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¿Crisis del Estado constitucional democrático o democracia en peligro?

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De manera intermitente aparecen comunicados de supuestos defensores de la Democracia, pero que son, paradójicamente, los responsables de la pérdida de su legitimidad. Es decir, son las oligarquías «partidarias» que, en el fondo, defienden solo el procedimiento del «voto popular» (muchas veces fraudulento), para acceder al Poder y luego usufructuarlo en función a sus intereses particulares y no en beneficio del interés nacional. Esta vez han reaccionado, al parecer ante supuestos rumores de golpe, cuando son los que en el Poder y en sus propias organizaciones se comportan con una lógica ajena al principio democrático, comportamiento que, por lo demás, siguen algunas organizaciones de la llamada izquierda tradicional.

CRISIS DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO
Soslayar la existencia de este comportamiento ajeno al principio democrático, desvía la atención del problema que realmente existe en la democracia en nuestro país. Los que lo hacen, implícitamente aceptan que el marco constitucional de la democracia no está en crisis. Más allá, entonces, de los rumores, en nuestro país hay una crisis del Estado constitucional democrático.

Aunque crisis similar existe en muchos otros países, en el nuestro adquiere connotaciones especiales por el grado generalizado de corrupción en todos los niveles de la institucionalidad democrática. Por lo tanto, la fórmula de la legitimidad democrática «se halla sumida, como dicen Eloy García y otros, en un gigantesco proceso de degeneración en el que sin que medie un rechazo frontal de la idea que la fundamenta, las cosas no son lo que dicen ser».

La fórmula de legitimidad está alejada de la realidad política y social. Por ejemplo, esta fórmula no incluye el respeto a los derechos de las comunidades nativas y a la preservación ecológica de su ambiente y territorio, ni hace de la consulta previa y la licencia social para la ejecución de proyectos extractivos, los fundamentos de la legitimidad de la democracia. La ruptura entre la teoría y la práctica del constitucionalismo democrático es tal que el principio democrático ha sido abandonado no solo por los gobiernos y representantes elegidoscon el «voto popular», sino también por los «partidos políticos». Los gobiernos operan abiertamente burlando la separación de poderes, penetrando y corrompiendo al Poder Judicial, y vulnerando las aspiraciones de la comunidad nacional que los eligió. En otras palabras, la praxis «política» de los elegidos es un activo desconocimiento y transgresión del principio esencial de la democracia: «un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». El desconocimiento deliberado de este principio de legitimidad de la democracia, al ser convertido en principio estructural del ejercicio del Poder, conduce a la corrupción.

«La corrupción –dice Eloy García, citando la Historia de Florencia de Maquiavelo—es un estadio sociológico de ruina o degradación de la naturaleza original de los ordini en que se articula una comunidad política. (…) La corrupción significa una escisión ontológica entre el ser y sus manifestaciones, inducida por la acción humana. Surge de una mutación del patrón que identifica la conducta social, provocada por un obrar cotidiano que no responde a las prescripciones de sus ordini. La existencia política no se reconoce en una manera de operar que, a la vez, no guarda correlato con lo que dice contener dentro».

Precisamente este tipo de conducta corrupta de los «elegidos» que se aleja del principio democrático, vacía de contenido a la democracia. Con el neoliberalismo se exacerba esta degeneración de la praxis política. Los estados, como diría Todorov, se ponen al servicio de la economía de «libre mercado, con lo cual lo único que queda de democracia es el nombre, porque ya no es el pueblo el que detenta el poder, sino las oligarquías políticas y económicas.

Esta ruptura entre la teoría y la praxis ha propiciado la profesionalización de la política, dando lugar al surgimiento de una «clase política cuya sola existencia –dice Eloy García—ataca la esencia misma de la democracia, causa su degeneración y se convierte en el mayor enemigo de los principios que en teoría debieran inspirar el Estado Constitucional Democrático». Con el neoliberalismo se favorece aún más esta profesionalización. Se despolitiza y privatiza la vida pública, lo que acentúa la existencia de ciudadanos como sujetos pasivos de derechos. No hay reconocimiento de derechos diferenciales para comunidades diversas, ni respeto a la pluralidad cultural.

LOS EJES DE LA REFORMA POLÍTICA
Si se parte de este diagnóstico, entonces no es difícil imaginar reformas político-constitucionales que reivindiquen el principio democrático que felizmente «continúa vivo y que es la sustancia de la fórmula de legitimidad democrática». Los ejes de estas reformas, son los siguientes:

1) Como «la legitimidad democrática se expresa y compendia en la Constitución», hay que crear condiciones institucionales y legales mediante un cambio de la Constitución, para que la legitimidad del poder político provenga del pueblo. Ello implica, entre otras cosas, incorporar mecanismos explícitos de comunicación y control ciudadano sobre los elegidos por el voto popular.

2) Reivindicar el principio de la participación política, desarrollando ciudadanos como sujetos activos de derechos ydeberes. No puede haber ciudadanos súbditos, ni gobernantes soberanos ni representantes elegidos que practican la impostura. El ciudadano, como propietario de su soberanía, debe tener canales para asegurar su participación activa en la discusión y toma de decisiones que atañen a la colectividad, a su vida en sociedad.

3) Transformar el modelo neoliberal. Se tiene que crear un contexto económico y social que haga posible la justicia, libertad, la preservación ecológica, y que funde la legitimidad de la democracia en la licencia social para explotar los recursos naturales.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Específicamente, las medidas de reforma política (véase nuestro artículos del 14/03/2015 y del y 21/03/2015), serían:

a.Fortalecer a los partidos sin quitarle poder a los ciudadanos.

b. Desprofesionalizar la política, y fortalecer la ciudadanía y la política.

c. Fortalecer la independencia de los poderes del Estado e introducir el control constitucional de los elegidos.

d. Institucionalizar la vigilancia permanente de la ciudadanía a sus representantes.

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Política

Joaquín Ramírez pide ayuda a cuellos blancos del puerto

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Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori

La defensa técnica del ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, presentó en mayo pasado un recurso para que termine la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

Se tenía previsto que elsábado 20 de julio se realice la audiencia donde se revisaría el recurso de tutela de derechos que interpuso su defensa para que el caso finalice; sin embargo, fue reprogramada para el próximo viernes 26 de julio, a pedido del fiscal provincial Wilson Salazar Reque, informó Canal N.

El excongresista es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de 2 millones de dólares. Uno de estos bienes fue usado como local de campaña de Keiko Fujimori y otro como sede de la ONG Oportunidades.

En esta pesquisa también está incluida Keiko Fujimori. Además, Ramírez es investigado por presuntamente recibir 15 millones de dólares por parte de la lideresa de Fuerza Popular y lavarlos a través de sus empresas.

PEPE LUCHO Y LOS CUELLOS BLANCOS

“Avalado por su abogado José Luis Castillo Alva, curiosamente un abogado que está fuertemente vinculado a la investigación de Los cuellos blancos del puerto, porque hasta ahora no se decide si el abogado de Joaquín Ramírez es el llamado Pepe Lucho; se decía que es José Luis Cavassa el que está preso ahorita, pero para la policía Pepe Lucho no sería otro que José Luis Castillo Alva”, dijo el jurista Juan José Quispe.

“Es un reconocido abogado trujillano que en estos momentos defiende al señor Joaquín Ramírez y que todavía está investigado por el caso Los cuellos blancos del puerto había sido una suerte de nexo entre los magistrados del Poder Judicial y del CNM, con Joaquín Ramírez y Fuerza Popular”, aseveró.

“Lo cierto es que este señor José Luis Castillo Alva o Pepe Lucho, abogado de Joaquín Ramírez está planteando lo que se llama una audiencia de control que se ha suspendido”, remarcó.

“Con esta figura se decía al juez que saque de la investigación preliminar y que haga dos cosas: o formalice denuncia ampliando la investigación preparatoria o lo archive porque no hay forma de vincular a Joaquín Ramírez con el delito de lavado de activos, pese a la numerosas evidencias”, remarcó.

“Es una figura que respalda el Código Procesal Penal. Es una estrategia legal y es el juez el que decide si efectivamente le da un plazo a la Fiscalía para que siga investigando al señor Joaquín Ramírez o se le obliga al fiscal encargado que cumpla un pazo de quince días para que emita un dictamen o se archive el caso en el rincón de las gavetas”, explicó.

PIDE AYUDA A LOS CUELLOS BLANCOS

“Está pidiendo una especie de ayuda a los cuellos blancos. Desde el 2017 vienen investigando a Joaquín Ramírez. Ojo que el informante de la DEA está en los EEUU. Es una investigación muy compleja”, precisó.

“Hay que ver qué información importante haya brindado la DEA a la Fiscalía peruana. Hasta este momento no ha dado una información completa y todavía sigue investigando a Joaquín Ramírez y no hay los elementos necesarios o el informe final”

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“Por ello se tiene que esperar el informe de la DEA para que la Fiscalía actúe convenientemente, muy aparte de las declaraciones que se han tomado”, concluyó Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Keiko sale libre y sale avalancha de corruptos

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Keiko Fujimori

El fiscal supremo, Víctor Raúl Ramírez Monteza, emitió un dictamen u opinión suprema, que no necesariamente es vinculante, que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema puede hacer suyo en todo o en parte, o simplemente discrepar o no estar de acuerdo son esa opinión.

Quispe afirmó que “Rodríguez Monteza no se va a presentar en el informe oral de la casación de Keiko Fujimori. No lo va a hacer porque va a tener miedo o una conducta extraña, y no va a ir a sustentar porque los miembros de la Corte Suprema le van a preguntar varias cosas”.

Por ejemplo Quispe destacó: “Señor, usted le está enmendando la plana a dos fiscales, a José Domingo Pérez, a Vela Barba, a un juez como Concepción Carhuancho y a tres magistrados de la Corte Suprema, que han confirmado la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Por eso no quiere ir”.

“Ahora preocupa que se haya ratificado al señor Castañeda y la forma como va a actuar BlumeFortini del Tribunal Constitucional. El primero va a estar, sin duda, a favor de Keiko Fujimori y el tercero es segurísimo que le dará la libertad, vía recurso de agravio constitucional, como a Ollanta Humala y Nadine Heredia”, destacó Quispe.

“Esto significa que se presentará una avalancha de hábeas corpus de todas las personas involucradas en corrupción, como Walter Ríos, Yoshiyama, la red Orellana, Peter Ferrari y Oropeza, entre otros, lo cual sería el Estado contra los corruptos y eso sería gravísimo para la lucha contra la corrupción”, agregó.

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Política

Gobierno espera información de fiscalía para decidir caso Chaglla

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, dijo que el gobierno se encuentra a la espera de la información que debe remitir la fiscalía para responder el pedido de la empresa Odebrecht sobre la devolución de los recursos por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Sostuvo que, de acuerdo al Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht homologado por el Poder Judicial, la fiscalía debe comunicar al órgano administrador del fideicomiso de las retenciones a Odebrecht, que no hay investigaciones y proceso penales pendientes.

“Se está a la espera de que el Ministerio Público informe” declaró en radio Nacional.

Advirtió que es de público conocimiento que la fiscalía investiga el presunto pago de coimas de Odebrecht en el Gasoducto Sur que pueden implicar una reparación civil luego de las investigaciones.

Recordó que el acuerdo de colaboración entre la fiscalía y Odebrecht tiene carácter vinculante y la homologación del juez no ha sido impugnada por las partes.

“El acuerdo se sostiene por sí mismo. Cuando digo que la fiscalía debe informar si hay otra investigación o proceso es en función al acuerdo, no es disposición del Ministerio de Justicia, la sentencia de homologación tiene carácter de ley”, refirió.

Por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, de propiedad de Odebrecht, el Estado retuvo más de mil millones de soles para garantizar el pago de las reparaciones civiles en las investigaciones que enfrenta la empresa. De ese monto se debe pagar los impuestos que deben y la reparación civil por el caso Chacas.

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Odebrecht ha pedido que el saldo de esa operación, aproximadamente 254 millones de soles, sea devuelto por el Estado.

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