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Con el pueblo soberano no volverá el pasado

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Lo que acontece en la hermana República de Nicaragua es un asunto que le concierne a toda Nuestra América y marcará el futuro de la patria grande en forma decisiva.

El Gobierno Sandinista es reelecto en 2016, con el 72.5% de los votos, respaldado por el pueblo organizado que elige seguir adelante con el programa de diálogo y desarrollo soberano, con el que ha logrado avances significativos en la vida de las personas, en la economía nacional y en las instituciones democráticas. Se plantea entonces desafíos cruciales para afianzarlo e importantes mejoras pendientes por realizar. Pero Estados Unidos busca boicotearlo. Daniel Ortega es un obstáculo en la urgente necesidad imperial de recuperar como patio trasero al conjunto de Nuestra América. Trump quiere responder con el garrote a la creciente multipolaridad global en la cual ha perdido posiciones y recursos.

De pronto, en los últimos dos meses, en Nicaragua se registran más de 178 asesinatos. Se impone la violencia fascista en sectores específicos del territorio: secuestros, torturas, humillaciones y muertes brutales. Locales públicos y domicilios son saqueados e incendiados. Grupos irregulares de pandilleros que reciben dinero, armas, drogas y alimentos, buscan imponer el terror para desorganizar la nación. Estas bandas delincuenciales levantan “tranques”: barricadas que cortan la circulación en las principales vías y carreteras del país, desde donde perpetran sus crímenes de odio: torturando a detenidos indefensos, incendiando y profanando cadáveres y otras atrocidades.

Las redes sociales difunden los crímenes tergiversando los hechos y ocultando a los responsables reales de los mismos. La radio, la televisión y la prensa derechista difunden falsedades para provocar pánico, con el objetivo de que la mentira genere odio, este produzca culpa y lleve a una histeria colectiva que desorganice la sociedad y el poder, de forma que el Gobierno se vea obligado a sacar a las Fuerzas Armadas a las calles para imponer el orden con acciones militares, y así generar las condiciones de crisis nacional para una intervención militar extranjera.

Mientras que, por acuerdos de la formada Mesa Nacional de Diálogo, la policía se mantiene replegada en sus cuarteles, se la presenta como autora de los operativos de liquidación. La realidad es que estos delitos los realizan grupos vandálicos, al estilo de las maras centroamericanas. Todo lo cual ha sido reconocido por varios de sus líderes detenidos, como Christian Josué Mendoza Fernández, cabecilla conocido como VIPER quien fue capturado por la policía nicaragüense el 31 de mayo, mientras se escondía en la Universidad Politécnica de Nicaragua, donde inició todo el operativo.

Existen diversos testimonios y pruebas de las investigaciones del Congreso Nacional, y de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, que los medios sometidos al complot golpista ocultan, y que extrañamente algunos organismos nacionales e internacionales evaden tratar o siquiera mencionarlos.

Esta brutal arremetida tiene una explicación, que se quiere ocultar. Está en curso de aplicación en la Nicaragua de Sandino, una maniobra injerencista en el marco de imponer la política imperial de EEUU para América Latina. Esta pretensión imperial será derrotada ante las inmensas perspectivas abiertas para América Latina.

Pese a los afanes imperiales de Trump en la hermana Nicaragua, el Gobierno Sandinista, el pueblo y sus instituciones nacionales dan pasos firmes para lograr una solución adecuada. Para ello son claves el diálogo democrático y la reconciliación nacional, a fin de ganar la paz. Esta es la vía que señalan el Estado y el Gobierno de Nicaragua, junto con el pueblo y las diversas instituciones y organizaciones sociales. Eso será lo que permitirá derrotar a quienes quieren secuestrar el alma, el corazón y la razón de la gente, a medida que se vaya revelando la verdad sobre las muertes y los responsables de esta arremetida asesina intervencionista, y se sancione a los culpables.

Hagamos votos y unamos voluntades para afirmar la unidad y solidaridad del pueblo de Nicaragua con toda nuestra América Latina, Caribeña, Andina y Amazónica. En estas horas difíciles, llenas de sombras y amenazas, mientras enfrentamos grandes desafíos nacionales y continentales, estamos convencidos de que, como decía la vieja consigna, “No volverá el pasado” y que la Revolución Sandinista seguirá su curso, defendida por su pueblo soberano.

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Política

Ley de Financiamiento favorece la impunidad

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Rosa María Bartra Barriga

Esta nueva Ley de Financiamiento es muy controvertida, tan es así que Pier Figari, uno de los involucrados en el caso cocteles de Keiko Fujimori, ha pedido al fiscal Domingo Pérez que adecúe su proceso a la norma.

Lo peligroso de esta ley, es que los partidos pueden ser financiados con dinero proveniente de la trata de personas, la prostitución o el narcotráfico, pero estos hechos, pueden ser considerados financiamiento ilícito y no lavado de activos.

Es decir: en vez de recibir penalidades entre los 10 y 20 años de cárcel, obtendrán entre 2 y 8 años, favoreciendo, como se puede ver, la impunidad y el ‘no pasa nada’ en las organizaciones criminales infiltradas en los partidos.

Esto se debe evitar porque es inconcebible que los personajes elegidos lleguen a los poderes Ejecutivo y Legislativo con dinero sucio, oscuro, que, a la postre, le pasarán la factura como hizo la constructora brasileña Odebrecht.

ES UN TIPO PENAL NUEVO

El abogado Juan José Quispe, de IDL, se refirió a la Ley de Financiamiento Ilegal de Partidos Políticos, diciendo que es un tipo penal nuevo, similar al lavado de activos, pero que no es lo mismo.

“El dinero que viene para financiar a los partidos políticos se parece al lavado porque es de procedencia ilícita, dudosa. La diferencia con el lavado de activos es que el lavado de activos tiene otros componentes como la transferencia y ocultamiento y esto no lo tiene el financiamiento ilícito”, explicó.

Precisó que esta nueva ley ha servido de globo de ensayo contra la Fiscalía, en donde se pretende sostener que los casos que se le siguen a los implicados en caso de lavado de activos, son solo financiamiento ilícito.

“Por qué quieren eso -se preguntó y respondió-, porque la pena es menor:

entre los 2 y 8 años. La norma procesal establece que cuando hay una ley que se promulga y publica en el diario oficial El Peruano, es una ley que debería aplicarse por cuanto la Constitución Política del Estado avala la retroactividad”.

PÉREZ DEBE RECHAZARLA

Como es posible que el fiscal José Domingo Pérez declare infundado los argumentos de financiamiento ilícito, porque son delitos de lavado de activos, es también posible que vayan a la tutela de derechos ante el juez de investigación preparatoria, con el pretexto de que garanticen sus derechos constitucionales, para que se pronuncie y se cambie el tipo penal, dijo el jurista.

“Esto quiere decir que cuando vayan al juicio oral les pongan un máximo de 8 años. Esto es lo que ha hecho Pier Figari y que seguramente van a hacer los otros procesados por lavado de activos”, señaló.

“Es absolutamente absurdo que Figari y los demás digan que han cometido financiamiento ilegal cuando, por las pruebas que hay, han realizado lavado de activos; o sea, desde mi perspectiva no se adecúa a la nueva ley, por lo que el fiscal y el juez deberían declarar infundado”, puntualizó.

VIZCARRA NO LA OBSERVÓ

“Esta ley la promulgó Vizcarra. Acuérdese que el Congreso, de todos los proyectos de ley, aprobó un grupo que promulgó Vizcarra, que muy bien pudo observarla y devolverla, porque el Presidente tiene esa facultad. Tiene 15 días para observarla y devolverla. Pero no lo hizo”, recalcó.

“Aunque no nos guste, pero lo cierto es que fue un grave error del señor Vizcarra el aprobar y promulgar la ley, cuando pudo observarla. Hay que resaltar que como todos los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, la Comisión de Constitución lo que ha hecho es deformar los proyectos de ley del presidente Vizcarra”, anotó.

Lo que buscan los partidos políticos es acogerse a esta nueva ley, porque no solamente recibieron el dinero sino que no figuró en las actas de ingreso y sirvió para otras actividades de transformación, ocultamiento, comentó.

Este es el caso de Fuerza Popular que lo utilizó para comprar votos, ganarse a los votantes, a través de actos dudosos y contrarios a un correcto tema electoral. O sea, comprar y regalar polos, tapers, en fin; cosas que no son propias de un partido político en una democracia en que se imparten ideas, enfatizó.

UN DINERO MAL HABIDO

“El dinero puede venir de la trata de personas, de la prostitución, del narcotráfico; y, hasta cierto punto, hasta antes de la promulgación de esa ley, una persona metida en esos asuntos ingresaba de lo más normal al partido político”, expresó.

“Ahora, ese dinero ilegal va a ingresar, pero la sanción es leve. Se ha debido poner penas altas, para que ni el financiamiento, ni los actos de transformación u ocultamiento, que sería lavado de activos; por ello, ambos deberían tener penas altas, para que las organizaciones políticas no reciban dinero mal habido”, advirtió.

“Porque sino los Oropeza, la banda de Los Injertos, etc., pueden estar dando dinero, como Odebrecht, y esto no debe suceder, no se debe permitir; esos delitos deben ser sancionados con la mayor rigurosidad, porque los partidos políticos llegan finalmente al poder y no deben hacerlo con dinero sucio”, subrayó.

ALGO MÁS

“Creo, finalmente, que en modo alguno deben aplicar los fiscales y jueces, esta ley de financiamiento ilegal, porque le hace mucho daño a la lucha contra la corrupción”, concluyó el abogado Quispe de IDL.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Técnicamente, es factible adelantar elecciones

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra sostuvo ayer que técnicamente es factible el adelanto de elecciones como lo han señalado los organismos electorales ante la Comisión de Constitución del Congreso, y dijo confiar en que el pleno resuelva la reforma en setiembre. Vea aquí la galería fotográfica

Recordó que esta semana se presentaron ante la comisión los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)

“Lo han dicho las instituciones encargadas de llevar adelante el proceso, adicionalmente están pidiendo opiniones de constitucionalistas que dicen que no hay problema”, refirió el Mandatario desde Moquegua.

SALUDÓ INICIO DEL DEBATE

Saludó también el inicio del debate de la reforma, el 3 de setiembre, en la Comisión de Constitución, aún cuando fue presentada por el Ejecutivo el 29 de julio, y dijo esperar que en setiembre se concluya con un pronunciamiento en el pleno.

“No solo es la propuesta del Ejecutivo para salir del ‘entrampamiento’ político, la respalda también la población”, refirió tras participar en la segunda conferencia sobre defensa y gestión del riesgo de desastres en la Macrorregión Sur.

“El Congreso está tocando el tema y está avanzando al respecto. Esperemos que en los próximos días y antes que concluya el mes de septiembre finalmente se llegue a la decisión del pleno del Congreso”, enfatizó el mandatario.

Comentó además que son por lo menos ocho las bancadas parlamentarias que han dado a conocer su posición en favor del adelanto de elecciones, con seis de las cuales se ha reunido.

APOYA A LA FISCALÍA

“Creemos que en función de que se analice el tema, sin apasionamientos, con tranquilidad y responsabilidad, el Congreso aprobará la reforma”, apuntó. Reiteró que la propuesta de adelanto de elecciones permite salir del “entrampamiento” político.

Finalmente, sobre la denuncia del fiscal José Domingo Pérez, respecto a “actos de infiltración” en el trabajo que realiza el equipo especial Lava Jato, el presidente dijo que le corresponde al Ministerio Público “tomar las medidas para evitar que esto suceda”.

Aseveró que el Ejecutivo respeta y respalda las decisiones que tome la Fiscalía, pues son conscientes de la independencia de poderes.

ALGO MÁS

“Esta semana se está avanzando con el debate y confiamos que en setiembre deberá haberse superado este tema”, insistió.

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Política

MTC gana arbitrajes y evita pagar más de S/ 370 millones

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Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de su procuraduría pública, ganó diversos procesos arbitrales contra empresas investigadas por el caso del “Club de la Construcción”, logrando anular sentencias y evitando el pago de más de 370 millones de soles.

En ese sentido, gracias a este trabajo, que se inició en el año 2017, evitó que este monto sea pagado a diversas empresas que utilizaron al arbitraje como un mecanismo para obtener beneficios económicos no contemplados en la relación contractual y las normas de contratación pública.

Asimismo, este dinero podrá ser utilizado para construir carreteras, colegios, hospitales y demás infraestructura que contribuya al desarrollo del país.

David Ortiz Gaspar, procurador público del MTC, precisó que del mencionado monto, S/ 300 millones corresponden a los laudos arbitrales ganados. En tanto, los S/ 70 millones restantes sumaron los montos por los laudos arbitrales anulados en el Poder Judicial.

“Si no hubiéramos cambiado la estrategia de defensa jurídica de los intereses del Estado y tomado acciones firmes contra los malos árbitros, estos recursos económicos se hubieran perdido”, sostuvo Ortiz en el programa “Conectados TV” del MTC.

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