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Crisis política afecta recuperación económica

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La economía política es la ciencia social que estudia las relaciones sociales de producción y distribución en un contexto históricamente determinado, en razón de ello la economía y la política están indisolublemente ligadas, de allí que lo que está pasando en nuestro país, con el indulto político e interesado al expresidente Alberto Fujimori, tiene y tendrá profundas consecuencias en el laboratorio social que se llama Perú, y lamentablemente ensombrece y afectará la recuperación económica de nuestro país para el 2018.

En el 2018 diversos organismos públicos y privados proyectaban un crecimiento económico del PBI superior al 4% gracias al mejoramiento de los precios de los minerales, entre enero/octubre los precios del cobre se han incrementado en un 29%; los precios del zinc en un 47%; el gas natural en un 69% entre los principales productos.

Con un crecimiento proyectado del 4% nuestro país se ubicaría entre los líderes del crecimiento económico en esta parte del mundo. Lamentablemente la convulsión social que se avecina ha de reducir este pronóstico de manera sustancial con consecuencias imprevisibles.

La recuperación de los precios del cobre y zinc, los bajos niveles de inflación, el alto nivel de reservas internacionales y la posición de cambio, el superávit de la balanza comercial, el bajo nivel de desempleo, la disciplina fiscal serán poca cosa ante la ola de manifestaciones sociales y políticas que se extenderán a nivel país, cuestionando el modelo económico, e incluso la precaria democracia que tanto costó a los peruanos.

Principales costos directos e indirectos de la corrupción - Perú 1990 - 1999

UN INDULTO PERVERSO
Un indulto político producto de una negociación para “salvar el pellejo” del Presidente Pedro Pablo Kuczynski de la vacancia presidencial por “incapacidad moral”, tendrá efectos directos en el crecimiento económico, en la estabilidad, en las inversiones públicas y privadas, en la confianza empresarial, por la inestabilidad política que genera cuya expresión maximalista se resume en la frase política “que se vayan todos”

Es tal la indignación ciudadana que las calles serán el escenario privilegiado en Lima y en las principales provincias del país que combinadas con las declaraciones recientes de la corrupción de Odebrecht en Brasil, se compromete no solamente a PPK, sino también a Keiko Fujimori y Alan García. Con ello se tiene el coctel molotov explosivo completo con los ex presidentes y altos funcionarios investigados, desde Toledo, García, Humala y PPK.

Es tal la extensión y profundidad del descontento, el malestar popular e indignación que provoca el indulto político al expresidente Fujimori, el mismo que se ha gestionado en un tiempo record, que ha de alimentar el desborde de la cólera ciudadana, en especial en la región sur del país y particularmente en los jóvenes que saldrán a las calles a protestar por lo que consideran una burla a la institucionalidad democrática.

El presidente Kuczynski debiera saber que el ex presidente Fujimori no ha cometido excesos, faltas ni errores, sino crímenes de lesa humanidad, violación sistemática de los derechos humanos en el marco de un régimen corrupto que ha sido calificado como el más corrupto de la historia republicana, lo cual es decir bastante.

No es posible construir una sociedad moderna en democracia con instituciones sólidas si no se respeta el debido proceso, si no se acata la ley en su sentido más amplio, sino se cumplen las sentencias por más importantes que sean los personajes implicados. Por ello, el indulto político constituye una violación legal por más que el presidente afirme que lo ha otorgado por razones humanitarias. Los juristas más reconocidos han expresado su desacuerdo a este infeliz indulto por no contemplar el procedimiento del llamado indulto humanitario.

Por tanto, la esperada reconciliación entre los peruanos con un Alberto Fujimori libre y haciendo política alimentará más aún el descontento social, ante lo que se considera una burla al país, a la democracia y la institucionalidad. Ello tendrá consecuencias económicas que afectarán las inversiones en un país que tiende a la convulsión social al margen de los buenos deseos del oficialismo.

Por tanto, el escenario político no será esencialmente el Congreso de la República que será rebasado por las masas que han encontrado una justificación para la movilización. Aquí no se está reclamando por mejores salarios, empleo o más recursos. La demanda ciudadana apunta a un cambio político, a la renuncia del Presidente de la República y la convocatoria de nuevas elecciones.

La consabida política de masas se hará en las calles y plazas, en las múltiples manifestaciones que los organismos sociales, gremiales, como la CGTP han de organizar más los colectivos cívicos que se irrogan en la práctica la representación ciudadana.

En los próximos meses se mantendrá el fuego de la protesta social y callejera contra una decisión presidencial nefasta que avivará el discurso de los estilos Antauro Humala, Goyo Santos, Sutep anti Patria Roja, que competirán por el discurso más radical como el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.

Si a esto le agregamos la incapacidad, ineficiencia, desinterés y mediocridad del equipo de gobierno de PPK, que en su primera versión fue catalogado como un “gabinete de lujo” prácticamente tendremos un presidente de la República cautivo de las fuerzas oscuras del fujimorismo, con una recomposición del Consejo de Ministros que será previamente consultada por la mayoría fujimorista cuyo líder indiscutible es Alberto Fujimori.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN CUESTIÓN
Una expresión de la incapacidad del presente gobierno lo expone la dramática realidad del “Programa Reconstrucción con Cambios” donde los montos presupuestados con financiamiento para los próximos 3 años ascienden a S/ 25,655 millones de soles, de los cuales al mes de noviembre del presente año solamente se ha ejecutado según el Banco Central de Reserva (BCRP) la suma de S/ 399 millones, lo cual representa un irrisorio porcentaje de 1.5 %, a pesar de las múltiples necesidades de la población involucrada.

En el mismo sentido, a la misma fecha del total presupuestado se ha adjudicado para la reconstrucción la suma de S/ 945 millones, es decir el 3.7 % lo cual demuestra la incapacidad del propio estado de ejecutar los recursos en razón de una serie de argumentos, pues esta paralización está ligada a los efectos de la sistemática corrupción de los gobiernos locales y regionales, que no han sido superados por la autoridad de la “Reconstrucción con Cambios” que ha sido nombrada a dedo por el poder ejecutivo.

En esa misma lógica la inversión estimada por los “proyectos de inversión y compromisos de inversión entre el 2017/2018 por sectores” prácticamente se paralizarán ante la incertidumbre, la inestabilidad social y política, la emergencia de las masas cuestionando al viejo lobista que tenemos como Presidente de la República y todo lo que representa.

Según el cuadro en referencia se trata de un monto de US$ 8,215 millones de dólares que se tenían proyectados para el 2017/2018 por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) que prácticamente tendrán que postergarse ante la inestabilidad a la cual nos ha llevado la irresponsabilidad de un presidente que piensa más en sus negocios privados que en el interés del país, lo cual ha sido demostrado en su vinculación con Odebrecht cuando era ministro de economía y finanzas en el gobierno de Toledo.

Un político y dueño de empresas en los Estados Unidos en la década de los cincuenta del siglo pasado Jhon Foster Dulles, afirmaba “que no hay nada más cobarde que un millón de dólares” cuando se trata de inversiones en países convulsionados socialmente.

En tal sentido, las inversiones en los sectores de transporte, telecomunicaciones, energía, minería, agua y saneamiento, inmuebles y salud se paralizarán en razón de la inestabilidad y falta de legitimidad de nuestros gobernantes. ¿Qué inversionista serio vendrá a invertir al Perú con un gobierno que no tiene legitimidad social ni política?

Siempre hemos sostenido que la capacidad de movilización no está en los votantes del fujimorismo acostumbrados a la prebenda y el asistencialismo. Tampoco está en las huestes apristas divididas y reducidas a su mínima expresión. El partido político de PPK prácticamente ha dejado de existir con un “gabinete de lujo” para la foto, pero ineficiente y autista en términos políticos. Por tanto, el camino está libre para propuestas radicales y maximalistas. Frente a ello, el señor presidente de la República debe presentar su renuncia, al igual que sus vicepresidentes y convocar a nuevas elecciones.

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Política

Lo dejaron solo

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Omar Quesada

Luego de que algunos representantes apristas acusaran a autoridades como los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, o al mismo presidente de la república, Martín Vizcarra, de ser los causantes del suicidio del expresidente Alan García Pérez, las declaraciones de otro dirigente aprista tiran por los suelos la pretendida estrategia de obtener un rédito político de la muerte del exmandatario. Por el contrario, dejan al descubierto una posible falta de prevención que podría haber contribuido al trágico desenlace.

AG LO ANUNCIÓ

Omar Quesada, quien diera la noticia de la muerte de Alan García, declaró ayer a Radio Programas del Perú que el expresidente había advertido a su entorno más cercano que no lo iban a ver esposado ni humillado.

“Él (García) siempre nos dijo a mí no me van a ver, al presidente del Apra, al presidente Alan García o al compañero de ustedes, esposado, humillado, como el día de ayer lo querían hacer. No nos ha sorprendido un acto de esa naturaleza, aunque es increíble hasta el último momento”, reveló.

“Para nosotros ha sido un shock emocional, a pesar de que sabíamos de que esa era una medida que él podía tomar”, agregó.

Las afirmaciones de Quesada no representan una visión aislada. El congresista Víctor García Belaunde de Acción Popular afirmó en una entrevista televisiva que según le comentaron algunos partidarios apristas, Alan García se presentó en la embajada de Uruguay con un arma bajo el brazo, creyendo que podía ser detenido. “Él conservó el arma no para usarla contra otro, sino para él, porque no estaba dispuesto a permitir que lo humillen, según decía”, recordó García Belaunde.

Tuit de Carlos Mesía

Otro testimonio que consigna la delicada información de la que estaba al tanto el entorno de García, es el del expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, quien escribió en Twitter: “El presidente no iba a permitir que sin pruebas, fuese expuesto a la humillación pública de verse enmarrocado. Por eso dije hace un tiempo: ‘al presidente García nadie lo enmarroca’. No es cobardía, es honor. Lo sabía de fuentes cercanas que eso sucedería llegado el caso”.

Todas estas afirmaciones confirman que la posibilidad del suicidio no era ignorada por el entorno del expresidente, por lo que cabe preguntarse si acaso no lleva su círculo más íntimo la responsabilidad moral de no haber asistido al expresidente con ayuda médica profesional, y previniendo el acceso que este tenía al arma de fuego con la que terminó quitándose la vida.

Como una premonición o como una evidencia de que la idea de la muerte no le era ajena, García dijo en el primer mitin tras su regreso al país en el 2001: “no sé a dónde me conduzca la vida, no sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy entregando todo lo que soy, otra vez, al servicio de la patria”.

EN EL DOLOR, TE ACUSO

El primer líder aprista en apuntar contra quienes consideró “los perseguidores de García” fue Mauricio Mulder. En los exteriores del Hospital Casimiro Ulloa, lejos de mostrar empatía con la familia o con el amigo que acababa de perder, dio un discurso con un claro cálculo político: “El presidente García tomó una decisión de dignidad y de honor. Un acto de honor frente a una persecución fascista”.

Mulder acusó “la concreción de todo un mecanismo de persecución de búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros”, en clara referencia al fiscal José Domingo Pérez.

Luis Gonzales Posada, ex ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en el primer gobierno de García, culpó a Pedro Cateriano y Gustavo Gorriti como responsables de la muerte del expresidente. “La bala la han disparado ellos”, acusó. Además, se dirigió al fiscal Pérez calificando su trabajo de “crueldad”.

Lo dicho por Jorge Del Castillo dio un sentido político al suicidio del líder aprista: “Es una decisión muy dura pero tiene una inspiración de defensa de su honor … ha entregado su vida pero ha hecho un acto político decisivo”.

LAS INVESTIGACIONES NO DEBEN PARAR

Los dichos anteriores fueron rechazados por el ex primer ministro y actual presidente de la región Lambayeque, Yehude Simon, quien consideró que no se puede señalar a la Prensa o a los fiscales de la responsabilidad de una decisión tomada por el propio García. “Hay una investigación, el país requiere saber la verdad, el expresidente creo que debió enfrentar esta investigación con la serenidad respectiva”.

Por otro lado, el dirigente aprista Carlos Roca indicó que la “decisión personal de Alan García de inmolarse es una decisión que hay que respetar y no hay que utilizar la trágica muerte para suscitar odios contra personalidades del país”.

Roca hizo una invocación para que en vez de estar buscando responsables de la muerte de García en los adversarios políticos, los partidarios apristas piensen en lo que se debe hacer para que nunca más haya funcionarios que caigan en la coima y la corrupción. “Eso no se puede negar”, sentenció.

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Política

Allanamiento no podía detenerse pese al suicidio de AG

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Juan José Quispe

El abogado Amoretti dijo que el allanamiento a la casa de Alan García debió suspenderse de inmediato tras la muerte de Alan García. De igual modo sostuvo la jurisconsulta Romy Chang, al referirse al mismo tema. El testimonio de Humberto Abanto, se suma a esas informaciones.

Sin embargo, esto no sucedió. ¿Por qué? Una orden del juez Carhuancho gravitaba en la ejecución de dicha medida, que debía ejecutarse pese a la tragedia ocurrida por el suicidio de Alan García.

“La diligencia debió concluir, no tenía por qué suspenderse. Uno porque era una orden dispuesta por un juez, requerida por el fiscal, había una disposición que intervenía personas e intervenía el domicilio, y por tanto se tenía que concluir”, dijo el jurista JJQuispe.

“El hecho de que una persona muera no significa que se suspenda inmediatamente todo. Eso es un absurdo. Yo entiendo la posición del Dr. Amoretti y otros que siempre defienden a personas vinculadas a actos de corrupción y de violación de derechos humanos”, precisó.

HABÍA MUCHOS ABOGADOS

“Una vez que se concluye se levanta un acta y se tiene que poner lo que pasó, no solo del imputado Alan García, porque estamos hablando de una presunta organización criminal”, precisó.

“Imaginemos que hipotéticamente había un tipo de documentación que lo vinculaba con los otros investigados. Lo que pasa es que a nivel de la investigación muere todo lo que se investigaba a Alan García por su muerte, pero los demás siguen investigados”, remarcó.

“Lo que sí llama la atención es la presencia de muchos abogados allí. El fiscal debió ponerse mucho más fuerte. El único que podía participar era su abogado Erasmo Reyna y nadie más”, recalcó.

El abogado Humberto Abanto dijo que estaba en la casa de Alan García porque era su amigo. Dijo que su decisión fue personalísima y de protección a su figura política, frente a la barbarie judicial.

LOS VIDEOS LO REVELARÁN TODO

“Lo importante es que tanto la Policía como la Fiscalía van publicar los videos que suelen tomar. Ese es un protocolo y van revelar todo lo que se incautó, todo lo que sucedió”, sostuvo.

“Tras la muerte de Alan García el testimonio que le pudieran haber tomado preliminarmente, cuando haya juicio oral, servirá poco. Respecto a los demás investigados, sigue el proceso”, precisó.

“Yo creo que poco van a ayudar las declaraciones de Alan García en el sentido de que siempre ha negado que haya recibido dinero de Odebrecht. Lo que sí le digo es que todos los demás investigados, para evadir sus responsabilidades, le echarán la culpa a la persona que ha fallecido”, explicó.

“Eso sucede en muchos casos. Cuando una persona fallece, los demás investigados le echan la responsabilidad Yo le pongo un ejemplo: en el caso del señor Nicolás de Bari Hermoza Ríos, no es un procesado ausente, no está muerto, pero tiene un alzheimer bastante avanzado, ¿y qué han hecho los demás coinculpados? Le echan la culpa”, remarcó.

“Esta es una práctica muy usual de los coinvestigados para evadir la justicia, para echarle la culpa a un procesado ausente, que no tiene capacidad de discernir o que está fallecido, Mucho ojo con eso”, subrayó.

DANZA DE MILLONES

“Definitivamente, las declaraciones de Barata harán que los coinculpados de García Pérez sean llevados a juicio y sean declarados culpables. El mejor ejemplo es su secretario general, el señor Nava y su hijo. Ellos no tenían ningún poder de decisión, ni estaban en un comité de licitaciones, ni eran ministros… Y la pregunta es, ¿cómo este tipo de personas recibieron tanto dinero en millones de dólares? Esto es lo que está cuadrando el fiscal Domingo Pérez, porque ese dinero no era para Nava y su hijo y tampoco para Atala y su hijo”, declaró.

“Se presume que ese dinero era para ser repartido entre todos, incluyendo Alan García. Yo creo que muchos de los investigados con Alan García, se van someter a la colaboración eficaz ante las pruebas que se están encontrando. Mucho ojo con eso”, remarcó.

ALGO MÁS

“La prisión preventiva a PPK va a servir de termómetro. Si los jueces dictan o no dictan un mandato de prisión preventiva si hay peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. Si eso sucede, adiós al arresto domiciliario para los mayores de 65 años”, concluyó Quispe.

 

FELIX GRIJALBA SATO

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Política

Fiscal José Pérez insiste con prisión preventiva a Kuczynski

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Pedro Pablo Kuczynski y César Nakazaki

El fiscal José Domingo Pérez mantuvo el pedido de prisión preventiva de 36 meses en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y no variará esta solicitud por el arresto domiciliario.

Según indicó durante la diligencia que desarrolla el Poder Judicial, el fiscal Pérez se ratificó en su exigencia inicial y que no ha retrocedido porque hay cargos que pesan en contra del ex presidente.

Pérez sustentó esta solicitud en el certificado médico legal entregado por el Instituto Médico Legal (IML) del Ministerio Público, durante la diligencia que se realizó en la sede de la Corte Superior de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.

Dicho documento señala que la salud del exmandatario se encuentra “clínicamente inestable” y con hipertensión arterial no controlada, pero ello “no significaba una enfermedad grave e incapacidad física permanente” para cumplir con el pedido.

EL PEDIDO NO VARÍA

“La Fiscalía no variará el pedido de prisión preventiva por el de arresto domiciliario y se mantendrá el pedido por 36 meses de prisión preventiva para el investigado (Kuczynski) y los otros dos implicados”, remarcó Pérez.

La solicitud de prisión preventiva alcanza a su secretaria personal Gloria Kisic y a su chofer, José Luis Bernaola, por una investigación referida a la trama de sobornos que involucra a la empresa brasileña Odebrecht.

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, señaló que el fiscal Pérez solicitó en la víspera un informe médico legal para determinar el estado de salud del exmandatario, ante la eventualidad de cambiar la detención preventiva por arresto domiciliario.

“No hay peligro procesal ni entorpecimiento de la actividad probatoria por parte de mi defendido, así como de su defensa legal”, señaló durante la diligencia de evaluación de la prisión preventiva por 36 meses solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.

ALGO MÁS

“Solicitamos que se rechace el pedido de prisión preventiva en contra de mi defendido o, en todo caso, si hay alguna medida, que se le imponga arresto domiciliario”, reiteró Nakazaki.

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