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Convenio colectivo

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Marcha protesta construcción civil

Como cada año, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú firmó convenio colectivo con la Cámara Peruana de la Construcción para mejorar los beneficios laborales de los trabajadores del ramo.

Gracias a la lucha permanente y unidad de los trabajadores de construcción civil, nuevamente han logrado, el pasado 10 de agosto, la firma del convenio colectivo en el sector que les permite obtener nuevos aumentos salariales.

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) establecieron en el Acta Final de Negociación Colectiva por Rama de Actividad en Construcción Civil aumentos al jornal básico de S/ 2.90 para operarios, S/1.70 para oficiales y S/ 1.60 para peones.

Estos incrementos corresponden al 4.51%, 3.27% y 3.44% del jornal actual, respectivamente, todos superiores a la inflación de 0.93% registrada entre mayo de 2017 y 2018, el periodo de negociación.

El aumento al jornal básico, tiene incidencia en otras bonificaciones y gratificaciones que generan un mayor incremento salarial de los trabajadores del sector construcción.

Este convenio, con los aumentos salariales fijados, tiene aplicación a todos los trabajadores en construcción civil del ámbito nacional que laboren en obras de construcción civil públicas o privadas, con excepción de lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 727 (obras menores a 50 UIT).

Una vez que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) fije los índices correspondientes, los trabajadores solicitarán a su empleador el pago de los reintegros provenientes de la negociación colectiva. Aunque el trabajador haya sido liquidado a la fecha, las empresas han liquidado con el salario anterior, por lo que los reintegros deben hacerse tomando en cuenta las labores desde el 1 de junio de este año.

COYUNTURA POLÍTICA

La firma se ha realizado en medio de una coyuntura muy difícil para la vida institucional del Perú, debido a la inestabilidad política y el impacto de la crisis económica mundial, agudizada en el país por el profundo colapso del Estado a causa de la corrupción.

La FTCCP y la CAPECO han suscrito un pronunciamiento de repudio al nauseabundo destape de la corrupción generalizada en el sistema de justicia del país, puesto al descubierto por audios, frente al cual exigen una profunda reforma en el sistema judicial del Perú y la sanción más severa a los involucrados.

Debemos resaltar que este nuevo escándalo que involucra al Poder Judicial completa el abanico de la corrupción en los poderes del Estado, pues con el megacaso Lava Jato quedó descubierta la corrupción en los líderes políticos que tienen poder en el Ejecutivo y en el Legislativo.

En esta corrupción también participaron grandes empresarios, sobre todo los que constituyeron el Club de la Construcción, que se repartieron obras por 15,000 millones de dólares. Importante fue en su momento que el actual presidente de CAPECO, Enrique Espinosa, aplicara su código de ética institucional a los comprometidos para que aclaren su situación ante la justicia.

La corrupción en el sector ha significado miles de trabajadores despedidos y la paralización de muchos proyectos de infraestructura, los que significó el aumento de la pobreza y el desempleo durante 2017 y que a la fecha no tiene visos de recuperación. La reactivación de la construcción como parte de la reactivación económica del país se ralentiza cada vez que hay ruido político, lo cual no es propio de una república que se respete. El país no debe paralizarse por culpa de los corruptos.

A pesar de esta difícil situación, la FTCCP continúa fortaleciendo su Negociación Colectiva por Rama de Actividad, enfrentando la violencia delincuencial, a los esquiroles vende obreros y la informalidad empresarial que da cabida a seudosindicatos.

INFORMALIDAD EMPRESARIAL Y GUBERNAMENTAL

Empresarios y trabajadores padecen la informalidad de empresas que ven el lucro en la reducción de derechos laborales. La competencia desleal de estas seudoempresas debiera ser combativa por el Estado con mayor rigor, pues trae consigo la explotación de los trabajadores.

Y por si fuera poco, también el Gobierno incurre en una informalidad que perjudica. En este marco se inscriben las obras que el Estado licita como “prestación de servicios” y no como “obras de construcción”, vulnerando los derechos laborales de los trabajadores obtenidos por negociación colectiva a nivel de rama de actividad.

A ello se debe el llamado de los trabajadores de la construcción al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que se corrija dicha práctica, que afecta aún más el perjuicio causado por la paralización de las obras, que dejó a más de 100,000 trabajadores sin empleo impidiéndoles llevar la subsistencia a su familia. Esta situación infame debe superarse.

DERECHO OBTENIDO CON LUCHAS

Los trabajadores en construcción civil suscriben con los empresarios cada año un convenio colectivo por rama de actividad, este derecho colectivo siempre ha sido defendido por los obreros del andamio con su lucha en las calles desde la década de los 40. Y desde hace 15 años estas negociaciones se han solucionado en trato directo.

En los últimos 15 años la inflación acumulada sumó 52.46%, pero el aumento salarial ha sido de 131.01% en el caso del operario. Estos resultados generan condiciones favorables para el desarrollo del sector construcción lo que anima a los trabajadores en la idea de que la negociación colectiva por rama de actividad debiera ampliarse en otros sectores de la economía del país, con el fin de hacer que la riqueza se distribuya de una manera más equitativa entre las partes.

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Política

Fujiaprismo pretende forzar renuncia del presidente Vizcarra

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Yeni Vilcatoma

La congresista pro fujimorista Yeni Vilcatoma, anunció ayer que denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra por presuntamente haber representado a la empresa CyM Vizcarra cuando era ministro y vicepresidente. Esto fue considerado sin fundamento por el abogado constitucionalista Luciano López y dos parlamentarios. Incluso se sostiene que Vilcatoma puede ser pasible de una denuncia por tal despropósito.

“Desde mi despacho estamos elaborando una denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución”, refirió Vilcatoma.

Incluso, Vilcatoma dijo que el Presidente le ha mentido al país y que eso no se puede aceptar viniendo de la más alta magistratura de la República, que confía en él de manera sincera.

FUERZA POPULAR NIEGA CONOCERLA

Además, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que “no puedo adelantar opinión con respecto a este tema, esa es una denuncia que nosotros estamos tomando conocimiento recién, no hemos tenido ningún tipo de acceso a ella, la congresista Vilcatoma ha pedido licencia a la bancada. Entonces, desconocemos totalmente, no tengo idea de lo que está hablando”.

Agregó que “nosotros no conocemos la denuncia, no la hemos tenido en la mano, no la hemos leído. Lógicamente tendríamos que verla para poder decir responsablemente algo, sería una irresponsabilidad dar una opinión sobre si respaldamos o no la denuncia, porque Yeni Vilcatoma ha solicitado licencia a FP”.

FUERZA POPULAR Y EL APRA PRESIONAN

Cateriano señaló que la Constitución del Perú establece claramente que no se le puede denunciar a un Presidente de la República durante su gestión. En ese sentido, consideró que Fuerza Popular, apoyado por el Apra, busca presionar a Martín Vizcarra que está llevando adelante una lucha frontal contra la corrupción.

“La Constitución es clara: no se le puede acusar en su período al Presidente de la República. No es un problema de lectura, ni de comprensión. El fujiaprismo pretende forzar su renuncia”, escribió en su cuenta de Twitter.

A esto se sumó Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, quien dijo que al Presidente no se le puede denunciar en su período, sino después de haber acabado el mismo.

Otro abogado constitucionalista, Luciano López, dijo que “de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, la excepción de inmunidad presidencial se da por: traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

AFIRMA VOCERO PPK, JORGE MELÉNDEZ:

Denuncia trata de desviar atención de los peruanos

“Lo que sí se puede hacer es investigarlo y ayer el presidente Vizcarra ha dicho que está abierto a todas las investigaciones, en concordancia con la lucha contra la corrupción que ha emprendido su gobierno”, dijo Jorge Meléndez.

“Desde el Congreso, el fujimorismo y el Apra actúan de forma desesperada para proteger a sus líderes tratando de levantar acusaciones sin ningún fundamento. Quieren convertir, hacer un circo de las investigaciones, pero la población no les da el respaldo”, puntualizó.

Fuerza Popular actúa de forma coordinada al considerar que la investigación a Conirsa en la comisión de Fiscalización y la denuncia de Vilcatoma forman parte de una misma estrategia que tiene como objetivo mellar la imagen del mandatario, subrayó Meléndez.

“El Apra y el fujimorismo tienen un doble discurso, pues el 2008 votaron en el Congreso un informe que califica con buena conducta a Odebrecht, pero ahora quieren investigar contratos de la empresa familiar del presidente Vizcarra con la constructora brasileña de hace 12 años”, señaló.

“Quieren investigar un contrato legal y regular que se dio cuando el mandatario no era funcionario público”, concluyó el vocero de PPK, el parlamentario Jorge Meléndez.

Y PUEDE SER ACUSADA, DICE CARLOS BRUCE

Vilcatoma infringe la Constitución

“La que está infringiendo la Constitución y puede ser acusada por ello es la congresista Vilcatoma”, indicó Carlos Bruce. Añadió que la Carta Magna “prohíbe acusar al Presidente de la República salvo causales muy específicos”.

El congresista de PpK insinuó que se estaría buscando que distintos investigados de Fuerza 2011 por presunto lavado de activos salgan librados de la acusación que pesa sobre ellos.

Bruce fue claro en manifestar que Vilcatoma pretende armar un embrollo en el Congreso, prestándose al juego sucio de los aprofujimoristas, que quieren tumbarse al presidente Vizcarra.

Gilbert Violeta ha dicho desde la bancada oficialista que se trata de una decisión y de un error político la indagación sobre la relación entre ambas partes. Martín Vizcarra, por su parte, ha sostenido que investiguen lo necesario sobre el caso.

ALGO MÁS

Yeni Vilcatoma no solo denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra, sino que le pidió al propio mandatario que reflexione en torno a su renuncia, para no pasar la vergüenza de una revocatoria.

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Política

Pretenden impunidad

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal del equipo especial de Lava Jato, Domingo Pérez, dijo que esa es una práctica indebida, que busca la impunidad de los involucrados y que está preocupado porque se ha fotografiado un documento que está circulando en las redes sociales.

La filtración del acuerdo preparatorio de colaboración eficaz, que el Ministerio Público habría celebrado con la empresa brasileña Odebrecht y la Procuraduría, preocupa al fiscal Domingo Pérez, que pide la evaluación de los empleados, pero especialmente la remoción de los miembros de seguridad.

“Estoy preocupado porque se estaría haciendo actos o prácticas indebidas de haber obtenido copias o fotografías de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía y se estaría dando un uso indebido a través de las redes sociales”, subrayó Pérez.

“La preocupación es legítima, atendiendo a lo sucedido voy a solicitar que se redoble la seguridad en las instalaciones del despacho fiscal y se haga una reevaluación del personal asignado, sobre todo el personal de seguridad”, precisó el fiscal.

El fiscal Domingo Pérez viajará a Brasil en marzo con Rafael Vela, para reunirse con Barata quien hablará claro sobre todo lo que hizo Odebrecht en el Perú y a las personas o empresas que involucró ilegalmente, con grandes sumas de dinero repartidas a diestra y siniestra.

EL ACUERDO DE COLABORACIÓN

“Estamos con el firme propósito de que la corrupción tiene que acabar y la única manera de que pueda acabar es con la colaboración de la persona jurídica (empresa) y las personas naturales”, precisó.

“Tener en consideración que anteriormente se había señalado que había informantes de la Fiscalía que estaban brindando información a personas investigadas”, señaló Pérez.

Luego lamentó que esto pueda generar confusión en la ciudadanía y recalcó que de haber informantes en la Fiscalía, significaría que “hay un peligro de obstaculización en las investigaciones” orientada a la impunidad de los que están envueltos en el escándalo Odebrecht.

Destacó que en el Ministerio Público y la Procuraduría “hay voluntad para que este acuerdo se suscriba, se firme y homologue ante un juez”, porque “la corrupción tiene que acabar y la única forma es con la colaboración eficaz”.

ALGO MÁS

Tras la filtración del preacuerdo en las redes sociales, dos usuarios de Twitter aprovecharon en recordar cuando el expresidente Alan García, investigado por el caso Odebrecht, sostuvo hace dos meses que tiene “informantes” en la Fiscalía. Por esto, en dichas redes le atribuyeron al ex jefe de Estado querer tumbarse el acuerdo de colaboración con esta filtración realizada por un “informante”.

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Política

Corte Suprema pidió al INPE establecer el penal

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Alberto Fujimori en silla de ruedas

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema envió esta mañana al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) un oficio para que determine cuál de los establecimientos penitenciarios que cumplen con las condiciones requeridas podrá ser internado Alberto Fujimori.

En el oficio, la Corte Suprema (CS) puso a disposición del INPE el certificado médico legal Nº003447 -V remitido por el Instituto de Medicina Legal.

Según la evaluación médica, Alberto Fujimori se encuentra en “condiciones estables” y “podría recibir tratamiento en forma ambulatoria”.

Asimismo, la CS envió el informe cardiológico expedido por el doctor Jorge Bravo Manucci, para que, con ello, el INPE tenga las herramientas necesarias y emita un pronunciamiento sobre el penal donde irá Fujimori.

El plazo otorgado para dicha decisión será en el término del segundo día, es decir, las 48 horas, de acuerdo al documento.

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