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Conflictos sociales en Talara y El Alto

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Conflictos sociales en Talara y El Alto

RIQUEZA PETROLERA CON POBREZA SOCIAL

Las imágenes de las protestas sociales con turbas incendiando los locales de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) y sustracción de activos en el distrito petrolero de El Alto en Talara, preocupa por la violencia y la ira desatada de la población con la autoridad edil a la cabeza. ¿Qué está pasando?

Dicho distrito el más importante por la producción del crudo y gas natural en las operaciones del noroeste, pues allí se ubica el viejo lote X de donde se han extraído importantes volúmenes de petróleo y gas desde inicios del siglo pasado.

Es decir, el distrito del El Alto, localidad petrolera por excelencia ha sido testigo de las operaciones de la IPC filial de la Standard Oil, y de PetroPerú con la nacionalización del petróleo a partir de 1969.

En manos privadas desde fines de 1996 el viejo lote X reducido a su mínima expresión ha sido operado en la privatización fujimorista, por la argentina Pérez Companc, la brasileña Petrobras y actualmente está en manos de la petrolera china CNPC.

A pesar de la riqueza extraída en más de 100 años no han mejorado sustantivamente las condiciones de vida de la población talareña y específicamente de la población altina.

Cabe interrogarse ¿si es mayor el bienestar social con la explotación de crudo en un régimen privatizado? Todo nos hace pensar que no, de allí el creciente malestar social que se ha ido incubando en los últimos años a pesar de la riqueza creada.

Por ello, las manifestaciones conmueven, alertan por la rabia desatada, con la desesperación y frustración social ante la pobreza, el subempleo galopante, y el malestar ante una poderosa empresa estatal china, CNPC, que habría incumplido una serie de compromisos con la población local.

Asaltar, quemar, sustraer bienes, provocar incendios en locales privados son palabras mayores que muy pocas veces se observan en Piura, en una población normalmente tranquila, pasiva, adormecida por el fuerte calor piurano.

Por ello, cuando faltan los canales de diálogo, y respeto mutuo, donde no se genera la confianza necesaria entre la empresa, estado y población organizada se desatan conflictos que tienen que ser resueltos salvaguardando el interés público.

CHINOS DEPRECIAN FUERZA DE TRABAJO

Mas no debiera sorprender la agresividad de la manifestación social frente a la presencia de una empresa estatal china que ha depreciado el valor de la fuerza de trabajo, con salarios que no están en proporción a la riqueza creada.

Desde que se inició la presencia de las petroleras chinas en Piura, primero con Sapet, filial de la CNPC, operando el lote VI/VII que fueron fusionados hacia el 2001, luego con la China National Petroleum Company (CNPC) en el lote X, con la transferencia contractual que hiciera Petrobras hacia el 2014 de todos sus activos, ha sido una característica central de las empresas chinas pagar lo menos posible a proveedores, a las contratistas y a sus trabajadores.

Esta depreciación de la fuerza de trabajo es extensiva también en las actividades mineras que desarrollan los capitales chinos como Shougang Hierro Perú en las operaciones de Marcona, y en Chinalco en la provincia de Yauli-Junín con el proyecto Toromocho.

Se sobrexplota la fuerza de trabajo con la finalidad de maximizar las utilidades, con mayores tasas de plusvalía vía extensión de la jornada de trabajo y una mayor intensidad, con menores salariales relativos.

IMPERTINENTE COMPARACIÓNb

Este es un aspecto central del milagro económico chino por considerar, sumado a los principios de la filosofía confusiana apostando por el trabajo duro y parejo, la propensión al ahorro y una austeridad a prueba de balas.

De allí, que para los gerentes chinos de las empresas que operan en el país, pagar más de US $ 1,000 dólares mensuales a un trabajador peruano de las actividades extractivas les parece un exceso, pues en China un trabajador minero bien remunerado no percibe más de US $ 100 mensuales en su equivalente en yuanes.

Sin embargo, estas comparaciones salariales no consideran la serie de inversiones sociales que tiene que asumir el estado chino, como los costos de la vivienda, en la salud, educación, transporte y una serie de subsidios que no tienen los trabajadores de nuestro país.

Todo ello a pesar de la modernización de la economía china, donde según expertos no más del 40 % del PBI chino es explicado por las empresas estatales, siendo lo demás explicado por capitales privados.

EL ALTO Y TALARA SIN AGUA

De allí, lo sucedido en el distrito de El Alto donde opera la petrolera China, CNPC debe llamar la atención por la rabia contenida del pueblo ante una empresa que supuestamente habría incumplido una serie de compromisos, como el de la cuota laboral para los originarios de la zona, ante un crónico subempleo.

Si a ello se suma la falta de servicios públicos como la dotación segura de agua, pues el abastecimiento del líquido elemento es por horas, en una ciudad campamento que depende básicamente de los ingresos y capacidad de demanda que genera la petrolera CNPC.

Es más, el principio de la realidad resulta imperativo cuando nos presentan las imágenes de la ciudad de Talara que entre el 2013 a la fecha por la modernización de la Refinería de Talara/ PetroPerú, es testigo de millonarias inversiones que deben superar los US $ 5,500 millones pero que poco tienen que ver con la calidad de vida de la población talareña que supera los 150 mil habitantes, pero que ha recibido una población flotante de trabajadores, incluso venezolanos contratados por services a bajos costos, de parte de las diversas empresas responsables de la construcción de la moderna refinería.

En especial, a Talara le caracteriza un crónico desabastecimiento del servicio de agua potable, el colapso de la red de alcantarillado, una creciente inseguridad ciudadana, subempleo galopante con pobreza creciente, a pesar de todo el petróleo y gas extraído en su historia.

Por ello, siempre me pregunto sobre el destino de la renta petrolera en una región donde en más de 100 años de explotación se han extraído volúmenes superiores a los 1,600 millones de barriles de crudo.

En tal sentido me interrogo ¿cuál ha sido el destino, la ejecución de los recursos transferidos por concepto de canon petrolero en Piura, Talara y en especial en El Alto? La misma interrogante resulta en el caso del canon y sobrecanon petrolero para Tumbes, Loreto y Ucayali donde son recurrentes los conflictos con las comunidades nativas.

En lo personal y profesional le debo mucho a Talara y en general a Piura, pues allí aprendí lo poco que sé del sector de hidrocarburos a través de la experiencia de los trabajadores del sector, al cual le he dedicado los últimos 30 años de mi vida.

Conflictos sociales en Talara y El Alto

LA IMPORTANCIA DEL LOTE X

Si se comparan los años 1997 y el 2018 en lo referente al lote X, un campo considerado maduro pues fue explotado por la vieja IPC desde la década de los años veinte del siglo pasado, pasando por las operaciones bajo responsabilidad de PetroPerú desde 1969 hasta 1996, fecha en que fue transferido a la petrolera argentina Pérez Companc (Pecom)

¿Qué se decía de ese viejo lote? Que era un lote sobreexplotado, con rendimientos decrecientes, que no tenía muchas reservas probadas, que tenía altos costos operativos. Con miles de pozos cerrados temporalmente (ATA) por ser antieconómica su explotación con precios menores a los US $ 20 el barril.

Es más, entre 1993/1995 para justificar una irracional privatización en el colmo del cinismo, se decía que PetroPerú no estaba en capacidad de operarlo, pues le generaba pérdidas a la empresa.

Todo ello evidentemente era una gran mentira que se puso en evidencia, cuando desde 1994 la petrolera estatal comenzó a generar utilidades del orden de los US $ 256 millones de dólares anuales y era todo un problema pues ¿cómo se ha de privatizar una empresa que está generando utilidades? Un contrasentido económico.

Así, contra viento y marea dicho lote fue privatizado en diciembre de 1996 y desde el año siguiente hasta el 2018 estuvo bajo operaciones de Pérez Companc, pasando por Petrobras y la estatal china CNPC.

De dicho campo maduro se han extraído 100 millones de barriles entre 1997 al 2018, y con los datos oficiales hasta diciembre del 2018 habrían 71 millones de reservas probadas adicionales todavía por explotar que con precios promedio de 65 dólares el barril encierra una riqueza potencial de más de 4,500 millones de dólares. De allí su importancia.

LOTE X CON CRECIENTES INGRESOS

La gráfica respectiva sobre los ingresos obtenidos a partir de la explotación de los hidrocarburos del lote X nos indica los importantes ingresos por ventas que han tenido las empresas que han operado el viejo lote X, prácticamente desde 1997 hasta el año pasado bajo responsabilidad privada, a pesar que tanto Petrobras como CNPC son empresas petroleras estatales que operan bajo régimen privado.

Con una producción que promedia los 12 mil a 14 mil barriles diarios de petróleo crudo ligero que es vendido íntegramente a la refinería de Talara a precios internacionales, y reservas probadas es sin duda el lote más importante y rentable de la costa norte.

A ello se debe sumar los volúmenes de gas natural que se venden a la planta eléctrica de Piura, con todo ello se puede observar el comportamiento creciente de los ingresos generados a partir de la explotación del viejo lote X

Bajo responsabilidad de la petrolera argentina Pérez Companc 1992/ 2002 los ingresos obtenidos al margen de las regalías pagadas, bordean los US $ 100 millones anuales pues los precios internacionales del crudo se mantenían por debajo de los US $ 20 dólares el barril.

Sin embargo, a partir del 2003 bajo responsabilidad de la brasileña Petrobras, los ingresos se incrementaron de manera sustantiva alcanzando los US $ 600 millones en el 2012 gracias a la bonanza de los precios del crudo que se dispararon para promediar los US $ 100 dólares el barril, con excepción de la crisis del 2009.

Este incremento de los ingresos por ventas en el lote X en el período 2003/2012 no solamente se explica por los altos precios del crudo, sino también por un aumento de la producción gracias a los incentivos de la ley de promoción a la inversión en los campos maduros de Talara.

Por último, en el período 2014/2018 bajo la responsabilidad operativa de la estatal china CNPC los ingresos al margen de las regalías pagadas al fisco, bordean los US $ 400 millones anuales, con un bajón en los años 2015 y 2016 por los precios deprimidos del crudo.

EPÍLOGO

Por experiencia podemos decir que el lote X a pesar de sus antigüedad es rentable, está ubicado e integrado directamente a la refinería de Talara por medio de un sistema de tuberías. Tiene reservas probadas de petróleo ligero y en sus entrañas existen más recursos de crudo.

Por todo ello, el lobbismo petrolero hace lo posible e imposible por la extensión de la vigencia contractual que debe caducar en el 2025, y por la normatividad legal dicho lote debe regresar a manos de PetroPerú en razón del interés público.

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Política

Vender la patria, la consigna del fujiaprismo

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Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón

Tras el proceso de higiene política vivido por el país la semana pasada, el analista Carlos Monge dio una mirada al accionar del disuelto Congreso de la República y concluyó que el fujimorismo y el Apra representan la suma de “un montón de intereses específicos”. Consideró que algunos de esos intereses provienen de las economías ilegales, y estarían representados en ex congresistas vinculados a las cooperativas del Vraem – para muchos, lavanderías del narcotráfico – o en representantes de universidades “bambas”.

“Pero también hay personajes como Pedro Olaechea, que no representa a economías ilegales pero sí es representante directo de grandes grupos empresariales que tienen en la Confiep su aparato de representación gremial. Y en el ejercicio político, estos ex congresistas se han dedicado a defender puntualmente sus intereses”, afirmó.

Monge consignó como ejemplo el hecho de que varios de los candidatos al Tribunal Constitucional (TC) hayan tenido vínculos con estudios de abogados que a su vez representan a empresas con litigios pendientes de resolver en el TC.

“Entonces, esas candidaturas no eran gratis, sino que se debían a intereses empresariales que querían tener presencia directa en el TC. Es importante entender el comportamiento de estas organizaciones políticas, pues los individuos que postulan a cargos importantes en el Estado no son accidentales, sino que van por intereses específicos”, indicó.

JUNTOS Y REVUELTOS

Respecto al presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, Monge advirtió que es un personaje que resume bien las cosas: “él es un empresario importante que representa parte de la economía formal, viene de una familia tradicional de Lima, tiene vínculos con estudios de abogados representantes de grupos empresariales y, para colocar a su primo hermano a defender esos intereses empresariales en el TC, no tiene reparo en juntarse con el sector del fujimorismo que proviene de la economía ilegal. Ahí se juntan y se apoyan mutuamente en esa defensa de intereses”.

Además, señaló que esa alianza entre empresarios formales y sectores mafiosos era muy claramente perceptible en la dirección de Fuerza Popular, que por un lado tenía como secretario general a José Chlimper, empresario agroexportador, dirigente de la Confiep y ahora miembro del Banco Central de Reserva (BCR); y por el otro como co secretario general a Joaquín Ramírez, vinculado a las universidades “bambas” e investigado por narcotráfico y lavado de activos. “Entonces ahí vemos cómo estos sectores formales y parte de la élite tradicional no les hace ningún asco a asociarse a estos sectores mafiosos para beneficiarse y defenderse mutuamente de los reclamos de la población y de la lucha contra la corrupción”, apuntó.

Keiko Fujimori - José Chlimper

EMPRESARIOS QUE VIVEN DEL ESTADO

Por otro lado, Monge advirtió que existe un doble discurso desde los sectores neoliberales: mientras acusan a la izquierda de ser estatista, olvidan que defienden a empresarios rentistas que basan su competitividad en prebendas que obtienen del Estado. “En algunos casos son exoneraciones tributarias, en otros devoluciones de impuestos, y en otros casos como el sector agroexportador, donde están Olaechea y Chlimper, con legislación que recorta derechos laborales a la mitad. Esa es otra forma de subsidiar al sector empresarial, legalizando la sobre explotación de la mano de obra”, aclaró.

En cuanto a los pronunciamientos de la Confiep favorables al fujimorismo, el analista político recordó que la presidenta de dicha entidad, María Isabel León, “era parte del cogollo de Keiko Fujimori, y por tanto no es una representación técnica, sino una representación gremial con claro contenido político”. “Por eso no sorprende que se hayan juntado con la cúpula fujimorista sin el menor pudor”, añadió.

También consideró que, si se hiciese una encuesta seria al interior de la Confiep, se vería un apoyo mayoritario a la disolución del Congreso. “Porque es lo mismo que el país, que en su inmensa mayoría apoya al presidente Vizcarra. No creo que el pronunciamiento de la cúpula de la Confiep aliada al fujimorismo represente realmente lo que piensa la mayoría del empresariado”, manifestó.

TAREA PENDIENTE

Finalmente, Monge recordó que el presidente Martín Vizcarra tiene ahora la facultad de gobernar mediante decretos de urgencia, y que “hay una gran oportunidad para seguir adelante con reformas que tengan que ver con la lucha contra la corrupción”. “Hasta ahora se ha avanzado con reformas judicial y política, algunas de ellas inconclusas o deformadas. Pero falta un paquete de reformas para impedir el funcionamiento de las puertas giratorias y para impedir la corrupción en las renegociaciones de los contratos de las concesiones dadas por el Estado”, señaló.

También sugirió que parte de la agenda tiene que incluir la revisión de la forma cómo funciona Proinversión, y que se debe evaluar la manera en que los ministerios revisan los contratos de obras públicas, además de revisarse el mecanismo de las “puertas giratorias”, mediante el cual los intereses privados logran capturar el Estado al colocar como funcionarios públicos a personal vinculado a intereses empresariales.

“Hay que empujar al presidente Vizcarra a que trabaje esta agenda mediante decretos, y estos temas deben ser parte de la campaña electoral para las próximas elecciones de enero, además de ser parte central de la agenda del nuevo Congreso. Recordemos que ya no existe la obstrucción de la alianza fujiaprista en el Parlamento, hay una cancha más libre y esta debe ser la tarea para llegar al 2021 con un país mucho mejor”, concluyó.

Uvas agricultura

NUNCA PENSARON EN EL PAÍS

Para el economista Javier Mujica, personajes como Pedro Olaechea o Mercedes Araoz pretendían quedarse eternamente en el Congreso solo para defender sus intereses económicos y empresariales. En ese sentido, exhortó al presidente Martín Vizcarra a no promulgar la ley que prolonga por diez años más, hasta el 2031, el denominado Régimen de Promoción de la Agroindustria.

“Este Régimen de Promoción Agraria consiste en que pagan menos impuestos que el resto, y contribuyen menos a la seguridad social en salud; en este aspecto, hay que señalar que antes aportaban el 4% y ahora será el 6%, mientras el resto de los mortales paga 9%”, señaló.

Además, indicó que “pagan solo el 15% de los impuestos, cuando el resto de las empresas pagan 29,5%; todo esto va sus bolsillos, es un subsidio del Estado, del Estado que está regalando esa plata, Por ello es importante decirle al presidente Vizcarra que no promulgue la ley”.

GRANDES GANANCIAS

Mujica destacó que no es casual que Pedro Olaechea haya puesto a debate en el Pleno del Congreso la aprobación de una ley que lo beneficia, pues su familia produce vinos y piscos en el sur del país. En cuanto a José Chlimper, recordó que él fue quien planteó originalmente la ley, cuando era ministro de Agricultura en el 2000, en pleno régimen del presidente Alberto Fujimori.

Acerca de Mercedes Aráoz, recordó que fue una férrea opositora a las leyes antielusión, además buscar favorecer con reducciones y exoneraciones tributarias a empresas mineras, petroleras e incluso a la banca.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Disolver el plan de gobierno de la CONFIEP

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Protestas marchas

La crisis política generada por la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo es una crisis entre fuerzas de la derecha, defensoras del régimen neoliberal intensificadoa sangre y fuego desde los años 90 en el Perú y que se centra en la profundización de la política económica neoliberal, la reforma laboral antisindical, el modelo extractivista que depreda el medio ambiente y el discurso religioso conservador que predica el odio.

Disuelto el Congreso y convocadas las nuevas elecciones parlamentarias, debemos decir que todos los corruptos no se han ido.Algunos continúan aferrados a su inmunidad parlamentaria y otros a la protección de otros poderes del Estado.En ese sentido nos mantenemos en la consigna “Que se vayan todos, los corruptos y explotadores”.

No olvidemos que el actual gobierno tiene una escopeta de dos cañones: en sus discursos se enfrenta a la mafia fujimorista pero en sus acciones detiene y encarcela a dirigentes sindicales, siguiendo el plan de gobierno de la CONFIEP.

La luz verde al proyecto minero Tía María, de la SouthernCopperCorporation, es parte del afianzamiento del modelo extractivista que promueven las grandes corporaciones extranjeras. Afortunadamente, la lucha organizada del pueblo ha logrado que el gobierno retroceda en este tema, no obstante, queda pendiente la cancelación definitiva a dicho proyecto y otros.

Ahora que se sabe que el Congreso disuelto no envió la autógrafa de ley de la ampliación de la Ley de Promoción Agraria, que afectaría a los trabajadores del campo y favorecería a las agroexportadoras que llevan casi 20 años enriqueciéndose con sus “beneficios”, es la oportunidad del Gobierno de abstenerse de promulgarla y dar señales de un verdadero punto de quiebre.

Nuestra lucha, sin embargo, continúa. Por ello, tras la disolución del Congreso, el siguiente paso es la derogatoria del D.S. 345-2018 y el D.S. 237-2019 referidos a la política de competitividad y productividad. De igual manera, debe procederse a dejar sin efecto el D.S. 214 que pretende privatizar Sedapal y las empresas públicas, afectando a millones de peruanos.Disolvamos las leyes de la CONFIEP, que tanto daño hace al país.

Y, por último, para acabar definitivamente con las nefastas consecuencias de este modelo, sobre los trabajadores y sus familias, debemos avanzar en la construcción de una alternativa social, sostenible y democrática, del pueblo y para el pueblo, que permita devolver a la clase trabajadora sus derechos eliminados por los corruptos y explotadores.

 

GERÓNIMO LÓPEZ

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Política

Señor Presidente: los conflictos no esperan

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Señor Presidente: los conflictos no esperan

Qué duda cabe, que después de este telúrico momento político, el escenario va quedando cada vez más claro, Vizcarra se consolida legítimamente como Presidente Constitucional del Perú tras una disolución del Congreso, que todo indica, no tiene marcha atrás.

La comunidad internacional no ha cuestionado la trascendental decisión del Presidente, las fuerzas armadas y policiales lo respaldan, los gobiernos regionales y provinciales han hecho lo propio, y las movilizaciones populares dan cuenta de que tiene el apoyo de la ciudadanía.

Hoy nombró al nuevo gabinete ministerial y parece que la maquinaria empieza nuevamente a andar pese a una renuente Comisión Permanente que seguramente aún intentará “manotazos de ahogado” antes de resignarse a cumplir con su labor.

Esta crisis parece relajarse, y más allá de la adrenalina experimentada, necesitamos volver a los reales problemas que el Perú confronta desde hace mucho tiempo, sobre todo aquellos que se ubican al interior del país y están relacionados a complicados conflictos cuya solución ha quedado en stand by mientras ocurría la crisis con el parlamento. El tema es que estos conflictos no solo subsisten sino que se profundizan cada día que no reciben atención o respuesta.

Veamos, el Valle del Tambo ya lleva casi 80 días ininterrumpidos en pie de lucha contra el proyecto Tía María, sin ninguna respuesta clara del gobierno que por el contrario, se ha manifestado oscilante y ambiguo frente a esta disputa entre minera y población.

Las Bambas, es otro de los conflictos emblemáticos, aún pendientes de solución; si bien a inicios de este año con el Premier Del Solar se comenzó una etapa de diálogo, la misma parece haberse quedado trunca, varias de las sub mesas no han llegado a acuerdos concretos y la población durante estos días ha vuelto a tomar las carreteras como medida de protesta y desesperación ante el desinterés del gobierno y la empresa por solucionar las demandas.

Desde el pasado 7 de setiembre varios pobladores del distrito de Mara, provincia de Cotabambas, bloquearon el Corredor Minero del Sur, y pese a que el personal policial intervino para despejar la zona, ocurriendo varios enfrentamientos que han dejado incluso heridos, aún estas medidas de fuerza se mantienen hasta en tres puntos de dicho corredor.

La inestabilidad política impacta en estos procesos, la Ministra Paola Bustamante, quien hasta el momento lideraba el diálogo en este tema, ha cesado en sus funciones durante la crisis, quedando en la incertidumbre el desarrollo y avance de estas negociaciones. Por otro lado, la ratificación del Ministro Carlos Moran en la cartera del Interior, alguien que siempre ha apostado por la política de “mano dura” y represión en los conflictos, parece ser un síntoma de cómo se tiende a procesar estos asuntos en el periodo que inician.

El nuevo premier Vicente Zevallos, como un mensaje de tranquilidad no a la población, sino a la clase empresarial, ha reafirmado que la política económica “se mantendrá”, con lo cual queda claro que la promoción de la inversión privada va a seguir siendo la prioridad de este gobierno.

Sin embargo no extraña esta postura si tomamos en cuenta que desde hace varios meses se observa una fuerte tendencia a seguir favoreciendo los intereses empresariales; recordemos que en julio de este año, de manera intempestiva se aprobó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que no es sino la receta de la CONFIEP para promover inversiones, y que implica fuertes medidas contra los derechos laborales y la apertura a mayores privatizaciones.

En fin Señor Presidente, Ud. efectivamente tiene ganada la batalla política del momento, pero ahora le toca confrontar otra batalla, esta vez con la propia población, ésta que le ha dado su respaldo para afianzarse legítimamente en el poder, pero que no está dispuesta a ceder en sus derechos frente a los intereses de la clase empresarial que también intenta tomar por asalto este país.

 

MIRTHA VASQUEZ
Abogada de Aprodeh y Grufides | NOTICIAS SER

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