica sustentación ante un juez de garantía, de su pedido de 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori y sus presuntos cómplices.

Asimismo, las presiones provienen también de integrantes del partido Fuerza Popular, quienes junto a asesores de su lideresa planearon obstaculizar su labor.

RELACIÓN CHÁVARRY-FUJIMORISMO

El fiscal Pérez halló en la investigación del caso indicios de que la “persecución interna” estaría vinculada a la relación entre Fuerza Popular y el fiscal Chávarry, sobre la base de la protección que este grupo político y su aliado el Apra brindan a Chávarry ante cuatro graves denuncias constitucionales en su contra.

Esa relación, que en gran parte es pública, llevó al fiscal Pérez a interrogar judicialmente al propio Chávarry, sacando en claro que el vínculo entre él y Fuerza Popular es el funcionario coordinador entre la Fiscalía de la Nación y el Congreso.

Sobre la situación de Pérez, su jefe Vela Barba dijo antenoche: “No es el mejor clima para enfrentar una investigación de esta envergadura. El fiscal Domingo Pérez tiene que eventualmente responder a la amenaza de cualquier sanción por inconducta funcional que no está justificada”,

FISCAL VELA

Las presiones internas contra el fiscal supervisor del megacaso Lava Jato, Rafael Vela Barba, son de reciente data, desde la audiencia de prisión preventiva del “Caso Keiko Fujimori” y coincidentemente con el enfoque del equipo Lava Jato en el “Caso Alan García”.

Fue entonces que el fiscal superior Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional Judicial y Extradición, inició una reyerta epistolar interna contra Vela Barba, acusándolo de filtrar a la prensa información reservada de los casos en investigación.

La réplica de Vela Barba responsabilizó a Peña Cabrera de difundir información llegada de Brasil y de entorpecer los pedidos de interrogatorios de testigos y colaboradores brasileros, para favorecer a determinados políticos investigados.

De eso, y considerando que Peña Cabrera es brazo derecho de Chávarry, varios medios de investigación periodística, entre ellos Diario UNO, dedujeron que la estabilidad del equipo Lava Jato peligraba y que el Fiscal de la Nación podría reemplazarlo en cualquier momento.

LAS FISCALES CHALACAS

Sandra Castro Castillo, fiscal provincial contra el crimen organizado del Callao, y Rocío Sánchez Saavedra, fiscal contra delitos de corrupción de funcionarios, tienen a su cargo la investigación de los casos acumulados “CNM audios – Cuellos blancos del puerto”.

En ese camino, participaron en el procesamiento de cientos de grabaciones que revelaron el segundo caso de gran corrupción de lo que va del siglo en el sistema judicial (CNM, Poder Judicial y Ministerio Público con vinculaciones con la ONPE y la Federación Peruana de Fútbol).

Ellas dirigieron la razia que llevó a la cárcel al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, y a otros 21 involucrados y presentaron ante el entonces fiscal Supremo, Pablo Sánchez, la lista de 13 magistrados de alto rango y con derecho a antejuicio, a fin de que sean investigados y denunciados constitucionalmente como miembros de la banda “Los cuellos blancos del puerto”.

Y no vacilaron en incluir en esa lista al mismo Fiscal de la Nación, y a los dos fiscales supremos que lo sostienen en el cargo.

Desde entonces, la administración del Ministerio Público no las apoya, el propio Chávarry les da encargos adicionales que les impiden dedicarse a su caso principal y, como ocurre con Pérez Gómez, pende sobre sus cabezas la posibilidad de que, con motivo de un nuevo ejercicio judicial, sean cambiadas, lo que obstruiría el proceso.

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Política

Sala resolverá en dos días la apelación de Keiko y keikistas

Publicado

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Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Hertz.

Mañana viernes, la Segunda Sala Penal de Apelaciones, presidida por el vocal superior César Sahuanay, escuchará a las partes en la audiencia de apelación contra la orden de prisión preventiva durante 36 meses impuesta a los keikistas Vicente Silva Checa, Alberto Mejía Leca y Giancarlo Bertini de Vivanco.

El primero, Vicente Silva, es imputado como presunto miembro del núcleo duro de la presunta organización criminal que habría realizado lavado de activos con fondos ilícitos en la campaña presidencial del año 2011.

El segundo, Alberto Mejía, expersonero legal de Fuerza Popular, ayudó a evitar que los falsos aportantes de dinero a Fuerza Popular dijeran la verdad a la justicia.

Giancarlo Bertini, ayudo a Jorge Yoshiyama a “pitufear” medio millón de dólares, dinero proveniente de Jaime Yoshiyama. Nunca dio la cara a la Fiscalía y poco antes de que ordenaran su carcelería, fugó a Bolivia.

Al día siguiente, el sábado 15, la Sala Sahuanay verá los casos de prisión preventiva de Keiko Fujimori y el también prófugo JaimeYoshiyama

El mismo día a las 2 p.m. verá los casos de los asesores de Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Hertz.

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Política

Piden a CIDH que impida cambio de fiscales Lava Jato y “cuellos blancos”

Publicado

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Rocío Sánchez Saavedra - José Domingo Pérez Gómez - Rafael Vela Barba

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está procesando una solicitud de medida cautelar protectora presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) a favor del equipo especial Lava Jato y de las fiscales del caso “Los cuellos blancos del puerto”, contra interferencias externas e internas que afectan sus investigaciones.

Según el IDL, la demanda fue presentada el 16 de octubre por iniciativa propia y sin previo aviso, inicialmente a favor del fiscal José Domingo Pérez, a raíz del acoso al que lo han sometido el fiscal de la Nación Pedro Chávarry y sus subalternos.

El 10 de diciembre, el IDL envió a la CIDH información adicional y solicitó la ampliación de la medida cautelar a favor del fiscal superior, supervisor del equipo Lava Jato, Rafael Vela Barba y las fiscales Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo, estas dos últimas encargadas del caso “CNM audios – Los cuellos blancos del puerto”.

La medida cautelar tiene las siguientes finalidades:

Que cese la interferencia, sea interna o externa, en el desempeño de la labor de los fiscales José Domingo Pérez, Rafael Vela Barba, Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo,

Evitar la remoción de los fiscales mencionados respecto a las investigaciones que tienen a su cargo.

Resguardar la integridad de los fiscales y de sus familias.

El IDL precisó en un comunicado que la medida cautelar de protección de los magistrados se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 25 del reglamento de la Comisión IDH, dado que los fiscales estaban siendo violentados en el ejercicio libre e independiente de su labor fiscal.

Así mismo, señala: “La urgencia de proteger a los fiscales que investigan los casos Lava Jato y CNM Audios ya había sido expuesta a los miembros de la Comisión Interamericana el 1 de octubre, en el 169 Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, llevado a cabo en Boulder, Colorado, Estados Unidos”.

CONTRA CHÁVARRY Y CONGRESO

Aunque los blancos del pedido son el fiscal Chávarry y el Congreso, la demanda fue interpuesta contra el Estado Peruano, el que, a través del Ministerio de Justicia, ya ha recibido el expediente, para que lo conteste ante la Comisión IDH.

Luego de eso, el organismo interamericano podría emitir su decisión en cortísimo tiempo en condición de recomendación al Estado Peruano.

En caso de no atención, la Comisión llevaría el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que podría dictar las mismas medidas con carácter de obligatorio cumplimiento.

EL ESTADO PREPARA RESPUESTA

Por eso, el secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Martín Mijichich Loli, ha solicitado urgentemente la información pertinente al Ministerio Público respecto a las medidas de protección que se le han otorgado a José Domingo Pérez, ante las presiones que dice estar soportando, aún si estas provienen del propio Fiscal de la Nación y de órganos subalternos de esa institución.

A pedido de la Comisión IDH, Mijichich también ha pedido que se le informe sobre la investigación que el Fiscal de la Nación abrió contra los congresistas de Fuerza Popular que obstruyeron el allanamiento de dos los locales de ese partido político con la debida autorización de juez, en el caso de lavado de activos con fondo ilícitos de la campaña presidencial del 2011.

El carácter urgente del pedido presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene que ver, aparentemente, con los trascendidos sobre la eventual intención del fiscal Chávarry de separar de los importantes casos que manejan a Pérez, Barba y las fiscales chalacas.

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