Pareciera que Lourdes Alcorta le enmienda la plana a Rosa Bartra (que muere por la presidencia) al decir en una entrevista que se debe dar paso a otros partidos (léase fujitopos o personajes fácilmente manipulables) para que presidan la Mesa Directiva.

Y no estamos equivocados en esta lectura entre líneas si escuchamos los decires y vemos el comportamiento de los integrantes de la mayoría fujimorista que tanto daño le hace al país con su comportamiento de espaldas al pueblo y promoviendo lobies a favor de grandes intereses.

Lo que sucede es que se oponen al retorno de Daniel Salaverry, que es apoyado por votos pluripartidarios, que están contra el fujimorismo, y para ello asumen posturas aparentemente democráticas.

Nada más falso. Porque hoy más que nunca se quieren aferrar al poder congresal y cuentan para ello con los fujitopos y el posible retorno de Kenji y los Avengers, y la salida de Keiko Fujimori, gracias a la intervención de los cuellos blancos, y apelan a jugadas distractivas.

PICOTAZOS DE GALLINAZOS

Para el congresista Hernando Cevallos de Frente Amplio se trata de “picotazos de gallinazos, como dicen en mi tierra (dice riendo); ese tipo de discusiones no tocan el problema de fondo, que Fuerza Popular tiene una presencia absolutamente indeseable dentro y fuera del Congreso”.

“Es absurdo que quieran mantenerse no solo en la presidencia sino integrando de cualquier manera la Mesa Directiva. Así que para nosotros la presencia de Fuerza Popular en una Mesa Directiva, hace inviable cualquier apoyo”, subrayó.

“Yo creo que están inmersos en un debate que surgen de sus propias contradicciones. Algunos son más realistas en el sentido de que interpretan mejor el sentimiento de lo que la gente quiere y otros que siguen pensando que como tienen una mayoría relativa quieren aferrarse a la presidencia”, comentó.

NO TIENEN DIFERENCIAS

“Esa es la contradicción que tienen en la superficie, pero de fondo no tienen contradicciones. Apuestan a seguir manteniendo la verticalidad en el Congreso, las prácticas antidemocráticas”, resaltó.

“Y, sobre todo, en donde no hay diferencias entre Alcorta y Bartra es en impulsar una agenda en el Congreso más cerca de los lobies y de los grupos empresariales, que de las necesidades de la gente, de los trabajadores, de los conflictos ambientales, un desarrollo independiente del país, allí no tienen contradicciones”, concluyó el legislador Cevallos.

Por su parte, el excongresista Juan Pari, presidente de la Comisión Lava Jato del Parlamento (2011-2016), dijo que “por el bien de ellos deberían dejar de practicar lo de siempre en el Congreso. Todos estos años el comportamiento de los niveles de conducción del Legislativo no ha tenido efectos positivos. El Congreso como institución está muy cuestionado”, sentenció.

“Entonces hay que avanzar y darle una mirada más pluripartidaria al Congreso. Esto le haría bien a Fuerza Popular, porque la imagen que se tiene es el de una fuerza política que no está abordando los problemas del país sino que se está beneficiando un solo sector y el Congreso se está debilitando más”, observó.

ESTÁN MOVIENDO SUS PIEZAS

“Ellos están moviendo sus piezas, diseñando el tema. Espero que los congresista en esta última fase, porque les queda tiempo hasta el 2021, se reinventen y rediseñen sus prácticas, porque lamentablemente se nota que no hay democracia interna, que hay mucho sesgo político y mucho manoseo de acuerdo a los intereses y eso no puede seguir ocurriendo”, concluyó Pari.

El analista político Miguel Jugo expresó “que el fujimorismo está en un debate, creo que es cierto eso. Mantiene la Mesa Directiva o se la da a alguien afín a ellos. Eso es un debate bastante intenso el que tienen. Hay sectores que apoyan a Rosa Bartra, que quiere la presidencia del Congreso”.

Dijo que “uno de los allegados a la bancada fujimorista es el congresista Pedro Olaechea para que de alguna manera no aparezcan como están apareciendo. Su postura central será intentar en un primer momento mantener la Mesa Directiva y eso tiene que ver con los votos que puedan recolectar”, subrayó.

NO QUIEREN ARRIESGAR

“Ellos tampoco quieren -agregó- arriesgarse a perder en una votación frente a una mesa multipartidaria. Me parece que lo primero que quieren es frustrar es una mesa pluripartidaria sin ellos y por eso es que están buscando a los Avengers, a Concertación Parlamentaria, a los Contigo y de esa manera mantenerse en la Mesa Directiva”, señaló.

“Están convocando a los fujitopos. Ellos definitivamente saben del poder que les da controlar la Mesa Directiva y quieren recuperarla y poner a una persona bastante afín a ellos para que haga lo que ellos quieren”, puntualizó.

ALGO MÁS

“Yo creo que eso sería el segundo negocio. El primero es -reitero-, frustrar una mesa pluripartidaria, controlar la Mesa Directiva y finalmente seguir como han estado estos años”, concluyó Jugo.

FÉLIX GRIJALBA SATO

El 18 de julio de 1992, un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación – Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, fueron secuestrados y asesinados por integrantes del Grupo Colina, quienes posteriormente enterraron los cuerpos en fosas clandestinas. 27 años después, conversamos con Avelino Guillén, el fiscal que en su momento fue responsable de la investigación y la acusación contra el dictador Alberto Fujimori, que hoy cumple prisión por ese y otros delitos.

—Han pasado 27 años desde del crimen de La Cantuta. ¿Sigue siendo el caso más emblemático de violaciones a derechos humanos en el Perú?

—El solo hecho de haber logrado la extradición y el juzgamiento y condena del exdictador Alberto Fujimori constituye un hecho excepcional en la historia del Perú. Si recordamos, en los años 90, Fujimori parecía un personaje invulnerable al cual la ley no alcanzaba a pesar de cargar diversas denuncias por violaciones a derechos humanos.

En consecuencia, este proceso es un hito en la historia jurídica del país y es el hecho más importante de una condena por un crimen de lesa humanidad ejecutado por orden de las máximas autoridades del régimen fujimorista, encabezadas por Fujimori, Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermoza Ríos.

—¿Recuerda cómo llegó a este caso?

—Yo integro el equipo de fiscales que iba a participar en el megaproceso, y la ventaja que yo tenía era que conocía bastante sobre el funcionamiento de la organización de la red delictiva que empezó a operar en enero de 1991 en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Esto, en virtud de que participé en diversos procesos contra jefes y líderes de esa organización. Varios integrantes del fujimorismo fueron sometidos a procesos, y del 2001 al 2007 participé de varios juicios orales, por ello pude conocer la red, sus objetivos y estructura.

—¿Cuán complicado fue realizar las investigaciones considerando el enorme poder de los imputados?

—Fue un esfuerzo extraordinario, una labor de equipo muy grande. Un hecho importante fue obtener las declaraciones de algunos integrantes del destacamento Colina, quienes se acogieron a la colaboración eficaz.

Nosotros analizamos cuál era la naturaleza de las funciones de este órgano de ejecución, el destacamento Colina, y el primer gran debate era si existió o no el destacamento Colina y de quién dependía. Fujimori sostenía que era un grupo descarriado que actuaba por cuenta propia; pero nosotros demostramos que era un órgano de ejecución que seguía planes de inteligencia y dependía de los aparatos de inteligencia durante el régimen de Fujimori.

Nosotros logramos demostrar la existencia de un aparato criminal en el SIN y que entró en funcionamiento en enero de 1991. También demostramos que ese aparato de poder tenía una cadena de mando y un órgano directriz con el triunvirato Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos, y que tenía un órgano de ejecución que efectuaba las operaciones de inteligencia de acuerdo a los planes diseñados por ellos. El destacamento estaba integrado por elementos del ejército en actividad y perpetró otras matanzas a nivel nacional.

—¿El hecho de que las víctimas sean acusadas de terroristas, hizo más complicado formular la acusación?

—La estrategia del fujimorismo fue enlodar y mantener la negación de la verdad. Si me pide una definición en una línea, diría que el juicio fue el triunfo de la verdad. La parte final de la sentencia, en el punto 827, señaló que los agraviados de Barrios Altos y La Cantuta no estaban vinculados a las acciones terroristas de Sendero Luminoso ni integraban esa organización criminal. Sin embargo, como estrategia de defensa, el fujimorismo siempre atribuyó de manera absolutamente falsa la condición de supuestos terroristas a las víctimas, lo cual fue descartado por la corte en su sentencia.

El proceso se inició en diciembre de 2007 y terminó en abril de 2009, una gran batalla jurídica donde la verdad se abrió paso sin atenuantes, y se probó de manera irreprochable y ante diversos observadores nacionales e internacionales, la culpabilidad de Alberto Fujimori.

—¿La estigmatización de las víctimas impidieron a la población visibilizar los hechos correctamente?

—Cuando mostramos la estructura de la organización del Grupo Colina, Fujimori adoptó la estrategia de decir que estaba en un proceso por 25 personas cuando él había defendido a 25 millones del terrorismo, entonces cuando se señala que las víctimas estarían vinculadas al terrorismo, una parte de la población se pone una venda en los ojos y pareciera negar los hechos y hasta justificarlos. Pero gracias a los medios de prensa el juicio fue transmitido en su integridad en directo y también hubo sectores informados que pudieron contrastar las argumentaciones formarse una mejor opinión.

—En esta historia, ¿qué tan importante ha sido la lucha emprendida por los familiares de las víctimas?

—Ellos han tenido una actividad heroica muy importante, pues con su presencia permanente en todas las actuaciones judiciales, su persistencia y decisión de salir a decir la verdad, a debatir, a expresar su sufrimiento, han hecho que gran parte de la población se haya sensibilizado con estos graves hechos.

A pocos días de la matanza los familiares presentaron un hábeas corpus contra varios jefes militares, y gracias a eso en algún momento esos jefes dieron declaraciones que más adelante fueron útiles durante el juicio, por una serie de contradicciones en que incurrieron.

Entonces, la importancia de los familiares es vital, no se habría avanzado mucho si no fuera por la entrega absoluta y las expresiones de amor de los familiares por sus hermanos e hijos, exigiendo justicia.

—Habría deuda pendiente por parte del Estado considerando que hay implicados que no han sido procesados judicialmente…

—En el destacamento Colina participaron diversos estamentos del Ejército, y el mismo comandante general Hermoza Ríos ordenó se le brinde facilidades a este destacamento militar en La Cantuta. Así como él, varios jefes militares están comprometidos y pendientes de ser juzgados por el Poder Judicial. Igualmente, no se han encontrado los restos de cinco víctimas. Esas son tareas que hay que llevar adelante.

—¿Se configura delito de encubrimiento al no procesar a algunos de los responsables y al no exigir que confiesen dónde están los cuerpos hoy desaparecidos?

—En estos temas pendientes hay responsabilidad del Poder Judicial. Entiendo que hay una sala especializada en esos temas y esperamos que se programen cuanto antes esas diligencias y que el Ministerio Público continúe trabajando para que se logren hallar los restos de los cuerpos de las cinco víctimas que faltan ubicar. No podemos hablar de justicia si tenemos todavía esta herida abierta, si tenemos cinco cuerpos desaparecidos y sigue pendiente el juzgamiento de los responsables que faltan procesar.

—¿Existe un plazo para que esto ocurra?

—Hay un plazo que debe cumplirse, aunque esta es una respuesta que la tiene que dar el Poder Judicial, deben explicar el porqué hasta ahora no se ha culminado con el juzgamiento de todos los responsables de la matanza de La Cantuta. Esto sigue pendiente y es uno de los pasivos del Poder Judicial.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Si la justicia norteamericana le concede libertad bajo fianza, Alejandro Toledo podría buscar cobijarse en alguna embajada para evitar la extradición al Perú, pero esa sería una jugada muy torpe, advirtió Yván Montoya, exjefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Ad hoc.

Fue al comentar la situación de Toledo Manrique -investigado por recibir 20 millones de dólares por parte de Odebrecht por la adjudicación de la Carretera Interoceánica- quien fue arrestado en Estados Unidos y presentado ante el juez de primera instancia Thomas S. Hixson en la corte de San Francisco, en el norte de California.

“Podría ocurrir que pueda intentar ganar tiempo de esa manera y cobijarse en alguna embajada. Sería una jugada torpe de su parte, pero podría ocurrir, con lo cual ya sería una perturbación -digamos- a la garantía de aseguramiento que el gobierno norteamericano tiene en este momento con respecto a él, para poder asegurar que la decisión eventual de extraditarlo se pueda efectivizar”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

KARP TAMBIÉN

El exintegrante de la Procuraduría no descartó que Eliane Karp corra la misma suerte que Alejandro Toledo y que intente también asilarse en alguna embajada o viajar hacia Israel.

“Creo que es inevitable el pedido hacia ella, pero yo creo que en este momento debe estar pensando, no sé si volar hacia Israel o en cobijarse en alguna embajada para protegerse. La política de Israel es no conceder la extradición de sus nacionales y se complica un poco el panorama”, anotó.

“Por eso mismo, las medidas deben pensarse rápidamente en este momento respecto a ella también”, argumentó.

Cabe indicar que el coordinador del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, Rafael Vela, informó que el pedido para la extradición de la ex primera dama Eliane Karp por el caso Ecoteva se encuentra en trámite.

Karp está en calidad de acusada en el caso Ecoteva, por el cual la Fiscalía solicitó una condena de 16 años y 8 meses, el pago de una reparación civil de 15 millones de soles y su extradición.

PODRÍA ESGRIMIR QUE LO PERSIGUEN

“Mi preocupación es que en pleno proceso de extradición, el expresidente Alejandro Toledo pueda esgrimir como argumento que está siendo un perseguido dos veces por un mismo delito y que hay una vulneración de sus derechos”, advirtió Montoya.

“Hay que tener un poco de cuidado para lo que viene respecto al proceso de extradición de Toledo. Él tiene dos procesos: el de Ecoteva y Odebrecht. El cuaderno que se envió en julio del año pasado, en el 2018, es el de Odebrecht y tiene ver con sobre todo el delito fuente, de todos los sobornos y la imputación del lavado, pero existe el de Ecoteva. Son dos procesos que al final tienen nexos comunes, y en buena cuenta el caso Odebrecht termina o debería terminar en Ecoteva por su propia naturaleza”, dijo en el programa No hay Derecho de Ideeleradio.

“Mi preocupación está en que, en pleno proceso, él esgrima como argumento que está siendo perseguido por dos procesos judiciales, que aquí hay un abuso, y una vulneración de sus derechos y que eso es el reflejo de la persecución sobre él”, anotó.

PERSECUCIÓN

“La detención de Alejandro Toledo es una noticia esperanzadora y significa dos cosas. La primera: que la Fiscalía -al tomar la decisión de solicitar al juez federal esta detención para iniciar el proceso judicial de extradición- implica que efectivamente encuentra una causa probable, una causa razonable para que al final un juez conceda la extradición”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Y segundo: este pedido encarna que en el ente fiscal y judicial no habría un contexto de persecución política que desnaturalice o que tenga en mente la posibilidad de que sea posteriormente cuestionado como una forma de persecución política”, subrayó

ALGO MÁS

“En el caso de Fujimori, también empezó con una detención en una dependencia militar, pero luego fue progresivamente modulada la medida y hubo una detención domiciliaria, una orden de arraigo para no salir en el país hasta que se determine el proceso de extradición”, recordó Yván Montoya.