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Crisis política afecta recuperación económica

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La economía política es la ciencia social que estudia las relaciones sociales de producción y distribución en un contexto históricamente determinado, en razón de ello la economía y la política están indisolublemente ligadas, de allí que lo que está pasando en nuestro país, con el indulto político e interesado al expresidente Alberto Fujimori, tiene y tendrá profundas consecuencias en el laboratorio social que se llama Perú, y lamentablemente ensombrece y afectará la recuperación económica de nuestro país para el 2018.

En el 2018 diversos organismos públicos y privados proyectaban un crecimiento económico del PBI superior al 4% gracias al mejoramiento de los precios de los minerales, entre enero/octubre los precios del cobre se han incrementado en un 29%; los precios del zinc en un 47%; el gas natural en un 69% entre los principales productos.

Con un crecimiento proyectado del 4% nuestro país se ubicaría entre los líderes del crecimiento económico en esta parte del mundo. Lamentablemente la convulsión social que se avecina ha de reducir este pronóstico de manera sustancial con consecuencias imprevisibles.

La recuperación de los precios del cobre y zinc, los bajos niveles de inflación, el alto nivel de reservas internacionales y la posición de cambio, el superávit de la balanza comercial, el bajo nivel de desempleo, la disciplina fiscal serán poca cosa ante la ola de manifestaciones sociales y políticas que se extenderán a nivel país, cuestionando el modelo económico, e incluso la precaria democracia que tanto costó a los peruanos.

Principales costos directos e indirectos de la corrupción - Perú 1990 - 1999

UN INDULTO PERVERSO
Un indulto político producto de una negociación para “salvar el pellejo” del Presidente Pedro Pablo Kuczynski de la vacancia presidencial por “incapacidad moral”, tendrá efectos directos en el crecimiento económico, en la estabilidad, en las inversiones públicas y privadas, en la confianza empresarial, por la inestabilidad política que genera cuya expresión maximalista se resume en la frase política “que se vayan todos”

Es tal la indignación ciudadana que las calles serán el escenario privilegiado en Lima y en las principales provincias del país que combinadas con las declaraciones recientes de la corrupción de Odebrecht en Brasil, se compromete no solamente a PPK, sino también a Keiko Fujimori y Alan García. Con ello se tiene el coctel molotov explosivo completo con los ex presidentes y altos funcionarios investigados, desde Toledo, García, Humala y PPK.

Es tal la extensión y profundidad del descontento, el malestar popular e indignación que provoca el indulto político al expresidente Fujimori, el mismo que se ha gestionado en un tiempo record, que ha de alimentar el desborde de la cólera ciudadana, en especial en la región sur del país y particularmente en los jóvenes que saldrán a las calles a protestar por lo que consideran una burla a la institucionalidad democrática.

El presidente Kuczynski debiera saber que el ex presidente Fujimori no ha cometido excesos, faltas ni errores, sino crímenes de lesa humanidad, violación sistemática de los derechos humanos en el marco de un régimen corrupto que ha sido calificado como el más corrupto de la historia republicana, lo cual es decir bastante.

No es posible construir una sociedad moderna en democracia con instituciones sólidas si no se respeta el debido proceso, si no se acata la ley en su sentido más amplio, sino se cumplen las sentencias por más importantes que sean los personajes implicados. Por ello, el indulto político constituye una violación legal por más que el presidente afirme que lo ha otorgado por razones humanitarias. Los juristas más reconocidos han expresado su desacuerdo a este infeliz indulto por no contemplar el procedimiento del llamado indulto humanitario.

Por tanto, la esperada reconciliación entre los peruanos con un Alberto Fujimori libre y haciendo política alimentará más aún el descontento social, ante lo que se considera una burla al país, a la democracia y la institucionalidad. Ello tendrá consecuencias económicas que afectarán las inversiones en un país que tiende a la convulsión social al margen de los buenos deseos del oficialismo.

Por tanto, el escenario político no será esencialmente el Congreso de la República que será rebasado por las masas que han encontrado una justificación para la movilización. Aquí no se está reclamando por mejores salarios, empleo o más recursos. La demanda ciudadana apunta a un cambio político, a la renuncia del Presidente de la República y la convocatoria de nuevas elecciones.

La consabida política de masas se hará en las calles y plazas, en las múltiples manifestaciones que los organismos sociales, gremiales, como la CGTP han de organizar más los colectivos cívicos que se irrogan en la práctica la representación ciudadana.

En los próximos meses se mantendrá el fuego de la protesta social y callejera contra una decisión presidencial nefasta que avivará el discurso de los estilos Antauro Humala, Goyo Santos, Sutep anti Patria Roja, que competirán por el discurso más radical como el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.

Si a esto le agregamos la incapacidad, ineficiencia, desinterés y mediocridad del equipo de gobierno de PPK, que en su primera versión fue catalogado como un “gabinete de lujo” prácticamente tendremos un presidente de la República cautivo de las fuerzas oscuras del fujimorismo, con una recomposición del Consejo de Ministros que será previamente consultada por la mayoría fujimorista cuyo líder indiscutible es Alberto Fujimori.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN CUESTIÓN
Una expresión de la incapacidad del presente gobierno lo expone la dramática realidad del “Programa Reconstrucción con Cambios” donde los montos presupuestados con financiamiento para los próximos 3 años ascienden a S/ 25,655 millones de soles, de los cuales al mes de noviembre del presente año solamente se ha ejecutado según el Banco Central de Reserva (BCRP) la suma de S/ 399 millones, lo cual representa un irrisorio porcentaje de 1.5 %, a pesar de las múltiples necesidades de la población involucrada.

En el mismo sentido, a la misma fecha del total presupuestado se ha adjudicado para la reconstrucción la suma de S/ 945 millones, es decir el 3.7 % lo cual demuestra la incapacidad del propio estado de ejecutar los recursos en razón de una serie de argumentos, pues esta paralización está ligada a los efectos de la sistemática corrupción de los gobiernos locales y regionales, que no han sido superados por la autoridad de la “Reconstrucción con Cambios” que ha sido nombrada a dedo por el poder ejecutivo.

En esa misma lógica la inversión estimada por los “proyectos de inversión y compromisos de inversión entre el 2017/2018 por sectores” prácticamente se paralizarán ante la incertidumbre, la inestabilidad social y política, la emergencia de las masas cuestionando al viejo lobista que tenemos como Presidente de la República y todo lo que representa.

Según el cuadro en referencia se trata de un monto de US$ 8,215 millones de dólares que se tenían proyectados para el 2017/2018 por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) que prácticamente tendrán que postergarse ante la inestabilidad a la cual nos ha llevado la irresponsabilidad de un presidente que piensa más en sus negocios privados que en el interés del país, lo cual ha sido demostrado en su vinculación con Odebrecht cuando era ministro de economía y finanzas en el gobierno de Toledo.

Un político y dueño de empresas en los Estados Unidos en la década de los cincuenta del siglo pasado Jhon Foster Dulles, afirmaba “que no hay nada más cobarde que un millón de dólares” cuando se trata de inversiones en países convulsionados socialmente.

En tal sentido, las inversiones en los sectores de transporte, telecomunicaciones, energía, minería, agua y saneamiento, inmuebles y salud se paralizarán en razón de la inestabilidad y falta de legitimidad de nuestros gobernantes. ¿Qué inversionista serio vendrá a invertir al Perú con un gobierno que no tiene legitimidad social ni política?

Siempre hemos sostenido que la capacidad de movilización no está en los votantes del fujimorismo acostumbrados a la prebenda y el asistencialismo. Tampoco está en las huestes apristas divididas y reducidas a su mínima expresión. El partido político de PPK prácticamente ha dejado de existir con un “gabinete de lujo” para la foto, pero ineficiente y autista en términos políticos. Por tanto, el camino está libre para propuestas radicales y maximalistas. Frente a ello, el señor presidente de la República debe presentar su renuncia, al igual que sus vicepresidentes y convocar a nuevas elecciones.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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