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Con la familia no se juega

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La organización social más cercana al ser humano indiscutiblemente es la familia, y además forma parte de ella, por lo cual las legislaciones del mundo en general la protegen, aunque tenemos que reconocer que el concepto de familia no es el mismo en todas las culturas y credos.

En el Perú nuestra Constitución reconoce a la familia y al matrimonio “como institutos naturales y fundamentales de la sociedad”, agregando que “es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos” y estos últimos “tienen el deber de respetar y asistir a sus padres”, así como también tienen los padres el derecho “de escoger los centros de educación”.

En adición a lo señalado, el Código Civil determina que “la regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y normas proclamadas en la Constitución…”

Siguiendo el derrotero señalado en la Constitución y en el Código Civil, en el año 2005 se dictó la Ley 28542 con la finalidad de “fortalecer el desarrollo de la familia como fundamento de la sociedad y espacio fundamental para el desarrollo integral del ser humano, basándose en el respeto de los derechos fundamentales y las relaciones equitativas entre sus miembros”. En la misma norma se fijaron políticas públicas y acciones para la protección de la familia.

Teniendo en consideración lo aludido en el párrafo anterior, causó extrañeza -por decir lo menos – que el Gobierno, supuestamente autorizado para ello por ley de delegación de facultades, dictara el Decreto Legislativo 1408 derogando innecesariamente la Ley 28542, sustituyéndola por perniciosa normatividad en que dispuso el “…fortalecimiento de familias democráticas” así como su promoción “…con relaciones igualitarias entre sus integrantes”.

El desatino fue enorme y obligó que a que a menos de una semana de su publicación, se dictase un nuevo Decreto Legislativo, el 1443 que lo modificó quitándole el veneno de lo de la “familia democrática”.

Pese a que ya se le puso antídoto al veneno, conviene recordar que los Decretos Legislativos que se expiden por la delegación de facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, son aprobados previamente en el Consejo de Ministros, lo que demostraría que no se toman allí las cosas con seriedad y que hay ministros que no se dan cuenta de lo que firman, lo que también pasó con el Presidente de la República.

Lo de la “familia democrática” indiscutiblemente fue un contrabando que le metieron al Gobierno desde el Ministerio en que se preparó el cuestionado Decreto Legislativo, lo que aparentemente hasta ahora no ha sido investigado, y que será menester que el Parlamento al fiscalizar los Decretos Legislativos consiga esclarecer el estropicio, así como sus motivaciones.

La familia no es democrática, lo pueden ser los partidos políticos, las organizaciones en que se eligen a sus representantes, pero de ningún modo las familias, en que hay un orden, no solo de precedencias sino de autoridad, pues para educar a los hijos tiene que haber autoridad, y las cosas del hogar no se discuten ni con los menores hijos ni menos se ponen a votación.

Ojalá que a los autores del desatino no se les ocurra mañana decir que la Policía y las Fuerzas Armadas son democráticas. Pues no señor, son absolutamente piramidales, en que los de rango inferior tienen deber de obediencia frente a los de rango superior.

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Política

Escándalo en la Comisión Especial que elegirá a integrantes de la JNJ

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Pedro Patrón Bedoya

“Desgraciadamente nosotros ya lo habíamos advertido. Dijimos que así como se está llevando el proceso antes de que se hicieran las bases, nosotros como IDL dimos unas recomendaciones a la Comisión Especial, con mucha anticipación, pero no las tomaron en cuenta”, dijo Luis Purizaga, coordinador del Área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Nos parece terrible que hayan pasado seis meses del proceso y que al final hayan quedado tres postulantes. Eso nos está mostrando una cosa: o que el proceso de selección está mal hecho o que la Comisión Especial no está a la altura del encargo que se les dio”, afirmó.

“Ante esta situación hay que repensar todas las bases del concurso. Por ejemplo, establecer un nuevo criterio de evaluación. Si el problema que estamos viendo ahora es la etapa de evaluación. Además hemos visto que se hacen las mismas preguntas para todos los postulantes. Esto no es correcto”, observó.

HOJAS DE VIDA NO SON ANALIZADAS

“Hay preguntas que son uniformes. Las preguntas deben ser en función a la realidad y a la trayectoria del postulante por separado. Si nosotros uniformizamos las preguntas para todos, sin tener en cuenta la particularidad de cada uno de los postulantes, perderemos el detalle. Esto es lo que ha pasado con el señor Patrón, por ejemplo”, explicó.

“Como no hay un orden se le preguntó al señor Cuba sobre sus otros trabajos, al señor Dumet con respecto a su labor en el Tribunal Constitucional y al señor Patrónno se le preguntó, por ejemplo, en su desempeño como viceministro en el primer gobierno de Alan García y como secretario económico en el Ministerio de Educación en el segundo gobierno de Alan García”, puntualizó.

“No hay un análisis de la hoja de vida de este señor, que tiene una relación estrecha con el Partido Aprista. Se le hizo una pregunta en ese sentido al señor Patrón, no se le hizo”, enfatizó Purizaga.

SE HA PERDIDO MUCHO TIEMPO

“Eso es lo que nos llama la atención. Esto indica que no se establece con claridad qué es lo que se va a preguntar, además los mismos miembros de la Comisión les pedían que sean puntuales. Mire, a nosotros eso nos preocupa, primero porque se ha perdido tiempo, casi seis meses; no tenemos a ningún miembro de la JNJ elegido”, especificó.

“La Comisión Especial no ha sabido recoger las recomendaciones que le dimos, y no somos la única institución que se las dio; sabemos que Transparencia también le alcanzo recomendaciones”, subrayó.

“Creo que se tiene que revaluar o cambiar la Ley Orgánica y en función de eso hacer un cambio de las bases. Y en el caso del señor Patrón creo que hay un claro conflicto de intereses, esto está clarísimo y no debe juramentar”, aclaró.

ALGO MÁS

Sobre el antecedente del señor Patrón. La Comisión Especial dijo que era un dato nuevo, entonces no se entiende si se trató de una omisión, de pasar una información incompleta y sobre su juicio hay que decir que el proceso sigue. Allí hay una falta muy grave y esto tiene que definirlo la Comisión Especial, porque se les pasó. Si no hubiera sido por las prensa tendríamos al señor Patrón juramentado”, concluyó Purizaga.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Caso se resolverá en el más breve plazo

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Walter Gutiérrez

La Comisión Especial encargada del concurso público para la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia resolverá el caso del abogado Pedro Patrón Bedoya en el más breve plazo posible, informó el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez.

Según dijo a la prensa en una declaración pública, la comisión recogerá información sobre el proceso penal que Patrón tendría pendiente en la Corte Suprema por el delito de falsedad ideológica en agravio del Jurado Naciona de Elecciones.

“Hemos recibido información relevante que necesitamos contrastar, es por eso que nos hemos visto en la obligación de suspender la proclamación de la designación del doctor Pedro Patrón Bedoya”, dijo Gutiérrez.

La información que recojan sobre este tema será trasladada a Patrón Bedoya para que formulé los descargos correspondientes, añadió.“Esta información la tenemos que contrastar y lo haremos en el más breve plazo”, manifestó.

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Política

Dice no cobró doble pensión del Estado

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Junta Nacional de Justicia (JNJ)

“Por supuesto que tengo que seguir”, manifestó Pedro Patrón Bedoya en declaraciones a la prensa brindadas tras suspenderse la ceremonia de juramentación como miembro de la JNJ luego de conocerse que tiene un proceso penal en la Corte Suprema por el delito de falsedad ideológica al haber presuntamente cobrado doble pensión del Estado.

Patrón negó haber cobrado doble al Estado y precisó que el año 2007 presentó una declaración jurada informando que no cobraba ninguna pensión a entidades públicas.

Indicó, además, que el proceso penal iniciado en su contra por este tema ya prescribió hace tres años, pero los procuradores del Estado han presentado algunos recursos legales para mantenerlo abierto.

“De cualquier manera veremos que se hagan las comprobaciones correspondientes y estoy absolutamente seguro de que este asunto se va a aclarar”, manifestó.

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