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Convenio colectivo

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Marcha protesta construcción civil

Como cada año, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú firmó convenio colectivo con la Cámara Peruana de la Construcción para mejorar los beneficios laborales de los trabajadores del ramo.

Gracias a la lucha permanente y unidad de los trabajadores de construcción civil, nuevamente han logrado, el pasado 10 de agosto, la firma del convenio colectivo en el sector que les permite obtener nuevos aumentos salariales.

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) establecieron en el Acta Final de Negociación Colectiva por Rama de Actividad en Construcción Civil aumentos al jornal básico de S/ 2.90 para operarios, S/1.70 para oficiales y S/ 1.60 para peones.

Estos incrementos corresponden al 4.51%, 3.27% y 3.44% del jornal actual, respectivamente, todos superiores a la inflación de 0.93% registrada entre mayo de 2017 y 2018, el periodo de negociación.

El aumento al jornal básico, tiene incidencia en otras bonificaciones y gratificaciones que generan un mayor incremento salarial de los trabajadores del sector construcción.

Este convenio, con los aumentos salariales fijados, tiene aplicación a todos los trabajadores en construcción civil del ámbito nacional que laboren en obras de construcción civil públicas o privadas, con excepción de lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 727 (obras menores a 50 UIT).

Una vez que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) fije los índices correspondientes, los trabajadores solicitarán a su empleador el pago de los reintegros provenientes de la negociación colectiva. Aunque el trabajador haya sido liquidado a la fecha, las empresas han liquidado con el salario anterior, por lo que los reintegros deben hacerse tomando en cuenta las labores desde el 1 de junio de este año.

COYUNTURA POLÍTICA

La firma se ha realizado en medio de una coyuntura muy difícil para la vida institucional del Perú, debido a la inestabilidad política y el impacto de la crisis económica mundial, agudizada en el país por el profundo colapso del Estado a causa de la corrupción.

La FTCCP y la CAPECO han suscrito un pronunciamiento de repudio al nauseabundo destape de la corrupción generalizada en el sistema de justicia del país, puesto al descubierto por audios, frente al cual exigen una profunda reforma en el sistema judicial del Perú y la sanción más severa a los involucrados.

Debemos resaltar que este nuevo escándalo que involucra al Poder Judicial completa el abanico de la corrupción en los poderes del Estado, pues con el megacaso Lava Jato quedó descubierta la corrupción en los líderes políticos que tienen poder en el Ejecutivo y en el Legislativo.

En esta corrupción también participaron grandes empresarios, sobre todo los que constituyeron el Club de la Construcción, que se repartieron obras por 15,000 millones de dólares. Importante fue en su momento que el actual presidente de CAPECO, Enrique Espinosa, aplicara su código de ética institucional a los comprometidos para que aclaren su situación ante la justicia.

La corrupción en el sector ha significado miles de trabajadores despedidos y la paralización de muchos proyectos de infraestructura, los que significó el aumento de la pobreza y el desempleo durante 2017 y que a la fecha no tiene visos de recuperación. La reactivación de la construcción como parte de la reactivación económica del país se ralentiza cada vez que hay ruido político, lo cual no es propio de una república que se respete. El país no debe paralizarse por culpa de los corruptos.

A pesar de esta difícil situación, la FTCCP continúa fortaleciendo su Negociación Colectiva por Rama de Actividad, enfrentando la violencia delincuencial, a los esquiroles vende obreros y la informalidad empresarial que da cabida a seudosindicatos.

INFORMALIDAD EMPRESARIAL Y GUBERNAMENTAL

Empresarios y trabajadores padecen la informalidad de empresas que ven el lucro en la reducción de derechos laborales. La competencia desleal de estas seudoempresas debiera ser combativa por el Estado con mayor rigor, pues trae consigo la explotación de los trabajadores.

Y por si fuera poco, también el Gobierno incurre en una informalidad que perjudica. En este marco se inscriben las obras que el Estado licita como “prestación de servicios” y no como “obras de construcción”, vulnerando los derechos laborales de los trabajadores obtenidos por negociación colectiva a nivel de rama de actividad.

A ello se debe el llamado de los trabajadores de la construcción al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que se corrija dicha práctica, que afecta aún más el perjuicio causado por la paralización de las obras, que dejó a más de 100,000 trabajadores sin empleo impidiéndoles llevar la subsistencia a su familia. Esta situación infame debe superarse.

DERECHO OBTENIDO CON LUCHAS

Los trabajadores en construcción civil suscriben con los empresarios cada año un convenio colectivo por rama de actividad, este derecho colectivo siempre ha sido defendido por los obreros del andamio con su lucha en las calles desde la década de los 40. Y desde hace 15 años estas negociaciones se han solucionado en trato directo.

En los últimos 15 años la inflación acumulada sumó 52.46%, pero el aumento salarial ha sido de 131.01% en el caso del operario. Estos resultados generan condiciones favorables para el desarrollo del sector construcción lo que anima a los trabajadores en la idea de que la negociación colectiva por rama de actividad debiera ampliarse en otros sectores de la economía del país, con el fin de hacer que la riqueza se distribuya de una manera más equitativa entre las partes.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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