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Crisis política afecta recuperación económica

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La economía política es la ciencia social que estudia las relaciones sociales de producción y distribución en un contexto históricamente determinado, en razón de ello la economía y la política están indisolublemente ligadas, de allí que lo que está pasando en nuestro país, con el indulto político e interesado al expresidente Alberto Fujimori, tiene y tendrá profundas consecuencias en el laboratorio social que se llama Perú, y lamentablemente ensombrece y afectará la recuperación económica de nuestro país para el 2018.

En el 2018 diversos organismos públicos y privados proyectaban un crecimiento económico del PBI superior al 4% gracias al mejoramiento de los precios de los minerales, entre enero/octubre los precios del cobre se han incrementado en un 29%; los precios del zinc en un 47%; el gas natural en un 69% entre los principales productos.

Con un crecimiento proyectado del 4% nuestro país se ubicaría entre los líderes del crecimiento económico en esta parte del mundo. Lamentablemente la convulsión social que se avecina ha de reducir este pronóstico de manera sustancial con consecuencias imprevisibles.

La recuperación de los precios del cobre y zinc, los bajos niveles de inflación, el alto nivel de reservas internacionales y la posición de cambio, el superávit de la balanza comercial, el bajo nivel de desempleo, la disciplina fiscal serán poca cosa ante la ola de manifestaciones sociales y políticas que se extenderán a nivel país, cuestionando el modelo económico, e incluso la precaria democracia que tanto costó a los peruanos.

Principales costos directos e indirectos de la corrupción - Perú 1990 - 1999

UN INDULTO PERVERSO
Un indulto político producto de una negociación para “salvar el pellejo” del Presidente Pedro Pablo Kuczynski de la vacancia presidencial por “incapacidad moral”, tendrá efectos directos en el crecimiento económico, en la estabilidad, en las inversiones públicas y privadas, en la confianza empresarial, por la inestabilidad política que genera cuya expresión maximalista se resume en la frase política “que se vayan todos”

Es tal la indignación ciudadana que las calles serán el escenario privilegiado en Lima y en las principales provincias del país que combinadas con las declaraciones recientes de la corrupción de Odebrecht en Brasil, se compromete no solamente a PPK, sino también a Keiko Fujimori y Alan García. Con ello se tiene el coctel molotov explosivo completo con los ex presidentes y altos funcionarios investigados, desde Toledo, García, Humala y PPK.

Es tal la extensión y profundidad del descontento, el malestar popular e indignación que provoca el indulto político al expresidente Fujimori, el mismo que se ha gestionado en un tiempo record, que ha de alimentar el desborde de la cólera ciudadana, en especial en la región sur del país y particularmente en los jóvenes que saldrán a las calles a protestar por lo que consideran una burla a la institucionalidad democrática.

El presidente Kuczynski debiera saber que el ex presidente Fujimori no ha cometido excesos, faltas ni errores, sino crímenes de lesa humanidad, violación sistemática de los derechos humanos en el marco de un régimen corrupto que ha sido calificado como el más corrupto de la historia republicana, lo cual es decir bastante.

No es posible construir una sociedad moderna en democracia con instituciones sólidas si no se respeta el debido proceso, si no se acata la ley en su sentido más amplio, sino se cumplen las sentencias por más importantes que sean los personajes implicados. Por ello, el indulto político constituye una violación legal por más que el presidente afirme que lo ha otorgado por razones humanitarias. Los juristas más reconocidos han expresado su desacuerdo a este infeliz indulto por no contemplar el procedimiento del llamado indulto humanitario.

Por tanto, la esperada reconciliación entre los peruanos con un Alberto Fujimori libre y haciendo política alimentará más aún el descontento social, ante lo que se considera una burla al país, a la democracia y la institucionalidad. Ello tendrá consecuencias económicas que afectarán las inversiones en un país que tiende a la convulsión social al margen de los buenos deseos del oficialismo.

Por tanto, el escenario político no será esencialmente el Congreso de la República que será rebasado por las masas que han encontrado una justificación para la movilización. Aquí no se está reclamando por mejores salarios, empleo o más recursos. La demanda ciudadana apunta a un cambio político, a la renuncia del Presidente de la República y la convocatoria de nuevas elecciones.

La consabida política de masas se hará en las calles y plazas, en las múltiples manifestaciones que los organismos sociales, gremiales, como la CGTP han de organizar más los colectivos cívicos que se irrogan en la práctica la representación ciudadana.

En los próximos meses se mantendrá el fuego de la protesta social y callejera contra una decisión presidencial nefasta que avivará el discurso de los estilos Antauro Humala, Goyo Santos, Sutep anti Patria Roja, que competirán por el discurso más radical como el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.

Si a esto le agregamos la incapacidad, ineficiencia, desinterés y mediocridad del equipo de gobierno de PPK, que en su primera versión fue catalogado como un “gabinete de lujo” prácticamente tendremos un presidente de la República cautivo de las fuerzas oscuras del fujimorismo, con una recomposición del Consejo de Ministros que será previamente consultada por la mayoría fujimorista cuyo líder indiscutible es Alberto Fujimori.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN CUESTIÓN
Una expresión de la incapacidad del presente gobierno lo expone la dramática realidad del “Programa Reconstrucción con Cambios” donde los montos presupuestados con financiamiento para los próximos 3 años ascienden a S/ 25,655 millones de soles, de los cuales al mes de noviembre del presente año solamente se ha ejecutado según el Banco Central de Reserva (BCRP) la suma de S/ 399 millones, lo cual representa un irrisorio porcentaje de 1.5 %, a pesar de las múltiples necesidades de la población involucrada.

En el mismo sentido, a la misma fecha del total presupuestado se ha adjudicado para la reconstrucción la suma de S/ 945 millones, es decir el 3.7 % lo cual demuestra la incapacidad del propio estado de ejecutar los recursos en razón de una serie de argumentos, pues esta paralización está ligada a los efectos de la sistemática corrupción de los gobiernos locales y regionales, que no han sido superados por la autoridad de la “Reconstrucción con Cambios” que ha sido nombrada a dedo por el poder ejecutivo.

En esa misma lógica la inversión estimada por los “proyectos de inversión y compromisos de inversión entre el 2017/2018 por sectores” prácticamente se paralizarán ante la incertidumbre, la inestabilidad social y política, la emergencia de las masas cuestionando al viejo lobista que tenemos como Presidente de la República y todo lo que representa.

Según el cuadro en referencia se trata de un monto de US$ 8,215 millones de dólares que se tenían proyectados para el 2017/2018 por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) que prácticamente tendrán que postergarse ante la inestabilidad a la cual nos ha llevado la irresponsabilidad de un presidente que piensa más en sus negocios privados que en el interés del país, lo cual ha sido demostrado en su vinculación con Odebrecht cuando era ministro de economía y finanzas en el gobierno de Toledo.

Un político y dueño de empresas en los Estados Unidos en la década de los cincuenta del siglo pasado Jhon Foster Dulles, afirmaba “que no hay nada más cobarde que un millón de dólares” cuando se trata de inversiones en países convulsionados socialmente.

En tal sentido, las inversiones en los sectores de transporte, telecomunicaciones, energía, minería, agua y saneamiento, inmuebles y salud se paralizarán en razón de la inestabilidad y falta de legitimidad de nuestros gobernantes. ¿Qué inversionista serio vendrá a invertir al Perú con un gobierno que no tiene legitimidad social ni política?

Siempre hemos sostenido que la capacidad de movilización no está en los votantes del fujimorismo acostumbrados a la prebenda y el asistencialismo. Tampoco está en las huestes apristas divididas y reducidas a su mínima expresión. El partido político de PPK prácticamente ha dejado de existir con un “gabinete de lujo” para la foto, pero ineficiente y autista en términos políticos. Por tanto, el camino está libre para propuestas radicales y maximalistas. Frente a ello, el señor presidente de la República debe presentar su renuncia, al igual que sus vicepresidentes y convocar a nuevas elecciones.

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Política

Keiko y su fiscal atentan contra la democracia con su afán de venganza

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Pedro Gonzalo Chávarry y Keiko Fujimori

La apertura de una investigación preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, el congresista Carlos Bruce y otros legisladores y funcionarios, por la presunta compra de votos con prebendas para evitar la vacancia de Kuczynski, dio la razón a los analistas y medios de prensa que anunciaban una operación venganza ordenada por la “Señora K”.

El tema fue analizado por parlamentarios de diversas tendencias y analistas entrevistados por Diario UNO, como Carlos Monge, quien dijo que Chávarry funciona como una suerte de peón del fujimorismo, en este juego de poderes con el Ejecutivo, porque sirve a los objetivos de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, al apuntar contra el presidente Martín Vizcarra como meta de su afán de venganza.

Recordó que Chávarry ya abrió investigación al exministro Alfredo Thorne por el caso de Chinchero, que es un pretexto porque su objetivo real es Vizcarra, por su papel en el tema cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Y ahora se pone la puntería no en Bruce y otros, sino en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, entonces queda claro que en el movimiento de piezas de la Fiscalía de la Nación, en este caso Chávarry, está apuntando a Vizcarra”, manifestó.

Martín Vizcarra Cornejo con la gente

CHANTAJE

Indicó que es una suerte de chantaje o de venganza por la manera cómo el presidente Vizcarra ha arrinconado al fujimorismo y lo ha derrotado políticamente, en esta puja en torno a las reformas porque lo ha obligado a hacer lo que no querían y se ha partido la bancada por primera vez desde la salida de la facción de Kenji que votó de manera diferenciada.

“Entonces es una venganza por esa derrota política y es también un chantaje diciéndole ‘la próxima que me pongas contra las cuerdas te puedo vacar’. Ahí las palabras del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, vuelven a cobrar toda su significación cuando él mencionó que constitucionalmente esa era también una posibilidad”, dijo.

“Además hay que recordar que Rosa Bartra, en declaraciones en referencia a la Comisión Lava Jato apuntó a PPK, pero mencionó que Vizcarra también podría estar considerado”, advirtió.

MAFIOSOS

“Fuerza Popular está sumamente penetrado por mafias de todo tipo y por dineros ilegales, porque ese es el fondo de la cuestión, lo que está en juego. Porque la alianza del Apra con el fujimorismo es el acuerdo de dos grupos mafiosos, que a su vez están montados sobre intereses mafiosos en la sociedad y viven en permanente colusión con grupos mafiosos al interior del Estado”, añadió.

Asimismo, destacó que esta situación de un Estado y un sistema político profundamente corrompidos, es lo que desacredita totalmente a la democracia a los ojos de la gente, entonces quien contribuye y defiende ese estado de las cosas se convierte en un enemigo claro de la democracia.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

VENGANZA DE KEIKO

Maritza García, parlamentaria No Agrupada, declaró que le parece mucha coincidencia, una reacción, un contraataque del fiscal Chávarry contra el informe del parlamentario Sheput, al que pretende desmerecer y debilitar con esta acusación sin sentido.

En el caso de ella y de sus colegas que renunciaron a Fuerza Popular los están procesando, abriendo investigación por no haber votado de manera uniforme con Fuerza Popular y por haber viajado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo cual no es delito, y lo han hecho también los congresistas keikistas.

“Es insólito, este es un acto de venganza de Keiko Fujimori con la finalidad de intimidar a la ciudadanía porque finalmente esto va a terminar con presos políticos, ella lo que está buscando es intimidar a la ciudadanía”, afirmó.

Maritza García resaltó que lo que se viene acá es una crisis política terrible y dijo que va a tener que empezar a buscar las garantías que el caso corresponde para no dejarse avasallar en sus derechos fundamentales.

SIGUEN VIZCARRA Y ARÁOZ

La parlamentaria indicó que lo que a los peruanos nos debe quedar claro es que hay una serie de actos sistemáticos que ya están planificados y se van desarrollando de manera secuencial hasta llegar al objetivo final.

“Claramente lo advertí hace mucho tiempo cuando estaba dentro de la bancada, que ya se escuchaban voces que no se iba a dejar trabajar al en ese entonces presidente Kuczynski, que tenían que bajárselo; que el objetivo final del fujimorismo es preparar el escenario político para las elecciones del 2021, copar las instituciones del Estado y ganar a la fuerza”, aseveró.

Además, dijo que estos son actos planificados, primero vacar a PPK, después Vizcarra y luego a Mercedes Aráoz, porque ya lo estamos viendo con este acto de Chávarry, para dejarle la posta a Keiko Fujimori, pero antes a quien sea el presidente de turno en el Legislativo, en el momento que se desate la crisis política.

AUTORA INTELECTUAL

“Ahora queda accionar legalmente, porque aquí hay una autora intelectual que es la ‘Señora K’, porque ella es la que está utilizando las instituciones del Estado y está cobrando venganza mediante instituciones como el Ministerio Público, lo cual es grave porque un fiscal de la Nación no se puede utilizar para una venganza política”, denunció García.

“A Pedro Chávarry se le está investigando como cualquier otro funcionario que en el ejercicio de sus funciones cometa alguna infracción constitucional en la comisión de un delito”, dijo.

La congresista apuntó que si Chávarry se hubiese apartado del cargo de manera prudencial para ser investigado no se hubiera llegado a este informe de Juan Sheput. “Pero él ha provocado esta situación porque se ve protegido por Keiko Fujimori y por la bancada de Fuerza Popular”, agregó.

HAY UNA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político afirmó que la medida tomada por Chávarry es una respuesta política al informe de Sheput, porque el problema es que mientras no renuncie o no separen al fiscal de la Nación, esta guerra va a seguir, por eso el Congreso debería actuar de manera rápida y separar a Chávarry.

Refirió que mientras más tiempo se demora una reacción del Parlamento respecto al titular del Ministerio Público, uno puede sostener que efectivamente hay una relación entre el fujimorismo y el fiscal, por eso al Congreso le conviene.

“Lo que está quedando claro es que no basta el tema del referendo para terminar con la corrupción, eso tiene que enfrentarse de manera decidida por el Gobierno, esto tiene que terminarse y yo noto por parte del Ejecutivo una debilidad en este punto. Tiene que opinar políticamente, no basta con hablar del referendo”, enfatizó.

“Una posibilidad es que esto termine en una guerra abierta, unos por la vacancia y otros por el cierre del Congreso y en ese sentido, pedir que se investigue a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, porque si efectivamente logran vacar a Vizcarra y a Aráoz, el presidente de la República será el titular del Congreso, por eso creo que tiene que haber una solución rápida porque esta es ya una guerra de desgaste que afecta tanto a unos como a otros”, agregó.

USO INDEBIDO DEL PODER

Por su parte, Alberto Quintanilla, parlamentario de Nuevo Perú, señaló que este es un uso indebido del poder, porque es un desatino la decisión del fiscal Chávarry de reaccionar de inmediato después de haber hecho público su informe Juan Sheput.

“Se ve como venganza política que ilegitima la acción del Ministerio Público. Él ha debido actuar con mayor prudencia y buscar mayor distancia e imparcialidad, lo cual ratifica que debe irse”, añadió.

“Creo que hay una suerte de venganza por parte del fujimorismo en alianza y a través de Chávarry, lo cual debería dejarse de lado. Pero ellos no entienden que la democracia también significa ciertos límites en la contienda política, no es un sálvese quien pueda y el todo vale. Porque existen límites éticos y políticos”, agregó el legislador.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Aráoz y Bruce seguros de que es una represalia

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Mercedes Aráoz - Carlos Bruce

La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce coincidieron hoy en que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, usa su cargo para venganzas políticas, al criticar la investigación preliminar que les inició dicha autoridad.

Aráoz cuestionó que a horas de conocerse el informe del legislador oficialista Juan Sheput recomendando destituir e inhabilitar a Chávarry, este abriera “una investigación sin sustento” que tiene por evidencia un viaje de supervisión de obras hecho con varios congresistas.

“Es claro que la Fiscalía es usada como instrumento de venganza política”, escribió en Twitter.

Por su parte, Carlos Bruce consideró que “es una coincidencia bien rara” que Chávarry anunciara la investigación justo después del informe de Juan Sheput.

Dicha pesquisa, que tiene aún condición de preliminar, incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce, Marvín Palma, Maritza García y Lucio Ávila.

Además, les atribuye presunto cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

“Es un delito usar su cargo para vendettas políticas (…) Esto se llama usar el cargo para finalidades políticas y defenderse de acusaciones que está teniendo”, dijo Bruce indignado.

El parlamentario calificó de apresurada la investigación llevada a cabo por Chávarry.

“Se me incluye en la investigación por haber viajado a Tumbes con la primera ministra y congresistas. Todos sabemos que los ministros viajan todas las semanas y eso no tiene nada de malo, pero yo nunca viajé a Tumbes, el viaje que me atribuyen es falso”, aseveró.

“Esto demuestra lo apresurado con que han armado el documento como una reacción al informe de Juan Sheput”, añadió el congresista.

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Política

Fiscal Chávarry arremete contra informe que plantea destituirlo

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Pedro Gonzalo Chávarry

El fiscal Pedro Chávarry arremetió ayer contra el informe del congresista Juan Sheput que lo acusa de presuntas infracciones constitucionales y recomienda su destitución, la que se ha convertido en un clamor nacional, al que solo se opone el partido fujimorista Fuerza Popular (FP), cuyo respaldo hace que el personaje se aferre al cargo sin rubor alguno, pese a que el país entero demanda su retiro.

Chávarry intentó desacreditar el informe presentado por Sheput a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que fue considerado como lógico primer paso a la destitución del fiscal cuestionado por sus relaciones estrechas con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y a quien la bancada fujimorista y la propia Keiko Fujimori protegen.

“El informe de Sheput colisiona con la Constitución. Su motivación es subjetiva, por lo tanto, bajo el criterio de conciencia usado por el Tribunal Constitucional, deberá ser rechazado en el marco de un estado constitucional de derecho”, sostuvo Chávarry en un mensaje de Twitter.

Agregó que “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe rechazarlo pues, sin mayor argumento, pretende destituirme del cargo de Fiscal de la Nación, yendo contra la legalidad”.

“QUE DIGA LO QUE QUIERA”

En la misma red, Sheput descartó contestarle pero escribió un mensaje que tácitamente señala que no va a retroceder ante los ataques de Chávarry y solo señaló que este “puede decir todo lo que crea conveniente. Está en su derecho. Lo mismo hicieron todos los otros implicados tanto del CNM como del Poder Judicial”.

“Yo solo me pronunciaré en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, añadió, en referencia a la fundamentación del informe que debe hacer dentro de los plazos legales establecidos.

En su informe, Sheput plantea la destitución de Chávarry y su inhabilitación por diez años, lo que significa que, de aprobarse la acusación, no podrá ser fiscal ni ocupar ningún cargo público, por ser autor de graves infracciones a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución.

Según el procedimiento establecido, el informe del parlamentario oficialista tendrá que debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la próxima semana. Si en esta instancia fuera aprobado, se trasladará el informe a la Comisión Permanente para un nuevo debate.

TREMENDO EXPEDIENTE

Según un reciente informe del portal de investigación Wayka, Chávarry inició su carrera en el Ministerio Público como fiscal provincial en setiembre de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, a quien se le ha vinculado desde aquella época, aunque alega que la versión es falsa.

La fuente indica que 1994 ascendió a fiscal superior en mayo de 1994, bajo el mando de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien usaba el Ministerio Público como herramienta del régimen dictatiorial de Alberto Fujimori y recibía por ello diez mil dólares mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), instrumento de corrupción y represión manejado por Vladimiro Montesinos.

Nélida Colán terminó presa hasta 2008, condenada por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito, debido a que se negó a investigar a Montesinos por presuntos cobros de cupos al narcotráfico y por el ‘vladivideo’ en que aparecía sobornando al excongresista Alberto Kouri, cuya difusión precipitó el desmoronamiento de aquel régimen y la fuga y renuncia por fax de Fujimori desde Japón.

Chávarry llevaba unos meses como fiscal, cuando, en agosto de 1994, fue nombrado secretario general de la Fiscalía de la Nación, es decir estrecho colaborador bajo el mandato de Blanca Nélida Colán, operadora de Montesinos, y sus críticos señalan que hoy utiliza los métodos de su jefa y mentora, los que habría puesto al servicio del fujimorismo.

MENTIRAS

En julio 2002, tras la caída de ese gobierno Chávarry tuvo que dejar el Ministerio Público por no haber sido ratificado, lo que equivale a ser expectorado o declarado tácitamente indeseable

Chávarry se dedicó entonces a la actividad privada y en marzo de 2003 fue abogado del empresario peruano James Stone Cohen, traficante de armas que formaba parte de la mafia de Montesinos y al que defendió durante tres años, lo que ha negado, diciendo que fue solo consultor.

Haber mentido reiteradamente, por cierto, es otra de las causas por las que Chávarry, para la mayoría de los partidos y ciudadanos, debe renunciar, por no cumplir el requisito de imagen impecable que se exige para ser fiscal de la Nación.

En 2007, ¡oh casualidad!, con García nuevamente en el Gobierno, fue reincorporado como fiscal superior titular, beneficiado por un acuerdo de solución amistosa con el Estado, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

Al parecer, tras volver al Ministerio Público, Chávarry no abandonó sus acciones cuestionables, pues en abril de 2017, ya como fiscal supremo, emitió una resolución que dio impunidad a condenados por corrupción en la Caja de Pensiones Militar Policial, por un presunto desfalco durante la dictadura, recuerda Wayka.

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