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En entrevista con el Diario UNO, el jurista Carlos Rivera, quien es abogado de los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, señaló que esperaba que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), anule el indulto al dictador Alberto Fujimori. Pero, al reenviar el caso a la justicia nacional, ellos continuarán su lucha hasta encontrar justicia y reparación.

“Sí, en realidad el conjunto de acciones que hemos venido realizando y la esperanza que teníamos en la sentencia de la Corte IDH era eso. De que declare nulo el indulto y que Fujimori cumpla la condena que le corresponde (en la Diroes)”, manifestó Rivera. “Sin embargo, la decisión de la Corte IDH indica que la justicia peruana declare la nulidad del indulto”, agregó.

El jurista refirió que ahora tienen que enfrentar una acción en el sistema judicial penal con todos los problemas que el Poder Judicial tiene en este momento. Dijo que los familiares seguirán en busca de justicia como lo hacen desde 1991.

RESOLUCIÓN CONTRADICTORIA

Precisó que les ha sorprendido la resolución porque es un tanto contradictoria, parece escrita sobre una línea argumentativa de fundamentos que van desarrollando de manera impecable, en cuanto a contradecir y cuestionar el otorgamiento de indulto para casos de violación de derechos humanos. “Pero por otro lado, toman la decisión de reenviar el caso al fuero interno, eso nos ha sorprendido. No era la resolución que esperábamos porque habíamos logrado exponer los argumentos políticos, jurídicos, jurisprudenciales y los doctrinarios del derecho internacional”, añadió.

FUERO INTERNO

Ante esto, el jurista indicó que mediante la resolución de la Corte IDH, no es posible conocer por qué no declaró inválido el indulto. “Lo único que uno puede observar es que la Corte IDH señaló que había antecedentes en los casos Jaililie y Crousillat, para el fuero interno, el constitucional, que evaluará la legalidad del indulto. Y la resolución emitida por la Sala Penal Nacional en el caso Pativilca, por la cual se decidió inaplicar el derecho de gracia que fue concedido en la misma fecha que el indulto”, destacó.

Mañana tomarán la decisión legal después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

SÍ CUESTIONA EL INDULTO

Rivera afirmó que “justamente el hecho de que en la resolución la Corte IDH asumió nuestros argumentos, es decir, han asumido una línea no solo de cuestionamiento sino casi de repudio al indulto como medida posible de otorgar a quienes están condenados por graves violaciones de los derechos humanos”.

Comentó que solo le faltó a la decisión, concluir que el indulto era una opción inaplicable y por lo tanto el Estado peruano debería anular. Aunque esta resolución no está convalidando el indulto, más bien lo cuestiona y repudia porque esta instancia supranacional no encuentra ningún argumento para sostenerlo como medida factible de imponer a un condenado por delitos de lesa humanidad.

CAMINOS A SEGUIR

El camino que la Corte IDH plantea es que debe haber un control jurisdiccional, eso significa que la defensa de los familiares de las víctimas puede optar por una vía constitucional a través de la presentación de una acción de amparo o una vía penal mediante un pedido de control de convencionalidad, que lo tendrían que hacer en el propio vocal supremo de instrucción que está a cargo del caso Fujimori.

“Una acción de amparo se presenta al Poder Judicial, si es que se pierde en 1ra y en 2da instancia, recién se va al Tribunal Constitucional. Un amparo en el Perú dura mucho tiempo, por lo menos un año. Lo de la Sala Penal probablemente dure menos tiempo. Esa decisión la vamos a tomar el día lunes”, señaló Rivera.

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

El presunto favoritismo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la inscripción del partido Podemos Perú, del cuestionado José Luna,  viene siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Las indagaciones las estaría haciendo fiscal Carlos Nivin, quien abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables por el delito de patrocinio ilegal, decisión que tomó después de las denuncias periodísticas.

El titular del 1° despacho de la Segunda Fiscalía de Corrupción de Funcionarios dispuso la apertura de la investigación el pasado 1 de junio.

La exasesora legal de la ONPE, Susana Guerrero, denunció un presunto trato preferente para el partido político del excongresista José Luna durante el proceso de inscripción. Tras realizar la denuncia, la ONPE decidió cesar a la funcionaria.

En tanto, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) abrió una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, quien declaró que no teme a las investigaciones y que va a colaborar.

Para el consejero Iván Noguera, la investigación podría ser más rápida y expeditiva de lo que hasta hoy ha sido.

El presidente del CNM, Orlando Velásquez, explicó que la investigación preliminar está en manos de la Comisión de Procesos Disciplinarios y que se emitiría un informe en 15 días, a favor de iniciar el proceso disciplinario o archivar el caso.

ALGO MÁS

El Consejo Nacional de la Magistratura recién se estaría pronunciando en julio sobre el sonado caso de ONPE. Castillo permanecería en el cargo hasta después de las elecciones regionales y municipales.