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Conflictos laborales y participación de utilidades

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Se debe reconocer que cada vez asume una mayor importancia en los conflictos laborales, los problemas provenientes de la participación de los trabajadores en las utilidades que distribuye la empresa en función de las utilidades imponibles o renta por distribuir, por la falta de credibilidad de los trabajadores en sus liquidaciones de utilidades.

Así, los representantes empresariales asumen que han distribuido la participación de acuerdo a ley, sea 10 % para los trabajadores de la industria, 8 % para los trabajadores de la minería y 5 % para los que laboran en las actividades de servicios.

De otro lado, los trabajadores que cada vez perciben una menor participación en las utilidades, a pesar de una bonanza o mayores ingresos y utilidades obtenidas por las empresas, se interrogan sobre esta contradictoria realidad: a mayores ingresos, utilidades crecientes, menores son las utilidades por distribuir a los trabajadores en la mayoría de las empresas. ¿Qué está pasando?

De allí, el natural conflicto y controversia entre las empresas y los representantes de los trabajadores de los diversos sectores de la actividad económica. Sean las empresas industriales por ejemplo de las bebidas (Backus & Johnston, Corp. Lindley), mineras (Poderosa, SPCC, Chinalco, Cerro Verde), papeles (Papelera Nacional, Protisa Perú), petroleras (Pluspetrol Norte, Pluspetrol Perú Corporation) por citar algunas.

Ello de por si debiera preocupar pues se levanta la duda, se genera suspicacia, se alimenta la falta de credibilidad sobre la naturaleza de la información económica financiera contenida en los estados financieros, balance general, estados de resultados, flujos en efectivo y cambios en el patrimonio. Esta realidad se agrava, cuando muchas empresas en una falta de transparencia y prepotencia se niegan a proporcionar la información económica requerida por los sindicatos.

APOSTAR POR LA TRANSPARENCIA

Si la mayoría de las empresas cotizarán en la Bolsa de Valores de Lima no habría problema alguno, pues la información económica financiera se podría bajar por internet y ser analizada con toda objetividad posible. Estudiar las memorias que expone el mensaje del presidente a sus accionistas, analizar los estados financieros y sobre todo las notas a los estados financieros, donde se explican en detalle las cuentas y partidas contables, es lo más que se puede conseguir en una economía moderna, que apuesta por la transparencia y las buenas prácticas empresariales.

Pero es tan insignificante el número de las empresas que están registradas en la bolsa, y tan pequeño el monto que se transa al día que estamos a punto de ser descalificados como país emergente, pues en el ranking que ocupamos estamos muy por debajo de lo que se cotiza y se negocia en acciones en relación a Chile y Colombia. Prácticamente en la Bolsa de Lima, el grueso de los valores de las acciones que se transan está constituido por los papeles de las empresas mineras. Por tanto, ¡Si se cae la rentabilidad de las mineras se derrumban el valor transado!

Lo que es peor muchas empresas se niegan a proporcionar la información económica financiera a los sindicatos violentando el mandato legal de la ley de las negociaciones colectivas que obliga entregar dicha información a los sindicatos con 90 días de anticipación con el objeto de preparar lo mejor posible sus petitorios y demandas laborales; es más muchas empresas prefieren pagar las ridículas multas que impone el estado a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, antes que entregar información alguna.

En estas circunstancias no debiera extrañar la extensión del malestar, resentimiento de los trabajadores hacia la empresa y sus representantes, cuestión que atenta contra el buen clima y confianza mutua que debiera existir entre el capital y trabajo, en el marco de lo que se llama las ganancias compartidas, el “gana, gana”

GANANCIAS COMPARTIDAS

Resulta razonable si una empresa que se capitaliza, que obtiene mayores ingresos anualmente, que aumenta su participación en el mercado, o que incluso se constituye en un monopolio como la cervecera Backus & Johnston, que expone un fortalecimiento patrimonial, con un aumento continuo de los activos fijos y las inversiones debiera distribuir mayores utilidades a sus trabajadores.

Es más, si las utilidades operativas obtenidas anualmente aumentan de manera consistente, mayores debieran ser los montos por distribuir a los trabajadores, pero lamentablemente ello no sucede por las distorsiones que provocan las llamadas partidas deducibles que se consideran gasto tributario.

Por ello, la utilidad antes de impuestos según el estado de resultados que antes se denominaba “estado de ganancias y pérdidas” casi nunca coincide con la utilidad imponible, en razón de todas aquellas partidas deducibles como gastos. En verdad, existen tantas partidas consideradas como gastos deducibles que la Sunat cada vez recauda menos.

Todo ello al margen de las decisiones empresariales que puedan afectar el costo de ventas, como los abonos que se puedan hacer a empresas de servicios de terceros que muchas veces son empresas hermanas o con algún nivel de vinculación. De allí, la necesidad de analizar las partidas de cuentas por pagar, sobre todo si son empresas vinculadas, pues lo que constituye egreso de capital para una, constituye ingreso para la otra empresa vinculada.

En fin, todo queda en casa, “de un bolsillo pasa a otro bolsillo”, afectando los intereses de los trabajadores en las utilidades por distribuir, y del propio estado por los menores ingresos por concepto del impuesto a la renta, ello explica en parte la drástica disminución de la presión tributaria que en 2017 ha llegado a los más bajos niveles de los últimos veinte años.

Igualmente debiera interesar las deducciones que se hacen respecto a las depreciaciones y amortizaciones que se cargan al costo de venta y gastos administrativos y de ventas, que no constituyen salida de dinero de la empresa, pues constituyen recupero de valores, por las inversiones realizadas en activos como maquinaria, equipo, y otros.

En tal sentido a mayores y crecientes inversiones mayores serán los montos por deducir por concepto de depreciaciones. En teoría se puede deducir hasta un porcentaje (20%) en caso de maquinaria, para reponer el equipo gastado. Cuando se llega al 100% de la recuperación, la empresa está en capacidad de decidir la reposición de la maquinaria, pues ha generado y deducido un valor para reponer el equipo gastado.

Sin embargo ello no necesariamente sucede así, si la maquinaria ha recibido un buen mantenimiento, y el valor de uso puede estar asegurado por un largo período. Sirva de ejemplo el caso de las empresas eléctricas con las turbinas de generación que pueden tener más de 30 años de antigüedad, y seguir operando o estar en la reserva pero igualmente ese capital es remunerado por el sistema, es decir por todos los usuarios en las tarifas eléctricas.

En resumen, son tantas y tan variados los mecanismos que se aplican para disminuir la utilidad imponible mediante una serie de deducciones y beneficios tributarios que los trabajadores se sienten burlados por un sistema que privilegia los beneficios del capital y las inversiones a costa de los trabajadores y los consumidores.

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Política

Keiko y su fiscal atentan contra la democracia con su afán de venganza

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Pedro Gonzalo Chávarry y Keiko Fujimori

La apertura de una investigación preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, el congresista Carlos Bruce y otros legisladores y funcionarios, por la presunta compra de votos con prebendas para evitar la vacancia de Kuczynski, dio la razón a los analistas y medios de prensa que anunciaban una operación venganza ordenada por la “Señora K”.

El tema fue analizado por parlamentarios de diversas tendencias y analistas entrevistados por Diario UNO, como Carlos Monge, quien dijo que Chávarry funciona como una suerte de peón del fujimorismo, en este juego de poderes con el Ejecutivo, porque sirve a los objetivos de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, al apuntar contra el presidente Martín Vizcarra como meta de su afán de venganza.

Recordó que Chávarry ya abrió investigación al exministro Alfredo Thorne por el caso de Chinchero, que es un pretexto porque su objetivo real es Vizcarra, por su papel en el tema cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Y ahora se pone la puntería no en Bruce y otros, sino en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, entonces queda claro que en el movimiento de piezas de la Fiscalía de la Nación, en este caso Chávarry, está apuntando a Vizcarra”, manifestó.

Martín Vizcarra Cornejo con la gente

CHANTAJE

Indicó que es una suerte de chantaje o de venganza por la manera cómo el presidente Vizcarra ha arrinconado al fujimorismo y lo ha derrotado políticamente, en esta puja en torno a las reformas porque lo ha obligado a hacer lo que no querían y se ha partido la bancada por primera vez desde la salida de la facción de Kenji que votó de manera diferenciada.

“Entonces es una venganza por esa derrota política y es también un chantaje diciéndole ‘la próxima que me pongas contra las cuerdas te puedo vacar’. Ahí las palabras del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, vuelven a cobrar toda su significación cuando él mencionó que constitucionalmente esa era también una posibilidad”, dijo.

“Además hay que recordar que Rosa Bartra, en declaraciones en referencia a la Comisión Lava Jato apuntó a PPK, pero mencionó que Vizcarra también podría estar considerado”, advirtió.

MAFIOSOS

“Fuerza Popular está sumamente penetrado por mafias de todo tipo y por dineros ilegales, porque ese es el fondo de la cuestión, lo que está en juego. Porque la alianza del Apra con el fujimorismo es el acuerdo de dos grupos mafiosos, que a su vez están montados sobre intereses mafiosos en la sociedad y viven en permanente colusión con grupos mafiosos al interior del Estado”, añadió.

Asimismo, destacó que esta situación de un Estado y un sistema político profundamente corrompidos, es lo que desacredita totalmente a la democracia a los ojos de la gente, entonces quien contribuye y defiende ese estado de las cosas se convierte en un enemigo claro de la democracia.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

VENGANZA DE KEIKO

Maritza García, parlamentaria No Agrupada, declaró que le parece mucha coincidencia, una reacción, un contraataque del fiscal Chávarry contra el informe del parlamentario Sheput, al que pretende desmerecer y debilitar con esta acusación sin sentido.

En el caso de ella y de sus colegas que renunciaron a Fuerza Popular los están procesando, abriendo investigación por no haber votado de manera uniforme con Fuerza Popular y por haber viajado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo cual no es delito, y lo han hecho también los congresistas keikistas.

“Es insólito, este es un acto de venganza de Keiko Fujimori con la finalidad de intimidar a la ciudadanía porque finalmente esto va a terminar con presos políticos, ella lo que está buscando es intimidar a la ciudadanía”, afirmó.

Maritza García resaltó que lo que se viene acá es una crisis política terrible y dijo que va a tener que empezar a buscar las garantías que el caso corresponde para no dejarse avasallar en sus derechos fundamentales.

SIGUEN VIZCARRA Y ARÁOZ

La parlamentaria indicó que lo que a los peruanos nos debe quedar claro es que hay una serie de actos sistemáticos que ya están planificados y se van desarrollando de manera secuencial hasta llegar al objetivo final.

“Claramente lo advertí hace mucho tiempo cuando estaba dentro de la bancada, que ya se escuchaban voces que no se iba a dejar trabajar al en ese entonces presidente Kuczynski, que tenían que bajárselo; que el objetivo final del fujimorismo es preparar el escenario político para las elecciones del 2021, copar las instituciones del Estado y ganar a la fuerza”, aseveró.

Además, dijo que estos son actos planificados, primero vacar a PPK, después Vizcarra y luego a Mercedes Aráoz, porque ya lo estamos viendo con este acto de Chávarry, para dejarle la posta a Keiko Fujimori, pero antes a quien sea el presidente de turno en el Legislativo, en el momento que se desate la crisis política.

AUTORA INTELECTUAL

“Ahora queda accionar legalmente, porque aquí hay una autora intelectual que es la ‘Señora K’, porque ella es la que está utilizando las instituciones del Estado y está cobrando venganza mediante instituciones como el Ministerio Público, lo cual es grave porque un fiscal de la Nación no se puede utilizar para una venganza política”, denunció García.

“A Pedro Chávarry se le está investigando como cualquier otro funcionario que en el ejercicio de sus funciones cometa alguna infracción constitucional en la comisión de un delito”, dijo.

La congresista apuntó que si Chávarry se hubiese apartado del cargo de manera prudencial para ser investigado no se hubiera llegado a este informe de Juan Sheput. “Pero él ha provocado esta situación porque se ve protegido por Keiko Fujimori y por la bancada de Fuerza Popular”, agregó.

HAY UNA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político afirmó que la medida tomada por Chávarry es una respuesta política al informe de Sheput, porque el problema es que mientras no renuncie o no separen al fiscal de la Nación, esta guerra va a seguir, por eso el Congreso debería actuar de manera rápida y separar a Chávarry.

Refirió que mientras más tiempo se demora una reacción del Parlamento respecto al titular del Ministerio Público, uno puede sostener que efectivamente hay una relación entre el fujimorismo y el fiscal, por eso al Congreso le conviene.

“Lo que está quedando claro es que no basta el tema del referendo para terminar con la corrupción, eso tiene que enfrentarse de manera decidida por el Gobierno, esto tiene que terminarse y yo noto por parte del Ejecutivo una debilidad en este punto. Tiene que opinar políticamente, no basta con hablar del referendo”, enfatizó.

“Una posibilidad es que esto termine en una guerra abierta, unos por la vacancia y otros por el cierre del Congreso y en ese sentido, pedir que se investigue a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, porque si efectivamente logran vacar a Vizcarra y a Aráoz, el presidente de la República será el titular del Congreso, por eso creo que tiene que haber una solución rápida porque esta es ya una guerra de desgaste que afecta tanto a unos como a otros”, agregó.

USO INDEBIDO DEL PODER

Por su parte, Alberto Quintanilla, parlamentario de Nuevo Perú, señaló que este es un uso indebido del poder, porque es un desatino la decisión del fiscal Chávarry de reaccionar de inmediato después de haber hecho público su informe Juan Sheput.

“Se ve como venganza política que ilegitima la acción del Ministerio Público. Él ha debido actuar con mayor prudencia y buscar mayor distancia e imparcialidad, lo cual ratifica que debe irse”, añadió.

“Creo que hay una suerte de venganza por parte del fujimorismo en alianza y a través de Chávarry, lo cual debería dejarse de lado. Pero ellos no entienden que la democracia también significa ciertos límites en la contienda política, no es un sálvese quien pueda y el todo vale. Porque existen límites éticos y políticos”, agregó el legislador.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Aráoz y Bruce seguros de que es una represalia

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Mercedes Aráoz - Carlos Bruce

La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce coincidieron hoy en que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, usa su cargo para venganzas políticas, al criticar la investigación preliminar que les inició dicha autoridad.

Aráoz cuestionó que a horas de conocerse el informe del legislador oficialista Juan Sheput recomendando destituir e inhabilitar a Chávarry, este abriera “una investigación sin sustento” que tiene por evidencia un viaje de supervisión de obras hecho con varios congresistas.

“Es claro que la Fiscalía es usada como instrumento de venganza política”, escribió en Twitter.

Por su parte, Carlos Bruce consideró que “es una coincidencia bien rara” que Chávarry anunciara la investigación justo después del informe de Juan Sheput.

Dicha pesquisa, que tiene aún condición de preliminar, incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce, Marvín Palma, Maritza García y Lucio Ávila.

Además, les atribuye presunto cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

“Es un delito usar su cargo para vendettas políticas (…) Esto se llama usar el cargo para finalidades políticas y defenderse de acusaciones que está teniendo”, dijo Bruce indignado.

El parlamentario calificó de apresurada la investigación llevada a cabo por Chávarry.

“Se me incluye en la investigación por haber viajado a Tumbes con la primera ministra y congresistas. Todos sabemos que los ministros viajan todas las semanas y eso no tiene nada de malo, pero yo nunca viajé a Tumbes, el viaje que me atribuyen es falso”, aseveró.

“Esto demuestra lo apresurado con que han armado el documento como una reacción al informe de Juan Sheput”, añadió el congresista.

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Política

Fiscal Chávarry arremete contra informe que plantea destituirlo

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Pedro Gonzalo Chávarry

El fiscal Pedro Chávarry arremetió ayer contra el informe del congresista Juan Sheput que lo acusa de presuntas infracciones constitucionales y recomienda su destitución, la que se ha convertido en un clamor nacional, al que solo se opone el partido fujimorista Fuerza Popular (FP), cuyo respaldo hace que el personaje se aferre al cargo sin rubor alguno, pese a que el país entero demanda su retiro.

Chávarry intentó desacreditar el informe presentado por Sheput a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que fue considerado como lógico primer paso a la destitución del fiscal cuestionado por sus relaciones estrechas con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y a quien la bancada fujimorista y la propia Keiko Fujimori protegen.

“El informe de Sheput colisiona con la Constitución. Su motivación es subjetiva, por lo tanto, bajo el criterio de conciencia usado por el Tribunal Constitucional, deberá ser rechazado en el marco de un estado constitucional de derecho”, sostuvo Chávarry en un mensaje de Twitter.

Agregó que “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe rechazarlo pues, sin mayor argumento, pretende destituirme del cargo de Fiscal de la Nación, yendo contra la legalidad”.

“QUE DIGA LO QUE QUIERA”

En la misma red, Sheput descartó contestarle pero escribió un mensaje que tácitamente señala que no va a retroceder ante los ataques de Chávarry y solo señaló que este “puede decir todo lo que crea conveniente. Está en su derecho. Lo mismo hicieron todos los otros implicados tanto del CNM como del Poder Judicial”.

“Yo solo me pronunciaré en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, añadió, en referencia a la fundamentación del informe que debe hacer dentro de los plazos legales establecidos.

En su informe, Sheput plantea la destitución de Chávarry y su inhabilitación por diez años, lo que significa que, de aprobarse la acusación, no podrá ser fiscal ni ocupar ningún cargo público, por ser autor de graves infracciones a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución.

Según el procedimiento establecido, el informe del parlamentario oficialista tendrá que debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la próxima semana. Si en esta instancia fuera aprobado, se trasladará el informe a la Comisión Permanente para un nuevo debate.

TREMENDO EXPEDIENTE

Según un reciente informe del portal de investigación Wayka, Chávarry inició su carrera en el Ministerio Público como fiscal provincial en setiembre de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, a quien se le ha vinculado desde aquella época, aunque alega que la versión es falsa.

La fuente indica que 1994 ascendió a fiscal superior en mayo de 1994, bajo el mando de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien usaba el Ministerio Público como herramienta del régimen dictatiorial de Alberto Fujimori y recibía por ello diez mil dólares mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), instrumento de corrupción y represión manejado por Vladimiro Montesinos.

Nélida Colán terminó presa hasta 2008, condenada por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito, debido a que se negó a investigar a Montesinos por presuntos cobros de cupos al narcotráfico y por el ‘vladivideo’ en que aparecía sobornando al excongresista Alberto Kouri, cuya difusión precipitó el desmoronamiento de aquel régimen y la fuga y renuncia por fax de Fujimori desde Japón.

Chávarry llevaba unos meses como fiscal, cuando, en agosto de 1994, fue nombrado secretario general de la Fiscalía de la Nación, es decir estrecho colaborador bajo el mandato de Blanca Nélida Colán, operadora de Montesinos, y sus críticos señalan que hoy utiliza los métodos de su jefa y mentora, los que habría puesto al servicio del fujimorismo.

MENTIRAS

En julio 2002, tras la caída de ese gobierno Chávarry tuvo que dejar el Ministerio Público por no haber sido ratificado, lo que equivale a ser expectorado o declarado tácitamente indeseable

Chávarry se dedicó entonces a la actividad privada y en marzo de 2003 fue abogado del empresario peruano James Stone Cohen, traficante de armas que formaba parte de la mafia de Montesinos y al que defendió durante tres años, lo que ha negado, diciendo que fue solo consultor.

Haber mentido reiteradamente, por cierto, es otra de las causas por las que Chávarry, para la mayoría de los partidos y ciudadanos, debe renunciar, por no cumplir el requisito de imagen impecable que se exige para ser fiscal de la Nación.

En 2007, ¡oh casualidad!, con García nuevamente en el Gobierno, fue reincorporado como fiscal superior titular, beneficiado por un acuerdo de solución amistosa con el Estado, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

Al parecer, tras volver al Ministerio Público, Chávarry no abandonó sus acciones cuestionables, pues en abril de 2017, ya como fiscal supremo, emitió una resolución que dio impunidad a condenados por corrupción en la Caja de Pensiones Militar Policial, por un presunto desfalco durante la dictadura, recuerda Wayka.

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